Ahorro Energético

La Junta analiza con el sector hotelero de la comunidad la propuesta del gobierno para financiar proyectos de eficiencia energética en los hoteles de la comunidad

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El consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, acompañado de la directora de Turismo, Estrella Torrecilla, mantuvo el pasado 15 de septiembre un encuentro con representantes de la Confederación de Hostelería y Turismo y la Asociación de Hoteles de Castilla y León para analizar de forma conjunta la propuesta planteada por la Secretaría de Estado de Turismo para financiar proyectos de eficiencia energética en hoteles y otros establecimientos turísticos de edificio completo, tanto para pequeñas y medianas empresas, como para grandes empresas.

Para llevarlo a cabo, el Ministerio propone una fórmula de financiación mixta con fondos, por un lado, procedentes del Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística (FOCIT), con un montante de 540 millones de euros y, por otro lado, de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dotado con 220 millones de euros. El 50 % de la financiación que recibirían las empresas se realizará a través del préstamo FOCIT, disponible en el inicio, y el otro 50% de la financiación, correspondería a la subvención de los fondos europeos del PRTyR, y se transferirán a los beneficiarios, tras la justificación del proyecto.

La reunión celebrada hoy es fruto del compromiso de la Consejería de Cultura y Turismo de hacer partícipe al sector, trasladando la propuesta del Gobierno para que, como beneficiario, aporte su valoración sobre la propuesta y estudie su oportunidad o no, de forma conjunta.

Una vez estudiada en profundidad la propuesta, la Consejería trasladará a la Secretaría de Estado de Turismo la postura conjunta, ya que se prevé que serán las Comunidades Autónomas las encargadas de sacar la convocatoria de estas ayudas y de su tramitación.

Dentro de las actuaciones financiables se incluye la mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica de hoteles; la mejora de la eficiencia energética y de las energías renovables en las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, ventilación y agua caliente sanitaria; la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación y otras actuaciones de economía circular.

La Junta convoca el Plan Renove de calderas y calentadores obsoletos en el ámbito doméstico con subvenciones de hasta 500 euros

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Las solicitudes deberán ser presentadas por vía telemática por un instalador habilitado y sólo se requerirá una declaración responsable para acreditar el cambio del aparato

La Consejería de Empleo e Industria ha lanzado hoy el Plan Renove de calderas y calentadores, mediante la convocatoria de una línea de ayudas por un importe cercano a los 168.000 euros, que podría ser aumentada en 200.000 euros más en función de las disponibilidades presupuestarias. Este programa pretende incentivar la sustitución en viviendas individuales de estos aparatos obsoletos por otros que cumplan las normativas vigentes en materia de seguridad, eficiencia energética y reducción de emisiones.

En este sentido, el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, prohíbe la instalación de nuevos equipos de gas de tipo atmosférico por razones de seguridad, promueve la utilización de calderas de condensación y concreta las prescripciones de eficiencia energética recogidas en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

Con estas subvenciones, gestionadas por la Dirección General de Industria, se persigue que los ciudadanos eviten los riesgos de mantener en sus hogares instalaciones poco seguras, e impulsar al mismo tiempo políticas de ahorro energético y reducción de contaminantes al medio ambiente.

A las ayudas pueden optar los propietarios de viviendas empadronados en Castilla y León que procedan a renovar sus calderas de calefacción y calentadores de agua individuales con una antigüedad de más de diez años, desde el 1 de septiembre y hasta el próximo 15 de noviembre.

Este periodo de tiempo coincide con el habilitado para cursar la solicitud de la subvención, un trámite que deberá realizar por vía telemática el instalador habilitado, en representación de su cliente.

Cabe destacar que en esta convocatoria se ha simplificado el procedimiento, de manera que bastará la presentación de una declaración responsable –siempre que la legislación lo permita– para acreditar que se ha sustituido una caldera o calentador cumpliendo los requisitos determinados en la orden.

La cuantía individual de la ayuda podrá alcanzar hasta los 500 euros, en función de las características del equipo sustituido. El régimen de concesión es de concurrencia no competitiva y se realizará por orden de presentación de solicitudes, desde que el expediente esté completo.

Castilla y León recibirá 16,4 millones de euros para proyectos de energía limpia en municipios pequeños

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El real decreto por el que se regula la concesión directa de ayudas para el desarrollo de proyectos singulares de energía limpia en municipios de reto demográfico (Programa DUS 5.000), gestionado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) y enmarcado en los objetivos de la Componente 2, Inversión 4, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) fue aprobado el pasado 3 de agosto.

El programa cuenta con un presupuesto inicial de 75 millones de euros procedentes de los fondos europeos, que podrá ser ampliado siempre que exista disponibilidad presupuestaria y hasta que expire su vigencia en noviembre de 2022. Castilla y León será la autonomía más beneficiada del reparto, ya que recibirá 16.417.500 euros, casi el doble que Cataluña, que aparece en segundo lugar con 8.673.750 euros.

El objetivo del programa es incentivar la transición energética y el cambio hacia la movilidad sostenible de los pequeños municipios, que tienen más dificultades para acometer grandes inversiones, mediante proyectos singulares de energía limpia. Así, se subvencionarán proyectos de mejora de la eficiencia energética en edificios e infraestructuras públicas, de fomento de las inversiones verdes (en particular del autoconsumo), o de infraestructuras de recarga e impulso del vehículo eléctrico, entre otros.

El plan está dirigido a ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, consejos insulares, consejos comarcales, cabildos y otras entidades públicas con ámbito de actuación en municipios de hasta 5.000 habitantes y municipios no urbanos de hasta 20.000, en los que sus núcleos de población tengan hasta 5.000 habitantes, que presenten proyectos con una inversión mínima de 40.000 euros.

Las ayudas subvencionarán el 85 por ciento de la inversión y el cien por cien en el caso de que tengan la consideración de «proyectos integrales» por su significativo impacto en la transición energética en el municipio. Se podrán solicitar a partir de los tres meses de la publicación en el BOE del real decreto y durante un periodo de un año, a través de la sede electrónica de IDAE.

Para la distribución de los 75 millones de euros entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla se han tenido en cuenta dos criterios: el número de municipios de reto demográfico y su población en cada autonomía.

El compromiso con el reto demográfico atiende a datos objetivos. El fenómeno de la despoblación se aprecia a escala municipal y es eminentemente rural: de los 8.131 municipios españoles, tres cuartas partes pierden población. En España hay 6.827 municipios con menos de 5.000 habitantes que concentran a 5,69 millones de personas, el 12 por ciento de la población total española, según datos del censo de 1 de enero de 2020.

En la última década han perdido población ocho de cada diez de estos municipios, de manera que, en conjunto, tienen 410.000 personas menos que hace diez años. En municipios de menos de 1.000 habitantes, el fenómeno es más agudo y la despoblación llega al 86 por ciento.

Para revertir esta tendencia, en el marco del PRTR se pretende impulsar proyectos, actuaciones y estrategias que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos entornos, mejorar sus conexiones y accesibilidad, así como propiciar ecosistemas favorables para la creación de oportunidades laborales que puedan, por tanto, atraer a nueva población.

Al margen de los beneficios medioambientales, la mejora de los servicios y de las instalaciones de estos municipios, así como la activación de inversiones en ahorro y eficiencia energética, pueden llevar asociados beneficios adicionales que hagan más atractiva la residencia en ellos o la instalación de pequeños negocios.

Asimismo, las medidas de movilidad son un vector para la potenciación económica de zonas en riesgo de despoblación al hacerlas más accesibles a núcleos que concentran los servicios públicos, mientras que el hecho de facilitar desplazamientos entre distintos núcleos poblacionales incide de manera positiva en el turismo, especialmente rural o de interior.

Ayudas del EREN para instalaciones de autoconsumo y climatización con renovables en Castilla y León

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El Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN) pondrá en marcha en los próximos tres meses varias líneas de ayudas por un importe superior a los 38 millones de euros para fomentar la implantación de instalaciones de autoconsumo energético y de almacenamiento detrás del contador, así como para la renovación de sistemas de climatización con renovables.

Estos programas permitirán instalar en Castilla y León hasta 45,1 MW de nueva potencia de generación renovable, tanto para autoconsumo eléctrico como de energía térmica, y una capacidad de almacenamiento de 14,6 MWh.

El fondo, procedente del Estado y que se coordinará desde el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), podrá ampliarse en caso de que la asignación se agote y exista demanda por parte de empresas, particulares, comunidades de vecinos y corporaciones locales.

Sectores beneficiarios
De los programas, tres están dirigidos a favorecer el autoconsumo y almacenamiento en el sector servicios (5,2 millones), a la industria y al sector agroganadero (11,9 millones), así como a incorporar almacenamiento en instalaciones existentes de autoconsumo en los distintos sectores económicos (2,6 millones).

Asimismo, otros tres van dirigidos al sector de la edificación. Entre ellos, se reservan 12,6 millones de euros para autoconsumo y almacenamiento en el sector residencial, el sector público y el tercer sector; y otro más, con 5,7 millones, para climatización y agua caliente sanitaria obtenida con energías renovables en el sector residencial.

A través de estas ayudas se podrá subvencionar la inversión en equipos y materiales; la obra civil; los equipamientos electromecánicos, hidráulicos, de control y auxiliares; los sistemas de gestión y monitorización; y la redacción de proyectos, memorias técnicas y dirección facultativa, entre otras actuaciones.

Cuantía de las ayudas
La intensidad de las ayudas variará en función del beneficiario y del tipo de instalación, siempre teniendo en cuenta los importes que marcarán el máximo de costes subvencionables por potencia instalada para particulares y administraciones públicas.

En el caso de la energía solar fotovoltaica, las ayudas están limitadas a 5 MW por proyecto y cubrirán desde el 15% para una gran empresa, hasta el 45% para una pyme en un sistema pequeño (aquel inferior a 10 kW).

Los particulares podrán beneficiarse de ayudas de hasta un 40% del coste subvencionable en instalaciones individuales y hasta un 50% en autoconsumo colectivo. Por su parte, en el sector público y en el tercer sector las subvenciones pueden alcanzar el 70% de los costes de referencia.

Asimismo, para la concesión de las ayudas se valorará la retirada de cubiertas de amianto y la instalación de marquesinas para optimizar el uso del espacio, reconociéndose una ayuda adicional establecida en las bases reguladoras.

En el caso de la energía eólica (hasta 5 MW por proyecto), la subvención oscilará entre el 20% para la instalación en grandes empresas y el 50% en los sistemas más pequeños para pymes. Además, los particulares podrán beneficiarse de un 50% y las administraciones públicas de hasta el 70%.

En las instalaciones de almacenamiento detrás del contador, que en general serán baterías, las ayudas para las empresas variarán entre el 45% y el 65% dependiendo del tamaño de la organización, mientras que particulares, administraciones y entidades del tercer sector podrán beneficiarse de una ayuda en torno al 70%.

En climatización con renovables, la subvención dependerá de la tecnología empleada, como la biomasa o la geotermia, y será de entre el 40% y el 70% del coste subvencionable, con un máximo por vivienda.

Finalmente, también se reserva una partida para los núcleos urbanos con menos de 5.000 habitantes con el objeto de afrontar el reto demográfico, de tal manera que todos los conceptos anteriores se incrementarán en un 5% adicional.

Con cargo al presupuesto del PRTR
Estas líneas de ayudas al autoconsumo y al almacenamiento de energía producida por renovables se enmarcan dentro de un paquete global aprobado por el Gobierno de España, que movilizará 660 millones ampliables hasta los 1.320 millones.

Los programas, con cargo al presupuesto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), son las primeras líneas a gran escala a nivel estatal dirigidas específicamente a autoconsumo y almacenamiento.

El 69% de los castellano-leoneses se pasarán al autoconsumo a corto o medio plazo

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El ahorro, las ayudas y subvenciones existentes para su instalación o la concienciación ambiental, son algunas de las ventajas de la instalación de sistemas de autoconsumo solar fotovoltaico

Actualmente, se vive en nuestro país una etapa de crecimiento y consolidación del sector del autoconsumo gracias a medidas públicas – como la reciente aprobación de un paquete de ayudas por valor de 900 millones de euros destinadas a impulsar el autoconsumo solar y el almacenamiento energético – y al desarrollo del sector privado. Entre otros beneficios, los particulares podrán contar con un descuento de hasta el 40% en el precio de los paneles solares, facilitando así su transición hacia el autoconsumo solar fotovoltaico. En Castilla y León, el gobierno autonómico gestionará 38 millones de euros procedentes de este paquete, destinados al impulso del autoconsumo solar fotovoltaico.

En la búsqueda de soluciones y alternativas para ahorrar y, así, evitar que los cambios en el mercado eléctrico repercutan en su factura, el 69% de los castellano y leoneses valoran pasarse al autoconsumo como medida de ahorro, una intencionalidad ligeramente superior a la media nacional (68%), según un estudio realizado por ei energía independiente compañía pionera en soluciones de energía inteligente, especializada en autoconsumo fotovoltaico del Grupo Galp, para comprobar el conocimiento de la población en materia de autoconsumo.

De entre los castellanoleoneses que están pensando seriamente en cambiar a este modo de consumir energía sostenible, más de la mitad (56%) afirma que es un paso que se plantean dar en los próximos años, mientras que el 12% tiene claro que instalará paneles solares, como tarde, el año que viene. Por el contrario, tan solo tres de cada diez encuestados (31%) señalan que no se han planteado aún optar por el autoconsumo solar fotovoltaico.

Según la Junta de Castilla y León, en lo que va de 2021 se han instalado en la comunidad autónoma 21 MW de potencia para autoconsumo, casi el triple de lo instalado en 2020. A pesar de estas cifras, los castellano-leoneses siguen viendo una serie de barreras para dar el paso final hacia el autoconsumo, entre las que destacan la inversión inicial (68%), la logística de la instalación, como los permisos del Ayuntamiento, la duración de las obras, etc. (51%), el coste de mantenimiento de los propios paneles (54%) o porque consideran que la tecnología está poco desarrollada (25%).

Por el contrario, entre las ventajas que los castellano-leoneses ven para pasarse al autoconsumo solar fotovoltaico, los encuestados señalan el ahorro económico a medio-largo plazo que permite la instalación (66%), las ayudas y subvenciones existentes para su instalación (56%), el hecho de que se trata de una opción más sostenible (44%) o la posibilidad de vender la energía que no se consume (33%).

«Está claro que todavía existe un gran desconocimiento por parte de la población en materia de autoconsumo solar fotovoltaico. Las instalaciones son cada vez más rentables, los plazos de amortización más cortos y las administraciones públicas van poco a poco adaptándose a esta nueva realidad. Por ejemplo, 11 comunidades, entre las que se encuentra Castilla y León, ya han eliminado el trámite de solicitud de licencia de obras para las instalaciones de autoconsumo. Por no hablar de las posibilidades de financiación que se ofrecen desde las compañías. Poniendo como caso práctico a una vivienda con un perfil de consumo típico doméstico, el ahorro anual generado puede alcanzar los 932€, con un retorno de la inversión en torno a los 7 años. Con un buen esquema de financiación, se trata de una inversión que los consumidores pueden amortizar a través del ahorro que les genera la propia instalación. Es el momento de invertir en paneles solares», señala Ignacio Ley, Product Manager de ei energía independiente.

Autoconsumo colectivo
En los últimos meses, una de las tendencias que se está viendo dentro del autoconsumo solar fotovoltaico es la creación de comunidades energéticas, entidades jurídicas formadas por ciudadanos, administraciones o pymes que, a través de la instalación de paneles solares, producen energía para el consumo colectivo de esa zona. Castilla y León también está empezando a impulsar este tipo de iniciativas y la población parece estar abierta a recurrir a esta forma de consumir energía. Así, el 39% de los castellano-leoneses se plantearía esta alternativa al ser un modelo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente y el 40% lo haría por tratarse de una medida de ahorro en la factura de la luz, mientras que el 39% lo haría para no depender totalmente de las compañías eléctricas.

La Junta de Castilla y León adjudica por casi 5 millones de euros la instalación de tres plantas fotovoltaicas para modernizar el regadío de la Comunidad de Regantes del Canal de Pisuerga

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La Junta de Castilla y León, a través del Instituto Tecnológico Agrario (ITACyL), ha adjudicado a Grupo Render Industrial S.L. la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de instalación de tres plantas fotovoltaicas en autoconsumo para la modernización del regadío de la Comunidad de Regantes del Canal de Pisuerga en Palencia por un importe de 4.904.406,11 euros y 16 meses de ejecución. Así, se va a poner en marcha una planta solar fotovoltaica de 458 kilovatios en la subestación de la estación de bombeo de Lantadilla, otra de 1.527 kilovatios en la subestación de la estación de bombeo de Santoyo y otra de 3.564 en la estación de bombeo de Melgar de Yuso.

El proyecto tiene como objetivo analizar e implantar la solución de suministro energético con energías alternativas a los regadíos modernizados del Canal del Pisuerga en Palencia, cuya superficie abarca unas 12.000 hectáreas, que vienen utilizando riego modernizado en unas 7.000 ha desde varios años. Con estas soluciones energéticas se busca reducir la dependencia de los suministros energéticos tradicionales, tratando de reducir el coste de esta partida, lo que mejorará la competitividad de las explotaciones agrícolas de la zona, e independizar su competitividad de los precios de la energía eléctrica.

Por ello, la necesidad a satisfacer consiste en dotar de la energía necesaria a las estaciones de bombeo mediante energía solar fotovoltaica para continuar con la mejora y modernización de la Comunidad de regantes, de manera que se logre un uso más eficiente de la energía en la agricultura, se facilite el suministro y el uso de fuentes renovables de energía y se reduzca las emisiones de efecto invernadero. El desarrollo de esta línea de actuación está enfocado a actuaciones en regadíos colectivos con Comunidades de regantes (CCRR).

Impulso energías renovables

El impulso de las energías renovables es uno de los objetivos contemplados en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, incluidos entre otras, en la medida ‘Inversiones en activos físicos’, que contemplan el apoyo a las inversiones en modernización de regadío. La implementación de estos sistemas de suministro de energía, fundamentalmente fotovoltaica, contribuye a promover la eficiencia de los recursos y apoyar la transición a una economía baja en carbono y resistente al cambio climático en los sectores agrícola, alimentario y silvícola.

Individualizar los consumos de calefacción en Castilla y León reduciría en 90.000 toneladas las emisiones de CO2

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Unas 200.000 viviendas con calefacción central de la región están obligadas a instalar contadores o repartidores de costes de calefacción

Los edificios con calefacción central están obligados a individualizar los consumos de cada vivienda, una medida que ahonda en la eficiencia energética y supone una mejora para el medio ambiente. En Castilla y León, esto supondrá una reducción de hasta 90.000 toneladas en las emisiones de CO2 a la atmósfera.

El Real Decreto 736/2020 entró en vigor en agosto de 2020 y supone un cambio importante en la forma de entender la calefacción central. La norma tiene un objetivo claro: medir y conocer el uso que hacemos de la energía en el hogar y lograr un gasto más eficiente y sostenible.

El sector residencial es responsable de más del 20% de las emisiones totales de CO2 contaminante al medio ambiente en Europa. Según los datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA), sólo la calefacción representa el 56% de las emisiones. Esto se debe a que muchos inmuebles, especialmente los construidos antes de 1997, cuentan con sistemas de calefacción anticuados e ineficientes que son altamente contaminantes.

En Castilla y León, las estimaciones señalan que unas 200.000 viviendas con calefacción central están obligadas a individualizar sus consumos. La región se encuentra comprendida entre las zonas climáticas E y D, según el Código Técnico de la Edificación. Se trata de las zonas más frías de España y, por tanto, las primeras obligadas a solicitar presupuesto e instalar sistemas de contabilización de consumos individuales. El Real Decreto 736/2020 establece unos plazos a cumplir, en función de la zona, con el objetivo de completar la individualización de consumos en toda España, a más tardar, en mayo de 2023.

Para el presidente de ANIRCA (Asociación Nacional de Instaladores de Repartidores de Costes de Calefacción) y CEO de Gomez Group Metering, Luis Cid-Fuentes, «es importante pensar en verde, ya que la individualización de consumos genera un beneficio continuo y a largo plazo para la sociedad en general, al reducir las emisiones contaminantes, y contribuye a cuidar el medio ambiente. Además, el consumidor va a ver cómo se reduce su factura de calefacción».

Los estudios realizados por ANIRCA en comunidades de propietarios que ya realizaron la individualización de consumos antes de la entrada en vigor de la nueva Ley arrojan unos ahorros estimados del 25% en la factura energética anual, lo que puede suponer unos 250 euros por familia y año.

Los regantes temen que las nuevas tarifas eléctricas disparen la factura por los excesos de potencia

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La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) teme que las nuevas tarifas eléctricas que entrarán en vigor el próximo 1 de junio acaben por disparar la factura energética por los excesos de potencia, por lo que recomienda evitarlos en la medida de lo posible y realizar ajustes en las potencias contratadas y las horas del día óptimas para el consumo de energía.

Fenacore considera esta subida como un mazazo para los regantes, después de que su factura eléctrica haya subido más del 120% desde 2008. Un encarecimiento que además de suponer un freno para el proceso de modernización, no entienden que responda a los esfuerzos que han realizado para ahorrar un 16% en el consumo de agua durante la última década.

Por ello, recientemente pidió complementar los cerca de 560 millones de euros que recogen los fondos europeos para modernización de regadíos con el desarrollo de una disposición reglamentaria para que los regantes puedan firmar dos contratos eléctricos al año -tal y como se aprobó en la disposición final de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021-, lo que según sus cálculos les permitiría ahorrar al menos un 20% de sus costes eléctricos, contribuyendo asimismo a modernizar el casi millón de hectáreas aún pendiente.

Fenacore recuerda que los cambios tarifarios conllevan una modificación y un desdoblamiento en los precios del término de potencia y de energía, así como la desaparición de los tres periodos y la instauración de seis. También la reducción de las horas más baratas y el aumento de las más caras, lo que a la postre impedirá una gestión eficiente de la energía y la implantación de fotovoltaica.

Instalaciones fotovoltaicas
En el caso de instalaciones fotovoltaicas hibridadas a red eléctrica, Fenacore sugiere realizar muy bien todos los cálculos (potencia generada, horas, adecuación al riego y calendario). Y en este contexto, señala que las balsas en cotas elevadas con bombeos nocturnos pueden ayudar mucho a disminuir el coste de la energía.

No obstante, la Federación asegura que no existen recomendaciones generales, ya que no hay regadíos y consumos energéticos iguales en todas las Comunidades de Regantes, por lo que cada Comunidad deberá estudiar y evaluar qué opciones le convienen más, de acuerdo con sus posibilidades en la adaptación y gestión del consumo de energía para la zona regable.

Según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, “los cambios que entran en vigor incrementarán aún más el recibo, lo que constituye uno de los principales lastres para la competitividad de un sector que ocupa el segundo puesto en el ranking de los consumidores de energía, únicamente por detrás de ADIF. El abaratamiento de la factura eléctrica es imprescindible para avanzar en la modernización de regadíos de casi el millón de hectáreas aún pendiente y, así, poder producir más alimentos usando menos agua”.

Castilla y León espera recibir unos 240 millones para la rehabilitación energética de edificios y la construcción de viviendas eficientes para alquiler social

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Castilla y León podría recibir unos 240 millones para sus propuestas de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales, para su programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes y para su programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP), de un total de 4.450 millones de euros.

El Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales cuenta con 3.420 millones de euros, aunque la cuantía máxima a repartir entre las comunidades será de 2.970 millones. Castilla y León, atendiendo a los criterios de reparto según el número de hogares de la Encuesta Continua de Hogares (INE) referida al año 2020, podría recibir un 5,43 %, es decir, unos 161 millones de euros.

El contenido de este programa incluye ayudas a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio (ARRUS), apoyo a las oficinas de rehabilitación, programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética en viviendas y la elaboración del ‘Libro del edificio existente’ para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación.

El Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes dispone de 1.000 millones de euros, y a Castilla y León le podrían corresponder 54,3 millones. El objeto de esta partida es fomentar e incrementar el parque público de viviendas energéticamente eficientes destinadas al alquiler social o a precio asequible, mediante la promoción de viviendas de nueva construcción sobre terrenos de titularidad pública.

Las promociones de viviendas de nueva construcción deberán destinarse al alquiler o cesión en uso durante un plazo mínimo, en ambos casos, de 50 años. Para poder obtener financiación, los edificios que se construyan deberán tener un consumo de energía primaria no renovable inferior a unos valores límite preestablecidos.

Los promotores de las viviendas podrán obtener una ayuda, proporcional a la superficie útil de cada vivienda, de hasta un máximo de 500 euros por metro cuadrado de superficie útil de vivienda. La cuantía máxima de esta subvención no podrá superar el 60 % de la inversión de la actuación, con un límite máximo de 50.000 euros por vivienda.

A través de acuerdo de la Comisión Bilateral se identificarán los terrenos de titularidad pública objeto de la actuación y las características de la promoción de nuevas viviendas en alquiler social.

El Programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP) cuenta con 1.080 millones, de los que 480 se distribuirán para este fin entre las comunidades autónomas, el resto se destina a las entidades locales. El objeto del programa es subvencionar la rehabilitación sostenible del parque público institucional con visión integral, no solo eficiencia energética, y para todo tipo de edificios de titularidad pública, incluidos los de la Administración Institucional.

Castilla y León estima recibir para este programa unos 24 millones y se financiará el 100 % de las actuaciones de eficiencia energética, y el 85 % en el caso de mejoras ambientales, de accesibilidad, habitabilidad, etc. aportando las comunidades autónomas el 15 % restante.

Castilla y León instala 21 MW de potencia fotovoltaica de autoconsumo en lo que va de 2021, el triple que en todo 2020

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El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, presidió el pasado 21 de mayo la segunda reunión de trabajo de la Mesa de Autoconsumo de energía solar fotovoltaica en la que participan la Junta de Castilla y León, la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) las distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica de la Comunidad, las asociaciones de instaladores, así como las agencias provinciales de energía.

Este tipo de instalaciones está incrementado de forma importante su demanda en Castilla y León. Así, en lo que va de año, se han instalado casi 21 MW de potencia fotovoltaica en autoconsumo en la Comunidad, lo que supone el triple de lo instalado en todo 2020.

Por ello, se considera esencial que este importante aumento se realice en las mejores condiciones de calidad y confianza para los usuarios y con las menores trabas administrativas posibles, impulsando además el aumento del tejido empresarial local y el empleo en los distintos territorios.

En el encuentro se avanzó en la labor desarrollada en los seis meses de andadura de la Mesa y se ha concretado la creación de dos nuevos grupos de trabajo en los que se apoyará para analizar los aspectos fiscales y las bonificaciones asociadas a las inversiones en este tipo de instalaciones, así como cuestiones vinculadas a la formación.

Así, se constituirán los grupos de Formación y Financiación con los cuales se quieren abordar el conocimiento técnico de los instaladores y establecer los criterios de dimensionado de las instalaciones, así como las posibilidades de financiación y bonificaciones y exenciones fiscales, respectivamente.

Asimismo, se establecerá un servicio de vigilancia de cambios o novedades normativas que impliquen la revisión de los documentos elaborados, se redactará un documento de preguntas frecuentes y se establecerá un calendario de jornadas y seminarios para difundir el autoconsumo según los distintos sectores de interés.

Con los trabajos realizados y los que se iniciarán en los próximos meses se espera conseguir que los potenciales demandantes de estas instalaciones cuenten con la información pertinente acerca del autoconsumo, con unos trámites administrativos asociados a las mismas más claros y ágiles, con unas administraciones más preparadas y unos instaladores más formados para lograr un desarrollo más acelerado y ordenado del sector en nuestra comunidad autónoma.

Desarrollo ordenado del sector
Estos nuevos grupos se sumarán a los ya puestos en marcha a principios de año en torno a normativa eléctrica, comunicación y municipios, cuyos trabajos se han centrado en ordenar, sistematizar y aclarar la tramitación administrativa de las instalaciones desde el punto de vista medio ambiental, urbanístico, eléctrico y de seguridad industrial, con el objeto de apoyar el tejido empresarial local y promover el autoconsumo.

Así, se han redactado las Guías de Tramitación Administrativa del Autoconsumo, de interpretación de los aspectos Urbanísticos y Medio Ambientales aplicables al autoconsumo, del Usuario de energía solar fotovoltaica: Autoconsumo individual en los Sectores Doméstico, Primario y Terciario, el Tríptico de ventajas del autoconsumo y sendos vídeos explicativos del funcionamiento de las instalaciones de autoconsumo con y sin excedentes.

Todo este material está a disposición del público y del sector en el portal institucional de energía y minería,  energia.jcyl.es , al que se han contabilizado más de 2.000 accesos y casi 1.600 descargas de archivos en apenas dos meses.

Integrantes
La Mesa de Autoconsumo es un organismo que está participado por el sector profesional. Así, además de representantes de la Consejería de Economía y Hacienda a través de la Dirección General de Energía y Minas, está presente la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente; la Dirección General de Industria de la Consejería de Empleo e Industria; y la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP). Asimismo, la mesa está compuesta por las distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica, entre las que se encuentran el Grupo Iberdrola, Unión Fenosa Distribución Grupo Naturgy, Edistribución Redes Digitales, y Viesgo Distribución Eléctrica; las asociaciones de distribuidoras CIDE y ARPYDECAL (Asociación Regional de Distribuidores de Energía Eléctrica de Castilla y León); la Asociación de Comercializadoras ACIE; las asociaciones de instaladores CYLSOLAR, UNEF, APPA Renovables, y ACOGEN; y, por último, están representadas las agencias de energía de la provincia de Ávila, APEA; de la provincia de Burgos, SODEBUR; de Valladolid, AEMVA; y la Federación de Profesionales Electricistas y de Telecomunicaciones de Castilla y León (PECALE).