Ahorro Energético

El 66% de los municipios españoles bonifican el autoconsumo con deducciones en el IBI

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El 66% de los municipios españoles cuenta con ordenanzas fiscales que bonifican el autoconsumo mediante reducciones en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Así lo refleja el informe Incentivos fiscales al autoconsumo, publicado este lunes por la Fundación Renovables con el apoyo de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).

Pese a ello, no todos los municipios establecen los mismos requisitos para acceder a las bonificaciones del IBI por la instalación de cubiertas fotovoltaicas. El 67% de los ayuntamientos que aplican esta bonificación imponen condiciones asumibles, mientras que el 29% exige requisitos más restrictivos, como limitar el beneficio exclusivamente al sector residencial. Por otro lado, el 4% de las ayudas se otorgan bajo condiciones muy restrictivas, lo que dificulta el acceso a las ventajas fiscales.

El documento -que se acompaña de una herramienta web para facilitar localizar estas bonificaciones al autoconsumo- analiza, por séptimo año consecutivo, cómo los municipios de más de 10.000 habitantes fomentan el desarrollo del autoconsumo mediante rebajas fiscales. En estas localidades reside el 80% de la población española y se concentra el 97% de las empresas del país, por lo que representan, de forma bastante precisa, la fiscalidad vigente respecto al autoconsumo.

En total, hay 32.190.370 ciudadanos -el 81% de quienes habitan estos municipios- que pueden solicitar esta bonificación. Además del IBI, la publicación analiza el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), dos tributos de competencia municipal con un gran potencial para incentivar la instalación de placas solares.

Los resultados revelan que el 76% de los ayuntamientos bonifican el ICIO si se realizan instalaciones de autoconsumo. En este caso, los requisitos son generalmente laxos, ya que el 93% de las ordenanzas que contemplan rebajas fiscales presentan condiciones asumibles, frente al 5% que establece condiciones restrictivas y un 2% requisitos muy restrictivos.

En cuanto al IAE, el 71% de los municipios ofrece bonificaciones si hay autoconsumo fotovoltaico. De estas ayudas, el 70% contempla condiciones asumibles, mientras que el 30% impone requisitos restrictivos.

Los datos de este año son bastantes similares a los de 2025 (67%). En comparación con las primeras planillas hay una clara y marcada tendencia al alza de estos incentivos. En 2021, cuando la Fundación Renovables publicó la primera edición de este informe, el 48% de los municipios bonificaban el IBI para instalaciones de autoconsumo. Desde entonces, se ha producido un incremento de 18 puntos porcentuales en apenas siete años.

Raquel Paule, directora general de Fundación Renovables: «Después de años analizando las bonificaciones que ayudan a reducir la barrera que supone la inversión inicial, nos hemos encontrado con una reforma crucial que supone un salto de escala en el apoyo al autoconsumo: la nueva deducción del IRPF. Por primera vez, el beneficio fiscal deja de depender de la existencia de bonificaciones locales y pasa a tener un alcance nacional, permitiendo que todo el conjunto de la ciudadanía pueda acceder a un incentivo económico para instalar autoconsumo fotovoltaico»

José Donoso, director general de UNEF: “El autoconsumo no es solo una forma de luchar contra el cambio climático, es un motor de crecimiento y desarrollo económico. Cuando un hogar o empresa genera su propia energía, reduce su factura, contribuye a la independencia energética de todo el país y da flexibilidad al sistema, reduciendo la necesidad de nuevas inversiones.  Por ello, la política energética de los próximos años debe apostar por extender los beneficios de la energía solar a todos, nunca por ponerle puertas”.

El MITECO destina 168 millones a climatizar y mejorar la eficiencia energética en hospitales y centros de salud que serán gestionados por las CCAA

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El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha acordado destinar 168 millones de euros del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) a actuaciones de climatización y rehabilitación y ahorro energético en edificios e instalaciones de uso principal sanitario de hospitales, centros de salud, consultorios locales y otros inmuebles de la red pública. La dotación de este programa de ayudas, denominado PREE Sanitario, se transferirá a las comunidades y ciudades autónomas para su gestión, una vez aprobados los criterios de reparto en la Conferencia Sectorial de Energía.

Esta línea de ayudas podrá financiar obras para adecuar la envolvente térmica de los edificios, mejoras de la eficiencia energética y uso de renovables en sistemas de climatización y agua caliente sanitaria, en iluminación, en instalaciones específicas de usos sanitario, así como la incorporación de sistemas de automatización y control, entre otras actuaciones. Podrán beneficiarse del PREE Sanitario centros hospitalarios, centros de salud y consultorios locales, de titularidad pública. Este programa complementa el programa PREE terciario, aprobado en conferencia sectorial el pasado diciembre.

El MITECO, tal y como anunció la semana pasada la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ya trabaja en otra línea de ayudas con cargo al FNEE –el PREE Educativo– para climatizar y mejorar la eficiencia energética de los colegios y de otros centros educativos públicos. Tendrá una dotación económica de 200 millones.

Las actuaciones objeto de estas ayudas deberán acreditar una reducción del consumo de energía final mínimo de un 15% del edificio en cuestión, o de las instalaciones específicas de uso sanitario objeto de la intervención.

El Programa de ayudas finalizará el 31 de diciembre de 2030 y el MITECO llevará a la próxima Conferencia Sectorial de Energía una propuesta de reparto de los fondos basada en la estadística más reciente del “Informe Anual del Sistema Nacional de Salud del año 2024” realizado por el Ministerio de Sanidad y publicado el 4 de diciembre de 2025, sobre tres indicadores principales del mismo, con datos de 2023: camas hospitalarias instaladas en el Sistema Nacional de Salud, número de centros de salud y consultorios locales.

El PREE Sanitario tendrá, por lo tanto, una gestión territorializada, de modo que los criterios, alcance, intensidad y requisitos específicos para acceder a las ayudas los fijarán las comunidades y ciudades autónomas en sus respectivas convocatorias. Los gobiernos regionales también podrán determinar el régimen de aplicación, bien por concesión directa o por concurrencia competitiva. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), adscrito al MITECO, actuará como coordinador del PREE Sanitario y transferirá los fondos a cada territorio.

Estas ayudas tienen como finalidad contribuir al cumplimiento del objetivo nacional de reducción del consumo final de energía para el periodo 2021-2030, que fija el artículo 8 de la Directiva (UE) 2023/1791, de 13 de septiembre. Para alcanzar estos objetivos, se constituyó el FNEE, cuya gestión recae en el IDAE. El programa de ayudas acordado se enmarca en el Plan de Actuación para 2026 de este Fondo. Asimismo, el programa contribuirá a alcanzar los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030.

Según destaca el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros, el parque de edificaciones del sector sanitario repartido por toda España consume en torno al 1% de la energía final.

La Diputación de Soria acerca a los ayuntamientos las ventajas del autoconsumo compartido y las comunidades energéticas

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La Diputación de Soria continúa con su compromiso con el consumo energético responsable y la sostenibilidad mediante la celebración el pasado 18 de junio de una jornada informativa centrada en el autoconsumo fotovoltaico y la creación de comunidades energéticas. El evento ha reunido a alcaldes, secretarios y Grupos de Acción Local, actores clave para vertebrar esta acción en todo el territorio, en el Salón Posada de la institución provincial.

Daniel García, diputado responsable de Reto Demográfico y Fondos Europeos, ha señalado que el objetivo es que estas comunidades impacten positivamente en todos los estratos de la provincia. “Buscamos generar ahorros éticos tanto para los ciudadanos de a pie como para las empresas ya establecidas o aquellas que decidan instalarse en nuestra provincia”, ha afirmado García.

Durante la jornada, también ha estado presente Luis Molano Luis Molano, CEO de Senda Comunidades Energéticas, ha explicado las principales novedades normativas que facilitan la participación de los ayuntamientos en este tipo de iniciativas. Entre ellas, ha destacado las medidas recogidas en el nuevo Real Decreto-ley 7/2026, que amplían las posibilidades de autoconsumo compartido al aumentar hasta los cinco kilómetros la distancia máxima entre los puntos de generación y consumo de energía.

Asimismo, la nueva regulación refuerza el papel de las entidades locales al otorgarles mayores competencias en materia energética, permitiéndoles impulsar, participar, ceder o compartir instalaciones dentro de las comunidades energéticas que se desarrollen en sus respectivos términos municipales. Según señaló Molano, estos cambios suponen una gran oportunidad para los municipios de la provincia, ya que facilitan la puesta en marcha de proyectos colectivos de generación renovable y favorecen el acceso de vecinos, empresas y administraciones a una energía más económica y sostenible.

Una comunidad energética es una entidad jurídica integrada por al menos cinco socios (personas físicas, pymes o entidades locales) que se unen para generar, gestionar y consumir su propia energía renovable de forma local. Entre sus beneficios destacan la reducción de costes y la estabilidad de precios, la democratización de la energía y su papel como herramienta de desarrollo rural para combatir la despoblación.

Para constituir una comunidad, los ayuntamientos interesados trabajan sobre una hoja de ruta que comienza con la unión de los socios y la elección de una figura legal (asociación o cooperativa), seguida de la definición técnica del proyecto, su promoción entre los vecinos y, finalmente, la puesta en marcha de la instalación generadora.

Para facilitar este proceso, la Diputación puso en marcha la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) «Soria+Energía». Este servicio, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU), ofrece asesoramiento gratuito y sin interés comercial en cinco áreas fundamentales: 

  1. Dinamización: Organización de reuniones y jornadas para impulsar los proyectos.
  2. Asesoramiento Técnico: Valoración de recursos locales, tecnologías y eficiencia energética.
  3. Asesoramiento Económico y Financiero: Orientación sobre modelos de financiación y búsqueda de subvenciones. 
  4. Asesoramiento Jurídico: Ayuda en la redacción de estatutos, actas de constitución y elección de formas jurídicas.
  5. Asesoramiento Fiscal y Administrativo: Información sobre regímenes fiscales, tributación e impuestos como el IAE o el IVA.

Las comunidades energéticas no se limitan a la generación eléctrica. Gracias a estas, los ayuntamientos pueden realizar actividades como la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, servicios de movilidad compartida, compras colectivas para mejorar el aislamiento térmico de viviendas o la organización de charlas técnicas sobre consumo.

León avanza en su gran red de calor con la licitación de la central de biomasa

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Además de la central, la Junta licita también la primera fase de la red térmica urbana que abastecerá a más de 28.000 viviendas y 150 edificios

Las actuaciones, cofinanciadas mediante fondos europeos de Transición Justa, contemplan la construcción de una central de generación térmica con biomasa y la ejecución de la primera fase de la red de distribución de calor, dos infraestructuras clave para avanzar en la transición energética, la descarbonización urbana y el impulso de las energías renovables autóctonas.

El sistema permitirá suministrar calefacción y agua caliente sanitaria mediante energía renovable a más de 28.000 viviendas y 150 edificios de la capital leonesa, favoreciendo además el apagado progresivo de más de 1.200 calderas y chimeneas alimentadas con combustibles fósiles.

Ahorro energético y estabilidad frente a la volatilidad de los combustibles
En un contexto marcado por la incertidumbre energética y la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles, la futura red permitirá a las comunidades conectadas acceder a una fuente térmica renovable más estable y eficiente.

Según las estimaciones actuales, una comunidad de propietarios podría ahorrar entre un 20 % y un 30 % en su factura de calefacción y agua caliente sanitaria, además de reducir costes de mantenimiento y evitar futuras inversiones en renovación de calderas individuales.

Una central de biomasa de 44 MW ampliable hasta 88 MW
La primera de las licitaciones corresponde a la ejecución de la futura central de generación térmica con biomasa, con una inversión de 34,48 millones de euros más IVA y un plazo de ejecución de 24 meses.

La instalación se ubicará en una parcela de 24 hectáreas situada junto al río Bernesga, el Cementerio Municipal y la Ronda Sur de León, formando parte del futuro Complejo de Energías Renovables que impulsa SOMACYL.

Este recinto integrará distintas tecnologías renovables en un mismo espacio, combinando biomasa forestal sostenible, energía solar fotovoltaica e hidrógeno verde en un modelo pionero de hibridación energética en España.

En esta primera fase se instalarán dos calderas de biomasa de última generación con una potencia térmica de 22 MW cada una, alcanzando una capacidad total de 44 MW. El desarrollo completo del complejo permitirá llegar a los 88 MW mediante futuras ampliaciones.

La central utilizará como combustible astilla forestal de origen sostenible, favoreciendo la actividad económica y el empleo en el medio rural y contribuyendo al mismo tiempo a la prevención de incendios forestales mediante la gestión de biomasa.

Con estas primeras calderas se prevé generar anualmente 176 millones de kWh de energía térmica renovable, mediante el consumo aproximado de 64.000 toneladas de biomasa forestal al año.

Sistemas inteligentes y almacenamiento térmico
La central contará además con un sistema de almacenamiento térmico mediante un depósito de inercia de 13 millones de litros, diseñado para acumular energía renovable durante los periodos de menor demanda y suministrarla posteriormente en horas punta.

Entre los principales equipos previstos destacan también los sistemas de depuración de humos mediante filtros de mangas, grupos de bombeo eficientes de caudal variable, sistemas automáticos de retirada de cenizas, herramientas de regulación y telegestión y una planta solar fotovoltaica destinada al autoconsumo energético de la instalación.

La planta de biomasa será la encargada de abastecer a la futura red urbana de calor sostenible de León, diseñada para suministrar calefacción y agua caliente sanitaria a miles de viviendas y edificios públicos y privados de la ciudad.

Primera fase de la red de distribución térmica
La segunda actuación licitada corresponde a la primera fase del despliegue de la Red de Calor Sostenible de León, con una inversión de casi 16,7 millones de euros más IVA y un plazo de ejecución igualmente de 24 meses.

El proyecto contempla la construcción de aproximadamente 28 kilómetros de canalizaciones enterradas de ida y retorno para el transporte de energía térmica mediante agua caliente.

Desde la central de generación partirá el ramal principal de la red, que atravesará barrios y vías estratégicas de la ciudad como La Lastra, Paseo del Parque, José Aguado, Santa Ana, Pendón de Baeza o Avenida Real, extendiéndose posteriormente hacia zonas como La Chantría, Las Labiadas, Polígono 10, El Ejido y La Granja. El desarrollo futuro de la red permitirá además llegar al Hospital de León en próximas ampliaciones.

Castilla y León lidera junto a Cataluña la creación de nuevas comunidades energéticas impulsadas por MITECO

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Después de seis convocatorias, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) pone broche final al programa de ayudas CE Implementa, de incentivos a proyectos piloto singulares de comunidades energéticas. La línea se cierra con la incorporación de otras 20 nuevas iniciativas de autoconsumo participativo, lo que eleva a 262 el número de comunidades energéticas subvencionadas y a 108,4 millones de euros los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) asignados a la promoción de esta fórmula de autoconsumo renovable en toda España. En paralelo, el Ministerio ha lanzado la consulta pública previa para una nueva convocatoria de ayudas -la segunda- del programa de Oficinas de Transformación Comunitaria (OTC), entidades claves para impulsar la constitución de nuevas comunidades energéticas y sus proyectos asociados en todo el territorio.

Por territorios, Cataluña es la comunidad con más proyectos de comunidades energéticas en curso (72) de los subvencionados en las seis convocatorias de CE Implementa, seguida de Castilla y León (40) y Andalucía (34). El resto se reparten entre Euskadi (18), Aragón, Comunidad Valenciana y Galicia, con 16 respectivamente, Castilla-La Mancha (14), Extremadura (10), Madrid (9), Navarra (5), Murcia (4), Asturias, Canarias y Cantabria -dos cada una- y, finalmente, Baleares y La Rioja, ambos con una única comunidad energética beneficiaria. 

Desde su inicio, hace poco más de cuatro años, la línea CE Implementa y el programa hermano CE Oficinas (OTC), ambos gestionados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), han supuesto un estímulo decisivo y pionero para el despegue de las comunidades energéticas en sus distintas modalidades. Igualmente, han facilitado a través de ellas la participación de los consumidores -ciudadanos, empresas o administraciones locales- en el sistema energético, democratizándolo, contribuyendo a asentar el despliegue renovable en el territorio y al cumplimiento de los objetivos de descarbonización.

Con la incorporación de las últimas 20 comunidades energéticas a la resolución definitiva de la quinta convocatoria -puede consultarse aquí– se eleva a 262 el número de comunidades energéticas en marcha en todo el país bajo el paraguas de este programa de incentivos, el de mayor número de ediciones entre los gestionados por el MITECO y el IDAE para el impulso de la transición energética.

Por su parte, y dentro del mismo paquete de ayudas a las comunidades energéticas con fondos NextGenEU del PRTR, la línea de Oficinas de Transformación Comunitaria ha propiciado la creación de 74 de estas entidades orientadoras, ya operativas en toda la geografía nacional, con una inyección adicional de 18,4 millones de euros en su primera edición. La segunda convocatoria contará con una dotación de 10 millones de euros, concedidos al IDAE a través de un crédito extraordinario según lo dispuesto en el RD-ley 7/2026, de 20 de marzo, de respuesta a la crisis en Oriente Medio.

La totalidad de esas iniciativas (262) incorpora la instalación de energías renovables eléctricas, en todos los casos con tecnología solar fotovoltaica y en una gran mayoría se incorpora sistemas de almacenamiento. También hay propuestas de fomento de la movilidad sostenible (95) y proyectos para mejorar la gestión de la demanda (124) y para la instalación de energías renovables térmicas (14), como la aerotermia y la biomasa.

En conjunto, los proyectos beneficiarios implican la instalación de nueva potencia de generación renovable: 175.302,62 kW de energía eléctrica de origen fotovoltaico y 4.925,67 kW de térmica. También sumarán 85.505,48 kWh de almacenamiento y 420 nuevos puntos de recarga de vehículos eléctricos, así como 34 sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y 45 de adquisición de vehículos eléctricos.

A lo largo de las seis ediciones de CE Implementa se han atendido realidades distintas e impulsado diferentes modelos de comunidades energéticas: tres de las convocatorias seleccionaron iniciativas de escala reducida y menos de un millón de inversión, muchas de ellas en pequeños municipios, y otras de mayor calado, con inversiones previstas por encima de esa cuantía. El objetivo ha sido siempre fomentar la participación en el sector energético de actores que no toman parte en el mismo tradicionalmente, permitiéndose que cada comunidad energética pudiera impulsar varias propuestas.

En cuanto a la tipología de los beneficiarios, son todas cooperativas y asociaciones, por lo que no hay proyectos impulsados por sociedades anónimas o limitadas. En total suman 111.166 miembros o socios beneficiarios adscritos a las entidades que recibirán las ayudas; una cifra que podrá seguir creciendo en la medida en que puedan sumar nuevos usuarios asociados.

De las 262 comunidades energéticas subvencionadas, 159 operarán en municipios de Reto Demográfico y siete en zonas de Transición Justa, lo que refleja el interés que esta fórmula participativa de generación y consumo renovable suscita en el conjunto del territorio.

La localidades abulenses de Gavilanes y Piedralaves impulsan sus comunidades energéticas

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Los municipios de Gavilanes y Piedralaves darán un paso decisivo hacia la transición energética y el ahorro colectivo con el impulso de sus respectivas comunidades energéticas locales, de la mano del modelo de gestión desarrollado por CEL Management, un sistema consolidado, con experiencia acreditada y que destaca por no requerir inversión inicial ni establecer compromisos de permanencia para los vecinos.

Este modelo ya está implantado en más de 120 municipios a nivel nacional y, en la provincia de Ávila, funciona con éxito en localidades como San Esteban del Valle, Pedro Bernardo, Riofrío y Casavieja, entre otras. Su trayectoria y respaldo garantizan seguridad jurídica, viabilidad técnica y una gestión profesional de las comunidades energéticas.

En el encuentro celebrado para poner en marcha estas comunidades energéticas participó Dña. Marisa González, en representación de la Agencia Provincial de la Energía, de la Diputación de Ávila, que trabajan en el proyecto europeo Life Beckon y que impulsa activamente la creación de comunidades energéticas a nivel europeo. Más información sobre estos proyectos en https://beckon.oss-energy-community.eu/.

Taller informativo a finales de marzo
A finales de marzo se celebrará un taller informativo dirigido a todos los vecinos de Gavilanes y Piedralaves, en el que se explicará el funcionamiento de la cooperativa energética que se implantará en cada municipio, así como los beneficios económicos y sociales de formar parte de ella.

Los interesados podrán convertirse en socios de la cooperativa por tan solo 2 euros, lo que les permitirá acceder a un modelo energético más estable y beneficiarse de un ahorro en su factura eléctrica.

Ahorro y estabilidad frente a la volatilidad del mercado
Uno de los principales atractivos de este modelo es la posibilidad de disponer de un precio de la energía menos expuesto a las previsibles subidas del mercado eléctrico, provocadas por factores externos ajenos a la realidad local. Situaciones como la vivida en 2022, cuando el contexto internacional disparó el precio de la electricidad, evidencian la importancia de contar con alternativas que aporten estabilidad y soberanía energética a nivel municipal.

Las comunidades energéticas permiten que la energía se produzca y gestione de manera colectiva, generando beneficios directos para los vecinos y fomentando un modelo más sostenible, participativo y resiliente.

Con esta iniciativa, Gavilanes y Piedralaves se suman a un movimiento creciente que apuesta por la energía local, el ahorro compartido y la protección frente a la volatilidad del mercado eléctrico, reforzando el compromiso de ambos municipios con el desarrollo sostenible y el bienestar de sus ciudadanos.

Castilla y León contaba con 418 MW de potencia instalada de autoconsumo en 2025, de los 71 MW eran del sector residencial

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El Informe Anual del Autoconsumo Fotovoltaico y Almacenamiento 2025 presentado por APPA constata que el autoconsumo sigue alejándose de los objetivos marcados debido a la falta de medidas concretas en fiscalidad, acceso a redes y simplificación administrativa. En 2025, la potencia instalada de autoconsumo fotovoltaico se redujo por tercer año consecutivo hasta los 1.214 MW, un 15,2 % menos que en 2024.

Por tercer año consecutivo la potencia anual instalada se contrajo, lo que aleja al autoconsumo de alcanzar sus objetivos para 2030. A pesar de ello, hay motivos para la esperanza: el sector cuenta con un enorme potencial, con un coste de tecnología más competitivo que nunca y un interés creciente por el almacenamiento. Sin embargo, para aprovechar estas oportunidades, es imprescindible la adopción de medidas que impulsen su desarrollo, medidas que ya hemos solicitado al regulador y continuaremos reclamando como desgravaciones del 25% en impuesto de sociedades o IRPF, el aprovechamiento efectivo del 10% de capacidad reservada para el autoconsumo o la simplificación administrativa.

En 2025, se añadieron 1.214 MW de autoconsumo, con un 70% proveniente del sector industrial y un 30% del residencial. La electricidad generada por autoconsumo alcanzó los 10.550 GWh, cubriendo aproximadamente el equivalente al 4,1% de la demanda eléctrica. En 2025 se estimó que 2.183 GWh de electricidad generada por autoconsumo no se aprovechó, lo que representa una pérdida potencial superior a los 82 millones de euros.

Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana siguen concentrando el 50% de la potencia total instalada en autoconsumo en España. Castilla y León contaba con una potencia estimada de autoconsumo a finales del 2025, según los datos del Informe de APPAm de 418 MW, de los que 71 correspondían al sector residencia y el resto al industrial. La región ocupa la posición octava a nivel nacional en potencia de autoconsumo, lo que contrasta con su liderazgo en fotovoltaica volcada a la Red.

El MITECO asigna 30 millones de euros a Castilla y León para reducir el consumo energético de edificios del Estado

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Comandacia Guardia Civil Valladolid. Foto: AUGC

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha aprobado la selección definitiva de proyectos de mejora de la eficiencia energética que formarán parte del Plan de reducción del consumo energético en la Administración General del Estado (AGE), a los que destinará 368 millones de euros financiados por la Unión Europea a través del Programa Plurirregional FEDER 2021-2027.

“Se trata de 173 proyectos de ocho ministerios diferentes que implicarán una inversión total de 586 millones, con un ahorro energético de casi 80.000 MWh, equivalente al consumo de más de 8.000 hogares, evitando la emisión de más de 24.000 tCO2 al año. Entendemos que la Administración debe tener una función ejemplarizante en el diseño de las medidas y los proyectos y vamos a seguir trabajando para descarbonizar el sector público estatal”, ha afirmado este lunes la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto DemográficoSara Aagesen, durante la presentación de las nuevas ayudas para eficiencia energética en la AGE.

La selección de los proyectos se ha hecho en régimen de concurrencia competitiva y teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias por comunidad autónoma inherentes a FEDER 2021-2027. Se han priorizado las actuaciones integrales que maximicen el ahorro energético, que integren tecnologías innovadoras y que aporten beneficios ambientales y socioeconómicos.

Además, se han incluido mecanismos para garantizar un reparto equilibrado entre ministerios y territorios, con especial incidencia en los municipios de reto demográfico (menos de 5.000 habitantes), en los que se invertirán 77 millones para rehabilitar 142.818 m2 en 23 proyectos.

Los proyectos que han obtenido mejor puntuación en la evaluación han sido las rehabilitaciones integrales de edificios de gran tamaño y con buena ratio de inversión por ahorro. En concreto, las propuestas mejor valoradas se corresponden con el edificio de la Guardia Civil en el puerto de Santurtzi (Bizkaia), el edificio anexo al Gran Telescopio Canarias en Garafía (isla de La Palma, en Canarias) y los juzgados de Ocaña (Toledo).

Por su parte, los ministerios con mayor número de proyectos seleccionados son Interior, con 85 proyectos, la mayoría en acuartelamientos de la Policía y la Guardia Civil. Le siguen Ciencia, Innovación y Universidades, con 32 proyectos, como los del Gran Telescopio de Canarias, el Centro de Láseres Pulsados y el Consorcio para la Explotación del Centro Nacional de Análisis Genómico; Hacienda, con 22 proyectos para sedes en diversas provincias; y Transportes y Movilidad Sostenible, con 18 proyectos, incluidas las autoridades portuarias de Barcelona, Bilbao, Huelva, Sevilla y Avilés.

Por su parte las comunidades autónomas que más fondos FEDER de este plan recibirán son las de Andalucía (173 millones), Galicia (39 millones), Castilla y León (30 millones) y Comunitat Valenciana (28 millones), Castilla-La Mancha (21 millones), Canarias (19 millones) y Extremadura (19 millones).

Las ayudas, gestionadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), entidad adscrita al MITECO, se conceden a fondo perdido y se abonarán una vez ejecutados los proyectos.

La convocatoria se enmarca en el objetivo específico ‘Fomentar la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero’ del Programa Plurirregional FEDER 21-27 y contribuye a alcanzar el ambicioso objetivo de un 39,5% de ahorro de energía primaria establecido por el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC).

La digitalización del regadío en el Canal del Páramo impulsa el ahorro de agua y energía con fondos PERTE

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La Comunidad General de Regantes del Canal del Páramo ya ha comenzado a instalar sondas de humedad y avanza en nuevas herramientas —pluviómetros, estaciones meteorológicas y controles de calidad— dentro de un proyecto financiado con fondos NextGenerationEU

La Comunidad General de Regantes del Canal del Páramo, con sede en Santa María del Páramo, ha puesto en marcha sus primeras soluciones digitales para modernizar el regadío y mejorar la eficiencia en el uso del agua y la energía. El proyecto se enmarca en la primera convocatoria del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, financiado por la Unión Europea a través de NextGenerationEU y gestionado en España por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La inversión destinada a esta transformación asciende a 1.206.007 euros, una cifra que permitirá desplegar tecnología de medición y análisis para tomar decisiones de riego con mayor precisión y reducir costes operativos.

Primer paso: sondas de humedad para regar con datos (y no “a ojo”)
Los primeros dispositivos instalados son sondas de humedad, sensores que registran el estado del suelo y ayudan a ajustar los riegos a las necesidades reales de cada parcela. Con esta información, los regantes pueden optimizar tiempos y aportes, lo que se traduce en ahorros destacados de agua y energía y en una gestión más eficiente del sistema.

Además, la incorporación de datos facilita un uso más racional de insumos: al afinar la estrategia de riego, también se favorece la reducción de fertilizantes y productos fitosanitarios, con una bajada paralela del riesgo de contaminación y un mejor encaje con objetivos de sostenibilidad.

Un sistema que da servicio a 28 localidades y más de 17.300 hectáreas
La Comunidad abarca 28 localidades de 10 municipios —Bustillo del Páramo, Valdefuentes del Páramo, Bercianos del Páramo, Valdevimbre, Villazala, Laguna Dalga, San Pedro Bercianos, Urdiales del Páramo, Santa Marina del Rey y Santa María del Páramo— y reúne a 672 comuneros que trabajan más de 17.300 hectáreas de superficie regable. El abastecimiento procede del Embalse de Barrios de Luna, un elemento clave para el conjunto del sistema.

En un territorio que ha intensificado su modernización en los últimos años, el cultivo mayoritario es el maíz, seguido por alubia y remolacha, además de producciones como trigo, girasol, alfalfa, centeno o patata.

Lo próximo: pluviómetros en tiempo real, estaciones meteo y control de calidad del agua
El despliegue tecnológico no se queda en las sondas. Según el plan previsto, próximamente se sumarán pluviómetros con conexión en tiempo real y estaciones meteorológicas, herramientas que permiten anticipar necesidades hídricas y ajustar el riego según el clima.

Por otro lado, el proyecto incluye hitos vinculados al control hídrico: la construcción de una estación de control de calidad del agua de abastecimiento del regadío y otras estaciones para medir caudal y calidad del agua que retorna a los cauces públicos tras los riegos. También se contemplan estudios de eficiencia energética para analizar el rendimiento del sistema en su conjunto.

Agricultura 4.0: más eficiencia y un campo con relevo
La digitalización del regadío en el Canal del Páramo se apoya en sensores, tratamiento de datos y plataformas informáticas para recopilar y analizar información. Con ello, la Comunidad aspira a una gestión más eficaz de recursos como el agua y la energía, avanzando hacia un modelo de agricultura inteligente.

Estas iniciativas también se presentan como una palanca para reforzar el sector agroalimentario: contribuyen a reducir el estrés hídrico de las cuencas, mejoran la sostenibilidad y pueden actuar como incentivo para el relevo generacional y una mayor inclusión de mujeres en el ámbito agrícola, dentro del marco de transición ecológica y transformación digital.

La ejecución de esta renovación tecnológica ha sido encargada a la empresa gestora iRiego New Generation, especializada en digitalización y modernización de regadíos.

León impulsa la sostenibilidad municipal con la instalación de sistemas de almacenamiento energético Kstar

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El Ayuntamiento instala nueve unidades de gran capacidad en colaboración con Norsol Energía Solar y Amara NZero para optimizar el consumo de edificios públicos

El Ayuntamiento de León ha dado un paso adelante en su estrategia de eficiencia energética y sostenibilidad con la instalación de nueve sistemas de almacenamiento energético de gran capacidad, suministrados por Kstar en colaboración con Norsol Energía Solar y Amara NZero.

Cada instalación está compuesta por un armario de baterías de 197 kWh (modelo BC197DE) y dos inversores híbridos de 50 kW (modelo KAC50DP), configurando un sistema robusto, escalable y altamente eficiente. Estas actuaciones forman parte de un proyecto más amplio que busca extender la instalación de equipos de almacenamiento distribuidos por diferentes puntos de la ciudad, con el fin de optimizar el consumo energético en edificios públicos y avanzar hacia un modelo urbano más sostenible.

La iniciativa se basa en la serie BluePulse KAC50DP-BC197DE de Kstar, una solución “todo en uno” que integra inversor y almacenamiento en un solo equipo compacto. Este diseño reduce el espacio necesario, simplifica la instalación y el mantenimiento, e incorpora avanzadas medidas de seguridad eléctrica y térmica. Además, su arquitectura modular permite adaptar la capacidad del sistema a distintas necesidades energéticas.

Desde Kstar destacan que “este proyecto demuestra cómo la tecnología de almacenamiento puede integrarse de forma efectiva en la gestión energética municipal”, subrayando la importancia de la colaboración técnica y logística con empresas como Norsol y Amara NZero, que han garantizado una ejecución segura y un soporte integral durante todo el proceso.

Con este proyecto, León se une al grupo de ciudades españolas que apuestan por la transición energética, demostrando cómo el almacenamiento energético se consolida como una herramienta clave para mejorar la eficiencia, la resiliencia y la sostenibilidad de las infraestructuras públicas.