Mercado Eléctrico
Energías renovables sí, pero con cariño
Texto: Alberto Álvarez Méndez
Business Development Manager
Arram Consultores
Hacerlo bien, buscando generar un impacto social y medioambiental positivo, no significa retrasar la transición a las renovables
Con lo presente que lo tenemos a día de hoy, casi parece mentira que las primeras conversaciones sobre la amenaza que representaba el cambio climático se remonten a finales de los años 70. Fue entonces, en la Conferencia Mundial sobre el Clima de Naciones Unidas, donde, por primera vez, se buscó establecer estrategias globales para estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera. Vinieron después el Convenio Marco sobre Cambio Climático (1992) y el Protocolo de Kioto (1997), con sus altos y sus bajos. Más de 40 años después, y con el Acuerdo de París de fondo, sin embargo, parece que por fin existe unanimidad acerca de la importancia de avanzar juntos hacia la neutralidad climática y, lo que es más importante, voluntad para impulsarla. Mirar hacia otro lado ya no es una opción. Pero ¿qué puede aportar el sector energético en este ámbito?
Hace ya tiempo que las energías renovables pasaron a ocupar un lugar significativo entre las herramientas identificadas para afrontar la crisis climática. En la última década, de hecho, su implantación ha experimentado un crecimiento exponencial, animada, también, por el aumento de los precios del petróleo.
El impulso de las renovables en España
En el contexto actual, marcado por una crisis energética mundial que empuja a reducir urgentemente la dependencia de los combustibles fósiles y en base al denominado “paquete de invierno” (“Energía limpia para todos los europeos”, COM (2016) 860 final), que la Comisión Europea presentó en 2016, España aprueba en marzo de 2021 el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), en el que se establece como principales objetivos; la descarbonización, el impulso de las energías renovables; la eficiencia energética; la seguridad energética; el mercado interior de la energía; y la promoción de la investigación, la innovación y la competitividad.
En cifras, para 2030, el Plan busca:
- un 23% de reducción de emisiones de GEI respecto a 1990.
- un 42% de renovables en el uso final de la energía, el doble que en 2020.
- un 39,5% de mejora de eficiencia energética; y
- un 74% de presencia de energías renovables en el sector eléctrico, en coherencia con una trayectoria hacia un sector eléctrico 100% renovable en 2050.
La buena noticia es que el Plan afronta actualmente su primera revisión al alza, pues ya se superan las expectativas marcadas: el parque de generación con fuentes de energía renovables en España a finales de 2022 ascendió a 70.452 MW, registrando el valor máximo histórico, y con él se ha producido el 42,2 % de la generación total según datos de Red Eléctrica Española (REE).
El desafío territorial
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) tiene como objetivo estratégico que el 100 % de la energía producida en España en 2050 provenga de fuentes renovables para lo que espera alcanzar el 74 % de energía eléctrica renovable en 2030 frente al 42,2 % obtenido en 2022.
Ahora bien, esa transición energética presenta importantes retos territoriales. Según la Agencia Internacional de la Energía, las ciudades consumen un 67 % de la energía y suponen un 70 % de las emisiones de dióxido de carbono, aun cuando únicamente suponen un 3 % del territorio mundial, lo que resulta en una gran desigual en la implementación de las instalaciones renovables en los territorios.
España, en particular, se caracteriza por ser de los países de la Unión Europea con la mayor desigualdad en lo que a la distribución de su población se refiere. Nos encontramos con territorios pequeños y rurales poco poblados y que padecen profundos procesos de despoblamiento. El 84 % de los municipios españoles tiene menos de 5.000 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Como resultado, son los municipios rurales los que albergan aproximadamente el 81 % y el 85,5 % de las plantas de producción solar y eólica.Sin embargo, las inversiones renovables ubicadas en zonas rurales no llegan a traducirse en un significativo impacto social positivo para las mismas, ya que el despliegue de renovables por sí sola no puede corregir las tendencias de despoblación que sufren algunas zonas de España desde hace décadas. Esto es: aun dejando un retorno local en forma de impuestos para las administraciones locales e ingresos por el alquiler de terrenos para los propietarios de las tierras, su reducida intensidad en empleo sigue siendo su principal punto débil.
Maximizar los beneficios para todos
Este desequilibrio generado, debe ser afrontado por los implicados desde un intenso diálogo, predisposición y por supuesto desde el Cariño, entendido desde sus definiciones de “Inclinación de amor o buen afecto que se siente hacia alguien o algo” y/o “Esmero o afición con que se hace una labor o se trata una cosa” según Real Academia Española (RAE).
Cariño para minimizar su impacto negativo y maximizar sus beneficios, priorizando un modelo energético no especulativo que desligue la producción de energía de las dinámicas de máxima rentabilidad, que incentive la economía local, generación de empleo directo e indirecto permanente, la disminución del consumo y la eficiencia de la producción, y por supuesto, buscando el menor impacto en la biodiversidad.
Desde ARRAM Consultores, asesoramos a nuestros clientes para lograr esta cohesión con el territorio, fomentando la comunicación transparente y fluida con entidades públicas y privadas, aportando estratégicas socioeconómicas, garantizando la conservación de la biodiversidad con medidas compensatorias adaptadas al territorio de implantación y animando la participación ciudadana a fin de hacer frente a las verdaderas necesidades locales.
Identificar los problemas que se pueden generar es imprescindible, así como la implantación de medidas en plena coordinación con estas comunidades locales y bajo una lógica de creación de valor compartido.
Un gran ejemplo de ello, lo encontramos en la certificación del Sello de Excelencia en Sostenibilidad desarrollado desde la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), cuyo objetivo es validar y consolidar su compromiso con las comunidades en la que se instalan, evaluando las medidas propuestas por los promotores, englobadas en 4 ejes principales:
- El Impacto socioeconómico, que busca la creación de valor compartido con la comunidad local en la que se ubicará el proyecto.
- Los criterios de gobernanza, implicando a la comunidad local en el desarrollo del proyecto y garantizando que atienda a las necesidades específicas del territorio.
- La Integración ambiental y protección de la biodiversidad, incorporando medidas de integración de la biodiversidad y renaturalización.
La Economía Circular, asegurando la gestión de residuos al final de su vida útil.
Tenemos la oportunidad de cambiar el presente produciendo energía de forma respetuosa con el entorno, para mejorar nuestro futuro y aportando, así, múltiples beneficios sociales, económicos y medioambientales. Por eso, debemos abogar por una gestión no precipitada y ordenada, necesaria para armonizar el desarrollo energético, vigorizando el compromiso para minimizar el impacto de la transición energética sobre algunos de nuestros valores más singulares, sensibles y amenazados de las áreas rurales.
Aunemos esfuerzos y busquemos el camino del cariño. Haciendo referencia al refrán popular, “Dos no se pelean si uno no quiere”.
La Junta de Castilla y León ahorra 44 millones de euros con el nuevo contrato de electricidad adjudicado por 103,5 millones de euros hasta 2026
La Consejería de Economía y Hacienda ha adjudicado a Iberdrola el acuerdo marco para el suministro de electricidad para todos los centros de consumo de la Administración autonómica
La Junta de Castilla y León ahorrará 44 millones de euros con el nuevo acuerdo marco de suministro eléctrico, adjudicado por la Consejería de Economía y Hacienda a Iberdrola, para todos los centros de consumo de la Administración autonómica, así de como otras entidades adheridas, que tendrá vigencia desde el 26 de abril de 2023 al 28 de febrero de 2026. El ahorro anual supone 17,5 millones de euros.
El importe de adjudicación para todo el periodo y para un consumo eléctrico previsto de 749 GWh y 2.140 puntos de suministro asciende a 103,45 millones de euros del término de energía, sin IVA, impuesto eléctrico ni recargo por el tope de gas.
El procedimiento de contratación elegido ha sido el de acuerdo marco con un único adjudicatario. Con esta fórmula se ha conseguido un precio más competitivo, así como cerrar todos los términos de los contratos de suministro que se suscriban en su ejecución. Asimismo, se evitan segundas licitaciones y se logra una mayor agilidad para los centros de gasto, una mayor certidumbre para el suministrador y para la propia Administración, impidiendo que se traslade a los contratos la inseguridad y la volatilidad de los mercados energéticos.
Todos los contratos derivados de este acuerdo marco compartirán un mismo precio por kWh y tipo de tarifa, así como una misma fecha de conclusión (28 de febrero de 2026), lo que ha dado a las empresas licitadoras una seguridad que se ha traducido en una mejor oferta e, igualmente, una estabilidad para la Administración en su gasto energético de los próximos años, facilitando una adecuada planificación presupuestaria.
Además, se ha innovado en el proceso de contratación administrativa y en la automatización de todo el proceso de tramitación del contrato basado en el acuerdo marco, lo que unido a la inexistencia de una segunda licitación, supone una reducción de los costes de transacción que también ha contribuido a la consecución de unos precios ventajosos.
Esta actuación, promovida por el Servicio de Racionalización de la Contratación –dependiente de la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda– y por el Ente Regional de la Energía (EREN) –que además será el interlocutor técnico con la comercializadora adjudicataria–, se enmarca dentro de las medidas previstas en el Acuerdo 177/2022, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas de ahorro y eficiencia energética en la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León.
Nace H2CYL, la Asociación Castellano y Leonesa del Hidrógeno
La Asociación cuenta con más de 20 asociados y planes concretos para el desarrollo del Sector en la Región
El pasado 16 de marzo se presentó en Burgos, la Asociación Castellano y Leonesa del Hidrógeno H2CYL, con una misión, fomentar la producción y consumo de hidrógeno renovable, aprovechando el potencial de la Región en energías renovables.
Así lo manifestaron sus socios fundadores en la convocatoria de prensa celebrada, donde intervinieron Rafael Barbero, Director General de Fundación Caja de Burgos, Andrés Hernando, Director General de Hiperbaric, Gines Clemente, Presidente de Aciturri y Javier Robador, Gerente de H2CYL.
La entidad se ha marcado como misión impulsar y promover el desarrollo de la cadena de valor del hidrógeno, como herramienta para el crecimiento tecnológico, económico y social de Castilla y León. En concreto, aspira a favorecer la transición energética mediante el impulso de estrategias que fomenten el uso de fuentes de energía renovable, la innovación y la competitividad empresarial, la creación de empleo y la descarbonización de sectores como la industria, la energía y la movilidad.
Entre sus líneas estratégicas, figuran aprovechar el potencial de energías renovables de Castilla y León; estimular el consumo de hidrógeno como motor de crecimiento del tejido industrial, económico y social, y potenciar la I + D + i. Bajo este plan, la asociación prevé la creación de 3.200 nuevos puestos de trabajo cualificados.
En su visión para el horizonte 2030, destaca:
-Instalación de 1 GW de electrólisis, lo que supone el 25% del objetivo para toda España.
-La construcción de 16 hidrogeneras, una por capital de provincia y ciudades de más de 30.000 personas, y 4 en los principales corredores de transporte europeos.
-La implantación de al menos 25 autobuses y entre 370- 550 vehículos industriales con pila de combustible alimentada por hidrógeno.
-El desarrollo regional de la industria de los fertilizantes sostenibles.
H2CYL nace con una veintena de asociados, entre los que se encuentran desarrolladores de proyectos y generadores de energía renovable, como Capital Energy, Grupo Ibereólica, Ansasol y RIC Energy; ingenierías e instaladores fotovoltaicos como Abasol, empresas constructoras como COLLOSA, entidades de conocimiento, como CTME, CARTIF y CIDAUT, la Universidad de Burgos; fabricantes de electrolizadores, como H2GREEM; operadores y distribuidores de gases renovables, como Redexis; productores y comercializadores de hidrógeno, como Lhyfe; empresas tecnológicas, como DGH Technological Solutions; y potenciales consumidores, como Benteler, Campofrío y Grupo Joanca.
Actualmente, Castilla y León acoge más de 25 proyectos de generación de hidrógeno, la mayoría de ellos en fase de desarrollo y tramitación, que implican una inversión cercana a los 9.000 millones de euros.
Como proyecto más avanzado, figura la planta de hidrógeno del Parque Empresarial del Medio Ambiente de Garray, en Soria, impulsado por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL) y ejecutado por Redexis, que verá la luz el primer semestre de 2024.
La Asociación, que busca defender los intereses de sus asociados y de Castilla y León, afirma que el despliegue del hidrógeno traerá consigo la creación de más de 3.200 puestos de trabajo cualificados.
Concursos de capacidad: concursos de paciencia
Texto:
Ángel Carlos Bernáldez Rodríguez
Director de la Unidad de Energía de Arram
Hablando por boca de nuestro típico cliente que se dedica al desarrollo de plantas de generación de energía eléctrica renovable, quiero hacer un análisis de cómo han transcurrido los acontecimientos en los últimos años al respecto de la capacidad disponible en la red eléctrica.
La capacidad de la red es hace ya tiempo el bien escaso. No son los terrenos, no es el músculo financiero, ni las barreras tecnológicas. Y como es habitual, un bien escaso atrae a quienes lo precisan con especial voracidad.
Este escenario fue el que provocó que en fechas previas a la planificación 2021-2026 (que se aprobó en 2022), se produjeran avalanchas de solicitudes de capacidad en redes existentes pero también en redes futuras: avales y seguros de caución depositados, solicitudes cursadas imposibles de atender, incluso proyectos sin un mínimo de viabilidad en cuanto al emplazamiento porque, como decía antes, ese no era un asunto primordial.
La reacción por parte del Ministerio para la Transición Ecológica fue legislar para intentar ordenar y gestionar la capacidad de acceso y conexión, ya que es necesario que los proyectos se conviertan en realidades y así cumplir con los objetivos del PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030). Aquí hago una relación cronológica de estas actuaciones:
Junio 2020: se publica el RDl 23/2020, donde el artículo 1, titulado «Criterios para ordenar el acceso y la conexión a las redes…», obliga al cumplimiento de ciertos hitos administrativos a los promotores: solicitud de AAP, admisión a trámite, obtención DIA favorable, de la AAP, AAC y AAE; so pena de pérdida del punto de conexión y ejecución de garantías.
Diciembre 2020: se publica el RD 1183/2020, de acceso y conexión.
El Capítulo V: Concursos de capacidad de acceso, marca las reglas por las que un nudo puede entrar a concurso, y cómo llevarlo a cabo. Si bien no es imperativo para el Ministerio bloquear los nudos que cumplan los criterios, la realidad ha sido que todos los nudos que cumplen están señalados como nudo a concurso.
En cuanto un nudo es señalado como de concurso, se inadmiten solicitudes y se suspenden los procedimientos iniciados en los mismos. Con esto, se termina con la solicitud indiscriminada de capacidad, y se abre un esperanzador concurso con criterios técnicos, ambientales y socioeconómicos.
Estos concursos «bloquean» en total casi 290 nudos, casi 100.000MW.
Decía el RD 1183/2020 que «la orden de convocatoria de un concurso tendrá lugar en un plazo máximo de 10 meses desde la fecha de la resolución de la Secretaría de Estado de Energía»; pero en posterior modificación del art. 20: …la orden de convocatoria de un concurso tendrá lugar en un plazo máximo de doce meses …., cuando la potencia reservada supere los 10 GW, se podrán celebrar varios concursos sin que el plazo transcurrido entre dichos concursos supere los seis meses.”
Desde entonces, lo único que tenemos es un borrador de bases de concurso de 17 nudos (uno por Comunidad Autónoma, lo cual no es un criterio técnico sino político). Este borrador ha recibido una gran cantidad de alegaciones por errores en su planteamiento: por ejemplo, desde ARRAM hemos advertido de que la puntuación no suma el 100%, que no está clara la puntuación de proyectos ligados a autoconsumo, que el criterio excluyente ambiental es tan restrictivo que hará inviables los proyectos; y me temo que estas y muchas más aportaciones han paralizado al Ministerio con la intención de reestudiar completamente las bases para evitar lo que sería un auténtico freno al sector. Me refiero a un concurso mal formulado que dé lugar a posteriores impugnación y, posiblemente, al bloqueo de la capacidad de acceso hasta que un juzgado decida si el proceso ha sido justo…es decir, años y años después.
La posición del promotor de plantas de generación ha ido evolucionando desde la “ilusión” por un método ordenado y claro para acceder a la capacidad, a una resignación de cuándo saldrá algún concurso y cuáles serán sus bases. Han pasado de ser proactivos y adelantar trámites, estudios ambientales, estudios socioeconómicos del territorio para estar preparados, a decir que cuando salgan las bases ya lo analizaremos. Los propietarios de terrenos no entienden las explicaciones que los promotores les dan, no entienden que esa planta que se va a ejecutar no pueda avanzar cuando escuchan en las noticias que necesitamos renovables para no depender del gas Ruso. Empiezan a perder la paciencia, se rompen acuerdos y lo que es peor, se percibe una sensación de que esto no es lo que me habían dicho.
El sector necesita una señal para reconducir esta situación. El Ministerio debería publicar urgentemente algunos concursos, que demuestre que esta es la finalidad de todo este proceso y que los promotores e inversores sepan que habrá un goteo de concursos a los que merece la pena acudir.
El MITECO abre a audiencia pública una línea de ayudas para la sustitución de combustibles fósiles por energías renovables en la industria
Esta nueva convocatoria de ayudas contará con un presupuesto de 50 millones de euros
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha sacado a información pública el proyecto de orden por el que se aprueban las bases reguladoras y el programa de incentivos para la concesión de ayudas a instalaciones de cogeneración y tratamiento de residuos que sustituyan combustibles fósiles (gas natural, fuelóleo y gasóleo) por renovables en la producción de electricidad y calor útil para sus procesos industriales.
La línea de incentivos, gestionada por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), organismo dependiente del MITECO, supone una importante oportunidad para la industria: le facilita una alternativa de suministro energético viable y asequible, que permite reducir costes y mejora la competitividad de las empresas.
Se trata de una medida alineada con el Plan Más Seguridad Energética (Plan +SE), destinado a reforzar la autonomía estratégica y energética española y europea, reduciendo la vulnerabilidad de la economía y del país a las importaciones de combustibles fósiles. Además, generará empleo, impulsará la actividad económica en el territorio y contribuirá a alcanzar la neutralidad climática en 2050.
Serán subvencionables aquellos proyectos de producción de energías renovables, de forma individual o con combinaciones de instalaciones. Así, son elegibles instalaciones de producción de energía eléctrica o de cogeneración a partir de biomasa, biogás, energía eólica, hidroeléctrica o solar fotovoltaica. En el caso de la producción de energía térmica, se incluyen instalaciones de biomasa, biogás, geotermia, hidrotermia, aerotermia o energía solar térmica.
El importe de las ayudas se encuentra en una horquilla que va desde los 50.000 hasta los 15 millones euros por proyecto. En cuanto a la intensidad de las subvenciones, podrá cubrir hasta el 65% del proyecto con un incremento según el tipo de empresa, 10% adicional si es pequeña, 5% en el caso de mediana empresa, y otro 5% adicional si se ubica en un municipio de Reto Demográfico.
Criterio de valoración
El proyecto de bases a información pública plantea los siguientes criterios de valoración para seleccionar los proyectos que podrán recibir la subvención:
-Criterio económico, buscando los proyectos más eficientes.
-Criterio régimen retributivo restante, buscando primar aquellas instalaciones con mayor tiempo restante a la cogeneración existente, para favorecer aquellos proyectos que vayan a suponer un mayor ahorro de emisiones, así como mayor ahorro económico para el conjunto de los consumidores.
-Criterio operacional, apoyando los proyectos que busquen optimizar el aprovechamiento de la energía generada, según el modo de utilización de la producción (almacenamiento, autoconsumo íntegro, producción térmica) y la sustitución de la planta existente con ahorro de energía primaria.
-Por último, en línea con los objetivos del PRTR, se tendrán en cuenta externalidades positivas, como el impacto beneficioso en zonas de Transición Justa y Reto Demográfico, en pymes y en el ámbito social, promoviendo el empleo y la actividad local y la equidad de género.
El Consejo de Medio Ambiente da luz verde a la línea de alta tensión que atraviesa los nuevos regadíos leoneses de Payuelos
El Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, en reunión convocada el pasado 11 de enero, ha aprobado la declaración de impacto ambiental del proyecto de infraestructura eléctrica de evacuación de alta tensión entre distintos parques eólicos de la provincia de Palencia y el denominado “nudo Luengos” en el municipio leonés de Santas Martas.
La organización agraria ASAJA ha venido manifestando su más rotunda oposición a que la Junta de Castilla y León autorice la construcción de una línea eléctrica de alta tensión para la evacuación de energía eólica producida en la provincia de Palencia, atravesando los nuevos regadíos de Payuelos hasta su destino en la localidad de Luengos, en el municipio de Santas Martas.
La línea de evacuación solicitada atravesará los nuevos regadíos de Payuelos en una longitud de 36 kilómetros, gravando con la servidumbre del vuelo todas las parcelas encontradas a su paso, y ocupando 115 de ellas para la colocación de otros tantos postes que soportan el tendido. Afecta a los municipios de Santas Martas, El Burgo Ranero, Santa María del Monte de Cea, Villamol, Calzada del Coto, y Sahagún.
ASAJA recuerda que los regadíos de Payuelos son una obra declarada de interés general de la nación y que se encuentran en estos momentos en la fase final de su ejecución transformando 40.000 hectáreas a regadío con el agua de Riaño. Esta infraestructura dificulta y encarece la instalación de los sistemas de riego, perjudica en el laboreo de las tierras, es un riesgo permanente de accidentes, devalúa la propiedad, e impide el cambio de uso excepcional de suelo rústico para la construcción de naves agroganaderas, al margen de un impacto visual que degrada el paisaje y con ello la calidad de vida en los pueblos.
ASAJA considera que el promotor tiene la alternativa de otros nudos de evacuación más próximos a la zona de producción, la alternativa de soterrar la línea de evacuación con lo que se minimizarían los perjuicios, pude buscar otro trazado que no afecte a la zona regable, y puede utilizar otras líneas de evacuación haciendo modificaciones para una mayor capacidad.
El Gobierno da luz verde a ayudas por 250 millones para impulsar 29 proyectos de hidrógeno verde en España
Castilla y León se queda con dos de los proyectos
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha aprobado provisionalmente ayudas para impulsar el hidrógeno verde en España por 250 millones de euros para un total de 29 proyectos repartidos en nueve comunidades autónomas, que canalizarán una inversión total cercana a los 900 millones de euros. En concreto, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), organismo dependiente del Ministerio, ha publicado las dos primeras resoluciones provisioonales de las líneas de ayuda del Perte ERHA para el hidrógeno verde correspondientes a los programas denominados Pioneros o Singulares y de Cadena de valor.
En total, estos 29 proyectos adjudicatarios suman 487 megavatios (MW), lo que representa el 12% del objetivo fijado por España a 2030 para impulsar el hidrógeno verde, que pasa por la instalación de electrolizadores por al menos 4 gigavatios (GW).
Entre los adjudicatarios figuran las principales empresas del país en el sector energético, como Repsol, Iberdrola, Cepsa, Endesa, EDP o Enagás, entre otras. El Perte de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento destinará 1.555 millones de euros al hidrógeno verde, que a su vez movilizarán otros 2.800 millones de euros de capital privado.
En total se han seleccionado 22 proyectos, que canalizarán una inversión total de 460 millones de euros y suman una potencia de electrolizadores de 192 megavatios (MW). Entre los adjudicatarios en este programa figuran proyectos de empresas como Iberdrola, Cepsa, EDP, Enagas o Hunosa.En lo que respecta al reparto territorial, los proyectos ganadores están repartidos por nueve comunidades autónomas: Andalucía (6), Asturias (3), Cataluña (3), Galicia (3), Castilla y León (2), Castilla-La Mancha (2), Aragón (1), Navarra (1) y Comunidad Valenciana (1). Asimismo, un total de cinco de ellos cumplen criterios de transición justa, cuatro en Asturias y uno en Galicia.
El hidrógeno renovable se ha convertido para España en un pilar básico dentro del proyecto país. De hecho, el Gobierno lanzó una hoja de ruta con el objetivo de ser líder en esta tecnología que establece, entre otros, ese objetivo de alcanzar 4 GW de capacidad de producción en 2030.
La Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE) denuncia que la industria pagará la energía un 344% más cara que en 2019
El sector abonará este año en costes energéticos un total de 1.494,8 millones de euros
ANICE insiste en la difícil situación que está atravesando la industria cárnica. El encarecimiento de las materias primas y el incremento continuado de los costes de energía y resto de insumos han disparado los costes de producción, llevando a un tremendo desgaste a los operadores, al endeudamiento de las empresas y a la desaparición de los márgenes comerciales, poniendo en peligro la pervivencia de sus negocios.
Una situación que lejos de mejorar, lo que parece es que empeorará en los próximos meses, por lo que desde todos los foros económicos se advierte de que hay que adoptar medidas urgentes y eficaces que corrijan esta coyuntura.
Desde ANICE se echa de menos una política industrial de apoyo a las empresas y una evaluación y corrección de las políticas normativas que generen nuevas cargas y costes a las empresas.
Por ejemplo, en lo que respecta a los costes energéticos, este año la industria cárnica pagará un total de 1.494,8 millones de €, con una subida del 344% con respecto a 2019. Solo en el primer trimestre de 2022, el precio medio de la electricidad fue de 228,41 euros/MW/h, lo que representa un 572,6% y un 105,1% más respecto a 2020 y 2021.
A partir del último informe disponible del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre ‘Consumos energéticos’, del año 2019, la asociación ha llevado a cabo una aproximación de los gastos energéticos que tendrá que abonar en 2022 la industria cárnica, teniendo en cuenta los precios medios para cada tipo de energía y el importe resultante a pagar de las unidades consumidas en 2019, pero a precio 2022.
Este análisis desglosado muestra el aumento, sin precedentes, de las facturas a las que tendrán que hacer frente las empresas en 2022.
En el año 2019 el consumo de electricidad a pagar fue de 289.940.000 euros, mientras que en 2022 la industria deberá abonar un total de 1.266.160.000 euros.
Respecto al gas, en 2019 esta partida ascendió a 80.133.000 euros, mientras que en 2022 el importe será de 570.418.296 euros.
Por último, el gasto por consumo de gasóleo en automoción durante 2019 ascendió a la cantidad de 63.376.000 euros, mientras que el importe a pagar en 2022 será de 91.716.896 euros.
“Hemos superado las crisis económicas precedentes y la pandemia, con un comportamiento ejemplar, trabajando día a día para garantizar el abastecimiento de los alimentos a la población, pero esta nefasta coyuntura amenaza con acabar con un buen número de empresas”, afirma el secretario general de ANICE, Miguel Huerta.
Un tejido industrial que, si no se toman medidas, desaparecerá, para no volver, y que agravará el despoblamiento de las zonas rurales, la España vaciada, porque esas empresas están, en su inmensa mayoría, en el medio rural, y con ellas también se perderá en gran parte la ganadería que es esencial para mantener nuestros ecosistemas y dar vida y futuro a los pueblos.
La organización considera, por tanto, que urge adoptar medidas eficaces que corrijan esta coyuntura y eviten el desmoronamiento de los sectores industriales.
Decimosexta edición del Foro Soriactiva, “Independencia energética renovable y creación de empleo”
Un año más, la Fundación SORIACTIVA, en colaboración con la Cátedra de Conocimiento e Innovación de Caja Rural de Soria y el Parque Científico de la Universidad de Valladolid, ponen en marcha la decimosexta edición del Foro Soriactiva, con el objetivo de desarrollar diversos temas de actualidad sobre “Independencia energética renovable y creación de empleo”, en el que se desarrollarán cuatro mesas redondas sobre dichos temas y una conferencia, de máxima actualidad. Este año se realizará de forma bimodal, combinando la presencial, con todas las medidas que actualmente aconseja la situación sanitaria y online, para aquellos que prefieran seguir el evento desde otro lugar en directo.
Objetivos
La Jornada va dirigida a empresarios, posibles emprendedores y comunidad universitaria dentro del marco DOCUMENTO ESTRATEGIA FSE+2021-2027 y está dentro del Objetivo Político de una Europa más verde y baja en carbono, promoviendo una transición energética limpia y equitativa, la inversión verde y azul, la economía circular, la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos; y del Objetivo Político de una Europa más próxima a sus ciudadanos, fomentando el desarrollo integrado y sostenible de las zonas urbanas y rurales y las iniciativas locales.
La creación de empleo es la base a los principios de la Ley 5/2011, con especial atención a la formación de los trabajadores y fomentando la RSC en el sector empresarial y a las nuevas inversiones que plantea los programas de la UE frente al Reto Demográfico.
Pretendemos promover la incorporación de las empresas de economía social como actores para el desarrollo sostenible con el objetivo de creación de puestos de trabajo en el medio rural y el apoyo al fomento de la igualdad de género y la inclusión social en la economía social, promover el crecimiento económico sostenible, energías renovables más necesarias que nunca y adoptar medidas contra el cambio climático, que son los puntos fuertes para frenar la despoblación en provincias como Soria, que es la zona cero de la despoblación en España con 8,7 habitantes/km2.
Según Carlos Martínez Izquierdo, Presidente de Caja Rural de Soria y de la Fundación Soriactiva, “La consecución de los objetivos de mejora de la eficiencia energética y la utilización de las energías renovables requieren abordar un proceso de transición energética que permita reducir paulatinamente la demanda energética de los edificios e infraestructuras públicas, reducir la dependencia de combustibles fósiles, introducir tecnologías de alta eficiencia energética así como fomentar las energías de origen renovable y el autoconsumo. La transición ecológica tiene como objetivo acelerar los procesos de transformación impulsando la descarbonización, la eficiencia energética, tanto en las explotaciones agropecuarias como en el sector doméstico”.
Formación medio ambiental
Los temas de cambio climático y despoblación del medio rural, están entre las prioridades del gobierno y ha llegado al ámbito empresarial. El calentamiento global, ha trascendido al mundo de los científicos, para llegar al plano político, económico, social y empresarial. La sociedad actual, exige un urgente cambio radical en nuestro modelo de desarrollo que afectará sin duda a la economía y al mundo empresarial.
Para Anselmo García, Director de la Fundación SORIACTIVA, “La participación de la ciudadanía, pymes y entidades locales en los proyectos de energías renovables y eficiencia energética, a través de comunidades energéticas, puede generar un valor añadido significativo en lo que se refiere a la aceptación local de estas iniciativas y al acceso a capital privado adicional. Esto se traducirá en inversiones locales, una mayor libertad de elección para los consumidores y una participación mayor de los ciudadanos en la transición energética. Adicionalmente, la ciudadanía puede, tanto estimular la adopción de políticas y potenciar una mayor responsabilidad social y ambiental de las empresas, como del empleo generado y en la gestión de la demanda energética. Los proyectos realizados por comunidades energéticas en las áreas de energía renovable eléctrica y térmica, se espera que contribuyan a la reducción del consumo de energía final y/o al aumento del suministro de energía renovable, conllevando una disminución de las emisiones de CO2”.
El Foro se llevará a cabo el próximo jueves 6 de octubre, y podrá seguirse en directo desde los lugares que elijan los interesados ya que será retrasmitido en directo, a través del siguiente enlace directo a la reunión: https://tinyurl.com/msr7vf82 o bien de forma presencial en el Salón de Grados del Campus Duques de Soria.
Empresa Familiar de Castilla y León urge la adopción de medidas ante la escalada de los costes energéticos
Reclaman la supresión parcial y temporal de los impuestos vinculados al gas y la electricidad
Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) ha urgido nuevamente al Gobierno la adopción de medidas que sirvan para paliar la grave situación derivada del incremento de los costes energéticos, que está afectando de manera límite a los márgenes empresariales y que en algunos casos puede poner en peligro la continuidad de la actividad económica.
En un documento que ha remitido al ejecutivo autonómico, la asociación de empresarios familiares advierte que de no adoptarse las medidas adecuadas y con carácter urgente, peligran inversiones y empleo en Castilla y León, y existirá el riesgo de paralización, cierre o deslocalización de empresas.
Frente a esta preocupante situación, EFCL demanda la supresión parcial y temporal de los impuestos vinculados al gas y la electricidad y mayores incentivos para la implantación de las energías renovables en las empresas.
También propone ampliar las ayudas en financiación -subvenciones y préstamos blandos- para inversiones en autoconsumo (gas y eléctrico), e implementar procedimientos abreviados de tramitación de instalaciones de autoconsumo, permitiendo el vertido de excedentes hasta un porcentaje de la potencia contratada, estableciendo prioridad de acceso y conexión a la red.
Además, los empresarios familiares también piden ampliar a otras actividades económicas las ayudas existentes, en especial para sectores tan críticos como el agroalimentario y el automóvil.
En su escrito, EFCL recuerda que la escalada de los costes energéticos es una de las principales preocupaciones actuales para las empresas, que ven limitada gravemente su capacidad competitiva.
De hecho, según una reciente encuesta realizada a asociados, el 92 por ciento de las 170 empresas de EFCL no están pudiendo transferir la subida de costes energéticos a sus clientes, a pesar de que todas ellas se están viendo afectadas por la subida del precio de la electricidad y casi el 70% por la subida la del gas.
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Energía de Castilla y León 