Mercado Eléctrico

i-DE actuará como facilitador tecnológico de las Comunidades Energéticas Locales en Castilla y León

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i-DE, la compañía de distribución de electricidad de Iberdrola, actuará como facilitador tecnológico de las Comunidades Energéticas Locales (CEL), que podrían ponerse en marcha en España en los próximos meses.

Para ello, la compañía ha puesto su experiencia y liderazgo en transformación digital a disposición de ocho proyectos presentados al Next Generation EU en Castilla y León y otras regiones – Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia-, a los que aportará herramientas digitales que permitan una correcta gestión de la red y de la producción renovable, la participación activa de los usuarios y la optimización del consumo, elementos clave de la transición energética.

En este ámbito, i-DE estructura el servicio a estos proyectos colaborativos sobre cuatro pilares: gestión de datos, redes inteligentes, integración de producción renovable y resiliencia y biodiversidad.

Como resultado, los usuarios de estas comunidades energéticas locales lograrán una mayor autonomía en el suministro, junto a una correcta gestión de la red, activa y dinámica. Asimismo, tendrán acceso virtual a datos reales y actualizados de la producción y la demanda; y accederán al desarrollarlo de soluciones inteligentes de almacenamiento de energía y recarga de vehículos. Con ello, en base a una red robusta y resiliente a fenómenos climáticos extremos.

i-DE respaldará la tramitación y ejecución de los proyectos, proporcionando asesoramiento tecnológico y técnico para lograr una mayor eficiencia de costes y de consumo.  Además de su profundo conocimiento de las energías limpias y su integración en la red, la empresa asesorará a estas comunidades sobre los sistemas de almacenamiento más eficientes y las mejores soluciones de movilidad, conociendo las ubicaciones óptimas en cada localidad para instalar puntos de recarga.

Este plan de respaldo a comunidades energéticas locales está plenamente alineado con los planes de recuperación europeos, que tienen como ejes principales la transición energética y la transformación digital. Además, el desarrollo de estas iniciativas actúa como palanca de vertebración del territorio, de acuerdo con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

i-DE cuenta con una red robusta y digitalizada que ahora también pone al servicio de las comunidades energéticas locales, como actores clave en la electrificación de la economía. Con 11 millones de contadores inteligentes instalados en España – 1,5 millones de contares inteligentes en Castilla y León- recoge 30 terabytes de datos en tiempo real, y su red tiene más de 1.100 megavatios (MW) renovables conectados, además de ser el mayor integrador de generación distribuida del sector.

En Castilla y León, i-DE gestiona más de 43.535 km de líneas de baja y media tensión y más de 6.400 km de líneas de alta y muy alta tensión. Asimismo, cuenta con 15.597 centros de transformación en servicio y 243 subestaciones primarias y secundarias. La compañía mantiene en la región un nivel de calidad de servicio por encima de la media nacional, con un TIEPI de 54,2 minutos a cierre de 2020.

El Gobierno convoca la primera subasta de energía renovable con el nuevo marco retributivo

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La publicación de la primera resolución culmina el proceso normativo que permitirá ofrecer un marco estable a la inversión en renovables y trasladar a los consumidores los ahorros derivados de la implantación de las nuevas instalaciones renovables

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha aprobado la primera resolución de convocatoria de subastas de energía renovables con el nuevo marco retributivo. Con esta resolución, que se publicó el pasado 12 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se culmina el proceso normativo para ofrecer un marco estable que atraiga la inversión y fomente la actividad económica en toda la cadena de valor de las energías renovables del país en un escenario de recuperación tras la crisis sanitaria, al tiempo que permite que los consumidores se beneficien de manera directa de las reducciones de costes de generación de estas tecnologías.

La apertura del plazo para la entrega de documentación se inició el lunes 15 de diciembre de 2020 y la primera subasta se celebrará el próximo 26 de enero de 2021. Se establece un cupo objetivo de 3.000 MW, de los cuales al menos 1.000 MW se destinarán a tecnología fotovoltaica y otros 1.000 MW a eólica terrestres, quedando el resto de potencia a subastar sin restricción tecnológica.

Podrán participar en la subasta las instalaciones nuevas o ampliaciones de instalaciones existentes que estén situadas en el sistema eléctrico peninsular y cuyo sistema de almacenamiento, en caso de disponer de él, sea empleado exclusivamente para almacenar la energía producida en la instalación.

El inicio del calendario de subastas con el nuevo Régimen Económico de Energías Renovable resulta indispensable para cumplir con los compromisos de descarbonización que España ha adquirido en el Acuerdo de París y como Estado miembro de la Unión Europea. Estos compromisos han sido trasladados al Plan Nacional Integrado de Energía Clima (PNIEC) 2021-2030, que prevé la instalación de en torno a 60GW renovables en la próxima década y que incluye, entre sus medidas, el desarrollo de este tipo de subastas.

Este mecanismo de subastas es, por tanto, complementario a otros instrumentos de impulso, como pueden ser las líneas de ayuda a la inversión en renovables financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), ejecutadas por el Instituto para Diversificación y Ahorro de la Energía, o las garantías públicas para los contratos de suministro de energía eléctrica a medio y largo plazo (PPAs).

Características de la subasta
Con el objetivo de optimizar la integración de renovables en el sistema y maximizar el ahorro para la factura eléctrica, se establece que el precio percibido por las instalaciones se obtendrá a partir del precio resultado de la subasta corregido con cierta exposición a mercado. La resolución establece el porcentaje de ajuste de mercado en un 25% para las tecnologías con capacidad de gestión de su nivel de producción y en un 5% para las que no dispongan de dicha capacidad.

El plazo máximo de entrega de la energía comprometida es de 12 años para las tecnologías fotovoltaica, solar termoeléctrica, eólica terrestres y marina e hidroeléctrica y de 15 años para las tecnologías de biomasa, biogás y biolíquidos.

Las pujas se realizarán sobre el precio que se exige por la energía producida y el volumen de producto adjudicado a una misma empresa o grupo empresarial no podrá ser superior al 50% del cupo del producto (1.500 MW).

La resolución establece la obligatoriedad de que los participantes en la subasta presenten un plan estratégico con estimaciones de impacto sobre el empleo local y las oportunidades para la cadena de valor industrial local, regional y nacional, así como, en el ámbito de la economía circular, las medidas contempladas en relación con el tratamiento de los equipos al final de su vida útil y el análisis de la huella de carbono durante el ciclo de vida útil de las instalaciones.

Las reclamaciones de los consumidores de electricidad y gas natural disminuyeron un 5,9% en Castilla y León durante 2019

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Los consumidores de electricidad y gas natural de Castilla y León presentaron durante 2019 un total de 83.789 reclamaciones, un 5,9 por ciento menos que en el año 2018, según el Informe sobre las reclamaciones planteadas por los consumidores a las comercializadoras y distribuidoras de energía eléctrica y gas natural y que elabora la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

A nivel nacional este descenso fue más acusado y se situó en el 16 por ciento, hasta bajar a 1,3 millones de reclamaciones.

Del total de reclamaciones presentadas, casi un 68% (936.862) fueron en el sector eléctrico, y un 32% (445.215) en gas natural. Sin embargo, si tenemos en cuenta el número de clientes por sector, los consumidores de gas natural presentaron más quejas: 5,6 reclamaciones por cada 100 clientes; mientras que en el sector eléctrico fueron 3,2 reclamaciones por cada 100 puntos de suministro. 

La fuerte reducción experimentada en el sector eléctrico responde, en parte, al progresivo despliegue e integración de los contadores de telegestión, así como a los planes de actuación llevados a cabo por algunas empresas para mejorar los procesos.

Las reclamaciones consideradas procedentes por parte de las empresas, y por tanto resueltas de manera favorable para el consumidor, suponen el 34% de las reclamaciones, en ambos sectores

Motivos
A nivel nacional, según se destaca en el informe de la CNMV, las discrepancias en las medidas del contador junto con las discrepancias sobre la facturación y cobro fueron el objeto de casi la mitad de las reclamaciones presentadas por los consumidores: el 46 por ciento en ambos sectores.

Además, las reclamaciones por cuestiones de precios y tarifas y la contratación y ventas, supusieron el 13 por ciento y 11 por ciento del total de reclamaciones en el sector eléctrico, y el 18 por ciento y 8 por ciento del total de reclamaciones en el sector del gas. Del total de reclamaciones presentadas durante el año 2019, el 34 por ciento en ambos sectores, fueron consideradas por las empresas como procedentes, y por lo tanto resueltas de manera favorable para el consumidor.

Los comercializadores independientes de electricidad suministraron al 16% de los clientes del mercado libre en 2019

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La CNMC ha publicado el Informe anual de supervisión de los cambios de comercializador en los sectores eléctrico y gasista, correspondiente al año 2019 (IS/DE/014/19), que muestra la estructura del mercado eléctrico y gasista, el volumen de los cambios de comercializador y de las altas/bajas de puntos de suministro habidos en el año, y analiza la eficiencia y la eficacia de estos procesos.

Así, en 2019, el mercado eléctrico estaba compuesto por más de 29,5 millones de puntos de suministro, de los cuales cerca de 11 millones se encontraban en el mercado regulado (37%). Por su parte, 18,5 millones (63%) de los consumidores eléctricos (lo que supone 2,5 millones más que cuatro años antes) se encontraban en el mercado libre.

Los comercializadores pertenecientes a los cinco grupos principales gestionaban el 84% del total de puntos de este mercado. Simétricamente, los comercializadores independientes controlaban el 16% del mercado libre, lo que supone 6 puntos más que hace 4 años. 

Como consecuencia de los cambios de comercializador y de las altas/bajas, los comercializadores independientes experimentaron crecimientos en tanto en gas como en electricidad. Así, fueron especialmente relevantes las cuotas alcanzadas en los segmentos de las pymes e industrial (que variaron entre el 30%-35%), lo que denota un mayor grado de competencia en estos segmentos en ambos sectores.

El mercado del gas natural contó con cerca de 8 millones de puntos de suministro, de los cuales aproximadamente 1,6 millones se encontraban en el mercado regulado (20%) y 6,4 millones (80%) en el libre (0,5 millones más que cuatro años antes). Los comercializadores de los cinco grupos principales suministraron al 96% del total de los puntos de este mercado, mientras que los independientes gestionaron el 4% del mercado libre (0,3% más que cuatro años antes).

La tasa anual de switching en el sector eléctrico fue del 10,2%, lo que supone 3 millones de cambios (por segmentos: 9,6% doméstico, 29,3% pyme y 25% industrial), mientras que en el sector gasista fue del 7,8%, equivalente a más de 600 mil consumidores (por segmentos: 7,7% doméstico, 25,6% pyme y 20% industrial).

Las provincias con mayor actividad comercial en el sector eléctrico fueron Albacete (12,8%) y Granada (12,7%), mientras que en el sector gasista fueron también Albacete (12,5%), y Cuenca (12,4%).  

En cuanto a los tiempos medios de cambio de comercializador (desde que el cliente otorga su consentimiento al comercializador hasta que el distribuidor activa el cambio) continuaron disminuyendo, En 2019, fueron de 7,8 días de media en el sector eléctrico, y 8 días en el gasista (con una reducción anual de 0,7 días en electricidad, y de 2,3 días en gas). Estos tiempos medios varían entre los distintos comercializadores. Así, 16 comercializadores del sector eléctrico y a 8 del gasista obtuvieron tiempos de cambio iguales o inferiores a 5 días. 

Además, en 2019 se observó que en el sector eléctrico, la mayoría de las nuevas altas tuvieron como destino a comercializadores libres, de las cuales el 68,7% fueron a favor de comercializadores del mismo grupo empresarial que el distribuidor.

En el sector gasista, asimismo las altas tuvieron como destino mayoritario el mercado libre, y las que fueron comercializadas por un comercializador libre del mismo grupo empresarial que el distribuidor fueron el 25%.

Unión de Uniones destaca que el coste de la energía eléctrica ha subido un 60 % en 10 años

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España se situó como segundo país de la UE con la tarifa más alta

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha analizado la evolución de los precios de la electricidad durante los últimos diez años y destaca que estos se han visto incrementados en un 60 %, más del doble de la media europea.

Unión de Uniones revela que, según los estudios analizados, el precio de la electricidad para los consumos más habituales en el sector, aquellos menores de 20 MWh, aumentaba un 60 % en los últimos 10 años. Asimismo, en el segundo semestre de 2019, España se situó como segundo país de la UE con la tarifa más alta con 0,379 €/KWh, solo después de Italia.

En otro orden de cosas, respecto al consumo energético estatal, situado en torno a las 2.400 kilotoneladas equivalentes de petróleo (ktep) al año, solo un 3 % procede de fuentes renovables siendo, por usos, la maquinaria la que consume una mayor proporción de energía (54%), seguida de las explotaciones agrarias (32%) y los sistemas de regadío (14%).

“Quizá sea el momento idóneo para afrontar la transición hacia una agricultura más limpia y eficiente energéticamente, pero deben implementarse medidas coherentes, concretas y con un presupuesto suficiente y dejar de mirar a Europa solo para que lo interesa a los políticos y las grandes corporaciones”, declaran desde Unión de Uniones.

Unión de Uniones considera muy interesante el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), en fase de revisión, que contempla una medida, prevista con 929 millones de euros para el periodo 2021-2030, para mejorar la eficiencia energética de los sistemas de regadío y reducir su consumo energético en un 30%, las explotaciones agrarias en un 30% y la maquinaria agrícola en un 25%, así como el objetivo de triplicar el consumo de origen renovable en las explotaciones en 2030.

No obstante, cree que estos objetivos deben ir acompañados de una hoja de ruta específica y, sobre todo, tarifas eléctricas adaptadas a las explotaciones agrarias y un plan RENOVE con suficiente presupuesto para disponer de un parque de maquinaria más limpio y eficiente.

“Estos días anunciaba el ministro que se destinarían 8,5 millones al Plan RENOVE para 2020, pero necesitamos que entre en vigor ya”, comentan Unión de Uniones, “Anunciarlo y no ponerlo en marcha no sirve de absolutamente nada”, concluyen.

“Desde el sector no sabemos todavía cómo se van a articular estas medidas y sus acciones concretas” comentan desde la organización. “Es preciso establecer una hoja de ruta específica para conseguir que sea una realidad el aumento del consumo de fuentes renovables y mejorar la eficiencia en el sector” concluyen. Asimismo, Unión de Uniones considera clave acompañar estas medidas con contratos y tarifas eléctricas adaptadas a las necesidades de las explotaciones agrarias.

Greenpeace alerta de que Castilla y León es la segunda región con más pobreza energética

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Con ocasión de la Semana Europea contra la Pobreza Energética, Greenpeace recordó que seis millones de personas en España, alrededor del 15% de la población, se declara incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante la estación fría.

Greenpeace ha exigido al Gobierno que revise el mercado eléctrico para favorecer la democratización de la energía, reconozca el acceso a una energía limpia y luche contra la pobreza energética. Según ha alertado la organización, Castilla y León es la segunda más afectada de las regiones, solo después de Castilla-La Mancha.

María Prado, responsable de la campaña de Energías Renovables de Greenpeace, señaló que “la energía ha sido y es tan crucial en el desarrollo de las civilizaciones que se ha convertido en un bien básico¨. En su opinión ¨la falta de acceso a la energía genera exclusión social y afecta directamente a la salud”.

Destacó que la pobre e insuficiente climatización en hogares está detrás de la muerte de 7.100 personas al año. Más que los accidentes de tráfico, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por comunidades autónomas, la más afectada es Castilla-La Mancha donde un 20% de la ciudadanía sufre pobreza energética, seguida por Castilla y León, Extremadura y Murcia.

Prado refirió que la organización ecologista demostró en 2014 que los colectivos más vulnerables estarían entre los más beneficiados por un modelo eléctrico eficiente basado en renovables. Este beneficio se traduciría en un ahorro medio de un 34% en la factura energética de los hogares.

Según cálculos del estudio, solo en la factura de la luz el consumidor pagaría un 25% menos. Además, un avance de las energías limpias y el abandono de las energías contaminantes y peligrosas generarían más de tres millones de empleos ligados a la construcción de nuevas centrales energéticas y un crecimiento anual de dos puntos en el PIB.

Ampliadas las zonas de protección de avifauna a todo el territorio de la comunidad autónoma de Castilla y León

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Esta nueva Orden ha considerado oportuno que todo el territorio de la Comunidad debe ser considerado como zona de protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión

Las zonas de protección designadas en Castilla y León para la aplicación de medidas contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas aéreas de alta tensión se encontraban hasta la fecha recogidas en la Orden MAM/1628/2010, de 16 de noviembre. Sin embargo se hacía necesaria su actualización y ampliación debido a la gran movilidad y baja predictibilidad espacial de las aves, a la gran superficie ocupada por varias de las especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, a su amplia distribución de cría y la excepcional importancia de todo el territorio de Castilla y León para su invernada, con dormideros repartidos ampliamente por toda su superficie.

Desde la Junta de Castilla y León se llevan celebrando distintos protocolos generales de actuación entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y las principales compañías distribuidoras de energía eléctrica, así como convenios específicos, en particular, para la protección de avifauna a través de la corrección de tendidos

Fruto de estos protocolos y convenios se están desarrollando los distintos planes de corrección dentro de la planificación de las propias compañías, donde se concretan los apoyos a corregir en el marco temporal de los citados planes, a la vista de la peligrosidad constatada de las líneas eléctricas.

Según los datos registrados de siniestrabilidad desde 1989, se han confirmado 2.740 casos cuya causa de mortalidad es la electrocución por línea eléctrica. Con respecto a las colisiones, se han confirmado 733 casos, condicionada dicha cifra por la difícil detectabilidad de los restos.

La reciente subvención, autorizada el 12 de diciembre de 2019 por el Consejo de Gobierno, por importe de 749.298 euros a titulares de líneas eléctricas que operan en el ámbito territorial de las zonas de protección de avifauna de Castilla y León, para financiar los gastos derivados de la adaptación de los tendidos a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, supone una línea adicional de trabajo encaminada al establecimiento de medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

Varias especies amenazadas, como el sisón (Tetrax tetrax), el águila perdicera (Aquila fasciata), el milano real (Milvus milvus), el aguilucho cenizo (Circus pygargus) el alimoche (Neophron percnopterus), el buitre negro (Aegypius monachus), el águila imperial ibérica (Aquila adalberti), la cigüeña negra (Ciconia nigra) y el urogallo (Tetrao urogallus cantabricus), son especialmente sensibles a la electrocución o colisión con tendidos eléctricos, figurando ésta causa de mortalidad no natural como una de las principales para dichas especies en Castilla y León.

La Junta encomienda al Ente Regional de la Energía la gestión de la certificación de eficiencia energética de edificios

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La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León ha encomendado al Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León determinadas actuaciones asociadas con la certificación de eficiencia energética de edificios y con el Reglamento General de Protección de Datos.

Los certificados de eficiencia energética de edificios constituyen el documento acreditativo y objetivo de las características energéticas del edificio de forma que se pueda valorar y comparar su eficiencia energética con el fin de favorecer la promoción de edificios de alta eficiencia energética y las inversiones en ahorro de energía.

La Directiva 2010/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, modificada parcialmente por la Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, establece la obligación de poner a disposición de los compradores o usuarios de edificios un certificado de eficiencia energética. La trasposición de esta directiva se hace a través del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios, tanto de nueva construcción como existentes.

Este real decreto establece que el órgano competente de cada comunidad autónoma en materia de certificación energética de edificios, entre otras funciones, debe habilitar un registro de certificados en su ámbito territorial. Así mismo determina que el órgano competente debe establecer y aplicar un sistema de control independiente de los certificados.

De acuerdo con el artículo 6 de la Orden EYE/23/2012, de 12 de enero, por la que se regula el procedimiento de inscripción en el Registro de Certificaciones de Eficiencia Energética de edificios de Castilla y León, el órgano competente para resolver las solicitudes de inscripción en el citado registro es la Dirección General de Energía y Minas, previo informe emitido por el Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León.

Entre las actividades a realizar por el Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León  estará el Desarrollo y mantenimiento de la aplicación electrónica «CEREN» para la gestión técnica y administrativa del Registro Público de Certificaciones de Eficiencia Energética de Edificios de la Comunidad de Castilla y León, bajo la supervisión de la Dirección General de Energía y Minas en cuanto a los aspectos materiales del procedimiento.

También se encargará de la gestión y utilización de todos los datos y documentación de carácter técnico incorporados en el Registro Público de Certificaciones de Eficiencia Energética de Edificios de la Comunidad de Castilla y León, a fin de efectuar estudios estadísticos, informativos o de control, así como el desarrollo de proyectos de investigación e innovación, tanto de ámbito regional, nacional o europeo, asociados a la eficiencia energética de los edificios de Castilla y León.

Y la de realizar los cálculos de calificación de eficiencia energética para la modificación de certificados inscritos en el Registro y que han sido sometidos a control externo, siempre que así lo determine el órgano competente.

El plazo de vigencia de la gestión encomendada será de un año, a contar desde la fecha de publicación de esta orden en el Boletín Oficial de Castilla y León y se prorrogará, de forma sucesiva y automática, por iguales períodos de tiempo, salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes manifestada con un mes de antelación a cualquiera de los vencimientos.

La CNMC recuerda que las comercializadoras deben avisar a sus clientes sobre los datos de consumo horario

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La CNMC ha publicado el informe sobre la efectiva integración de los contadores con telemedida y telegestión de consumidores eléctricos con equipos de medida. A finales de 2018 el número total de contadores inteligentes que ya están integrados en los sistemas de telegestion de las empresas distribuidoras fue de casi 28 millones y supusieron el 98,14% del total de contadores. Este dato supone un incremento de casi el 7% respecto al número de contadores integrados a finales de 2017. Además, la evolución del proceso de implantación ha sido diferente según la distribuidora.

El proceso de integración de los equipos de medida tipo 5 de contadores inteligentes dentro del plan de sustituciones diferente según la distribuidora a finales de 2018. Las de mayor tamaño han integrado en sus sistemas de telegestión un porcentaje de equipos muy próximo a la media, del 98,14%. Destacan, por ejemplo, los porcentajes de Iberdrola, Viesgo y Begasa, que se encuentran por encima del 99%.

Durante 2018 las distribuidoras emitieron facturas con curva de consumo horario (CCH) en aproximadamente un 98% de los suministros con contador integrado en términos medios, lo que ha supuesto una mejora cercana a un punto porcentual respecto a la media registrada en 2017. No obstante, el grado de emisión mensual, osciló entre valores mínimos del 91% y máximos del 100%.

Los distribuidores tienen la obligación de poner a disposición de los comercializadores la curva de consumo horario (CCH) que sirve de base para la facturación de la energía en el mercado, de aquellos puntos de suministro tipo 5 que ya están efectivamente integrados en el sistema de telegestión.

En cuanto a la estimación de las lecturas, la proporción de registros horarios con lectura real se mantuvo durante casi todo el año en valores en torno al 92%, excepto en los meses de octubre y diciembre que emporó. Respecto al año 2017, el valor medio de lectura reales en ese año fue un punto porcentual superior, del 93%.

A la CNMC le corresponde la labor de supervisar en qué medida se está facturando a los cliente con los nuevos sistemas inteligentes. Los consumidores con contadores con telegestión y telemedida pueden acceder a su curva de consumo horario a través de la página web de su distribuidor.

Existen distribuidoras que, disponiendo de contadores con telemedida y telegestión, emiten un porcentaje reducido de facturas basadas en curvas de consumo horario, o no han puesto a disposición del consumidor sus curvas de consumo horario, o no han cumplido con el último hito del plan de sustitución de contadores. La CNMC está llevando a cabo las actuaciones oportunas para analizar estos casos.

En muchos casos, las facturas siguen sin aportar información suficiente ni clara sobre dónde se pueden encontrar los datos de consumo horario. A este respecto, se considera que los comercializadores deben informar claramente en sus facturas, en un lugar visible, y únicamente en aquellos casos que cuenten con contador efectivamente integrado, de la posibilidad de acceder a los datos de consumo horario incluyendo expresamente el link de la web del distribuidor correspondiente.

Toda la Comunidad será zona de protección para la avifauna ante el riesgo de electrocución

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La Consejería de Fomento y Medio Ambiente actualiza la orden debido a la gran movilidad y superficie ocupada por las especies y por las numerosas líneas que atraviesan Castilla y León. En riesgo total están especies como en urogallo en León

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente propone que todo el territorio de Castilla y León tenga la consideración de zona de protección para la avifauna y para su salvaguarda contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión, que provocan la mayor parte de la mortalidad de las especies por causas no naturales.

De esta manera se actualiza así la orden de 2010 sobre las zonas de protección designadas en Castilla y León para la aplicación de medidas contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas aéreas de alta tensión y plantea su extensión a la totalidad del territorio de Castilla y León.

La electrocución tiene un impacto notable, tanto por las especies de aves a las que afecta como por la cantidad de ejemplares, y perjudica especialmente a las especies de tamaño medio y grande que utilizan los posaderos como apoyos, por lo que la orden recoge que estos apoyos eléctricos deben estar perfectamente aislados, tanto en las áreas de cría, como en las de invernada y las de paso por Castilla y León.

En concreto, las especies más afectadas por las líneas de los tendidos eléctricos aéreos son el sisón, el águila perdicera, el milano real, el aguilucho cenizo, el alimoche, el buitre negro, el águila imperial ibérica, la cigüeña negra y el urogallo, con un número de mortalidad importante derivado de causas no naturales.

Medio Ambiente argumenta la necesidad de ampliar la zona de protección a todo el territorio de la Comunidad en la gran movilidad y baja predictibilidad de las aves, en la gran superficie ocupada por varias de las especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, en su amplia distribución de cría y la excepcional importancia de Castilla y León para su invernada, con dormideros repartidos en toda su superficie.

Los mapas de electrocución en Castilla y León se realizan a partir de las entradas en los centros de recuperación de animales silvestres de las especies catalogadas y confirman el impacto que sufren en la colisión con las líneas de alta tensión, lo que hace necesario que los apoyos eléctricos estén aislados tanto para las áreas de cría, como en las de invernada y de paso.

En Castilla y León, esta infraestructura adquiere una mayor envergadura debido al carácter de la Comunidad como netamente exportadora de energía, el mantenimiento de una población muy dispersa que requiere una red de distribución muy extensa y la orografía que dificulta el trazado en muchas zonas de montaña.