Entrevistas

Luis Polo (AEE): “El abundante recurso eólico en comunidades como Castilla y León choca frontalmente con una fiscalidad abusiva”

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Luis Polo
director general de AEE  (Asociación Empresarial Eólica)

¿Sigue habiendo suficiente interés inversor en España por poner en marcha parques eólicos si la administración vuelve a abrir la mano como ha sucedido en la última subasta?

Sin duda. Hay que tener en cuenta que en España hay 10.000 MW eólicos adjudicados en concursos y en diferentes estados que se quedaron paralizados con la moratoria verde de 2012. Además, la Planificación Energética para 2020, con la que se esperan cumplir los objetivos europeos en materia de consumo a través de fuentes renovables, incluye 6.400 MW eólicos. Pero a día de hoy nos parece muy difícil que esto se cumpla.

Para ello, sería necesaria una revisión de la Reforma Energética que dé estabilidad regulatoria a las instalaciones existentes y mejore su situación económica, sobre todo en dos aspectos clave: que la rentabilidad no sea revisable cada seis años y que se recupere parte de lo perdido con los recortes, eliminando los límites de cálculo del precio de mercado. Asimismo, es urgente un calendario de subastas para adjudicar los 6.400 MW eólicos previstos en la Planificación, así como la introducción de cambios en la fiscalidad de la energía que promuevan el desarrollo renovable. Lo que sí que es cierto es todos los partidos son unánimes en que es necesario apoyar a la eólica como un sector clave para España.  Lo importante es que sea rápido.

¿Qué les diría a las comunidades autónomas que compiten entre sí por atraer los futuros parques eólicos?

En el nuevo entorno tras la Reforma Energética, las comunidades autónomas empiezan a ser conscientes de que compiten unas con otras en las subastas eólicas que vienen. Dado que en el sistema de subastas se compite por precio y, por tanto, se premia a los proyectos más baratos, las comunidades autónomas han de entender que deben eliminar barreras y simplificar trámites que puedan encarecer la instalación de parques y desanimar la inversión en sus territorios.

Algunos ejecutivos autonómicos ya están tomando cartas en el asunto para eliminar trabas. Por ejemplo, Andalucía o Extremadura han eliminado las contraprestaciones industriales que exigían sus respectivos concursos. Otras, como Canarias o Cantabria, han eliminado directamente sus concursos. La situación se agrava en aquellas que cuentan con cánones eólicos, como son Castilla y León, Galicia, Valencia y Castilla-La Mancha, en las cuales el abundante recurso eólico choca frontalmente con una fiscalidad abusiva, tanto durante la fase de construcción como durante la operación, que lastra gravemente la rentabilidad de los parques.

¿Lo ocurrido en la última subasta puede marcar un antes y un después en las condiciones de promoción de los parques eólicos o las primas siguen siendo necesarias?

La Reforma Energética ya marcó un antes y un después para la eólica, al introducir por un lado una gran inseguridad jurídica al aplicar medidas retroactivas y, por otro, al cambiar el sistema de apoyo del feed in tariff a las subastas de potencia. Pero el resultado de la primera subasta celebrada en España no refleja en absoluto la realidad del sector.

La falta de comunicación del Gobierno con el sector respecto al diseño de las subastas y la apuesta por un método nuevo, no probado antes en ningún sitio del mundo provocó un resultado cuando menos sorprendente y arroja señales equívocas: el hecho de que los 500 MW eólicos adjudicados se vayan a instalar sin ningún tipo de retribución regulada no quiere decir que la eólica esté lista para acometer instalaciones a gran escala a precio de mercado (no olvidemos que todas las tecnologías, incluidas las convencionales, reciben algún tipo de ayuda de los estados). Lo que significa es que hay proyectos concretos que sí pueden hacerlo, ya sea por sus circunstancias económicas, su avanzado estado de instalación o por el elevado número de horas de viento de los emplazamientos, entre otros posibles motivos.  Si se quieren acometer inversiones a gran escala, como los 6.400 MW de la Planificación, es necesario no sólo un incentivo, sino una garantía de estabilidad.

España ha conseguido desarrollar durante años una importante industria tecnológica eólica que en muchos casos ha tenido que buscar fuera del país su supervivencia ¿Puede volver España a las cuotas de actividad industrial y empresarial del sector de antes de la paralización provocada por los Reales Decretos?

Es difícil que se vuelva a un desarrollo semejante al de aquellos años dado el nivel de madurez de la eólica en España: con 23.000 MW, somos el quinto país del mundo por potencia instalada. Las empresas industriales viven una situación de total sequía de pedidos para el mercado doméstico desde que comenzó la incertidumbre regulatoria, allá por 2010, y en los dos últimos años han exportado casi al 100% su producción.

Por eso uno de nuestros principales caballos de batalla es que la industria, las fábricas y el empleo no se vayan. De ahí el lanzamiento hace ya siete meses junto al Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Plan de Relanzamiento de la Industria Eólica (PRIE), con el objetivo de que España mantenga toda la cadena de valor industrial, única en el mundo, y que sea un centro de suministro de turbinas para mercados como Latinoamérica, África o Asia Pacífico. En ello estamos trabajando.

Foto: ©JavierCarbajal

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“Castilla y León podría llegar a asumir una parte relevante de la nueva potencia eólica hasta 2020 pero vamos con mucho retraso”

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Javier GraciaEntrevista con
Javier Gracia Bernal
Presidente de APECYL (Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León)

Visto con la perspectiva que dan ya varios años de parón eólico, para Castilla y León, ¿qué ha supuesto este freno a las inversiones eólicas desde el punto de vista de la inversión, el empleo y la rentabilidad de las empresas?

El parón eólico ha afectado a toda España (no sólo a Castilla y León), sobre todo en lo que se refiere a la construcción de parques. Actualmente se sigue trabajando en los algo más de 5.500 MW instalados y en funcionamiento en la Comunidad.

La eólica es una industria que da empleo a miles de personas en explotación, mantenimiento y reposición y que ha podido proteger mucho empleo en fabricación de componentes que hoy se destinan a la exportación. Debemos dar las gracias a las empresas que han sabido adaptarse a la exportación casi de un día para otro. Desde APECYL preveíamos un momento de ralentización del montaje de turbinas. Ralentización, no una paralización por Real Decreto y tan drástica.

La rentabilidad se ha visto mermada, lógicamente. Pese a esto, hay inversores dispuestos a adquirir activos eólicos. Probablemente esto hay que entenderlo en un entorno de bajas rentabilidades en el resto de actividades financieras.

Pero en definitiva lo que nos preocupa es el empleo. Si no trabajamos, si no vivimos, ¿para quién generamos la energía? Pensamos que un cambio legislativo no tan radical, progresivo, hubiera sido posible sin perjudicar al sector renovable de esta manera. En las plantas se han perdido miles de empleos que hubieran podido adecuarse más y mejor con algo de tiempo. Esto hubiera salvado empleo y mantenido a nuestro país como proveedor de tecnología, de industria.

La planificación energética española sobre el papel de cara al 2020 habla de 6.400 MW nuevos eólicos, ¿qué parte podría asumir Castilla y León de esta cantidad?

Podría llegar a asumir una parte muy relevante de dicha potencia. Tengamos en cuenta que Castilla y León es la CCAA con más extensión de la UE y que alberga el 70% del mallado de la red de transporte de energía eléctrica de España. Tiene, por lo tanto, más capacidad de conexión que otras Comunidades Autónomas.

Su pregunta se plantea en términos de competencia con otras CCAA. Creemos que servir al interés general no debe pasar por competir entre comunidades. Y si lo planteamos así, lamentablemente hemos de recordar que en Castilla y León tenemos una relevante desventaja del 4% de impuesto regional sobre la facturación, correspondiente a la denominada “ecotasa” que nos hace menos competitivos respecto a otras CCAA vecinas que no someten a las eólicas a este impuesto, especialmente en el actual entorno en el que la adjudicación de nuevos proyectos se hará en base a un mecanismo de subastas competitivas por precio. Es algo que se cierne muy evidente en provincias limítrofes que además comparten redes de transporte, como Soria o León.

La última subasta de 500 MW eólicos adjudicada a un nuevo grupo a precio cero, el que marca el mercado, ¿puede marcar un antes y un después en el sector o resulta inviable en el futuro?

Por supuesto que el resultado de esta subasta nos hace reflexionar. Se ha comentado mucho desde entonces. Creemos que el modelo de subasta podría ser adecuado, pero habría que rediseñarla o revisarla para evitar posibles errores. Aunque tenemos que hablar de hoy.

Si quisiéramos favorecer una mayor implantación de renovables con la urgencia que ya existe, las ayudas directas a la inversión contra los Presupuestos Generales del Estado quizá fueran más ágiles para poder cumplir con los objetivos del 20% de energía primaria renovable y la reducción de gases de efecto invernadero para el año 2020. El 2020 está a la vuelta de la esquina y el gobierno que resulte de las elecciones de junio, tendrá poco tiempo si quiere evitarnos las elevadas sanciones que se derivarán del incumplimiento. Con subastas de 500 MW esto no se agiliza.

En el resto de la UE lo tienen muy presente y van cumpliendo ya, o cumplirán. La planificación eléctrica 2016-2020 prevé una buena parte, pero ya no nos queda mucho tiempo. Ya lo avisamos en los últimos Días Eólicos regionales de APECYL. Vamos con mucho retraso y en Madrid parece no importarle a nadie.

Los últimos datos de producción eléctrica en España han mostrado que cuanto más produce la eólica sobre el total nacional menos cobran sus productores por ella, curiosamente. ¿Cómo sería posible salir de esta espiral?

No considero que sea una espiral. Los precios sí son bajos habitualmente en los primeros trimestres de cada año y más aún si van acompañados de una elevada hidraulicidad. Pese a esto, es necesaria una revisión de la construcción de los precios. Deben empezar por interiorizar todos los costes de generación de las distintas tecnologías.

La eólica interioriza todos los costes, incluso ha depositado avales para su desmontaje en el caso de que desapareciese la empresa propietaria. Una legislación eólica madura, en este aspecto, que ha sabido ser previsora. Otra tarea más para un futuro Gobierno de España, aunque quizá venga antes vía Directivas Comunitarias.

Para muchos parques con más de 10 años de funcionamiento en la región se pone sobre la mesa la disyuntiva de alargar su vida útil o repotenciar, aunque esta última alternativa puede resultar poco ventajosa actualmente por temas administrativos. De cara al futuro ¿la ampliación de potencia de los parques regionales debe ser más sencilla?

Las empresas eólicas son ya muy maduras. La decisiones se tomarán mucho mejor que hace unos años. Sus técnicos sabrán, seguro, definir ese “traje a medida” que cada parque requerirá porque va a depender de muchos aspectos. De cómo se haya realizado el mantenimiento, de cómo de agresivo haya sido el emplazamiento, de si realmente turbinas mas grandes van a producir más…. Y además la decisión técnico-económica deberá realizarse a la luz de la capacidad de endeudamiento y de la capacidad y voluntad de capitalización que ofrezcan los socios.

No creo que haya una norma general en la disyuntiva de alargar su vida útil o repotenciar. Habrá “trajes a medida”, que aunque se parezcan mucho, serán a la medida de los propietarios, que hoy saben decidir sobre la eólica que quieren y entienden. La Administración sabrá facilitar esa necesidad de elección.

Si tuviera en frente al futuro Ministro de Industria que salga de las elecciones de junio, qué le diría como empresario y como miembro de APECYL para el sector eólico y para Castilla y León?

Para el sector eólico español, le pediría que analizase cómo recuperar empleo en este sector industrial, con una enorme capacidad de exportación, tanto de componentes como de talento. Es más seguro que a Castilla y León le vaya mejor si le va bien a España y a la UE. Y hasta me atrevo a ponerle una primera tarea: “desdemonizar” a los suyos en las energías renovables. Reconocer que maltratar a una industria puntera a nivel mundial cediendo protagonismo y regalando nuestra credibilidad a otros países de la UE fue un enorme error. Y, por supuesto, que busque la fórmula para cumplir los objetivos 2020 de la UE (voto porque lo hagan a través de eólica). Por último, que nos tiene para lo que necesite, en cualquier momento, cualquier día y las horas que sean necesarias.

“La aplicación del beneficio fiscal para el carbón europeo propuesta supondría una mejora sustancial para la competitividad del carbón de León y Palencia respecto al importado”

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director general energia castilla y leon

Entrevista con
Ricardo González Mantero, Director general de Energía y Minas
Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León

¿Qué posibilidades reales tendría la aplicación del “céntimo verde” para los minerales como el carbón en la Unión Europea según ha sido trasladado recientemente a la Comisión Europea y que anteriormente siempre parecía contar con la negativa comunitaria?

Lo primero que es preciso aclarar es que nunca ha habido una negativa por parte de la Comisión Europea a la aplicación del beneficio fiscal que se propone, consistente en una bonificación del 80% en el impuesto especial al carbón para los carbones extraídos con los requisitos medioambientales y laborales europeos o equivalentes. Es más, para la Comisión se trata de una propuesta novedosa, que no le había sido nunca antes trasladada por el Gobierno español ni por otros Estados miembros.

Fue una delegación de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, encabezada por la propia consejera, Pilar del Olmo, quien informó sobre la propuesta de modificación de la Ley española de Impuestos Especiales a Bruselas, en una reunión presencial con el Gabinete de la Comisaria de Competencia. En ese encuentro, se expusieron las características de la medida, las razones por las que pensamos que se ajusta estrictamente a la normativa europea para ser una ayuda compatible con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y los resultados que tendría su aplicación para la industria extractiva del carbón, tan afectada por la situación de precios muy bajos del carbón de importación. Una reunión a la que acudimos acompañados por la Mesa del Foro para el Futuro del Sector del Carbón y de las Cuencas Mineras (integrado por la patronal Cecale y los sindicatos CCOO y UGT) y por representantes de Acom y Euracom.

¿Cuándo se va a presentar en firme dicha propuesta?

En estos días, se remitirá oficialmente la propuesta al Gabinete de la Comisaria de Competencia, junto con los informes independientes elaborados por expertos fiscales del máximo prestigio, traducidos ya al inglés, para que la Comisión nos traslade su opinión respecto a la medida, y su consideración o no como ayuda compatible con el Tratado. La respuesta de la Comisión, de ser favorable a lo que entendemos desde Castilla y León, nos permitiría exigir con el máximo fundamento al Gobierno de España, ya sea el actual, en funciones, o al que le sustituya, la aplicación inmediata de la bonificación fiscal, mediante Real Decreto-Ley, de modificación de la Ley de Impuestos Especiales. La opinión de los expertos fiscales de la Administración autonómica, y la de los expertos independientes consultados, es coincidente en cuanto a la aplicabilidad de la medida, de forma inmediata y sin necesidad de autorización de la ayuda de Estado por parte de la Comisión Europea.

¿Qué habría cambiado en la actualidad para que la Unión Europea no haya dicho ‘no’ desde el principio?

Como se ha indicado en la respuesta anterior, es la primera vez que la propuesta de bonificación fiscal se ha trasladado a la Comisión Europea, y lo ha hecho una Comunidad Autónoma, Castilla y León que, como es conocido, no tiene competencias para la aplicación de la medida, ya que ello requiere la modificación de una ley estatal. Por este motivo, en los meses de julio y agosto del año pasado, la Junta trasladó la propuesta al Gobierno central. Contestó también a las diversas cuestiones planteadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas respecto a la legalidad de su aplicación, sin que el Ministerio plantease nuevos inconvenientes a los ya respondidos. Fue entonces cuando se elaboró la propuesta de enmienda a la Ley de Medidas Fiscales para 2016, que se remitió al Grupo Popular en el Senado acompañada de un informe de un experto fiscal independiente. Sin embargo, el Grupo Popular no llegó a presentarla. Sí lo hizo el Grupo Socialista en la Cámara Alta, que defendió un texto de modificación calcado al propuesto por la Junta, aunque la enmienda no prosperó.

De poderse llevarse a cabo, ¿qué ventajas competitivas tendría para el sector del carbón en Castilla y León y sus empresas?

El impuesto especial al carbón tuvo una exención total para los carbones utilizados para generación térmica hasta 31 de diciembre de 2012, y comienza a aplicarse a partir de 1 de enero de 2013, tras la publicación de la Ley 15/2012 de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética. El impuesto, de 0,65 euros por Gigajulio, supone para la tipología de carbones que se extrae en León y Palencia entre 12 y 14 euros por Gigajulio. Con la bonificación que se propone del 80%, la medida implicaría que las mineras pudieran ofertar nuestro carbón a las centrales térmicas a un precio inferior al actual, entre 10 y 11 euros menos. Estimamos, y así nos lo confirma Carbunión, que esto supondrá una mejora sustancial para la competitividad del carbón de León y Palencia respecto al importado. Esta rebaja, unida a los ajustes de costes llevados ya a cabo por parte de las empresas mineras, supondría que nuestro carbón volviese a ser atractivo en precio y, por tanto, más competitivo para las centrales térmicas que el mineral de importación.

¿Están satisfechos desde la Junta de Castilla y León sobre las actuales normas que regulan el consumo de carbón autóctono o debería apoyarse aún más su uso?

Están pendientes aún de aplicación, como se ha insistido reiteradamente, diversos compromisos del Marco de Actuación 2013-2018. Hablamos de la creación de un mecanismo de sustitución del procedimiento de restricciones por garantía de suministro, que perdió vigencia el 31 de diciembre de 2014, que permita que el carbón español represente un 7,5% del mix de generación, una cifra ya inalcanzable con la actual producción de carbón. Tampoco se ha materializado el compromiso de creación de sistemas de ayuda para la adaptación de algunos de los grupos térmicos que queman carbón español a los requerimientos de la Directiva de Emisiones Industriales.

Foto: Peio García

“Una medida exacta de las condiciones climáticas en un parque eólico permite reducir la incertidumbre en el cálculo de su rendimiento”

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romo windEntrevista con
Juan Carlos Martínez-Amago
Country Manager de Iberia & Latam de ROMO Wind AG

Juan Carlos Martínez-Amago es un histórico en el sector eólico español, con 16 años de experiencia en el mismo. Como Director de Financiación de Energías en La Caixa financió los proyectos de más de 100 parques eólicos. Fue Presidente de la Asociación Empresarial Eólica española de 2006 a 2008 y Vicepresidente de 2002 a 2008. Antes de incorporarse a ROMO Wind como Director de España y Latinoamérica, Juan Carlos fue CEO de la empresa desarrolladora de proyectos eólicos Martinsa-Fadesa Renovables (Itaca Wind Power). También es Presidente del Comité español del Grupo de Energía y Medio Ambiente dentro de la Cámara de Comercio Internacional.

En esta entrevista nos comenta las novedades  del sistema ISpin desarrollado por la empresa ROMO Wind para las mediciones de viento en los parques eólicos, claves para la rentabilidad de los parques en un momento decisivo para el sector.

¿Qué importancia tiene para las empresas o promotores disponer de datos exactos de medición de viento en sus parques eólicos?

Una medida precisa y exacta de las condiciones climáticas en un parque eólico permite reducir la incertidumbre en el cálculo de la producción/rendimiento así como aumentar el  control e información de los agentes climatológicos que pueden afectar la operación del parque.

¿El sistema iSpin de vuestra empresa qué novedades introduce en esta mediación?

El sistema iSpin permite la medida del vector viento, es decir no sólo la velocidad del viento libre (e intensidad de turbulencia) es medida sino también los ángulos de desorientación de la máquina respecto la dirección del viento y el ángulo de inclinación del viento respecto el eje axial en la góndola. Gracias a ello, aumenta la información y la calidad de datos del viento por la instalación del sistema delante de las palas y a altura de buje. De esta manera, las perturbaciones de las palas se reducen comparado al anemómetro de góndola instalado por detrás de ellas.

Sobre todo en los parques con un gran número de aerogeneradores las mediaciones de uno u otro se pueden ver afectadas por las estalas de los otros ¿Es posible su mediación exacta?

El sistema iSpin permite medir la intensidad de turbulencia con gran precisión vista desde la orientación del aerogenerador. El iSpin puede usarse en  Wind Sector Management para conocer qué direcciones son las que más afectan a la producción y a la vida útil de la máquina. En la actualidad, estamos estudiando este caso en un parque completo (11 máquinas) en Dinamarca.

Muchos promotores de parques, transcurridos ciertos años desde su puesta en marcha, dudan entre alargar su vida útil o cambiarlo lo aerogeneradores por otros más modernos ¿Cómo puede ayudar la medición a tomar esta decisión?

Aerogeneradores con alto grado de desorientación sufren cargas asimétricas mayores lo que se traduce en una vida útil más corta. La corrección de la desorientación medida con el iSpin  proporciona menores cargas y mayor producción.

“La eólica regional cubre el 95% de la demanda eléctrica de Castilla y León”

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Luis Polo_director general AEE ©Jesus Umbria

Entrevista con
Luis Polo
Director General de Asociación Empresarial Eólica (AEE)

El 2014 fue un año muy negativo en cuanto a nuevos proyectos e inversiones para la eólica en España ¿Cómo se está comportando el 2015?

En el primer semestre de 2015 no se instaló ningún MW en el sector eólico debido a la Reforma Energética y no se esperan grandes novedades de aquí a final de año. Sin embargo, en los últimos meses se están dando pasos. La Planificación Energética hasta 2020 contempla la necesidad de 6.400 MW eólicos para cumplir con los objetivos europeos. Se ha desbloqueado la instalación de 450 MW eólicos en Canarias para reducir los extracostes de la generación convencional. Se ha aprobado la convocatoria de la primera subasta de 500 MW eólicos. Y el Plan de Relanzamiento de la Industria Eólica (PRIE) sitúa a nuestra industria en el lugar que le corresponde, como un sector industrial estratégico para este país.

¿Qué importancia tiene para sector eólico español desde el punto de vista de la producción y empresarial la región de Castilla y León?

Castilla y León es la comunidad autónoma que tiene mayor potencia eólica instalada en España: 5.560,01 MW de los 22.986 MW que hay en total en España, es decir un 24,2%. La región castellano-leonesa cuenta con 241 parques eólicos. Además, Castilla y León ha vuelto a ser la comunidad autónoma más eólica, con un total de 12.200 GWh de electricidad generada gracias al viento en 2014, lo que supone una cobertura de la demanda eléctrica de la comunidad del 95% y representa casi un 24% del total nacional, según datos de REE. En cuanto a la importancia industrial, esta región tiene 23 fábricas y centros industriales.

Actualmente ¿de qué factores depende más que vuelvan a instalarse megawatios eólicos con normalidad en España?, ¿factor político, regulatorio, financiero…?

Todos ellos están ligados, pero el regulatorio es clave. En España, lo primero es recuperar la confianza de los inversores, lo que pasa inexorablemente por modificar algunos aspectos de la Reforma Energética, como la posibilidad de modificar las condiciones económicas y, con ellas, la rentabilidad razonable, cada seis años.

La paralización de la inversión en nuevos parques eólicos ha puesto en riesgo la desindustrialización del sector. Para comunidades como Castilla y León ha sido y es muy negativo este proceso ¿Es consciente el Gobierno de lo que supone para el empleo?

Suponemos que sí, ya que desde 2008 se ha destruido la mitad del empleo eólico de España (hemos pasado de 40.000 a 20.000 empleos). La semana pasada el Gobierno y el sector eólico presentaron el Plan de Relanzamiento de la Industria Eólica (PRIE) por el cual el Gobierno pondrá en marcha una serie de medidas para potenciar la industria eólica española. Una de las consecuencias económicas del PRIE para el sector eólico será la creación de 3.500 nuevos puestos de trabajo industriales. Se creará empleo siempre que aumente la carga de trabajo y el PRIE trata precisamente sobre eso.

Un buen número de parques eólicos en España tiene ya casi diez años o más. En la disyuntiva de alargamiento de su vida o la repotenciación ¿Qué pesa más para las empresas?

Ambas opciones son perfectamente válidas y compatibles. Ahora bien, en España las repotenciaciones no despegarán hasta que no se simplifiquen las condiciones administrativas. A día de hoy, el ahorro que supone repotenciar frente a instalar un parque nuevo es insignificante.

Foto: Luis Polo, director general AEE ©Jesús Umbría

“Si el Consejo de Seguridad Nuclear está a favor, sí somos partidarios de ampliar el permiso de explotación de Garoña”

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Entrevista (y II) con
Ricardo González Mantero
Director General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León

El Ministerio de Industria tiene abierta la puerta a que la central nuclear de Garoña vuelva a funcionar a corto plazo. ¿Sería deseable y factible su apertura para la Administración autonómica?

Nuestra postura siempre ha sido la misma, ahora y en 2009. En 2009, el CSN dictaminó que la Central de Garoña, condicionado a ciertas inversiones, podía recibir un nuevo permiso de explotación hasta 2019, que incluso podría ser después prorrogado hasta 2029. Por cuestiones exclusivamente políticas, se decidió dar ese permiso sólo hasta 2013, y declararlo improrrogable.

Aunque ya se ha corregido esa imposibilidad de volver a la actividad, ahora es necesario que de nuevo el CSN se pronuncie sobre la seguridad de la central y las inversiones que requiere para permitir de nuevo su entrada en operación. En el caso de que se pronuncie el CSN a favor, sí somos partidarios de que se valore que el plazo del permiso de explotación que se pueda otorgar contemple una duración suficiente para amortizar las inversiones que se impongan a Nuclenor.

El carbón sigue siendo un sector estratégico para muchos municipios de la provincia de León pero su rentabilidad, debido a condicionamientos geológicos y también a los precios del extranjero, sigue siendo muy baja. ¿Tiene futuro el sector del carbón por sí solo?

En León, y en menor cantidad en Palencia, se da la circunstancia de que tenemos un carbón de muy buena calidad, con poderes caloríficos muy próximos al mejor carbón importado. Y también se da la circunstancia de que buena parte de nuestras explotaciones, y singularmente las de cielo abierto, están muy cerca de los umbrales de rentabilidad, aún en estas circunstancias de bajo precio internacional.

Entendemos que el futuro inmediato de nuestro carbón puede solucionarse con dos actuaciones, cuya puesta en marcha venimos reivindicando desde hace tiempo: la publicación de la Orden de pagos por capacidad, que aúna la adaptación de las centrales térmicas a la Directiva de Emisiones Industriales, con la obligación de compra de carbón español con contratos hasta 31 de diciembre de 2018, por una parte. Y por otra, el establecimiento de una bonificación o incentivo fiscal al carbón que cumpla los condicionantes exigidos en Europa en cuanto a temas de impacto ambiental, tratamiento de los residuos, e incluso cuestiones de seguridad y calidad del empleo minero. Si esto se produce, y la competencia para ello es estatal, mantendremos una cierta capacidad de producción de un mineral que España debería considerar estratégico, por su aportación a la garantía de suministro.

En una región tan extensa y con zonas muy despobladas el autoconsumo en áreas rurales puede resultar muy interesante. El sector asegura que la normativa que prepara Industria corta de raíz su futuro. ¿El autoconsumo debe ser más incentivado?

La normativa que está aún en discusión incrementa el número de años en los que un particular o una pyme puede amortizar la inversión en instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo. Entendemos que el peaje que pudiera llegar a imponerse a estas instalaciones cuando tienen la posibilidad de conectarse a la red de distribución no debería ser superior a la cuantía que permita la recuperación de la inversión en un plazo razonable, y así lo hemos manifestado en nuestras alegaciones.

“Para 2016 ya esperamos la reactivación de la construcción de parques eólicos”

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director general energia 2

Entrevista (I) con
Ricardo González Mantero
Director General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León

Castilla y León es la segunda comunidad en producción eléctrica tras Cataluña, pero la séptima en consumo, siendo la que más “exporta” energía fuera. ¿Está suficientemente valorado su protagonismo energético? 

Los conocedores del sector energético saben de la importancia en energía de Castilla y León, no sólo por su aportación a la generación eléctrica de España, sino por nuestra contribución al cumplimiento de los objetivos europeos a 2020: sin la aportación de renovables de Castilla y León, que suponen alrededor del 40% de nuestro consumo de energía final, sería impensable que España lograra alcanzar el objetivo europeo de 20% de cuota de las renovables en 2020. Hablando en términos exclusivamente eléctricos, nuestra generación con renovables es de media el 135% de nuestro consumo de electricidad.

La región es la primera en megawatios eólicos instalados y generación eólica. Pero tras los cambios legislativos sólo se han sumado 340 MW desde 2011. ¿Cuántos parques y megawatios están actualmente en tramitación y qué posibilidades reales existen de que se construyan a corto plazo?

La nueva regulación, y desconociendo aún cómo va a evolucionar el anuncio de concurrencia competitiva para 500 MW eólicos y 200 MW de biomasa que realizó el Gobierno en primavera, tiene una consecuencia clara: los proyectos solicitados de menor recurso eólico no podrán seguir adelante. Afortunadamente, en Castilla y León sí disponemos de buen recurso, y contamos aún con unos 3.000 MW en proyectos vivos, que los promotores han mantenido al considerarlos viables.

Nuestra intención es avanzar con todos ellos en tramitación, y autorizarlos una vez cumplidos todos los trámites reglados, con especial significación de la evaluación de impacto ambiental y de la obtención de acceso y conexión a las redes de transporte o distribución. Para 2016 ya esperamos la reactivación de la construcción de parques, con la ejecución de algunos proyectos en la provincia de Burgos, aunque sin sumar de momento mucha potencia instalada.

Muchos proyectos fotovoltaicos dejaron a miles de pequeños ahorradores en un situación complicada ante la drástica reducción de su rentabilidad. ¿La nueva normativa presentada por el Ministerio es suficiente para asegurar el futuro de estos huertos solares y que no acaben en manos de la banca por impagos?

En realidad, la mayor afección a promotores fotovoltaicos de Castilla y León vino de la regulación realizada en 2010, que cometió el error de asimilar el mapa de recurso solar térmico con el de solar fotovoltaico, sin tener en cuenta que en el caso de la fotovoltaica las bajas temperaturas incrementan el rendimiento de los paneles. Por tanto, comparando con la situación de 2010, y para la gran mayoría de las instalaciones solares fotovoltaicas de Castilla y León, con excepción de las de más de 2 MW, la nueva regulación apenas supone cambios en cuanto a su rentabilidad, más allá de que se realice sobre inversión estándar y no sobre producción. Cuestión aparte es que algunos promotores hayan tenido que acudir a recursos en la vía judicial para que se reconozca su derecho a la retribución, que se les había retirado por cierto exceso de celo al valorar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

La región cuenta con un gran potencial en biomasa. ¿Qué se puede hacer desde la Junta de Castilla y León para potenciar su uso?

Pues lo fundamental es el Plan de Bioenergía 2011-2020, que presta atención a los usos eléctricos, térmicos y en el transporte de la biomasa. Este plan, que se potenciará tras la aprobación del nuevo Programa Operativo para Castilla y León, aparte de actuar sobre la demanda lo hace también sobre la oferta, siendo en la oferta, la producción de biomasa, donde quizá tenemos más potencia de generación de actividad económica y empleo.

Foto: © ICAL/PEIO GARCÍA