Cogeneración
Endesa concreta los siete proyectos que contempla para dar alternativa a Compostilla II con 260 millones de inversión y 160 empleos directos
El Comité de Evaluación para el desarrollo de proyectos relacionados con el cierre de la central térmica de Compostilla, en el que participan el Ministerio de Transición Ecológica, la Junta de Castilla y León, las alcaldías de Ponferrada y de Cubillos del Sil, la Universidad de León y Endesa, ha aprobado hoy los primeros siete proyectos del Plan Futur-e que Endesa promueve en la zona y ha dado luz verde a la utilización de equipos que se utilizaban en la central para un proyecto adicional. Estas iniciativas que acompañan el cierre de la central podrían generar alrededor de 160 nuevos puestos de trabajo de forma directa y movilizar una inversión que supera los 260 millones de euros.
La selección de proyectos se ha realizado por medio de un concurso internacional para promover la implantación en el Bierzo de empresas que mitiguen el fin de la actividad de generación térmica, en cumplimiento con los objetivos marcados por Bruselas. Este proceso forma parte del plan Futur-e, presentado por Endesa para paliar los efectos del cierre de la central de Compostilla. Incluye, además, entre otras actuaciones, el desarrollo de 625 megavatios (MW) renovables en la zona, la organización de cursos de capacitación profesional para la población local afectada por el cierre, así como la priorización de mano de obra local en las tareas de desmantelamiento circular de la térmica.
Las iniciativas a las que el Comité de Evaluación otorga su respaldo para instalarse en el entorno de la antigua central de Compostilla son: la primera factoría de reciclaje de baterías de vehículos eléctricos, en la que Endesa se asocia con el tecnológo Northvolt y la compañía de servicios medioambientales Urbaser para ejecutar una inversión de 14 millones de euros; una planta de reciclaje de palas eólicas, en la que también participa Endesa y que requerirá una inversión de 8 millones de euros; una fábrica de hidromagnesitas, promovida por el Grupo Viloria, en colaboración con Magnesitas de Rubián, y que aportará una inversión de 6 millones a la zona; un almacén logístico eólico que promueve Endesa a través de su filial de energías renovables, Enel Green Power España, con una inversión inicial de 100.000 euros; una planta de hidrógeno alimentada por energía solar fotovoltaica, impulsada por Endesa con capacidad para producir 200 toneladas al año de hidrógeno verde y una inversión aproximada de 6 millones de euros; una planta de baterías de almacenamiento de energía eléctrica, con 380 MW de capacidad y una inversión de 228 millones de euros, que Endesa confía en que entre dentro de la regulación establecida en el Plan Nacional de Almacenamiento, actualmente en fase de definición; y una fábrica de materiales aislantes, iniciativa del Grupo Viloria con una inversión estimada de 8,2 millones de euros.
Adicionalmente, se ha acordado la cesión de 4 estufas de carbón de la central para una planta de deshidratado y envasado de frutas y hortalizas que también promueve el Grupo Viloria en las instalaciones que actualmente tiene en Cubillos del Sil. Como se ha indicado, todas estas iniciativas superan los 260 millones de euros de inversión y rondan los 160 nuevos puestos de trabajo directos.
Castilla y León y Asturias insisten ante el Ministerio de Energía para lograr un cupo para el carbón nacional en las térmicas
Castilla y León y Asturias, las dos principales regiones productoras de carbón nacional, siguen insistiendo ante el Ministerio de Energía para conseguir un trato más favorable al carbón nacional en las centrales térmicas. Y conseguir con ello el mantenimiento del empleo en las comarcas mineras, cuyas empresas están llegando al límite de la viabilidad en muchos casos.
Sin embargo, desde el Ministerio destacan que la diferenciación entre carbón “autóctono” y carbón “importada” podría dar problemas serios ante la Comisión Europea. Según ha declarado el ministro de Energía Álvaro Nadal recientemente, lo importante será mantener el peso del carbón en el mix energético español, sobre todo en ellos como el actual en el que la energía de origen hidráulico ha caído más de un 50% en producción.
Unas declaraciones que no satisfacen a las dos principales regiones afectadas por la crisis del carbón, ni a nivel institucional ni empresarial ni sindical.
Desde el Ministerio se ha insistido en los últimos meses en que están negociando con las empresas propietarias de las centrales térmicas, con Endesa a la cabeza, para lograr que mantengan abiertas aquellas centrales que cuentan con las instalaciones medioambientales necesarias para hacerlo tras las inversiones realizadas en desulfatadoras desde el 2008. Hay que recordar que a partir del 2020 la Unión Europea ha establecido límites muy estrictos a las emisiones de SO2, NOx y partículas para este tipo de instalaciones.
El propio presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha solicitado públicamente al Ministerio de Energía que se reserve un hueco térmico del 4% para el mineral de origen español. El carbón de las cuencas leonesas y palentinas cuenta con una potencia calorífica media de 5.50 termias por toneladas. Hay que tener en cuenta que las centrales térmicas en funcionamiento a día de hoy en Castilla y León podrían demandar una media superior al millón de toneladas de carbón para su funcionamiento, con todo lo que ello conlleva para el empleo en sus diferentes eslabones, desde la extracción hasta el transporte y las propias centrales térmicas.
La CNMC recuerda al Ministerio de Industria que no es necesario cambiar la vida útil de las plantas de purines con cogeneración
La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha publicado el “Informe sobre la Propuesta de Orden por la que se establecen los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a las instalaciones de tratamiento y reducción de purines aprobadas”. Una norma que tiene gran trascendencia en la Comunidad de Castilla y León, especialmente en provincia como Segovia y Soria con gran cantidad de granjas de cerdos en intensivo.
El 20 de junio de 2016, el Tribunal Supremo dictó varias sentencias que declararon nulos algunos elementos que formaban parte de la retribución a las plantas de tratamiento de purines porcinos. Además, el Tribunal declaró que la Orden IET/1045/2014 ignoró las singularidades que la normativa precedente había reconocido a estas instalaciones con respecto a las de cogeneración.
En el Informe recién publicado, la CNMC realiza varias observaciones sobre la futura regulación propuesta por el Ministerio de Industria para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Supremo. En concreto, la Comisión pone de manifiesto que, de reducirse la vida útil regulatoria (15 años frente a los 25 años anteriores), durante la cual las plantas de purines tendrían derecho a recibir una retribución, antes de finalizar este año más de la mitad de las 33 instalaciones existentes habrían ya alcanzado o superado dicha nueva vida útil regulatoria. Además, muchas de ellas han estado inactivas durante parte de 2014, así como en 2015 y 2016.
Por otra parte, el Ministerio para calcular esta nueva vida útil regulatoria de 15 años habría considerado que, de forma genérica, una planta de tratamiento de purines funciona 8.000 horas/ anuales. Incluso antes de la reforma regulatoria de 2014 pocas plantas han logrado tales niveles de actividad, dado que supondría que estarían funcionando de forma constante y a plena carga durante 11 meses de producción ininterrumpida.
En este sentido, la CNMC recuerda que la sentencia del Tribunal Supremo no requiere al Ministerio que modifique la vida útil regulatoria de las plantas y, en todo caso, los cambios propuestos no estarían adecuadamente justificados.
Finalmente, en cuanto a los precios del gas natural que se tienen en cuenta para retribuir la operación de estas plantas, la CNMC señala que se debería adoptar un criterio homogéneo. Así, en cada momento se utilizaría el mejor valor disponible, en función de datos reales, siempre que esto fuera posible.
La propuesta del Ministerio incluye una serie de precios reales y estimados, de forma que el ajuste por las bajadas en el coste de combustible registradas entre el primer y segundo semestre de 2016 se podría repercutir a las plantas de purines dos veces, en lugar de una. Este desfase podría prolongarse, en el peor de los casos, hasta finales de 2019.
Castilla y León es la región más beneficiada por la sentencia del Supremo sobre las plantas de cogeneración con purines
Los purines de las granjas de cerdo blanco ubicadas en Castilla y León van a tener una nueva oportunidad para producir energía eléctrica. Una sentencia de Tribunal Supremo acaba de dar la razón a la Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental del Purín (ADAP) contra una orden ministerial del 2014 que recortaba más de un 40% las primas a recibir por esta actividad. Tras esa orden, el sector de las plantas de tratamiento y reducción de purines mediante cogeneración tuvo que cerrar sus puertas al ser inviable su negocio.
Según los datos de ADAP, Castilla y León es la región que cuenta con mayor número de plantas de cogeneración con purines en España, por delante de Cataluña y de Murcia. En total son diez grandes plantas, de las que tres se encuentran en Valladolid, otras tres en Soria, dos en Burgos, una en León y otra en Segovia.
El tratamiento y eliminación de purines supone en muchas zonas un problema medioambiental muy importante, por lo que el sector productor del cerdo siempre ha defendido un trato diferenciado frente a otras energías renovables.
España genera, con una cabaña de 25 millones de cabezas de cerdo blanco, unos 50 millones de metros cúbicos de purines, de los que unos 7 millones no pueden destinarse como fertilizantes al no tener tierras de labor cercanas.
Energía de Castilla y León 