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El EREN ofrece un servicio de geolocalización de los inmuebles con certificado energético

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Más de 105.800 edificios disponen ya de la etiqueta energética en Castilla y León

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El Ente Regional de la Energía (EREN) ha introducido mejoras en su aplicación EREN JCYL para dispositivos electrónicos, al incorporar un servicio de geolocalización de inmuebles con certificado de eficiencia energética.

Esta herramienta permitirá a las personas que quieran alquilar o comprar una casa o un local comprobar con facilidad y al instante si la vivienda en la que están interesados dispone de esta etiqueta oficial.

Este certificado es obligatorio para nuevas construcciones y, desde 2013, también para arrendar o adquirir en propiedad una edificación de segunda mano.

La aplicación EREN JCYL es compatible con las plataformas móviles más utilizadas, como IOS y Android, y se nutre del portal telemático CEREN, que contiene toda la información disponible en el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de Castilla y León.

A través del teléfono móvil o de una tableta, el usuario puede conocer qué es este título, para qué sirve, la normativa que lo regula, cómo gestionar su obtención e, incluso, acceder a un listado de técnicos acreditados para su tramitación.

A estas funcionalidades se añade ahora la visualización geoposicionada sobre mapa de los inmuebles que están registrados, a los que se acompaña su ficha identificativa correspondiente. En ella constan datos como la tipología del edificio y su dirección exacta, la calificación obtenida en función del consumo energético y de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y su número y fecha de inscripción. El sistema permite introducir filtros de búsqueda y seleccionar por localidad y calle o por los valores de la etiqueta energética.

Más de 105.800 edificios disponen de la etiqueta energética en Castilla y León
En Castilla y León 105.845 inmuebles cuentan con etiqueta energética, de acuerdo con los datos que obran en el registro oficial a 27 de marzo. El 89,6 % de estas acreditaciones se corresponden con el sector residencial, mientras el 10,4 % restante son edificios de uso terciario, donde se incluyen locales, oficinas, residencias, centros docentes y sanitarios y hoteles, entre otros.

Por provincias, en Ávila, se han inscrito 6.324 certificados; en Burgos, 15.945; en León, 19.426; en Palencia, 6.996; en Salamanca, 16.879; en Segovia, 7.070; en Soria, 3.199; en Valladolid, 25.124, y finalmente en Zamora, 4.882.

La medición del grado de eficiencia se realiza en función del consumo de energía y de las emisiones de dióxido de carbono, lo que da lugar a una doble calificación en una escala que va de la A a la G, siendo A la puntuación más alta -menor consumo y menores emisiones- y G, la más baja.

La certificación de eficiencia es un procedimiento oficial a través del que se califica energéticamente un inmueble, calculando tanto el consumo anual necesario para cubrir su demanda en condiciones normales de ocupación y funcionamiento, como las emisiones de CO2 asociadas. Su tramitación está regulada en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

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Solo el 6% de las viviendas de Castilla y León cuenta con una certificación energética excelente

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La gran mayoría de las viviendas de Castilla y León no disponen de las mejores certificaciones energéticas en la actualidad. El Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Castilla y León, gestionado por la Consejería de Economía y Hacienda, tiene inscritas 73.315 viviendas y edificios a fecha de 25 de julio, una cifra que se ha multiplicado casi por cinco desde 2013, desde que se hizo obligatorio para la venta o alquiler de cualquier piso. Casi el 89 % de estas acreditaciones se corresponden con pisos, bloques y chalés, de los que siete de cada diez han obtenido una calificación energética D o E en emisiones de dióxido de carbono.

El Registro de Certificaciones de Eficiencia Energética de Castilla y León empezó a funcionar en enero de 2012, cuando esta etiqueta sólo era obligatoria para nuevas construcciones, y en mayo de 2013 se modificó el procedimiento de inscripción para adaptarlo a la nueva normativa. En 2012, sólo existían seis inmuebles en el Registro autonómico. El número de registros empieza a aumentar progresivamente en 2013, especialmente desde la publicación del RD 235/2013 a mediados de abril, y alcanza los 15.025. Al año siguiente se bate el récord de registros, con casi 27.975 nuevas entradas y 43.000 certificados a 31 de diciembre de 2014. Las altas se han mantenido a buen ritmo durante 2015 (con más de 18.638 certificados incorporados) y esta tendencia continúa en los primeros meses de 2016, en los que el Registro está añadiendo una media de 1.600 etiquetas mensuales.

Por provincias, Valladolid es la que cuenta con un mayor número de certificaciones con 16.929, seguida de León con 13.803, Salamanca con 12.255, Burgos con 10.675, Segovia con 4.949, Palencia con 4.873, Zamora con 3.391 y Soria con 2.153.

El certificado de eficiencia energética otorga una doble calificación energética a cada inmueble, que se mide en función de su consumo y de sus emisiones de dióxido de carbono a través de una escala que va de la A a la G, siendo A un indicador de máxima eficiencia (menor consumo y menores emisiones) y G, de mínima. Si se atiende al uso residencial, más del 53 % de las viviendas certificadas han obtenido una calificación E, la más repetida;  un 17,5 %, la D, que es el valor medio de la escala; en un 23 % de los casos, la etiqueta marca los peores resultados con F o G; y únicamente el 6,2 % de los edificios residenciales certificados acreditan la excelencia energética (A, B y C).

Los ayuntamientos podrán rebajar el IBI hasta un 20% a las viviendas con mejor certificación energética

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El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) le puede hacer un gran favor al ahorro energético en España. Según una encuesta realizada por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), solo un 36% de los ciudadanos tendría en cuenta la certificación energética de los edificios a la hora de vender o alquilar una vivienda. Pero a partir de 2016 tendrán que prestarle más atención porque la misma tendrá mucho que ver en el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

El Ministerio de Hacienda está dispuesto a permitir que los ayuntamientos puedan rebajar hasta un 20% el IBI para las propiedades que más energía ahorren, las de la letra A. Para las que tengan una calificación B, recibirán una bonificación de hasta el 16% y si es C puede llegar al 12%. Mientras, las viviendas con la letra D podrán llegar a rebajarse hasta el 8% y un 4% si han conseguido la E.

Para incentivar el ahorro y la eficiencia energética, aquellas casas que tengan peores resultados (letra F y G) o que no tengan todavía solicitado el certificado, no tendrán derecho a ninguna rebaja. Desde el próximo 1 de enero, los ayuntamientos podrán poner en marcha estos descuentos. Sólo se podrán aplicar los descuentos a aquellos pisos y viviendas que dispongan de certificación energética en el año en curso que se cobre el IBI.

Desde la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma (ANERR) consideran que esta iniciativa puede incentivar las reformas para la mejora de la eficiencia energética en las viviendas. Entre las medidas más sencillas para mejorar en alguna letra la calificación energética de inmueble destacan los cambios de las ventanas por marcos de PVC y vidrios dobles o la instalación de calderas de condensación de alto rendimiento. Ambas medidas pueden llegar a suponer un ahorro medio de más del 30% anual sobre la factura habitual en una vivienda de 90 metros cuadrados.

Donde los expertos creen que hay más margen de mejora es en las viviendas que disponen de peor calificación, las de la letra F y G. Aunque todo tiene su coste. Pasar de una letra G a una C costaría por medio cuadrado útil una media de 350 euros: pasar de la C a la B, unos 200 euros y de la B a la A, unos 150 euros por metro cuadrado.

Según las estimaciones del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), las viviendas en España pueden mejorar su eficiencia energética hasta un 50%. Hay que tener en cuenta que ocho de cada diez edificios españoles tiene una certificación energética E o menor.