Nuclear

Enresa comenzará en enero el traslado del material radioactivo de Garoña

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La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) comenzará a cargar los contenedores de combustible gastado de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) la segunda quincena de enero en el marco de la primera fase del desmantelamiento de la instalación que comenzó con la transferencia de la titularidad -por parte de Nuclenor- el pasado 19 de julio.

Así lo ha trasladado a los medios el responsable del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, Manuel Ondaro del Pino, durante una visita informativa sobre el proyecto de desmantelamiento y clausura de la instalación.

El combustible gastado se almacenará en 49 contenedores que permanecerán en el Almacén Temporal Individualizado (ATI) junto a otros aproximadamente seis de residuos especiales -con los componentes internos del reactor ya en la segunda fase-, pero estos de características diferentes.

A la intemperie y en dos grandes losas antisísmicas, Garoña guardará, tanto el combustible gastado en ella como los residuos de alta actividad, hasta el año 2073, fecha en la que se trasladarán definitivamente a un Almacén Geológico Profundo (AGP).

Nuclenor llenó el primer contenedor -de estos 49- antes de la transferencia de la titularidad a Enresa, que ahora continuará con la carga de cuatro contenedores tras haber implementado medidas adicionales de seguridad a petición del Consejo Regulador de Seguridad Nuclear.

«Vamos a empezar la próxima semana con las pruebas de las diferentes actividades y los diferentes procedimientos a ejecutar porque nuestra intención es en la segunda quincena de enero poder empezar con la carga de los cuatro contenedores que nos quedan pendientes de la de esta primera fase y luego ya vendrán los restantes hasta completar los 49», ha explicado Ondaro, que ha precisado que el proceso de carga de cada contenedor es de dos semanas.

«Las centrales no fueron diseñadas para desmantelarlas», ha apostillado el máximo responsable de este proceso, al tiempo que ha detallado que una vez se haya realizado la gestión del combustible gastado y tengan la licencia del Centro de Seguridad Nuclear (CSN) para la Fase 2 comenzarán con el desmontaje de los grandes componentes, en este caso de los internos de la vasija, el secador, el evaporador y realizarán la gestión de los residuos.

Posteriormente, descontaminarán las paredes de los edificios para demostrar que se pueden demoler de forma convencional y, por último, Enresa también se encargará de la vigilancia radiológica del lugar. Así, cuando recban el visto bueno del CSN devolverán la instalación al propietario, en este caso, a Nuclenor. Todo ello, en un plazo estimado de 10 años – tres años la Fase 1 y siete años la Fase 2.

En cuanto a la estimación presupuestaria de las dos fases, aunque puede haber una reestimación, el coste inicial es de 475 millones de euros a los que habría que sumar 180 millones de euros correspondientes del coste de los contenedores de combustible gastado.

Respecto al personal que durante esta década en la que se va a acometer el desmantelamiento, Ondaro los ha dividido en tres grandes bloques. Por un lado, el personal de Enresa que se compone de 31 personas en los diferentes servicios, casi el doble que se empleó en el proceso de José Cabrera; por otro lado, el personal de Nuclenor en prestación de servicios, alrededor de 70 personas; y también unas 185 personas de diferentes empresas colaboradoras en diferentes ámbitos. En la fase última se acomodará el personal al trabajo e irá «a la baja», ha deslizado Ondaro.

Ondaro ha explicado que hay cuatro tipologías de residuos radiactivos: «El residuo de alta actividad lo vamos a gestionar en contenedores diseñados al uso, luego hay residuos especiales que es una menor cantidad y que provienen fundamentalmente del corte y la segmentación de los internos y los residuos de baja y media actividad y de muy baja actividad», estos últimos se gestionarán en el almacén de residuos El Cabril (Córdoba).

«En la primera fase vamos aproximadamente a gestionar unas 7.000 toneladas de materiales, 4.000 provenientes del edificio de turbina, de los que el 50 por ciento de ese material será considerado como residuo de baja y media actividad y muy baja actividad, y el otro 50 por ciento que será clasificado como residuo convencional y se gestionará con los gestores autorizados», ha detallado.

Desde que se produjo la transferencia el pasado 19 de julio y hasta la fecha, Enresa ha dedicado estos meses a adaptar la documentación a los requerimientos que tienen que finalizar antes de enero para mandarlo al CSN y también han adjudicado otras grandes obras para modificar el edificio de turbina que empezarán a ejecutar el próximo año.

Este edificio que aloja la turbina, la máquina para transformar la energía, se convertirá durante el desmantelamiento en el almacén auxiliar de desmantelamiento, donde se llevarán a cabo las actividades de acondicionamiento de residuos en los contenedores de hormigón.

«Una vez que tengamos esto desmontado y adecuado la instalación del centro de acondicionamiento de residuos, podremos llevar a cabo aquí las actividades de acondicionamiento de residuos en los contenedores de hormigón y su adecuación y envío como residuos de baja y media actividad al almacenamiento de El Cabril», ha explico durante la visita la jefa de Servicio de Protección Radiológica, Marta Gómez.

Concretamente, van a desmontar de este edificio unas 4.000 toneladas de residuos metálicos de las que estiman por las caracterizaciones previas que aproximadamente el 50 por ciento salga material «desclasificado, limpio, convencional para su reciclado en el sector industrial» y el 50 por ciento «residuo de baja y media y muy baja para su gestión y envío a El Cabril». Enresa lleva a cabo este proceso con el objetivo de minimizar la cantidad de residuos que se generan, ha asegurado Gómez.

AMAC confía que el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña suponga una oportunidad de empleo para la zona

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El Miteco ha autorizado el desmantelamiento de la planta nuclear tras el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear el pasado mes de mayo

La Asociación de municipios en áreas de centrales nucleares y almacenamiento de residuos radiactivos (AMAC) confía que el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña, autorizado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), suponga una oportunidad de empleo para la zona.

En concreto, el Miteco ha autorizado el inicio del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña mediante una orden ministerial que también autoriza la transferencia de titularidad de la instalación de Nuclenor a Enresa, responsable del desmantelamiento, que tendrá lugar en los próximos días. El proyecto, informado favorablemente en mayo por el Consejo de Seguridad Nuclear, consta de dos fases, abarca hasta 2033, está presupuestado en 475 millones de euros y prevé que hasta 350 personas trabajen en él de forma simultánea.

En este sentido, el presidente de AMAC, Pedro Sánchez Yebra, espera que esta operación de desmantelamiento “suponga una oportunidad de empleo para la zona y que se priorice la contratación de empresas y personas de los municipios afectados por el cierre en el proceso de desmantelamiento”

Cabe recordar que la central de Santa María de Garoña, con una potencia instalada de 466 MW, está situada en el Valle de Tobalina (Burgos), se inauguró en 1971 y se desconectó de la red eléctrica en diciembre de 2012, cuando Nuclenor comunicó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo su decisión de no seguir explotándola. En julio de 2013 se declaró el cese definitivo de explotación, pero éste no se debía a razones de seguridad nuclear o protección radiológica, de modo que Nuclenor presentó una solicitud de renovación de la autorización en mayo de 2014. Finalmente, en agosto de 2017, esta solicitud fue denegada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

7,7 millones para proyectos dentro del Convenio Transición Justa
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), mediante el Instituto para la Transición Justa (ITJ), colabora desde 2020 con los 27 municipios afectados por el cierre de la instalación y ya ha destinado 7,7 millones a financiar 12 proyectos municipales. 

En mayo de 2021, el Miteco, la Junta de Castilla y León; el Gobierno Vasco y los municipios –por medio de la FEMP y AMAC–, firmaron el Protocolo de Actuación para la elaboración del Convenio de Transición Justa de Garoña por el cierre de la central.

El ITJ ya ha adjudicado 7,7 millones de euros a 12 proyectos municipales para reactivar la zona, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En concreto, los municipios de AMAC beneficiarios en la zona de Garoña son: Valle de Tobalina, Partido de la Sierra en Tobalina, Frías, Pancorbo, Santa Gadea del Cid, Encío, Cascajares de Bureba y Lantarón. Los proyectos que se van a desarrollar son de índole sociosanitaria, de fomento del turismo, de rehabilitación de inmuebles, de restauración ambiental, de gestión de biomasa…

Además, se está trabajando en una nueva convocatoria para este tipo de proyectos. Por otro lado, se están tramitando líneas de ayudas a empresas y pequeños proyectos de inversión, que se resolverán a final de año, a las que se han presentado proyectos de la zona.

El presidente de AMAC confía en que estos proyectos impulsados gracias al apoyo del convenio de Transición Justa permitan mitigar en la medida de lo posible los efectos derivados del cierre de la instalación en los pueblos de la zona, generando nuevas oportunidades de empleo y actividad que garanticen el desarrollo a futuro de estos pueblos. Asimismo, ha reiterado el agradecimiento realizado en su día al Miteco por contar con la Asociación, como representante de la población de la zona, como un actor más en el diseño y estrategia de planes de desarrollo para parte de sus municipios integrantes y que serán esenciales para el futuro de los mismos.

El Instituto para la Transición Justa aprueba nueve proyectos para revitalizar la zona de la Central Nuclear de Garoña en Burgos

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En la zona de Garoña la ayuda total asciende a más de 6 millones de euros y beneficiará a proyectos en: Valle de Tobalina, Partido de la Sierra en Tobalina, Frías (con dos proyectos beneficiados), Pancorbo, Santa Gadea del Cid, Encío, Cascajares de Bureba y Lantarón

La Asociación Española de Municipios en Áreas Nucleares (AMAC) ha destacado y mostrado su satisfacción por la concesión por parte del Instituto para la Transición Justa (ITJ) de cerca de 11 millones para impulsar proyectos para revitalizar las zonas de Zorita y Garoña.

Así lo destacó la Junta Directiva de la Asociación, encabezada por su presidente, Juan Pedro Sánchez Yebra, durante su Asamblea anual, celebrada en Madrid, en la que fueron aprobadas sus Cuentas y Presupuestos para 2023, así como hizo balance de las actividades desarrolladas en 2022 y acordaron las líneas estratégicas de futuro.

En concreto se trata de seis proyectos en la zona de Zorita y nueve en la zona de Garoña los que han resultado beneficiarios en la convocatoria de ayudas a proyectos de infraestructuras ambientales, sociales y digitales en municipios de zonas afectadas por la transición energética en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Así, los municipios de AMAC beneficiarios en la zona de Zorita son: Almonacid de Zorita, Sayatón, Valdeconcha, Valle de Altomira, Yebra y Zorita de los Canes que recibirán una ayuda total de más de 2.891.000 euros. Mientras, que en la zona de Garoña la ayuda total asciende a más de 6 millones de euros y beneficiará a proyectos en: Valle de Tobalina, Partido de la Sierra en Tobalina, Frías (con dos proyectos beneficiados), Pancorbo, Santa Gadea del Cid, Encío, Cascajares de Bureba y Lantarón.

El presidente de AMAC, Pedro Sánchez Yebra, destacó la importancia de estas ayudas para estas zonas “que permiten poner en marcha proyectos que generen oportunidades de desarrollo y empleo, más necesarias si cabe tras el cierre y desmantelamiento de estas centrales nucleares”.

Durante la Asamblea anual, Sánchez Yebra también se refirió al convenio de colaboración con el CSN para mejorar la información en asuntos nucleares a la población “que está dando muy buenos frutos”.

Por otro lado, el presidente de AMAC quiso reiterar la posición de la asociación respecto del 7º Plan General de Residuos Radiactivos e insistió en que “la única estrategia válida, que respeta todos los principios validados en los escenarios internacionales, es la construcción de un Almacén Geológico Profundo (AGP)”.

Durante la misma se aprobaron por unanimidad las Cuentas de 2022 y el Presupuesto previsto para 2023.  El presidente de AMAC, Juan Pedro Sánchez Yebra, presentó el informe anual de actividades desarrolladas durante el pasado año y hechos relevantes como las ayudas aprobadas por el Instituto de Transición Justa, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, para las zonas afectadas por cierre de centrales nucleares. En este sentido, destacó que más del 80% de los proyectos beneficiados de estas dos zonas pertenecen a municipios de AMAC.

Los municipios de AMAC de Garoña y Zorita recibirán ayudas para infraestructuras municipales en zonas de Transición Justa

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Momento de la firma del protocolo

La Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) se ha felicitado de la convocatoria publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para apoyar infraestructuras municipales en zonas de Transición Justa, dotada con 91 millones de euros, y de la que se beneficiarán municipios de AMAC de la zona de Zorita y Garoña.

Podrán optar a recibirlas, en régimen de concurrencia competitiva, los 184 municipios enclavados en zonas incluidas en los procesos de los convenios de transición justa.

En concreto, en el apartado dedicado a ‘Delimitación de municipios asociados a cierres de centrales nucleares’, se han incluido 18 municipios de la zona de Zorita (Guadalajara), que son: Albalate de Zorita, Albares, Almoguera, Almonacid de Zorita, Buendía, Driebes, Escopete, Hueva, Illana, Mazuecos, Mondéjar, Pastrana, Pozo de Almoguera, Sayatón, Valdeconcha, Valle de Altomira, Yebra y Zorita de los Canes. Once de los cuales pertenecen a AMAC.

En cuanto a la zona de Garoña, se ha incluido a 24 municipios de la provincia de Burgos y tres de Álava. En concreto son:  Ameyugo, Berberana, Bozoó, Busto de Bureba, Cascajares de Bureba, Cillaperlata, Cubo de Bureba, Encío, Frías, Jurisdicción de San Zadornil, Medina de Pomar, Merindad de Cuesta-Urria, Miranda de Ebro, Miraveche, Navas de Bureba, Oña, Pancorbo, Partido de la Sierra en Tobalina, Quintanaélez, Santa Gadea del Cid, Santa María Rivarredonda, Trespaderne, Valle de Tobalina (central), Villanueva de Teba, Lantarón, Ribera Baja y Valdegovía. Del total de estos municipios, 14 pertenecen a AMAC.

El presidente de AMAC, Juan Pedro Sánchez Yebra, ha mostrado su satisfacción, en nombre de la Asociación, porque “el trabajo que hemos realizado durante estos años ha logrado que los municipios en áreas nucleares se beneficien de estas ayudas del Gobierno central”.

En este sentido, ha recordado que “gracias al esfuerzo realizado desde AMAC se consiguió sensibilizar al Ministerio para incluir a las áreas nucleares en las zonas de Transición Justa, inicialmente no previsto y que solo beneficiaba a zonas de explotación del carbón”.

Fruto de este trabajo, previamente, el MITECO, el Gobierno de Castilla-La Mancha, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y AMAC firmaron sendos Protocolos de Actuación para la elaboración del Convenio de Transición Justa de la zona de Zorita y Garoña, respectivamente, y que hoy se plasma en una convocatoria de ayudas para apoyar a estos municipios afectados por la transición energética.

Desde AMAC quieren agradecer nuevamente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) “su sensibilidad con estos territorios que tanto han aportado a nuestro país y cuya economía y desarrollo se verán muy afectados con el cierre de las centrales nucleares, según el calendario previsto por las eléctricas y el Gobierno central”.

El presidente de AMAC recuerda que desde la Asociación llevan años trabajando para crear nuevas oportunidades en la zona y trabajar en estrategias que garanticen un desarrollo futuro de la comarca. Para ello, han contratado los servicios de una asesoría externa experta en esta área para ayudarles a impulsar proyectos que generen desarrollo y empleo en estos municipios.

Las subvenciones convocadas por el MITECO irán dirigidas a financiar el coste de ejecución de proyectos en inmuebles y espacios públicos y bienes de dominio público. Permitirán la rehabilitación y transformación para nuevos usos de bienes, espacios y terrenos de titularidad pública, que refuercen el componente social, medioambiental y digital de los espacios públicos o ayuden a la creación de otros nuevos.

Los beneficiarios podrán ser entidades locales, diputaciones y comunidades autónomas uniprovinciales que desarrollen proyectos en municipios de las zonas de transición justa.

La Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) firma un protocolo con el Ministerio de Transición Ecológica para el desarrollo de un Convenio de Transición Justa en la comarca de Garoña

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La Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC), representada por su presidente, Juan Pedro Sánchez Yebra, ha suscrito un protocolo para el desarrollo del proceso participativo del diseño de un Convenio de Transición Ecológica de la zona de Garoña con el Ministerio de Transición Justa y Reto Demográfico, los Gobiernos de Castilla y León y del País Vasco y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El protocolo tiene como objeto establecer un marco general de colaboración e intercambio de información entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las comunidades autónomas de Castilla y León y País Vasco y la Federación Española de Municipios y Provincias, para poner en marcha el proceso participativo de diseño del Convenio de Transición Justa de Garoña, incluyendo la fijación de los objetivos estratégicos para la transición justa que garanticen el crecimiento económico sostenible, bienestar social y empleo de este territorio.

Este convenio permitirá identificar y adoptar medidas para minimizar los impactos negativos sobre la actividad económica, el empleo y la despoblación en el área de influencia de esta central nuclear, como fórmula para garantizar un tratamiento equitativo y solidario a los trabajadores y los territorios afectados.

A la firma del mismo, de forma telemática, han asistido, además de Juan Pedro Sánchez Yebra, presidente de AMAC; la secretaria de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Sara Aagesen; el  consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo; la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia Otaegi; y Carlos Daniel Casares, secretario general de la FEMP, en representación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Para el desarrollo del dicho protocolo, las partes firmantes, de forma coordinada, pondrán en común cuanta documentación e información dispongan para el diagnóstico concreto de las necesidades, dando el apoyo técnico para que se pueda desarrollar el proceso participativo de definición del contenido del Convenio de Transición Justa de Zorita.

El Convenio de Transición Justa de Garoña incluirá 27 municipios, de los cuales 24 pertenecen a la Comunidad de Castilla y León, en concreto a las comarcas de Las Merindades, Bureba y Ebro. Los tres municipios restantes están ubicados en el País Vasco. Del total de municipios, 14 pertenecen a AMAC.

“El Convenio nos ayudará a optimizar las numerosas oportunidades que la transición energética y ecológica puede significar para esta zona. Hoy, abrimos una importante vía de colaboración con todas las administraciones, para que entre todos consigamos los mejores resultados en este proceso para la gente y las empresas de estas zonas”, ha señalado la secretaria de Estado de Energía.

Participación pública
La participación pública es una de las claves en la elaboración de los Convenios. Se trata de un proceso transparente e inclusivo en el que multitud de actores (empresas, sindicatos, ayuntamientos, instituciones académicas o asociaciones sin ánimo de lucro, entre otros) tienen la oportunidad de aportar e identificar proyectos para plantear un nuevo tejido productivo en la zona.

Las nuevas actividades que se propongan incorporar a los Convenios de Transición Justa deben tener en cuenta, de manera prioritaria, estos aspectos: la energía renovable y la eficiencia energética, la movilidad sostenible, la rehabilitación de edificios, la economía circular, la adaptación al cambio climático, la agricultura ecológica o de secano, la ganadería extensiva o el turismo sostenible, entre otros, aunque se contemplarán otros nichos de empleo particularmente interesantes para las zonas afectadas.

Por último, con el fin de asegurar un adecuado seguimiento del objeto del protocolo y de velar por su cumplimiento y desarrollo, se constituirá una Comisión Mixta de Seguimiento que incluirá a todas las partes firmantes.

Este protocolo tendrá una duración de dos años, prorrogables por otros dos períodos de un año cada uno y es el paso previo a la aprobación del Convenio de Transición Justa de Garoña.

Convenios Transición Justa
Los Convenios de Transición Justa tienen como objetivo prioritario el mantenimiento y creación de actividad y empleo en el territorio a través del acompañamiento a sectores y colectivos en riesgo, la fijación de población en los territorios rurales o en zonas con instalaciones en cierre y la promoción de una diversificación y especialización coherente con el contexto socioeconómico.

Estos Convenios, que ya se han suscrito en algunas de las zonas dependientes de la industria del carbón y a finales del pasado año el primero en áreas nucleares en la zona de Zorita, implican trabajar en procesos bien diseñados, de modo que se ajusten a las necesidades específicas de los territorios sobre los que se pretende actuar, con amplia participación de todos los actores de la zona. Asimismo, deben aprovechar los recursos del territorio, apostando prioritariamente por aquellos sectores que también presenten mejores resultados de sostenibilidad, tanto ambiental como económica y social.

En este momento, son 12 los Convenios de Transición Justa en marcha y 6 los gobiernos autonómicos con los que se han firmado Protocolos de Actuación:


• Andalucía: Puente Nuevo-Valle del Guadiato (Córdoba); Carboneras (Almería); Los Barrios (Cádiz)

• Aragón: Andorra-Comarcas Mineras (Teruel).

• Principado de Asturias: Suroccidente, Valle del Nalón y Valle del Caudal.

• Castilla-La Mancha: Zorita

• Castilla y León: Bierzo-Laciana y Montaña Central Leonesa-La Robla (León) y Guardo-Velilla (Palencia)

• Castilla y León y País Vasco: Garoña (Burgos y Álava) • Galicia: Meirama

Nuclear y eólica suman el 41,5% de la energía eléctrica generada en España hasta agosto

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La energía de origen nuclear y la de origen eólico sigue siendo las grandes protagonistas del sector energético en los primeros ocho meses del año 2019. Según los datos de REE, entre la nuclear (22,2%) y la eólica (19,3%) representaron el 41,5% del total de la energía eléctrica producida en España de enero a agosto del 2019. Solo el ciclo combinado, con un 20,9% les hace sombra en potencia a ambas, mientras que la solar fotovoltaica con un 3,8% y la solar térmica con un 2,5% se mantienen a mucha distancia de las primeras. La hidráulica, muy castigada por el año tan seco que llevamos, apenas llega al 8,7% del total generado.

La demanda de energía eléctrica nacional en agosto según los datos de REE se estima en 22.883 GWh, un 2,7% inferior a la registrada en el mismo mes del año anterior. Si se tienen en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, la cifra desciende un 3,8% con respecto a agosto del 2018.

En los ocho primeros meses del 2019, la demanda se estima en 177.896 GWh, un 1,6% menos que en el 2018. De nuevo, una vez corregida la influencia del calendario y las temperaturas, la demanda es un 2,6% inferior a la registrada en el mismo periodo del año anterior.

En el mes de agosto y según datos estimados a día de hoy, la generación procedente de fuentes de energía renovable representó el 28,1% de la producción. En los ocho primeros meses la generación renovable alcanza el 36% del balance eléctrico total.

En este mes de agosto, el 50,8% de la producción eléctrica procedió de tecnologías que no emiten CO2. La producción de origen eólico en agosto alcanzó los 2.831 GWh, un 9,6% inferior a la del mismo periodo del año pasado, y supuso el 12,5% de la producción nacional.

En el sistema eléctrico peninsular, la demanda de agosto se estima en 21.354 GWh, un 2,9% inferior a la registrada en el mismo mes del año anterior. Si se tienen en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, la cifra desciende un 4,2% con respecto a agosto del 2018.

En los ocho primeros meses del 2019, la demanda de energía eléctrica en la Península se estima en 167.550 GWh, un 1,7% menos que en el 2018. De nuevo, una vez corregida la influencia del calendario y las temperaturas, la demanda es un 2,7% inferior a la registrada en el mismo periodo del año anterior.

Durante este mes y según datos estimados a día de hoy, el 28,8% de la generación peninsular fue de origen renovable y el 53% procedió de tecnologías que no emiten CO2.  Por  su  parte, la eólica registró 2.672 GWh, un 12,9% inferior a la de agosto del año pasado, y aportó el 12,5% al mix.

El presidente de Iberdrola pide al Gobierno que defina un marco “económicamente viable” para la energía nuclear

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El presidente de IberdrolaIgnacio Galán, ha presentado los resultados del grupo para el primer trimestre de 2017. La compañía ha obtenido un beneficio neto de 828 millones de euros y un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 1.862 millones de euros entre enero y marzo. Las inversiones se han incrementado un 13,4% entre enero y marzo, hasta alcanzar los 1.016 millones de euros. De este importe, tal y como ha explicado el presidente de la empresa, un 93% se ha destinado a redes, renovables y generación contratada.

A  preguntas de los analistas, el presidente de Iberdrola ha analizado también la situación del parque nuclear en España, ante la situación creada por la reapertura o no de la Central de Garoña. “La situación, como ya expliqué en nuestra Junta General de Accionistas, es que nuestra filial nuclear tiene graves pérdidas, principalmente debido a las nuevas tasas y obligaciones que han sido impuestas a esta tecnología en los últimos años, modificando el modelo y el plan de negocio original”.

El presidente del grupo ha pedido al Gobierno que defina un marco económicamente viable para esta tecnología, antes de tomar ninguna decisión sobre nuevas autorizaciones de operación: “Hemos pedido más tiempo al Gobierno -doce meses antes del vencimiento de la licencia en lugar de los tres años actuales- y entiendo que ellos tienen que redefinir el modelo energético del país; no podemos tomar así decisiones que afectan a nuestros resultados”.

Asimismo, ha reiterado que “queremos que el Gobierno defina una planificación energética para ver cómo se va a retribuir la generación nuclear para cubrir los costes y generar algún beneficio”.

EL CSN da luz verde a la renovación de la fábrica de uranio de Juzbado en Salamanca con capacidad para 500 tn

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Interior de la fábrica de Enusa en Juzbado. Foto: ©Enusa

El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha dado el visto bueno a la renovación de la autorización de explotación y fabricación de la fábrica de elementos combustibles de Juzbado (Salamanca), solicitada por la empresa pública Enusa Industrias Avanzadas, al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y enviada por éste al CSN el 29 de julio de 2015.

La fábrica de Juzbado abarca todo el ciclo de producción de combustible: abastecimiento, suministro, almacenamiento de uranio, logística de componentes, fabricación de combustible, control del nivel de calidad del producto, desarrollo de equipos para la fabricación de los productos PWR, BWR y VVER y gestión de la logística y distribución a centrales de España y algunos países europeos. La fábrica tiene una capacidad máxima de producción anual de unas 500 toneladas de uranio.

El procedimiento aplicable a la renovación de las autorizaciones de explotación de las instalaciones nucleares se detalla en el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR, Real Decreto 1836/1999) y en las disposiciones de las autorizaciones de explotación vigentes. Entre los aspectos que han sido valorados por el CSN destacan los aspectos asociados a la Revisión Periódica de la Seguridad (RPS).

Además de la autorización de explotación, el Pleno también ha informado favorablemente la renovación de la autorización de protección física y la revisión del plan de protección física de Juzbado.

En el mismo Pleno del CSN, los directores técnicos de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica han informado que se continúa con la evaluación de la solicitud de renovación de la autorización de operación de la central nuclear Santa María de Garoña, de acuerdo a los requisitos y pasos que el Pleno estableció en la ITC 14/01 del 30 de julio de 2014, para que una vez satisfechos y verificados se pueda emitir el informe correspondiente.

Según la previsión ya avanzada, el citado informe podría estar concluido en el segundo semestre de este año, en torno al próximo mes de noviembre, una vez que el titular concluya todos los trabajos que todavía debe realizar, en particular las modificaciones de diseño que previamente a su entrada en servicio deben contar con la apreciación favorable del CSN.

Una decisión en la que también tendrá mucho que decir el nuevo Gobierno que salga de las urnas el próximo 26 J.

La reapertura de la Central Nuclear de Garoña, pendiente de los pactos políticos

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La reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña, en la provincia de Burgos, también está muy pendiente de la formación del Gobierno y de los posibles pactos, que harían decantarse por su reapertura o su cierre definitivo dependiendo del desenlace. Y del color del futuro Ministro de Industria.

El actual Ministerio de Industria –ahora en funciones– ha respaldado con hechos su reapertura como queda claro en el Informe de Sostenibilidad ambiental de la planificación del sector eléctrico 2015-2020 conocido el pasado verano.

En relación a la generación nuclear, el informe  de la Secretaria de Estado de Energía aseguraba que “se mantiene la potencia actual, con la salvedad de la puesta en servicio de Santa María de Garoña, que reanuda su funcionamiento en 2016”.

La central –de 466 megawatios– permanece parada desde finales del 2012 tras aprobar su desconexión la empresa propietaria –Nuclenor– en la que comparten accionariado Endesa e Iberdrola.

El respaldo ministerial –pendiente de la nueva formación de Gobierno– a su reapertura debe ser refrendado técnicamente por temas de seguridad por el Consejo de Seguridad Nuclear que en las últimas semanas no ha abordado el asunto pese a estar previsto.

El futuro de la Central de Garoña no sólo preocupa en Castilla y León. La Diputación Foral de Álava se ha mostrado contraria de forma tajante a la autorización que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha concedido al almacén temporal de residuos de la central. Con esta autorización, la Central podría acoger hasta 32 contenedores de residuos nucleares. A la negativa de la Diputación Foral también se une la del ejecutivo vasco.

Los problemas surgidos en torno a la construcción del almacén de residuos centralizados en Villar de Cañas (Cuenca) ha acelerado el interés de las centrales activas en contar con sus propios almacenes individualizados.

Ilustración: J.C.Florentino