COAG Castilla y León alerta de que las energéticas arrebatarán 60.000 hectáreas a la agricultura y la ganadería para instalar renovables

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España se comprometió en los Acuerdos de París a potenciar las energías renovables en el seno del PNIEC, Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 que contempla los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la penetración de las energías renovables.  Según este marco, España debe instalar 3.000 megavatios anuales hasta esa fecha, 2030, para lograr tales objetivos, o sea, el 75 por ciento de la energía eléctrica o el 32 por ciento de la energía total.

Los 3.000 megavatios se instalan en el campo y ocuparán 5.900 hectáreas cada año, unas 60.000 hectáreas a lo largo de todo el periodo. Lógicamente, esas hectáreas no podrán ser ni cultivadas ni aprovechadas por el ganado.

De momento, las industrias energéticas, los fondos de inversión o cualquier otro tipo de inversionistas se están lanzando a la conquista de tierras por toda España para generar energía. Y a pesar de que estos agentes digan que vale cualquier tierra para esta actividad, incluso baldía, o que toda esa cantidad de hectáreas solo supone el 0,3 por ciento de la superficie agraria nacional, vemos que esta especie de colonización energética no está exenta de problemas. Sobre los que COAG CASTILLA Y LEÓN alerta y pide especial atención a las diferentes administraciones para que las tierras agrarias no sean objeto de especulación, ni se retiren de la actividad agropecuaria.

En primer lugar, no suele valer cualquier terreno, sino los que estén más próximos a los enchufes, o sea, los denominados puntos de evacuación de la energía, porque ello ahorraría ingentes costes de transporte energético. Además, muchos de los terrenos que las energéticas denominan baldíos son zonas protegidas y allí es imposible instalar placas.

En segundo lugar, parece que algunos ayuntamientos comienzan a embriagarse por los cantos de sirena de los grandes inversores y se abren a sus propuestas sin recato.

Cesar Infante Antolín es el presidente de la Junta Agraria Local de Paredes de Nava, (Palencia). Infante ha elevado un escrito al Ayuntamiento de esa localidad después de que éste haya acotado casi 650 hectáreas del bien comunal denominado “Finca El Páramo” para “uso industrial y/o instalación de proyectos de energía renovables”. Dicho escrito finaliza así: “Solicito al Ayuntamiento de Paredes de Nava que retire el proyecto de acotamiento de 624 hectáreas del bien comunal “Finca El Páramo” por no ajustarse a la legislación vigente en materia de bienes comunales”.

El artículo 94 del documento que rige el comunal insiste en que en ese terreno “el aprovechamiento y disfrute de bienes comunales se efectuará en régimen de explotación común o cultivo colectivo”. No será el caso porque el Ayuntamiento, sin consultar a la Junta Agraria Local, ha aprobado en pleno la reserva de 624 hectáreas para hipotéticos usos de generación energética, aunque los miembros de la Junta Agraria sospechan que el tema está más que hablado con los inversores y que no son tan hipotéticos. Dicen que no tienen nada contra la energía solar pero que hay muchos espacios menos agrícolas donde puede hacerse.

Uno de los motivos de este interés podría ser la existencia de puntos de evacuación en la zona, hecho que convierte al terreno en especialmente atractivo para la instalación de placas.

Sorprende también a los miembros de la Junta Agraria Local el que el Ayuntamiento les denegara una solicitud del terreno para cultivos promovidos por jóvenes agricultores alegando que era un terreno comunal que al parecer no lo es tanto ahora.

En la localidad abulense de Las Navas del Marqués el ayuntamiento promueve también otro megacomplejo energético de casi 1.000 hectáreas, 700 del propio municipio y 200 del vecino de Navalvillar de Pinares para alojar placas solares, que entorpece el pastoreo de vacuno extensivo y que también ha puesto en pie de guerra a los ganaderos.

El asunto es que los agricultores y los ganaderos se temen que tanto megacomplejo no revertirá beneficios en la zona.  José  Donoso, director de la Unión Española Fotovoltaica sostiene que los ayuntamientos se beneficiarán de los impuestos que cobran a los inversores (de la imposición rústica a la industrial hay una considerable distancia). Incluso, esta asociación estudia una explotación agraria modélicamente sostenible en la huerta solar o instalar las placas sobre superficies acuáticas para evitar la evaporación y no ocupar superficie agraria. Pero el campesino, ve una vez más cómo alguien llega a su tierra, la exprime y se lleva el dinero muy lejos de allí, sin que la pobreza endémica se aminore un milímetro.

En este sentido, COAG CASTILLA Y LÉON, que reitera su posición absolutamente favorable hacia la energía fotovoltaica, aboga por un reparto más ordenado de la inversión para que el campesino, y por tanto, el medio rural y la gente que lo habita, se puedan beneficiar de esta necesidad de instalar energía limpia. Propone que sea el propio agricultor, mediante pequeños huertos solares, quien opte a la producción de energía y cobre un complemento de renta por ello.

La asociación nacional de productores de energía fotovoltaica, Anpier, defiende un esquema parecido que emane de pequeños inversores.

Béjar estrena sus primeros puntos de recarga rápida para vehículos eléctricos de la mano de Iberdrola

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De izda a dcha::El concejal de Medio Ambiente, José Ángel Castellano, la alcaldesa de Béjar, Elena Martín, y el delegado de Iberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo

El Ayuntamiento de Béjar e Iberdrola se unen en el compromiso de lucha contra el cambio climático y la movilidad sostenible con la puesta en marcha de los primeros puntos de recarga rápida para vehículos eléctricos en la localidad salmantina, ubicados en la calle Obispo Zarranz y Pueyo, 60.

La alcaldesa de Béjar, Elena Martín, y el delegado de Iberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo, han visitado esta infraestructura de recarga rápida de 100 kilovatios, de acceso libre y disponible para todos los usuarios de vehículos eléctricos durante las 24 horas del día, que permite la carga de hasta cuatro automóviles eléctricos de forma simultánea en un tiempo estimado de unos 30 minutos.

Para llevar a cabo esta iniciativa, el consistorio ha cedido el suelo donde se sitúan los puntos de recarga e Iberdrola ha aportado los equipos, su instalación y su gestión durante cuatro años.

Los usuarios de esta infraestructura de Iberdrola recargarán la batería de sus coches eléctricos con energía 100% verde, procedente de fuentes de generación limpia, que cuentan con certificados de garantía de origen renovable (GdOs).

Además, los puntos de recarga están localizados en la App de Recarga Pública Iberdrola, la única en España que incorpora información verificada de todos los cargadores de vehículo eléctrico, tanto los de Iberdrola, como los de otros operadores. Desde la App, se geolocaliza el cargador, se comprueba su operatividad en tiempo real y, en este caso, se puede reservar y pagar desde el móvil.

1,7 millones de euros para mejorar de la eficiencia energética de las viviendas

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La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presupuestado más de 1.700.000 euros para las «subvenciones destinadas a la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas». Entre dichas subvenciones tenemos las instalaciones para autoconsumo de energía solar fotovoltaica, así como las de biomasa o geotermia que «que reduzcan el consumo de energía convencional térmica o eléctrica de la vivienda».

En el marco del programa de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios y la Regeneración Urbana 2018-2021 —dotado con 36,7 millones de euros—, el Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado las dos convocatorias de subvenciones. La primera está orientada a la mejora de la seguridad y accesibilidad de las viviendas y cuenta con un presupuesto de 2.833.245 euros. La segunda está destinada a la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad de las mismas. Esta tiene un presupuesto de 1.756.245 euros.

De acuerdo con la Junta, se considerarán actuaciones subvencionables para la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad de las viviendas, entre otras, las siguientes: «la instalación de equipos de generación o que permitan la utilización de energías renovables como la energía solar fotovoltaica, biomasa o geotermia que reduzcan el consumo de energía convencional térmica o eléctrica de la vivienda».

Asimismo, se incluirá la instalación de cualquier tecnología, sistema o energía renovable, como paneles solares térmicos y toda solución de aerotermia para la climatización y agua caliente sanitaria, necesidades para toda vivienda, especialmente durante el primer semestre del año.

En ambos casos de ayudas, podrán acceder las comunidades de propietarios y las agrupaciones de comunidades de propietarios y las personas físicas que sean propietarias  de viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila, siempre que los ingresos no superen cinco veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).

En el caso de las ayudas para la mejora de la accesibilidad, también podrán acceder quienes sean propietarios y arrendatarios de viviendas situadas en edificios de tipología residencial colectiva cuando en ellas resida una persona con discapacidad o mayor de 65 años.

La Junta destina 4 millones de euros para suministrar energía eléctrica colegios

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El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 3 de septiembre autorizar la contratación del suministro de energía eléctrica a los centros docentes públicos no universitarios de Castilla y León por un importe de 4.001.714 euros.

El contrato será adjudicado por un plazo de ejecución de un año a partir del 1 de enero de 2021. La Administración autonómica prevé su adjudicación para finales de octubre y dicho contrato no se podrá prorrogar en 2022.

La Consejería de Educación ha iniciado la tramitación del expediente de contratación del suministro de energía eléctrica para los centros docentes públicos no universitarios de Castilla y León por un importe de 4.001.714 euros para garantizar su funcionamiento. El plazo de ejecución de dicho contrato será de 12 meses y comprenderá desde el 1 de enero de 2021, o desde el día siguiente de la formalización del contrato, hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.

La celebración de este contrato se fundamenta en la Orden HAC/627/2012, de 16 de julio, rigiéndose por lo establecido en el Decreto 4/2020, de 4 de junio, por el que se regula la adquisición centralizada de bienes y servicios en la Administración de la Comunidad de Castilla y León habiéndose seguido una tramitación ordinaria y anticipada.

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Por otro lado, la Consejería de Educación ha iniciado la tramitación del expediente de contratación del suministro de gas natural para los centros docentes públicos no universitarios de Castilla y León por un importe de 2.599.109 euros para garantizar su funcionamiento.
El plazo de ejecución de dicho contrato será de un año y comprenderá desde el 1 de enero de 2021, o desde el día siguiente de la formalización del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2021.

Bankia ofrece a sus clientes de Castilla y León energía sostenible con tarifas exclusivas

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Bankia ha firmado un acuerdo con Aldro para ofrecer a sus clientes de Castilla y León energía 100% sostenible con unas tarifas exclusivas

Gracias a esta alianza, los clientes de Bankia podrán acceder a una tarifa personalizada en las mejores condiciones del mercado, no sólo en los suministros de luz, sino también en los de gas, además de los servicios de mantenimiento de ambos.

Aldro ha asegurado que garantizará que la energía eléctrica, comercializada a través de esta tarifa exclusiva para Bankia, proceda de fuentes de energías renovables.

Alejandra de Mulder, directora de Venta Relacional de Bankia, ha señalado que “es para nosotros una enorme satisfacción anunciar este acuerdo con Aldro, mediante el cual podemos ofrecer a nuestros clientes servicios de valor añadido, alineados además con el compromiso del banco, establecido en su Plan de Gestión Responsable, de impulsar el desarrollo sostenible y contribuir a la consecución de una economía baja en carbono”.

La directora ha agregado que “queremos ofrecer a nuestros clientes, ya sean particulares, pymes, autónomos o comercios, la oportunidad de optimizar los gastos en sus suministros de energía en un momento en el que la contención de costes es clave para las economías de los hogares o las cuentas de resultados de las empresas”.

Por su parte, Eduardo Pérez, director comercial de Aldro Energía, ha explicado que “creemos en las sinergias de grandes corporaciones para beneficio del consumidor y este acuerdo es un gran paso por parte de Bankia para colaborar en el ahorro de sus clientes promoviendo a su vez el cuidado del medioambiente mediante el uso de energías renovables, que son más seguras para nuestra salud”.

Aldro tiene más de 250.000 clientes y destaca por ser la primera comercializadora independiente del mercado español en luz y gas.

Esta empresa tiene presencia en toda España y forma parte del Grupo Pitma, que agrupa una treintena de proyectos empresariales que pertenecen a sectores como telecomunicaciones, seguridad, recursos humanos, servicios comerciales y servicios empresariales.

En el sector de la energía, el Grupo Pitma se ha enfocado en el desarrollo de soluciones de eficiencia y autoconsumo, la producción energética, la planificación, montaje y mantenimiento de instalaciones y la comercialización de energía.

ASAJA exige a los promotores de parques fotovoltaicos que se entiendan también con los arrendatarios de las tierras

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Ante los distintos proyectos que están surgiendo en la provincia de León de promoción de parques de energía fotovoltaica, ASAJA exige a sus promotores que además de entenderse con el propietario de los terrenos, lo hagan también con el agricultor que como arrendatario trabaja las tierras que son de cultivo o de pastos.

En la provincia de León la mayoría de las fincas agrícolas no son propiedad de quién las trabaja, ya que la propiedad apenas alcanza el 30 por ciento, mientras que en el 70% las fincas son arrendadas a particulares o son propiedad de las juntas vecinales que las ceden a los vecinos. Por ello, y quizás a diferencia de otros territorios, entenderse con los arrendatarios es una pieza decisiva si de verdad se quieren sacar adelante estos proyectos, ya que de lo contrario los arrendatarios, haciendo valer sus derechos, pueden impedir que estos proyectos salgan adelante, cuando no retrasarlos durante años en litigios interminables.

ASAJA está en contacto con muchos de los agricultores de zonas en las que se proyectan parques fotovoltaicos (también el Somoza Solar y Maragato Solar que se publicitó ayer en algún medio local) y utilizará todo tipo de recursos para oponerse a los mismos si no se tienen en cuenta los intereses legítimos de los agricultores  arrendatarios a los que se expulsa de unas tierras que en algunos casos vienen cultivando durante décadas, y más cuando esas tierras son de entidades públicas como ayuntamientos o juntas vecinales.

Por otra parte, ASAJA está pidiendo que las líneas de evacuación de la electricidad hasta conectar con Red Eléctrica Española sean subterráneas para minimizar la afección en los terrenos por los que trascurran, y en todo caso ASAJA, como organización agraria mayoritaria, se opondrá a cualquier actuación de fotovoltaicas que se proyecte en tierras de regadío  en la que se hayan hecho importantes inversiones públicas tras la declaración del interés general.

Por último, ASAJA no se opone por sistema a estos proyectos de energías renovables en la provincia, pero considera que la responsabilidad corporativa de las empresas, y en todo caso la responsabilidad de las administraciones y de los políticos que las gobiernan, deben de tener en cuenta los intereses del sector primario, los intereses de quienes a través de los siglos han cultivado esas tierras y gracias a ellas han cuidado y ocupado el medio rural al que otros (los fondos de inversión) únicamente van a hacer negocio. Y en una provincia con más de un millón y medio de hectáreas de terreno, no parece razonable que los promotores se fijen únicamente en las 618.000 de cultivo y pastos, las que utilizan los agricultores, y no otras de monte bajo o erial que no generan ningún tipo de recurso y cuya ocupación no perjudica a un tercero.

Iberdrola suministrará energía a 330 instalaciones del Servicio de Salud de Castilla y León

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Iberdrola suministrará energía eléctrica a todos los centros dependientes de la Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León (SACYL), tras ganar un concurso público convocado por el gobierno regional, que ha valorado la oferta técnica y la económica de la compañía como la más competitiva.

El contrato asciende a más de 13 millones de euros e incluye un total de 330 puntos de suministro en las nueve provincias de Castilla y León -hospitales, centros de salud y otras dependencias de SACYL-, convirtiéndose en el más importante logrado por Iberdrola con una Administración Pública en lo que va de año en la región.

La compañía atenderá durante los próximos 12 meses las necesidades de todas las infraestructuras de alta y baja tensión del Servicio de Salud de Castilla y León, cuyo consumo estimado ascenderá a 130 millones de kilovatios hora (kWh).

Iberdrola aplica tecnología de vanguardia y digitalización en sus actividades, con el objetivo de optimizar su eficiencia y mejorar su capacidad de respuesta ante los nuevos retos del sector, así como el de ofrecer productos y servicios más personalizados a sus clientes.

Así, este acuerdo con el Servicio de Salud de Castilla y León incluye también el asesoramiento comercial, técnico y de gestión, a través de la figura del gestor de cuenta.

Casi 1 MW de autoconsumo para la Comunidad de Regantes Colina de la Moraña, en Ávila

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Se estima que la cooperativa se beneficiará de un ahorro en su factura eléctrica superior a los 100.000 € cada año

La compañía almeriense Ingenia Solar Energy (ISE) Autoconsumo se encargará de desarrollar y ejecutar un proyecto de autoconsumo fotovoltaico en la localidad abulense de Cabeza del Alambre, Ávila, para la Cooperativa Agraria Colina de la Moraña, perteneciente a la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León.

El contrato EPC firmado por la Cooperativa Colina de la Moraña e ISE, incluye el desarrollo y la ejecución de la totalidad del proyecto, desde la ingeniería, suministro, construcción y puesta en marcha de la instalación con conexión a la red hasta su operación y mantenimiento.

La instalación contará con 995 kWp y estará formada por 2.261 módulos de tecnología Mono-Perc de 440 Wp sobre estructura fija en suelo, con los que se logrará la generación de más de 1.600 MWh de energía limpia anualmente. En ese sentido, ISE estima que la Cooperativa obtendrá un ahorro en su factura eléctrica superior a los 100.000 € cada año.

Desde su creación en el año 2005, Ingenia Solar Energy (ISE) ha ejecutado proyectos en todo el mundo con una potencia total de más de 24.000 MW. Su división de autoconsumo diseña a medida y simula el modelo energético que mejor se adapta a las necesidades de cada proyecto.

ISE consolida con este nuevo proyecto su apuesta por instalaciones de autoconsumo en España para aplicaciones en agricultura y bombeos de alta potencia, que presentan elevados consumos eléctricos. “Es en este tipo de sectores y proyectos donde la tecnología solar fotovoltaica puede jugar un papel clave para el desarrollo del campo y la agricultura en nuestro país, haciéndolo más sostenible, eficiente y competitivo”, destacan desde la compañía andaluza.

 

La Junta da luz verde a la autorización administrativa del parque eólico de 10,4 Mw en Valle de Santibáñez en Burgos con 3 aerogeneradores

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El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda de Castilla y León, ha publicado la solicitud de autorización administrativa de construcción y declaración de utilidad pública del parque eólico «Fuente Blanca», en el término municipal de Valle de Santibáñez (Burgos), e instalaciones eléctricas asociadas en los términos municipales de Valle de Santibáñez y Merindad de Río Ubierna (Burgos). El proyecto está promovido por Iberdrola Renovables Castilla y León S.A..

El proyecto constará de 3 aerogeneradores Siemens Gamesa SG132 de 3,465 MW de potencia unitaria con altura de 101,5 metros de altura y diámetro de rotor de 132 metros, ubicados en el término municipal de Valle de Santibáñez. La potencia total a instalar será de  10,4 MW.

La red de media tensión subterránea a 20 kV que transcurre por los términos municipales de Valle de Santibáñez y Merindad de Río Ubierna hasta la llegada a la subestación «La Viñas», común con el parque eólico en funcionamiento «Las Viñas». También se hará la ampliación de la Subestación «Las Viñas» para permitir la evacuación de la energía generada por el parque eólico «Fuente Blanca».

La Declaración de Utilidad Pública llevará implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de los derechos afectados con cuyos propietarios no se ha llegado a un acuerdo, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Castilla y León es actualmente la comunidad autónoma española líder tanto en potencia instalada de megawatios eólicos con 6.051 a finales del 2019 según datos de REE, y también la primera en producción eólica con 12.457 Gwh en el año 2019, muy por delante de los 8.523 Gwh de Castilla-La Mancha o los 8.705 Gwh de Galicia. La comunidad castellano-leonesa representa el 23,5% de la potencia eólica instalada en toda España.

La Junta impulsa un proyecto de sostenibilidad para las empresas del sector agroalimentario de Castilla y León

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La Consejería de Economía y Hacienda impulsa el Proyecto Mencía (Modelo de economía circular de adaptación y mitigación del cambio climático en la industria alimentaria de Castilla y León), puesto en marcha por la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León (Vitartis), cuyo objetivo es contribuir a la mejora de la sostenibilidad de las empresas agroalimentarias y de su capacidad de adaptación al cambio climático a través de la aplicación de los principios de la economía circular.

El proyecto ha sido aprobado en la reciente convocatoria de subvenciones para las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AAEEII) o clústers para el ejercicio 2020, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el ámbito del Programa Operativo 2014-2020 de Castilla y León, por la que subvencionarán 14 actuaciones que van a contribuir a impulsar la competitividad del tejido empresarial de la Comunidad.

Estas actuaciones, cuyo plazo de ejecución finaliza el 15 de octubre de 2020, cuentan con una subvención de 363.000 euros por parte de la Consejería de Economía y Hacienda y activarán una inversión de casi 550.000 euros.

El proyecto puesto en marcha por el clúster Vitartis contempla dos bloques de actuaciones. El primero de ellos se refiere a la identificación de buenas prácticas, tecnologías y soluciones que permitan mejorar la eficiencia de los procesos productivos para reducir su impacto sobre el clima en cuatro ámbitos: logística, envases, energía y agua. Una vez identificadas estas soluciones, se propondrán directamente a las empresas asociadas a través de grupos de trabajo, talleres colaborativos, encuentros de dinamización y distintas sesiones de trabajo.

El segundo bloque de actuaciones busca identificar las medidas de adaptación al cambio climático de la industria alimentaria de la Comunidad, tanto en la gestión del agua, como en el análisis de la vulnerabilidad y de los riesgos que supone para el sector en Castilla y León.

Para identificar soluciones que permitan optimizar el uso del agua en los procesos productivos, se partirá del análisis de los ciclos hídricos reales en empresas de distintos subsectores y se propondrán las tecnologías, soluciones e iniciativas que se pueden aplicar.

Riesgos del cambio climático
Respecto al análisis de vulnerabilidades del sector, el proyecto recoge que se debe realizar una adaptación de la metodología internacional diseñada por el IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), así como de las orientaciones de la Oficina Española de Cambio Climático, a través del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Ello permitirá identificar los efectos más probables que el cambio climático tendrá en Castilla y León, según los distintos escenarios posibles, con el fin de plantear medidas de adaptación específicas. Los resultados, tanto de los efectos más probables del cambio climático en el sector, como de las medidas de adaptación propuestas, se llevarán a un panel de expertos para su discusión y validación.

Las actuaciones contempladas en el Proyecto Mencía, que se fundamentan en criterios de economía circular, se sitúan en el marco de los grandes objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, de cuatro de los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030, de la Estrategia Europea de Bioeconomía, del Programa de Bioeconomía Circular de la Junta de Castilla y León y del Plan de Impulso a la Bioeconomía Agroalimentaria, a través del cual el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL) les ofrece toda su colaboración y apoyo.