La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético pide repotenciar e instalar parques marinos en vez de construir más eólica en tierra

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En España se ha producido un desarrollo constante de la energía eólica desde hace unos 25 años que hace que ahora dispongamos de más de 27.000 MW de potencia de esta tecnología que generan más de la quinta parte de la electricidad. Esa implantación ha ido acompañada de un importante desarrollo de la industria asociada a la eólica y en el conjunto de su cadena de valor se ha generado bastante empleo, también en zonas rurales.

Ahora se hace necesario, para afrontar la emergencia climática y cumplir al menos con los objetivos para las energías renovables del PNIEC, instalar más de 20.000 MW nuevos. En este escenario hay que considerar que la construcción de más parques eólicos en zonas con valores ambientales o patrimoniales elevados puede generar conflictos que hay que tratar de evitar. Especialmente en las 6 comunidades autónomas (Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia, Andalucía y Navarra) que suman el 83% de la potencia total instalada.

Repotenciación de parques eólicos
En España hay 27.500 MW de potencia eólica instalada de los que casi un tercio, algo más de 8.000 MW, están en parques eólicos antiguos, donde las máquinas son de potencia unitaria de 1.000 kW o inferior; están amortizados y los aerogeneradores no son ni muy eficientes ni dan buena respuesta a las distorsiones de la red, por ejemplo, frente a los “huecos de tensión”. Se podrían sustituir esos antiguos aerogeneradores por otros de nuevo diseño y más potencia; es decir por repotenciar parques eólicos antiguos, en territorios ya ocupados.

La repotenciación se ha hecho hasta ahora sobre proyectos y autorizaciones existentes. Se puede asumir mantenerse en el nivel de potencia en su día autorizado. Antes de nada, se debiera plantear conocer el grado de idoneidad del territorio para albergar un parque eólico; ya han pasado más de dos décadas desde que se instalaron los aerogeneradores y podemos saber si hay cuestiones ambientales críticas o no.

En la actualidad se están instalando en tierra aerogeneradores de 3,5 MW de potencia unitaria. Hay algún parque propuesto con aerogeneradores de 6 MW. Si se avanza en la repotenciación se debería pensar en que hacia el año 2040 toda la eólica tendrá de media aerogeneradores de 3,5 MW o incluso una potencia mayor. Si pensamos que en tierra debiera haber en total unos 40.000 MW instalados, deberíamos ponernos como objetivo que fuera con más o menos 10.000 aerogeneradores, la mitad de los actuales.

Concentración de nueva potencia en ciertas zonas
Para una reordenación planificada del sistema de energía eólica en España se debería considerar no sólo la repotenciación de parques antiguos, sino también un desarrollo de uno o varios parques con mucha potencia en zonas de mucho recurso eólico y amplio territorio que apenas contenga valores naturales. Se trataría de que esos grandes conjuntos eólicos tuvieran una subestación de conexión a la red bien equipada: eléctrica y electrónicamente, para que pueda operar como un nudo de generación renovable dando estabilidad a la red.

Desarrollo ordenado de parques eólicos marinos
La eólica marina quizás debiera aportar unos 10.000 MW de esos 50.000 MW eólicos. Habría que preseleccionar y hacer estudios ambientales en un pequeño número de emplazamientos, quizás una docena. Eso quitaría presión en ciertos territorios y facilitaría decir que NO a nuevos parques que se proponen en emplazamientos terrestres muy discutidos. Habrá que considerar su incidencia ambiental en el medio marino y planificar adecuadamente las ubicaciones.

Édora promueve seis proyectos de energía solar fotovoltaica en Castilla y León que supondrán una inversión de más de 800 millones de euros

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La compañía promotora, gestora y operadora de proyectos de energías renovables Édora suma 838 MW en proyectos en Castilla y León, y se perfila como una de las compañías líderes del sector en la región.

Con una inversión prevista de 800 millones de euros, la compañía prevé dejar importantes beneficios en la Comunidad, con la creación de 5.000 puestos de trabajo, con su correspondiente capacitación, y evitando la emisión a la atmósfera de más de 600.000 toneladas de CO2.

La compañía quiere contribuir así al desarrollo de la economía sostenible en Castilla y León, una zona en la que es de vital importancia que se desarrollen proyectos de esta naturaleza, debido al proceso de descarbonización que se está llevando a cabo en las cuencas mineras de la región. Además, estos desarrollos contribuyen también a complementar el desmantelamiento de centrales térmicas y nucleares, aportando fuentes de energía limpias y ayudando a paliar los perjuicios económicos que pueden acarrear estos procesos, sobre todo en términos de empleo.

La compañía hace especial hincapié en desarrollar proyectos que afecten positivamente a los ecosistemas convirtiendo las plantas de energías renovables en reservas integrales de la naturaleza por medio de acciones específicas como: vallados que incluyen pasos para la fauna, utilización de ganado para eliminar la maleza o fomento de la apicultura en las plantas solares.

Para el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) existen unos desafíos a corto plazo como el cierre de minas y de centrales térmicas de carbón que no han realizado inversiones, así como centrales nucleares sin planes de reconversión previos. Esta transformación debe abordarse con un plan de acción concreto entre cuyos objetivos se encuentra mantener a corto plazo el empleo para las comarcas mineras a través del Plan de Restauración de Minas y del Plan de Energías Renovables y Eficiencia Energética, así como otros planes a desarrollar con los municipios mineros.

Édora hace suyos los objetivos de generación de riqueza y empleo para las comarcas mineras con una decidida apuesta inversora en la provincia de León y por medio de 6 proyectos de energía solar fotovoltaica de gran escala.

Los regantes temen que las nuevas tarifas eléctricas disparen la factura por los excesos de potencia

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La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) teme que las nuevas tarifas eléctricas que entrarán en vigor el próximo 1 de junio acaben por disparar la factura energética por los excesos de potencia, por lo que recomienda evitarlos en la medida de lo posible y realizar ajustes en las potencias contratadas y las horas del día óptimas para el consumo de energía.

Fenacore considera esta subida como un mazazo para los regantes, después de que su factura eléctrica haya subido más del 120% desde 2008. Un encarecimiento que además de suponer un freno para el proceso de modernización, no entienden que responda a los esfuerzos que han realizado para ahorrar un 16% en el consumo de agua durante la última década.

Por ello, recientemente pidió complementar los cerca de 560 millones de euros que recogen los fondos europeos para modernización de regadíos con el desarrollo de una disposición reglamentaria para que los regantes puedan firmar dos contratos eléctricos al año -tal y como se aprobó en la disposición final de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021-, lo que según sus cálculos les permitiría ahorrar al menos un 20% de sus costes eléctricos, contribuyendo asimismo a modernizar el casi millón de hectáreas aún pendiente.

Fenacore recuerda que los cambios tarifarios conllevan una modificación y un desdoblamiento en los precios del término de potencia y de energía, así como la desaparición de los tres periodos y la instauración de seis. También la reducción de las horas más baratas y el aumento de las más caras, lo que a la postre impedirá una gestión eficiente de la energía y la implantación de fotovoltaica.

Instalaciones fotovoltaicas
En el caso de instalaciones fotovoltaicas hibridadas a red eléctrica, Fenacore sugiere realizar muy bien todos los cálculos (potencia generada, horas, adecuación al riego y calendario). Y en este contexto, señala que las balsas en cotas elevadas con bombeos nocturnos pueden ayudar mucho a disminuir el coste de la energía.

No obstante, la Federación asegura que no existen recomendaciones generales, ya que no hay regadíos y consumos energéticos iguales en todas las Comunidades de Regantes, por lo que cada Comunidad deberá estudiar y evaluar qué opciones le convienen más, de acuerdo con sus posibilidades en la adaptación y gestión del consumo de energía para la zona regable.

Según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, “los cambios que entran en vigor incrementarán aún más el recibo, lo que constituye uno de los principales lastres para la competitividad de un sector que ocupa el segundo puesto en el ranking de los consumidores de energía, únicamente por detrás de ADIF. El abaratamiento de la factura eléctrica es imprescindible para avanzar en la modernización de regadíos de casi el millón de hectáreas aún pendiente y, así, poder producir más alimentos usando menos agua”.

Castilla y León espera recibir unos 240 millones para la rehabilitación energética de edificios y la construcción de viviendas eficientes para alquiler social

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Castilla y León podría recibir unos 240 millones para sus propuestas de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales, para su programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes y para su programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP), de un total de 4.450 millones de euros.

El Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales cuenta con 3.420 millones de euros, aunque la cuantía máxima a repartir entre las comunidades será de 2.970 millones. Castilla y León, atendiendo a los criterios de reparto según el número de hogares de la Encuesta Continua de Hogares (INE) referida al año 2020, podría recibir un 5,43 %, es decir, unos 161 millones de euros.

El contenido de este programa incluye ayudas a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio (ARRUS), apoyo a las oficinas de rehabilitación, programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética en viviendas y la elaboración del ‘Libro del edificio existente’ para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación.

El Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes dispone de 1.000 millones de euros, y a Castilla y León le podrían corresponder 54,3 millones. El objeto de esta partida es fomentar e incrementar el parque público de viviendas energéticamente eficientes destinadas al alquiler social o a precio asequible, mediante la promoción de viviendas de nueva construcción sobre terrenos de titularidad pública.

Las promociones de viviendas de nueva construcción deberán destinarse al alquiler o cesión en uso durante un plazo mínimo, en ambos casos, de 50 años. Para poder obtener financiación, los edificios que se construyan deberán tener un consumo de energía primaria no renovable inferior a unos valores límite preestablecidos.

Los promotores de las viviendas podrán obtener una ayuda, proporcional a la superficie útil de cada vivienda, de hasta un máximo de 500 euros por metro cuadrado de superficie útil de vivienda. La cuantía máxima de esta subvención no podrá superar el 60 % de la inversión de la actuación, con un límite máximo de 50.000 euros por vivienda.

A través de acuerdo de la Comisión Bilateral se identificarán los terrenos de titularidad pública objeto de la actuación y las características de la promoción de nuevas viviendas en alquiler social.

El Programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP) cuenta con 1.080 millones, de los que 480 se distribuirán para este fin entre las comunidades autónomas, el resto se destina a las entidades locales. El objeto del programa es subvencionar la rehabilitación sostenible del parque público institucional con visión integral, no solo eficiencia energética, y para todo tipo de edificios de titularidad pública, incluidos los de la Administración Institucional.

Castilla y León estima recibir para este programa unos 24 millones y se financiará el 100 % de las actuaciones de eficiencia energética, y el 85 % en el caso de mejoras ambientales, de accesibilidad, habitabilidad, etc. aportando las comunidades autónomas el 15 % restante.

Iberdrola obtiene luz verde ambiental para el desarrollo de uno de sus proyectos fotovoltaicos de Castilla y León

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Iberdrola ha obtenido la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable para el desarrollo de uno de sus proyectos fotovoltaicos de Castilla y León, el de la planta Revilla Vallejera, con una potencia de 50 MW, ubicada en el término municipal burgalés del mismo nombre, Villamedianilla y Vallejera.

La instalación estará integrada por 144.720 módulos fotovoltaicos de 345 W cada uno de silicio monocristalino y estructura con seguidor a un eje y generará energía limpia suficiente para abastecer a una población equivalente a 28.000 hogares, además, evitará la emisión a la atmósfera de 20.000 toneladas de CO2 al año y representará una inversión de más de 30 millones de euros.

Su construcción contará con un importante componente local, tanto de proveedores industriales como por la involucración, en períodos punta de trabajo, de hasta 250 trabajadores, hasta su puesta en operación, prevista en 2022. Además de la adquisición y colocación de los casi 145.000 paneles previstos, se ejecutará una línea eléctrica subterránea para transportar la energía generada en la planta y se ampliará la subestación eléctrica transformadora de evacuación.

Con la nueva planta, Iberdrola reforzará su liderazgo renovable en Castilla y León, donde ya gestiona más de 5.100 MW -hidráulicos y eólicos-, convirtiendo a esta comunidad autónoma en la región con más megavatios ‘verdes’ instalados por la compañía.

Iberdrola construye en Herrera tres parques eólicos -integrados por uno de los aerogeneradores más potentes que se instalan en España- y promueve, también en Burgos, el complejo eólico Buniel, en colaboración con Caja Rural de Soria, y el parque Valdemoro, de 164 MW de potencia instalada, así como el de Villarino, en Salamanca, con 300 MW.

La apuesta fotovoltaica de la compañía en la región se completa con la tramitación de más de 1.000 MW, distribuidos además de en Burgos -Ballestas-, en Salamanca -Villarino-, Segovia -Otero – y Palencia -Velilla-.

Iberdrola promoverá en la comunidad en los próximos años más de 2.400 MW en proyectos renovables -eólicos y fotovoltaicos-, para los que destinará inversiones de unos 2.000 millones de euros. Este volumen de recursos dinamizará el tejido industrial y generará empleo para 24.000 personas, atendiendo a las estimaciones establecidas en el PNIEC.

El hueso de aceituna para biomasa no necesitará ser manejado por un gestor de residuos autorizado

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La Asociación Española de la Biomasa considera una muy buena noticia la aclaración emitida por la Subdirección General de Economía Circular en la que excluye el hueso de aceituna del ámbito de aplicación de la vigente Ley de residuos y suelos contaminados.

En una “nota interpretativa” de mayo de 2021, la Subdirección General de Economía Circular aclara que el hueso de aceituna obtenido mediante métodos mecánicos o físicos es un material biomásico procedente de la agroindustria, natural, no peligroso y que se utiliza para generar energía sin poner en peligro la salud humana ni el medio ambiente.

El hueso de aceituna no figuraba de manera explícita entre los materiales excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados, lo que ha generado durante años consultas por parte de particulares y administraciones públicas.

Gracias a esta aclaración, el hueso de aceituna obtenido por medios mecánicos no requiere ser manejado por un gestor de residuos autorizado, lo que facilita su uso en instalaciones de generación de energía tanto a escala industrial como doméstica. 

Pablo Rodero, responsable de la certificación de biocombustibles sólidos en AVEBIOM, considera que es una muy buena noticia, “ya que confirma las bondades del hueso de aceituna como biocombustible, un material de origen natural, muy abundante en España y cuya calidad se puede certificar gracias a BIOmasud®”.

Un grupo de trabajo creado en 2020 para clarificar esta cuestión acaba de concluir que el hueso de aceituna extraído por medios mecánicos con destino a generación de energía queda excluido, junto con las cáscaras de frutos secos, de la aplicación de esta Ley.

A finales de 2020, técnicos de AVEBIOM se reunieron con miembros del Grupo de Trabajo de Subproductos y Fin de Condición de Residuo creado por la Subdirección General de Economía Circular (Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico) para evaluar este tema. Pablo Rodero y Alicia Mira detallaron las características del mercado de hueso de aceituna y explicaron que, aparte del hueso proveniente de las almazaras, existe otro volumen que proviene de extractoras de aceite de orujo. En este caso, previo a la extracción del aceite, se separa el hueso -de similar calidad y tamaño algo menor- para su comercialización como biocombustible.

Castilla y León instala 21 MW de potencia fotovoltaica de autoconsumo en lo que va de 2021, el triple que en todo 2020

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El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, presidió el pasado 21 de mayo la segunda reunión de trabajo de la Mesa de Autoconsumo de energía solar fotovoltaica en la que participan la Junta de Castilla y León, la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) las distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica de la Comunidad, las asociaciones de instaladores, así como las agencias provinciales de energía.

Este tipo de instalaciones está incrementado de forma importante su demanda en Castilla y León. Así, en lo que va de año, se han instalado casi 21 MW de potencia fotovoltaica en autoconsumo en la Comunidad, lo que supone el triple de lo instalado en todo 2020.

Por ello, se considera esencial que este importante aumento se realice en las mejores condiciones de calidad y confianza para los usuarios y con las menores trabas administrativas posibles, impulsando además el aumento del tejido empresarial local y el empleo en los distintos territorios.

En el encuentro se avanzó en la labor desarrollada en los seis meses de andadura de la Mesa y se ha concretado la creación de dos nuevos grupos de trabajo en los que se apoyará para analizar los aspectos fiscales y las bonificaciones asociadas a las inversiones en este tipo de instalaciones, así como cuestiones vinculadas a la formación.

Así, se constituirán los grupos de Formación y Financiación con los cuales se quieren abordar el conocimiento técnico de los instaladores y establecer los criterios de dimensionado de las instalaciones, así como las posibilidades de financiación y bonificaciones y exenciones fiscales, respectivamente.

Asimismo, se establecerá un servicio de vigilancia de cambios o novedades normativas que impliquen la revisión de los documentos elaborados, se redactará un documento de preguntas frecuentes y se establecerá un calendario de jornadas y seminarios para difundir el autoconsumo según los distintos sectores de interés.

Con los trabajos realizados y los que se iniciarán en los próximos meses se espera conseguir que los potenciales demandantes de estas instalaciones cuenten con la información pertinente acerca del autoconsumo, con unos trámites administrativos asociados a las mismas más claros y ágiles, con unas administraciones más preparadas y unos instaladores más formados para lograr un desarrollo más acelerado y ordenado del sector en nuestra comunidad autónoma.

Desarrollo ordenado del sector
Estos nuevos grupos se sumarán a los ya puestos en marcha a principios de año en torno a normativa eléctrica, comunicación y municipios, cuyos trabajos se han centrado en ordenar, sistematizar y aclarar la tramitación administrativa de las instalaciones desde el punto de vista medio ambiental, urbanístico, eléctrico y de seguridad industrial, con el objeto de apoyar el tejido empresarial local y promover el autoconsumo.

Así, se han redactado las Guías de Tramitación Administrativa del Autoconsumo, de interpretación de los aspectos Urbanísticos y Medio Ambientales aplicables al autoconsumo, del Usuario de energía solar fotovoltaica: Autoconsumo individual en los Sectores Doméstico, Primario y Terciario, el Tríptico de ventajas del autoconsumo y sendos vídeos explicativos del funcionamiento de las instalaciones de autoconsumo con y sin excedentes.

Todo este material está a disposición del público y del sector en el portal institucional de energía y minería,  energia.jcyl.es , al que se han contabilizado más de 2.000 accesos y casi 1.600 descargas de archivos en apenas dos meses.

Integrantes
La Mesa de Autoconsumo es un organismo que está participado por el sector profesional. Así, además de representantes de la Consejería de Economía y Hacienda a través de la Dirección General de Energía y Minas, está presente la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente; la Dirección General de Industria de la Consejería de Empleo e Industria; y la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP). Asimismo, la mesa está compuesta por las distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica, entre las que se encuentran el Grupo Iberdrola, Unión Fenosa Distribución Grupo Naturgy, Edistribución Redes Digitales, y Viesgo Distribución Eléctrica; las asociaciones de distribuidoras CIDE y ARPYDECAL (Asociación Regional de Distribuidores de Energía Eléctrica de Castilla y León); la Asociación de Comercializadoras ACIE; las asociaciones de instaladores CYLSOLAR, UNEF, APPA Renovables, y ACOGEN; y, por último, están representadas las agencias de energía de la provincia de Ávila, APEA; de la provincia de Burgos, SODEBUR; de Valladolid, AEMVA; y la Federación de Profesionales Electricistas y de Telecomunicaciones de Castilla y León (PECALE).

Capital Energy invierte 293 millones en cuatro parques eólicos en Soria

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Tendrán una potencia conjunta de 305 MW, con un total de 55 aerogeneradores

La Junta de Castilla y León, a través del departamento de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Soria y Zaragoza, ha sometido a información pública las solicitudes de autorización de sus parques eólicos Corpal, San Cristóbal, Pedrecha y Cabezuelas. Enclavados en la provincia de Soria, contarán con una potencia instalada conjunta de casi 305 megavatios (MW) y su puesta en marcha implicará la inversión de alrededor de 293 millones de euros.

En total serán 55 aerogeneradores, que suministrarán más de 1.085.000 megavatios hora (MWh) de energía verde al año, equivalentes al consumo de más de 331.500 hogares de Castilla y León, y evitarán la emisión anual a la atmósfera de unos 8,32 millones de toneladas de CO2.

La construcción de estos cuatro parques y sus infraestructuras de evacuación de electricidad asociadas, que se ubican en 24 términos municipales de las provincias de Soria y Zaragoza, propiciará la creación de 1.000 puestos de trabajo durante los periodos punta. Además, en la fase de operación y mantenimiento, más de 60 profesionales de la zona tendrán empleo permanente.

Según la empresa, estas instalaciones tendrán un impacto económico anual en las arcas locales (Bices, IBI e IAE), así como a través de los contratos de arrendamiento, de casi 2 millones de euros. A dicha cantidad se suma el pago puntual del ICIO, que será de más de 8,8 millones de euros.

Capital Energy
Capital Energy se estrenó en enero en una subasta de renovables en España y fue la gran ganadora del cupo eólico, con 620 MW. A principios de abril decidió aplazar su salida a Bolsa después de que las reuniones preliminares con los inversores (pilot fishing) ofrecieran una tasación inferior al precio previsto, de alrededor de 2.000 millones de euros. En los últimos meses, ha logrado financiación por unos 300 millones, entre colocaciones de bonos, créditos para proyectos (project bonds) y préstamos con entidades financieras.

La Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) firma un protocolo con el Ministerio de Transición Ecológica para el desarrollo de un Convenio de Transición Justa en la comarca de Garoña

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La Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC), representada por su presidente, Juan Pedro Sánchez Yebra, ha suscrito un protocolo para el desarrollo del proceso participativo del diseño de un Convenio de Transición Ecológica de la zona de Garoña con el Ministerio de Transición Justa y Reto Demográfico, los Gobiernos de Castilla y León y del País Vasco y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El protocolo tiene como objeto establecer un marco general de colaboración e intercambio de información entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las comunidades autónomas de Castilla y León y País Vasco y la Federación Española de Municipios y Provincias, para poner en marcha el proceso participativo de diseño del Convenio de Transición Justa de Garoña, incluyendo la fijación de los objetivos estratégicos para la transición justa que garanticen el crecimiento económico sostenible, bienestar social y empleo de este territorio.

Este convenio permitirá identificar y adoptar medidas para minimizar los impactos negativos sobre la actividad económica, el empleo y la despoblación en el área de influencia de esta central nuclear, como fórmula para garantizar un tratamiento equitativo y solidario a los trabajadores y los territorios afectados.

A la firma del mismo, de forma telemática, han asistido, además de Juan Pedro Sánchez Yebra, presidente de AMAC; la secretaria de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Sara Aagesen; el  consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo; la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia Otaegi; y Carlos Daniel Casares, secretario general de la FEMP, en representación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Para el desarrollo del dicho protocolo, las partes firmantes, de forma coordinada, pondrán en común cuanta documentación e información dispongan para el diagnóstico concreto de las necesidades, dando el apoyo técnico para que se pueda desarrollar el proceso participativo de definición del contenido del Convenio de Transición Justa de Zorita.

El Convenio de Transición Justa de Garoña incluirá 27 municipios, de los cuales 24 pertenecen a la Comunidad de Castilla y León, en concreto a las comarcas de Las Merindades, Bureba y Ebro. Los tres municipios restantes están ubicados en el País Vasco. Del total de municipios, 14 pertenecen a AMAC.

“El Convenio nos ayudará a optimizar las numerosas oportunidades que la transición energética y ecológica puede significar para esta zona. Hoy, abrimos una importante vía de colaboración con todas las administraciones, para que entre todos consigamos los mejores resultados en este proceso para la gente y las empresas de estas zonas”, ha señalado la secretaria de Estado de Energía.

Participación pública
La participación pública es una de las claves en la elaboración de los Convenios. Se trata de un proceso transparente e inclusivo en el que multitud de actores (empresas, sindicatos, ayuntamientos, instituciones académicas o asociaciones sin ánimo de lucro, entre otros) tienen la oportunidad de aportar e identificar proyectos para plantear un nuevo tejido productivo en la zona.

Las nuevas actividades que se propongan incorporar a los Convenios de Transición Justa deben tener en cuenta, de manera prioritaria, estos aspectos: la energía renovable y la eficiencia energética, la movilidad sostenible, la rehabilitación de edificios, la economía circular, la adaptación al cambio climático, la agricultura ecológica o de secano, la ganadería extensiva o el turismo sostenible, entre otros, aunque se contemplarán otros nichos de empleo particularmente interesantes para las zonas afectadas.

Por último, con el fin de asegurar un adecuado seguimiento del objeto del protocolo y de velar por su cumplimiento y desarrollo, se constituirá una Comisión Mixta de Seguimiento que incluirá a todas las partes firmantes.

Este protocolo tendrá una duración de dos años, prorrogables por otros dos períodos de un año cada uno y es el paso previo a la aprobación del Convenio de Transición Justa de Garoña.

Convenios Transición Justa
Los Convenios de Transición Justa tienen como objetivo prioritario el mantenimiento y creación de actividad y empleo en el territorio a través del acompañamiento a sectores y colectivos en riesgo, la fijación de población en los territorios rurales o en zonas con instalaciones en cierre y la promoción de una diversificación y especialización coherente con el contexto socioeconómico.

Estos Convenios, que ya se han suscrito en algunas de las zonas dependientes de la industria del carbón y a finales del pasado año el primero en áreas nucleares en la zona de Zorita, implican trabajar en procesos bien diseñados, de modo que se ajusten a las necesidades específicas de los territorios sobre los que se pretende actuar, con amplia participación de todos los actores de la zona. Asimismo, deben aprovechar los recursos del territorio, apostando prioritariamente por aquellos sectores que también presenten mejores resultados de sostenibilidad, tanto ambiental como económica y social.

En este momento, son 12 los Convenios de Transición Justa en marcha y 6 los gobiernos autonómicos con los que se han firmado Protocolos de Actuación:


• Andalucía: Puente Nuevo-Valle del Guadiato (Córdoba); Carboneras (Almería); Los Barrios (Cádiz)

• Aragón: Andorra-Comarcas Mineras (Teruel).

• Principado de Asturias: Suroccidente, Valle del Nalón y Valle del Caudal.

• Castilla-La Mancha: Zorita

• Castilla y León: Bierzo-Laciana y Montaña Central Leonesa-La Robla (León) y Guardo-Velilla (Palencia)

• Castilla y León y País Vasco: Garoña (Burgos y Álava) • Galicia: Meirama

El proyecto de planta fotovoltaica de Benavides de Órbigo y Turcia (León) prevé crear 350 puestos de trabajo durante la construcción

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Benavides de Órbigo y Turcia (León) son los municipios que se beneficiarán de la planta fotovoltaica de 139,5 megavatios proyectada por Dirdam Luz, con una inversión total de unos 100 millones de euros. El proyecto, actualmente en tramitación, permitirá generar unos 350 puestos de trabajo para su construcción.

Con una extensión prevista de 355 hectáreas, el proyecto no afecta a ninguna figura de protección ambiental perteneciente a la Red Natura. La energía verde que está previsto producir en la planta será de casi 100 millones de kilowatio hora al año.

Sostenibilidad ambiental

Además de las medidas preventivas y correctoras incluidas en el estudio de impacto ambiental, se llevarán a cabo medidas complementarias y compensatorias, tales como reforestaciones de roble en el entorno del parque fotovoltaico, la creación de charcas artificiales para fomentar la presencia de anfibios, la colocación de cajas nido de murciélagos, o la construcción de muros de piedra para fomentar la presencia de reptiles.

Con el objetivo de dar a conocer a toda la población local la transición energética de la zona desde la época de la explotación del carbón a la época actual de la producción de energías renovables, se fomentará la creación de un centro de interpretación, en el que se ponga en valor la tradición minera y cómo se ha avanzado hacia un modelo de producción más sostenible.