Una inversión de 10 millones de euros permitirá a los regantes del Canal de Pisuerga, Soto de Cerrato y Canal de La Maya usar energías alternativas en los regadíos

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La Consejería de Agricultura y Ganadería ha firmado el pasado 25 de febrero con las tres comunidades de regantes la ejecución de las obras que permitirán una elevada reducción de los costes energéticos -355.000 euros anuales- y de las emisiones contaminantes -5.240 toneladas de dióxido de carbono al año- y que van a beneficiar a 3.690 regantes que trabajan 11.122 hectáreas.

Se trata de tres convenios de colaboración con las comunidades de regantes del Canal de Pisuerga, Soto de Cerrato y Canal de La Maya, lo que permitirá mejorar la modernización energética de sus regadíos introduciendo el uso de energías alternativas. El acuerdo, que cuenta con una inversión de 10 millones de euros -de los cuales la Junta de Castilla y León financia el 50 %-, incluye la realización de los estudios de viabilidad para analizar las diferentes soluciones energéticas y determinar la más viable, redactar los proyectos y ejecutar las obras necesarias para garantizar la introducción de este tipo de energías alternativas.

El objetivo que persiguen estos convenios es reducir la dependencia de los suministros energéticos tradicionales, reduciendo el coste de este gasto, que alcanza los 355.000 euros al año, lo que permitirá mejorar la competitividad de las explotaciones agrícolas de estas zonas.

Se trata, de este modo, de lograr un uso más eficiente de la energía en la agricultura, de introducir sistemas de producción sostenible, de disminuir las emisiones de carbono a la atmósfera y de impulsar las energías renovables como marca la política europea para reducir la huella de carbono. Todo ello redundará, además, en beneficio de los agricultores, puesto que, con este tipo de inversiones, el ahorro en compra de energía a la red puede oscilar entre el 20 % y el 50 %.

Canal del Pisuerga
El convenio que ha suscrito la Consejería de Agricultura y Ganadería con el presidente de la Comunidad de Regantes del Canal del Pisuerga (Burgos-Palencia), Luis Alberto Nebreda, compromete una inversión de 7,2 millones de euros que beneficiarán a 3.200 agricultores. Esta partida se destinará a la puesta en marcha de sistemas innovadores y sostenibles de suministro energético para el riego, lo que reducirá en 3.900 toneladas anuales la emisión de dióxido de carbono en esta zona de cerca de 8.000 hectáreas.

Esta acción permitirá el ahorro de entre un 25 % y un 30 % del coste energético anual, que en esta comunidad de regantes puede llegar a suponer unos 275.000 euros anuales.

San Isidro de Soto de Cerrato
La Consejería de Agricultura y Ganadería ha firmado, además, con el presidente de la Comunidad de Regantes de Soto de Cerrato (Palencia), Francisco Javier Núñez, un convenio destinado también a mejorar la modernización energética del regadío de esta zona mediante la implantación de energías alternativas.

Los 960.000 euros presupuestados para estas obras van a mejorar la competitividad de las explotaciones de 120 regantes que trabajan en una superficie de 841 hectáreas en las que se reducirá la emisión de dióxido de carbono en 520 toneladas cada año.

El ahorro estimado en esta zona puede ser de entre un 15 % y un 25 % del coste energético anual, lo que en esta comunidad de regantes puede suponer unos 13.000 euros al año.

Canal de La Maya
El tercero de los convenios ha sido con el presidente de la Comunidad de Regantes de La Maya (Salamanca), José Antonio Alonso, con una inversión de 1.800.000 euros en la realización de las obras de generación de energías alternativas en los regadíos modernizados de esta zona.

Las 2.271 hectáreas modernizadas pertenecen a 370 regantes que verán cómo se reduce la emisión de dióxido de carbono de sus instalaciones de riego en 820 toneladas anuales, ahorrando entre un 25 % y un 30 % del coste energético anual, lo que en este caso podría suponer un ahorro de unos 67.000 euros anuales.

Beneficios de la modernización del regadío
Entre los principales beneficios que conllevan la modernización del regadío de una zona está la optimización del uso del agua, permitiendo hacer frente con mayores garantías a las circunstancias de escasez de recursos disponibles. Se estiman ahorros medios en el uso de recursos de entre un 20 % y un 25 %.

Además, para mejorar la competitividad y rentabilidad de las explotaciones agrarias, los costes para el riego con presión se reducen en las zonas modernizadas un 35 % respecto a las zonas sin modernizar. La modernización contribuye activamente a la regeneración en el campo, ya que las incorporaciones de jóvenes en las zonas modernizadas son un 80 % superiores que las que se producen en las zonas sin modernizar. Esta apuesta por un sector modernizado se aprecia también en la inversión que llevan a cabo los propios agricultores, que es un 240 % mayor en las zonas modernizadas que en las no modernizadas.

El regadío modernizado permite diversificar las alternativas de cultivo, principalmente porque pueden realizarse otros cultivos más asociados a la transformación agroindustrial. Esta posibilidad de adaptación de las producciones a las necesidades del mercado permite mejorar y garantizar la competitividad de las explotaciones agrícolas.

Es fundamental la contribución del regadío a la mejora de las condiciones ambientales del medio rural, ya que, además del ahorro de agua, las infraestructuras de riego modernizadas permiten una reducción de la contaminación difusa que puede cifrarse, por ejemplo, en una reducción del abonado nitrogenado de entre un 25 % y un 30 %, que además de ser un ahorro de costes importante, reduce la carga contaminante que llega a las masas de agua. En esencia, el ahorro de agua, junto con el efecto sumidero de CO2 que suponen los cultivos de regadío, hace de las modernizaciones de regadío una herramienta eficaz para luchar contra el cambio climático.

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La Junta de Naturgy aprueba los resultados del 2018, un ejercicio de “relanzamiento” de la compañía

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El presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, presidió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, que ha tenido lugar en Madrid, en la que los accionistas aprobaron los resultados así como el informe de gestión de la compañía correspondiente al ejercicio 2018.

Asimismo, la Junta aprobó, con cargo de los resultados 2018, un dividendo total de 1.300 millones de euros en efectivo, tal y como recoge su actual Plan Estratégico. Esta cifra representa el pago en efectivo de 1,30 euros por acción (un 30% más que en 2017). De este importe, la compañía ya abonó 0,28 euros el pasado mes de julio y 0,45 euros en el mes de noviembre. Naturgy abonará, también efectivo, un dividendo complementario de 0,57 euros durante este mes de marzo.

“El 2018 fue un ejercicio de relanzamiento. Un año en el que Naturgy definió las bases de su transformación para convertirse en un referente internacional, en el que presentamos una hoja de ruta hasta 2022 y un plan de acción claro basado en nuestros cuatro pilares fundamentales para la creación de valor. También estrenamos nueva estructura accionarial, renovamos el Consejo de Administración e implementamos una nueva estructura directiva, hitos relevantes de este ejercicio en donde destaca nuestro compromiso plasmado en el Plan Estratégico 2018-2022”, remarcó Francisco Reynés ante los accionistas.

El presidente de la compañía explicó los principales hitos de actividad de Naturgy durante el ejercicio, entre los que remarcó la renovación del acuerdo de suministro de gas con Sonatrach y el laudo favorable del CIADI por Egipto, con homologación en Reino Unido. La compañía, en cualquier caso, mantiene su voluntad de alcanzar un acuerdo integral para restablecer el valor de la inversión.

Entre los hitos financieros, Reynés destacó la salud financiera del negocio, con un beneficio neto ordinario de 1.245 millones de euros (+57%) y un resultado bruto de explotación ordinario (Ebitda) de 4.413 millones (+12%) a cierre del ejercicio. No obstante la compañía energética registró, de forma extraordinaria, unas pérdidas contables a nivel consolidado de 2.822 millones de euros, debido a un ajuste derivado del ejercicio de valoración sobre los activos de generación eléctrica convencional en España y un ajuste en el valor de sus fondos de comercio principalmente.

Ante los accionistas el presidente aseguró que los datos de 2018 “muestran una evolución positiva de nuestra actividad ordinaria, aunque será en los próximos años cuando veremos una cristalización de mayor valor y una mejora de los resultados conforme vayamos avanzando en la ejecución de las líneas estratégicas”, señaló.

El Proyecto Clima apoyará la creación de redes de calor con biomasa en Valladolid, Salamanca, Zamora, Ávila y Palencia

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El ‘Proyecto Clima’ del Ministerio de Transición Ecológica ha seleccionado diez proyectos de construcción de redes de calor con biomasa (district heating) en entornos urbanos, promovidos por la compañía DH Eco Energías, cuyo principal valor medioambiental es la reducción de casi 360.000 toneladas de CO2 anuales, un volumen similar a lo que supondría eliminar la contaminación de unos 240.000 vehículos, el equivalente a todo el parque móvil de provincias como Burgos o Salamanca.

El respaldo del Ministerio de Transición Ecológica a los proyectos de DH Eco Energías se ha formalizado mediante la firma de los diez convenios por parte de la directora general de la Oficina Española de Cambio Climático, Valvarena Ulargui, y el CEO de la compañía, Teo López, en los que se establecen las condiciones de compraventa de las reducciones verificadas de emisiones que generen las redes de calor proyectadas, a través del Fondo de Carbono para una Economía Sostenible (FES-CO2).

Ciudades
Los diez proyectos de redes de calor, que prevén una inversión inicial de 204 millones de euros y la generación de 1.335 empleos durante la fase de construcción, comenzarán a desarrollarse en las ciudades de Ávila, Huesca, Oviedo, Palencia, Salamanca, Valladolid, Zamora y en las localidades madrileñas de Boadilla del Monte, Coslada y Leganés.

La puesta en marcha de estos diez proyectos permitirá el suministro de calor para la generación de calefacción y de agua caliente sanitaria a un total de 111.545 viviendas equivalentes, cuya demanda energética conjunta supera los 1.100 GWh anuales.

Ahorro
El uso de la biomasa como fuente de energía térmica renovable es una tendencia al alza en toda Europa, donde ya representa el 16% de la calefacción urbana, debido a las grandes ventajas que ofrece, tanto medioambientales como económicas, para el usuario.

Según ha afirmado Teo López, CEO de DH Eco Energías, una de las grandes ventajas que ofrece el uso de biomasa como fuente de calor para la calefacción y el agua caliente en el hogar o en edificios de uso colectivo (hoteles, colegios, polideportivos, centros de trabajo, etcétera) tiene con el ahorro medio que genera para el usuario, que oscila entre el 15% y el 30% del coste del gasóleo o el gas. Y a ello se unen otras, como la alta eficiencia de estas instalaciones, casi cuatro veces mayor que las individuales, la mejora de la calificación energética del inmueble, así como la eliminación de chimeneas y de las tareas de mantenimiento de equipos, ya que estos se ubican en un centro de gestión, generalmente al cargo de una compañía especializada.

Las redes de calor con biomasa se han incrementado exponencialmente durante los últimos diez años en España, aunque con cierto retraso en relación con el desarrollo experimentado en toda Europa.

En la actualidad operan en nuestro país 375 redes de calor con biomasa, 340 más que en 2010, situadas en más de 300 municipios de toda España. Además, otras 70 instalaciones se encuentran en fase de ejecución, a las que próximamente se sumarán las proyectadas por DH Eco Energías.

Por comunidades autónomas, Cataluña es la que cuenta con más redes de calor operativas (166), seguida de Castilla y León (62), País Vasco (34), Galicia (22) y la Comunidad de Madrid (16).

La Alianza por el Autoconsumo critica que la propuesta del Ministerio deje fuera a las instalaciones conectadas a la red de media tensión

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La Alianza por el Autoconsumo, formada por más de 40 organizaciones sociales, ambientales, empresariales y sindicales, ha presentado al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) sus alegaciones a la “Propuesta de Real Decreto por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo”.

Estas entidades reconocen que la propuesta de Real Decreto presentada por el Ministerio para la Transición Ecológica es un paso adelante para lograr un marco regulatorio óptimo y estable para el autoconsumo con energías renovables. Sin embargo, han identificado una serie de mejoras, entre ellas, las que se refieren a  su modalidad compartida y de proximidad, fundamentales para que el autoconsumo se desarrolle a gran escala y se convierta en una herramienta válida para la democratización de la energía, la protección de las personas vulnerables, la competitividad y la lucha frente al cambio climático.

Las alegaciones insisten en eliminar los obstáculos y barreras burocráticas que se han detectado en el borrador de Real Decreto sometido a exposición pública. Entre ellas, se alega que resulta fundamental simplificar la tramitación con la compañía distribuidora de electricidad en las instalaciones con excedentes.

En el texto presentado al MITECO, la Alianza por el Autoconsumo ha identificado dos condiciones que se consideran excesivamente restrictivas y que impedirían una implantación amplia y socialmente justa del autoconsumo. Por un lado, limitar a un máximo de 500 metros la distancia entre las instalaciones de producción a los puntos de consumo asociados; y por otro, restringir el autoconsumo a instalaciones en la red de baja tensión, dejando fuera un número importante de edificios conectados a la red de media tensión.

Estas dos restricciones, además de arbitrarias y de difícil comprobación práctica, impiden o restringen de hecho dos aplicaciones muy relevantes: 1) el autoconsumo colectivo en polígonos empresariales e industriales, pues bien pudiera suceder que hubiera naves ubicadas a más de 500 metros de la nave donde se sitúa la instalación de producción; y 2) el autoconsumo en edificios públicos cercanos. Éste último es especialmente importante en la lucha contra la pobreza energética, pues permitiría que los ayuntamientos utilizaran las propias cubiertas municipales para compensar la energía consumida por las personas en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, la Alianza reclama una definición de la “compensación simplificada” que garantice sin lugar a dudas que los particulares y pequeños negocios puedan compensar sus excedentes de energía en su factura de la luz sin que se considere una actividad económica sujeta a obligaciones fiscales.

Respecto a los criterios de reparto del autoconsumo compartido, la Alianza pide que se modifique el texto para permitir una verdadera compartición de energía y no solo de instalaciones, como se propone. Insiste en la necesidad de repartir la energía mediante coeficientes variables, hora a hora, para asegurar el objetivo de que se maximice el autoconsumo compartido, y evitar así una gran demanda en la red mientras haya pocos excedentes.

Por otra parte, surge la necesidad de regular la integración de los participantes de autoconsumo compartido, en una comunidad energética, de forma que los agentes implicados en la gestión, especialmente la distribuidora, cuenten con una figura de referencia para la interlocución.

Por último, la Alianza por el Autoconsumo considera que en el borrador del Real Decreto no queda suficientemente claro cómo será el proceso completo de tramitación de las instalaciones, que deberá estar perfectamente alineado con lo que se apruebe en el Real Decreto de Acceso y Conexión.

Iberdrola quiere desarrollar al menos 10.000 nuevos megawatios solares y eólicos para 2030

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Según la actualización de las Perspectivas Estratégicas 2018-2022 presentadas por Ibedrola en Londres, la compañía prevé desarrollar en España al menos 10.000 nuevos megavatios (MW) solares y eólicos para 2030, lo que supone casi triplicar su potencia actual en el país con estas dos tecnologías. Para 2022, además, Iberdrola ya habrá puesto en marcha 3.000 nuevos MW renovables en el país, un 52% más que su capacidad eólica y solar actual. A día de hoy, la compañía ya cuenta con más de 700 MW en construcción, 2.500 MW en desarrollo y una cartera superior a los 7.000 MW.

Para ello, la cifra total de inversiones en España alcanzará en el periodo los 8.000 millones de euros, un 40% superiores a las previstas inicialmente en el plan. En concreto, los nuevos desarrollos renovables supondrán duplicar las inversiones de la compañía en este negocio en España, hasta alcanzar los 4.200 millones de euros en los años de ejecución de las Perspectivas.

El presidente del grupo, Ignacio Galán, ha explicado que “con este plan, aceleramos las inversiones en España y damos un fuerte impulso a la transición hacia una economía baja en carbono”. Para ello, será necesario consolidar un marco normativo a largo plazo, que aporte certidumbre y estabilidad a las inversiones.

A nivel global, la compañía invertirá 34.000 millones de euros en el periodo comprendido entre 2018 y 2022, con lo que incrementa en 2.000 millones de euros el esfuerzo inversor contemplado inicialmente en sus Perspectivas Estratégicas para este periodo, que ascendía a 32.000 millones de euros. La compañía ha realizado esta revisión al alza gracias al avance en el cumplimiento de sus objetivos y a las nuevas oportunidades surgidas en los diferentes países donde desarrolla su actividad.

En concreto, de los 34.000 millones de euros de inversión, un 86% se destinará a actividades reguladas o con contratos a largo plazo, de acuerdo a la estrategia de la compañía de centrarse en negocios con retornos estables y predecibles. Así, un 47% del importe global -16.000 millones de euros- será invertido en Redes y un 39%
-13.300 millones de euros- en Renovables. El negocio de Generación y Clientes recibirá un 11% del total -3.800 millones de euros-. Como consecuencia de ello, Iberdrola habrá incrementado su capacidad instalada casi un 40% durante la ejecución de sus Perspectivas Estratégicas.

La compañía ya está avanzando actualmente en el desarrollo y construcción de 10.113 nuevos MW, de los que un 65,3% -6.606 MW- corresponde a proyectos renovables.

Organizaciones agrarias solicitan mayores ayudas para la incorporación nuevas fuentes de energía para el riego

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La organización agraria UPA ha pedido a la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León que conceda el máximo porcentaje de ayuda, el 40 por ciento, en lugar del 20 por ciento actual, para las inversiones de modernización de nuevas fuentes de energía para riego.

La organización agraria ha esgrimido razones medioambientales, económicas y sociales a la hora de plantear una reivindicación que consideran “justa”, por tratarse además de una inversión que busca “cambiar sustancialmente el sistema de regadío, ajustando el consumo de agua a las necesidades reales y por lo tanto avanzando en un sustancial ahorro energético para los agricultores”.

UPA ha apelado al “sentido común de la Consejería de Agricultura y Ganadería para que tenga a bien incrementar ese porcentaje de ayuda, puesto que estamos hablando de fomentar el empleo de energías renovables en la agricultura de regadío, de reducir las emisiones de efecto invernadero y por lo tanto de poner medidas para atenuar el cambio climático”.

Fomentar el uso de nuevas fuentes de energía para el riego debería, según UPA, ser un referente para el Gobierno autonómico y si en realidad están analizando posibles alternativas al riego tradicional que abarate los costes de producción, como han hecho público en varias ocasiones, consideran que es una gran ocasión para apoyar esta iniciativa que plantea UPA y que supondría la potenciación de los nuevos regadíos, la modernización de explotaciones e incluso la incorporación de jóvenes.

Castilla y León sumará 860 megavatios de energía eólica con una inversión de 789 millones

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Castilla y León sumará 862 megavatios (MW) de energía eólica a corto plazo con la puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones en Burgos, León, Palencia, Salamanca, Soria y Valladolid, que movilizarán una inversión de 789 millones de euros y generarán durante la fase de las obras unos 2.471 empleos.

Estas actuaciones incluyen nueve parques eólicos que abrirá este año Naturgy, antes Gas Natural Fenosa, en Valladolid, Burgos y Zamora, con una inversión de 306 millones de euros, cuyas obras generarán unos 1.000 empleos. De esta forma la Comunidad será la que reciba el mayor número de proyectos concedidos a la empresa en la última subasta eólica del Gobierno.

En conjunto, la nueva capacidad eólica —862 megavatios de los 1.386 adjudicados— generará unas rentas anuales de 2,3 millones de euros en arrendamientos de terrenos y más de 20 millones en ingresos para las corporaciones locales en concepto de ICIO, así como más de 3,5 millones de euros anuales en concepto de tasas e impuestos.

Asimismo, por convenios e impuestos medioambientales de la Administración autonómica, la Comunidad recibirá ingresos en el entorno de tres millones de euros de media anual durante los primeros 20 años. Además, a medio y largo plazo, debido al número de avales presentados y vista la capacidad técnica de acceso a la red eléctrica, se estima que se podrían incorporar otros 2.100 megavatios eólicos y 4.300 fotovoltaicos.

Por provincias, Valladolid y Burgos recibirán el mayor número de proyectos. Así, en la primera incorporará 528 megavatios, con una inversión también de 528 millones, y la segunda 240 megavatios y 186 millones, con la creación de 1.471 y 681 empleos nuevos durante las obras, respectivamente. También se prevén 41 megavatios más en Soria, con 33 millones de inversión y 220 empleos y 39 en Palencia, con 30 millones y 60 empleos.

Además, los planes de las operadoras eléctricas contemplan nueve megavatios más en Salamanca, con una inversión de ocho millones y 23 empleos, y cinco en León, con un presupuesto de cuatro millones, y 16 empleos.

Actualmente, el 77 por ciento de la potencia instalada en Castilla y León es renovable, lo que supone casi 3,5 veces la potencia no renovable, frente al 48 por ciento nacional. Además, representa casi el 22 por ciento de la potencia renovable instalada de toda España. Además, la eólica supera ya a la hidráulica, pese a que se ha mantenido invariable entre 2011 y 2017, si bien ya ofrece una cobertura de la demanda superior al 81 por ciento.