La Junta pide al Ministerio mejorar con urgencia la orden relativa al carbón para que las empresas acometan las inversiones en las centrales

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no ve claro el Plan elaborado por el Ministerio de Industria para el carbón español de cara al periodo 2015-2018. La CNMC rechaza su presentación como incentivo medioambiental y recomienda al Ministerio su tramitación ante Bruselas para su autorización al creer que puede considerarse como “ayuda de Estado”. El informe de la Comisión Nacional enfría las expectativas de las empresas mineras y de los trabajadores de cara a los próximos años.

La Junta de Castilla y León sigue defendiendo que el plan se ajusta a la legalidad vigente. Según asegura a www.energiacastillayleon.com el director general de Energía y Minas de la Junta, Ricardo González Mantero, “respecto al céntimo verde, consideramos que el incentivo fiscal propuesto es la mejor solución para mejorar la competitividad de las producciones de carbón de León y Palencia, y que se han aportado en abundancia argumentos jurídicos para garantizar que esta actuación se ajusta a la legalidad vigente”.

Según la Junta, las empresas con centrales en propiedad que usan carbón en la comunidad habían previsto su paso al Plan Nacional Transitorio.

“Respecto a la Orden de pagos por capacidad -asegura el Director General de Energía y Minas de la Junta- antes de 1 de octubre, fecha tope marcada en el RD 815/2013, y a la vista de que el Minetur había comprometido publicar la Orden de pagos por capacidad, las tres empresas eléctricas con centrales térmicas en Castilla y León decidieron pasar los cinco grupos térmicos que siempre hemos previsto podrían adaptarse a la Directiva de Emisiones Industriales (DEI), a Plan Nacional Transitorio (PNT), lo que posibilita tomar posteriores decisiones de inversión. Estos 5 grupos son: Endesa: Compostilla 3, 4 y 5; Gas Natural Fenosa: La Robla 2 e Iberdrola: Guardo 2”.

La clave de todo el proceso se centra ahora en las inversiones que deben acometer las empresas para no tener que adelantar el cierre de las centrales.

Para Ricardo González Mantero, “pese a que la decisión es buena, en el sentido de que la otra opción era permanecer en la exención (de cumplir la DEI) por vida útil limitada (a 17.500 h de funcionamiento desde 1 de enero de 2016, y cierre a más tardar el 31 de diciembre de 2023), tiene sus consecuencias: si finalmente no se acometen inversiones (instalaciones de desnitrificación), la fecha de cierre se adelantará al 30 de junio de 2020, como máximo (puede ser antes, ya que hay una limitación de emisiones que obliga a parar cuando se alcance). Si las inversiones se acometieran, en cambio, se daría un horizonte de largo plazo de operación de estas centrales”.

Ahora el balón está en el tejado del Ministerio de Industria y su responsable José Manuel Soria. O del próximo ministro que haya tras las elecciones.

“Ese posible adelanto del cierre en 3,5 años es una cuestión responsabilidad absoluta del Minetur –asegura el Dirección General de Energía y Minas– que es el que ha dado las señales a las eléctricas para que pasaran las centrales a PNT. Por lo tanto, corresponde al Minetur mejorar el texto de la Orden con urgencia para notificarla a la Comisión y publicarla en el BOE, para lo que ya dispone de observaciones, remitidas en su momento como alegaciones al texto propuesto, y que no se llegaron a tener en cuenta”.

Ilustración: J.C.Florentino

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