La Asociación Empresarial Eólica asegura que los parques ya instalados siguen necesitando incentivos para su viabilidad económica

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Según las previsiones de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), que representa al 90% del sector eólico español, la instalación de los proyectos eólicos aprobados en la reciente subasta del Ministerio de Industria -2.979 Mw-  supondrán unas inversiones superiores a los 3.000 millones de euros, así como la creación de más de 30.000 empleos (directos e indirectos) en el periodo de instalación, ya que es una tecnología que cuenta con numerosos centros de trabajo en España. Entre ellos, varios en Castilla y León.

“El resultado de la subasta muestra que la eólica es en la actualidad la tecnología que puede lograr un mayor cumplimiento de los objetivos a 2020 a un menor coste para el sistema. Ahora sería necesaria una Planificación Energética para los próximos años que tenga en cuenta las necesidades energéticas y de descarbonización del país a largo plazo y garantice un mix equilibrado entre las diferentes tecnologías”, según la AEE.

Para la Asociación Empresarial Eólica, la eficacia real de la subasta se conocerá en diciembre de 2019, cuando todos los proyectos adjudicados estén funcionando y contribuyendo a cumplir los objetivos europeos a 2020. AEE confía en que así será y en que todos los actores implicados en el proceso –promotores, fabricantes, entidades financieras, administraciones públicas, autonómicas y municipales, etcétera– pondrán todo de su parte para ello.

Respecto a los precios ofrecidos por los distintos promotores ganadores en la subasta, desde la AEE asegura que hay que “tener en cuenta que el contexto en el que se celebra la subasta ha propiciado la agresividad de las ofertas: se trata de una convocatoria aislada, lo que ha obligado a las empresas con proyectos avanzados a acudir para no quedarse fuera del entorno regulado, condición importante para lograr financiación. Ahora bien, el resultado no garantiza la sostenibilidad de los proyectos en el largo plazo sin algún mecanismo que estabilice la volatilidad de los ingresos procedentes del mercado”.

Por otro lado, el hecho de que los parques adjudicados en la subasta vayan a instalarse sin incentivos no quiere decir que los que se construyeron en el pasado no los necesiten. Los 23.000 MW eólicos instalados en España desde los años noventa lo hicieron en un momento de menor madurez tecnológica y diferentes condiciones financieras y, por lo tanto, con mayores costes, por lo que deben respetarse los incentivos hasta el final de su vida útil regulatoria. “Esto pasa necesariamente por no modificar la rentabilidad razonable de los proyectos cada seis años durante su vida útil regulatoria, potestad que tiene el Gobierno a raíz de la Reforma Energética y que podría ejercer por primera vez en 2020”, se asegura desde la AEE.

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