La Junta declara la caducidad de la autorización a la planta de Biogás de Ibérico en Guijuelo
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha declarado la caducidad de la autorización ambiental a la planta de producción de biogás a partir de desechos animales ubicada en el término municipal de Guijuelo (Salamanca), cuyo titular es Biogás de Ibérico, S.L. La planta contaba con autorización desde diciembre de 2013, en una orden publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León de 22 de enero de 2014.
En el apartado resolutivo de dicha Orden, se indica que, con carácter previo al inicio de la actividad, el titular de la autorización deberá presentar una declaración responsable, disponiendo por tanto de un plazo de 5 años para iniciar la actividad, contados a partir de la fecha de recepción de su notificación.
El 6 de marzo de 2019 se recibe en el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, el informe emitido por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, tras realizar con fecha de 1 de marzo de 2019, una visita de inspección al emplazamiento objeto de la autorización ambiental, en la que se constata que el interesado no ha realizado las obras ni ha iniciado la actividad en el plazo de cinco años que marca dicha orden.
Consta en el expediente administrativo que la empresa Biogás de Ibérico, S.L. recibió con fecha 23 de enero de 2020 la notificación relativa al procedimiento de declaración de caducidad de la autorización ambiental referida en el apartado anterior, transcurriendo el plazo establecido sin que se haya recibido respuesta al efecto.
Dado que ha transcurrido un plazo ampliamente superior a cinco años desde que se concedió la autorización ambiental y, según el informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, ha quedado acreditado en el expediente que no se ha ejecutado el proyecto ni iniciado la actividad de la planta de producción de biogás a partir de desechos animales, se procede iniciar el procedimiento de declaración de caducidad.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación.
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