Agricultores y ganaderos piden gravámenes que penalicen la instalación en tierra fértil de parques de energía solar

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Castilla y León ha perdido en los últimos 30 años un millón de hectáreas agrícolas

La Unión de Ganaderos y Agricultores de León (UGAL), que está integrada en la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), reclama “una regulación estricta que impida la retirada de terreno fértil para la implantación de plantas de generación eléctrica e incluso el establecimiento de gravámenes que lo penalicen”. Los agricultores y ganaderos leoneses solicitan por otro lado, “tanto al Gobierno central como al regional”, una línea de ayudas para la instalación de infraestructuras y placas solares “en zonas baldías y terrenos poco aptos para los cultivos, que sirvan para responder a las necesidades de energía de las propias explotaciones agrícolas y de las naves ganaderas”.

UGAL alerta sobre “el afán de búsqueda de suelo por parte de la iniciativa privada que actualmente se extiende a prácticamente todas las comunidades: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia, Andalucía…etcétera”. Este nuevo boom de las renovables -advierten los agricultores- está desatando lo que denominan “una auténtica ofensiva en busca de todo tipo de suelo”.

Frente a ello, UGAL/UPA considera que el suelo productor de alimentos es “el patrimonio más importante de cualquier sociedad, y así es como se debe preservar, estando obligadas las diversas administraciones a establecer medidas legislativas en tal sentido”. Por ello, UGAL-UPA solicita, tanto al Gobierno central como a la Junta de Castilla y León, que adopten medidas de apoyo para las explotaciones familiares agrarias. “Apoyar la instalación de infraestructuras de energías alternativas es fundamental si con ello se genera riqueza, bienestar y futuro para los agricultores y ganaderos -apuntan desde UGAL-; todo lo demás, y por lo tanto el afán desmesurado de empresas promotoras por hacerse con todo tipo de terrenos, también los productivos y cultivables para este tipo de infraestructuras, es rechazado contundentemente por parte de la Unión de Ganaderos y Agricultores de León”, concluye su comunicado.

Según UGAL/UPA, Castilla y León ha perdido en los últimos 30 años un millón de hectáreas agrícolas, “por lo que deben blindarse los terrenos de cultivo frente a la ansiedad privada e incluso el afán de las propias administraciones locales en muchos casos por facilitar las instalaciones de energías renovables en todo tipo de terreno rural”.

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