Mercado Eléctrico
La Dirección General de Comercio y Consumo ha resuelto más de 1.000 reclamaciones en materia de energía en el primer semestre de 2023
La Junta Arbitral de Consumo de Castilla y León, entidad dependiente de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, forma parte del Sistema Arbitral de Consumo nacional y desarrolla sus competencias en todo el territorio de la Comunidad en el marco de los convenios vigentes firmados en 2021, tanto con la Administración del Estado, como con los ayuntamientos de todas las capitales de provincia excepto Palencia.
Esta Junta Arbitral, cuya actividad se inició en 1994 y que desde 2018 está acreditada ante la Unión Europea para la resolución de litigios en línea, en los que pueden intervenir empresas y/o consumidores de cualquier país integrante de la UE, viene experimentando desde 2020 –año de inicio de la pandemia– un alza sustancial de su actividad, si bien durante el año 2023 –a fecha de 31 de julio– el aumento respecto de años anteriores es del 43 %.
Este incremento está provocado por la presentación masiva de reclamaciones de consumidores castellanos y leoneses referidas, fundamentalmente, a las facturas de gas, pero también de luz –que representan el 59 % del total de reclamaciones admitidas hasta la fecha–, habiendo desplazado en importancia numérica a las tradicionales reclamaciones sobre telefonía, hasta ahora mayoritarias.
Estas cifras ponen de manifiesto el descontento de los consumidores con la evolución experimentada por el sector energético, que está afectando de forma singular a determinados colectivos de mayor vulnerabilidad. Es el caso, por ejemplo, de las personas mayores, que tienen mayores dificultades para la comprensión y adaptación a los cambios normativos que han afectado al sector de la energía en España, y a quienes se traslada los nuevos modelos de contratos y tipos de facturación por parte de las empresas suministradoras.
Sistema arbitral
Conviene recordar que el arbitraje de consumo se articula legalmente como un sistema alternativo a la justicia ordinaria para dirimir controversias entre consumidores y empresas, siempre que las partes lo acepten voluntariamente. Una de sus características diferenciales es que el hecho se considera juzgado una vez dictada la resolución, por lo que el conflicto no puede volver a plantearse ante ninguna otra instancia. De este modo, la decisión arbitral contenida en el laudo es vinculante tanto para la empresa como para el consumidor y, si una de las partes no la acata, la contraria puede exigir su cumplimiento ante un juzgado de Primera Instancia.
Este servicio ofrece dos ventajas frente a la vía judicial: su gratuidad y su agilidad, ya que el procedimiento no tiene ningún coste para las partes y el plazo medio de la emisión de los laudos es de dos meses desde la designación del órgano arbitral. En la actualidad, 3.157 empresas de la Comunidad están adheridas a la Junta Arbitral autonómica, que el pasado año 2022 resolvió 2.770 solicitudes.
Por ello, desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo se han adoptado medidas estructurales para impulsar el arbitraje de consumo como vía para la resolución de controversias entre consumidores y empresarios. Entre las medidas adoptadas, en 2022 se ha dotado a la Junta Arbitral de una estructura administrativa específica y singularizada dentro de la Dirección General de Comercio y Consumo.
Igualmente, se han articulado varios cambios para simplificar el procedimiento en beneficio de los consumidores. Así, se han incorporado al Portal de Consumo de la Junta de Castilla y León nuevos formularios que pueden cumplimentarse con las mayores facilidades para los consumidores, y se ha hecho más accesible el procedimiento arbitral mediante la utilización preferente de medios telemáticos y electrónicos de uso popular para las comunicaciones con los interesados. De hecho, a fecha 31 de julio de 2023, el acceso de los ciudadanos a la Junta Arbitral de Consumo de Castilla y León a través de la web directamente ya supone el 15 % del total de las reclamaciones de arbitraje admitidas a trámite.
Castilla y León es la región en la que se producen más megavatios de energía renovable (89 %)
También es en la que más ha crecido en los últimos 10 años (40 %)
Cerca del 42 % de la energía que se produce en España proviene de fuentes renovables, pero mientras en regiones como Castilla y León el 89 % de los megavatios proceden de fuentes limpias, en comunidades como Baleares apenas alcanzan el 7 %.
Según los datos que ofrece Red Eléctrica de España y que tiene en cuenta la producción de megavatios de enero a octubre de 2022, a Castilla y León la siguen Aragón (75,3 %), Castilla-La Mancha (62 %), Galicia (61,9 %) y La Rioja (49,6 %).
A la cola se sitúan Baleares (7,3 %), País Vasco (10,8 %), Cataluña (14,4 %), la Comunitat Valenciana (15,1 %), Asturias (18,5 %) y Canarias (21,5 %).
Según el director del Departamento de Ingenierías de la Universidad Europea de Madrid, Antonio Latorre, el factor más importante a la hora de producir energía limpia es la disponibilidad de los recursos, pero hay otros condicionantes.
«Si hay mucho viento, se puede generar mucha energía eólica, pero también depende de la disponibilidad y del precio del terreno, porque autonomías muy industrializadas tienen un precio del suelo caro, y eso hace que, aunque haya recursos, no se puedan explotar por los elevados costes que supone construir estas instalaciones», detalla Latorre.
Destaca que este es el caso de las ciudades autónomas y de Balares o Canarias, donde hay poco terreno y está muy industrializado.
Respecto a la disparidad que existe entre las comunidades, el ingeniero aclara que no depende de las políticas autonómicas, ya que todas las regiones aplican las medidas que dicta el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que, a su vez, sigue las directrices europeas.
En España, de media, se genera más electricidad no renovable (57,8 %) que verde (42,1 %), aunque si se compara con la que se producía en 2012, las energías limpias han aumentado un 27 %, ya que hace diez años el 30 % era renovable.
Las autonomías en las que más ha aumentado desde 2012 son Castilla y León (40 %), Aragón (32 %) y Extremadura (22 %).
En cambio, la producción de energías renovables ha disminuido en Navarra (-21 %), País Vasco (-2,1 %), la Comunidad Valenciana (-2 %) y Cataluña (-0,9 %).
Nace H2 Duero, la sociedad que impulsará la primera planta de producción de hidrógeno verde en Castilla y León
La planta de producción de hidrógeno verde se ubicará en el Parque Empresarial del Medio Ambiente en Garray (Soria) y podrá alcanzar una producción de hasta 300 toneladas anuales
Redexis, compañía integral de infraestructuras energéticas, y SOMACYL, sociedad pública de la Junta de Castilla y León especializada en proyectos de energías renovables y eficiencia energética, han constituido la sociedad H2 Duero para la operación de la primera planta de producción de hidrógeno verde de Castilla y León, que tendrá 2,5 MW de capacidad y que se ubicará en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) en Garray (Soria).
Redexis toma el 80% del capital de la sociedad, quedando el 20% restante en titularidad de SOMACYL. La producción de hidrógeno verde, que podrá alcanzar hasta 300 toneladas anuales, podrá aplicarse en usos industriales y de movilidad, así como ser evacuada a través de un hidrogenoducto.
A la constitución de la sociedad que tuvo lugar hoy han acudido Miguel Mayrata, director de Diversificación de Negocio de Redexis, y José Manuel Jiménez, Consejero Delegado de SOMACYL.
Junto con el proyecto se contempla que la planta de producción de hidrógeno verde de 2,5 MW pueda alimentarse directamente de la generación eléctrica verde y pueda contar con un sistema de almacenamiento de 150 m3.
El proyecto supondrá la primera planta de producción de hidrógeno verde de Redexis y la primera en construirse en Castilla y León, comunidad que avanza así en la descarbonización pudiendo evitar la emisión a la atmósfera de hasta 2.000 toneladas anuales de CO2.
La planta de producción, ubicada en una parcela de 3.000 m2, alberga también los tanques de almacenamiento de agua y las instalaciones auxiliares para control y monitorización, climatización, iluminación, seguridad, etc. dota del servicio de hidrógeno al Parque Empresarial del Medio Ambiente de Garray.
Se ha cerrado la compra del electrolizador que se colocará en la planta de producción y que constituirá la unidad principal del proceso, generando el hidrógeno por electrólisis del agua. Es una tecnología de membrana de intercambio de protones (PEM), donde se lleva a cabo en su interior la separación de las moléculas de agua en moléculas de hidrógeno y oxígeno mediante el aporte de corriente continua. Tendrá una producción de 42,93kg/h (477 Nm³/h) de hidrógeno.
Asimismo, la planta ha recibido recientemente la autorización ambiental por parte de la Consejería de Medioambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por lo que la Junta autoriza la producción de hidrógeno, con el objetivo de utilizarlo para consumo industrial, movilidad y otros. En esta autorización se integran las prescripciones para prevenir, reducir y vigilar la contaminación atmosférica y acústica, las condiciones relativas a la producción y gestión de residuos y las prescripciones de aplicación en materia de suelos contaminados y residuos, y aquellas relativas a la protección de los suelos y las aguas subterráneas.
Un avance en el Plan estratégico Energía26 hacia proyectos renovables
Redexis está firmemente comprometida con el avance y materialización inmediata de proyectos acordes con la transición energética. La compañía se enfoca en proyectos que conlleven un rol activo en la producción de gases renovables, en este caso hidrógeno verde, donde apuesta por objetivo de formar parte de más de 10 proyectos relevantes en 2026 como hemos anunciado en su plan estratégico Energía26.
Además, Redexis actualmente está construyendo un hidroducto en la isla de Mallorca, que será el primero de España en inyectar hidrógeno renovable en las actuales redes de gas. Se trata del proyecto “Green Hysland” en Mallorca, que ya está produciendo hidrógeno renovable a partir de energía solar en la planta de Lloseta, y que incluye un ecosistema de hidrógeno verde en la isla.
El hidrógeno renovable es la clave para lograr los objetivos de descarbonización acordes con la ruta fijada por la Comisión Europea y su cumplimiento en reducción de emisiones a 2030 y neutralidad de las mismas a 2050. Para lograrlo, las redes de distribución de gas son un activo clave y comienzan a jugar un papel esencial en el proceso de descarbonización. Las redes de distribución de Redexis permiten la inyección de hidrógeno verde
El hidrógeno verde es una energía limpia, que se produce a partir de agua y energías renovables y que consiste en la descomposición de las moléculas de agua (H2O), en oxígeno (O2) e hidrógeno (H2). Es por tanto 100% renovable, es almacenable, se puede comprimir, es transportable y puede usarse con fines comerciales, industriales o de movilidad.
Castilla y León será la primera Comunidad en tener un hidrogenoducto «a corto o medio plazo»
Castilla y León será la primera Comunidad Autónoma en España en contar con un hidrogenoducto a «corto o medio plazo», pero para ello necesita un «mallado adecuado» para llegar a los «principales puntos de consumo».
Así lo avanzaron tanto el consejero delegado y cofundador de DH2 Energy, Olivier Crambade, como el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Javier Fernández Carriedo, durante la jornada ‘Presente y futuro del hidrógeno verde como motor de desarrollo sostenible en Castilla y León’ que se celebró en Valladolid.
La Junta también apuesta por la innovación, que es donde se sitúa el hidrógeno verde, que, según Carriedo, tiene varias ventajas al permitir «determinados usos que otras energías no tienen en el ámbito industrial, en el del transporte pesado», además de propiciar un almacenamiento de la energía a través de tubos de conexión.
«El almacenamiento de la energía es uno de los grandes retos de nuestro tiempo y Castilla y León por su ubicación estratégica, por sus condiciones de consumo industrial, por sus circunstancias de innovación tecnológica, es uno de los lugares de España y yo diría incluso la Unión Europea con mayores posibilidades en el mundo del hidrógeno verde», continuó.
En este punto, reclamó un «adecuado mallado» para la comunidad autónoma de los hidrogenoductos, «que llegue a los principales lugares de consumo, no solamente las redes inicialmente previstas».
«Es muy importante que esta fuente de producción de energía y los correspondientes electrolizadores sean una fuente también de atracción de empresas, que haya empresas industriales que se ubiquen cerca de los lugares de su generación y Castilla y León tiene importantes posibilidades en este sentido», argumentó.
Burgos o proyectos como el de La Robla son ejemplos de este potencial, continuó Carriedo, que apoya el eje Tordesillas-Aro para vertebrar la Comunidad en esta conexión con el ramal norte-sur de hidrogenoductos previstos para «unir a todo el sector, consumidores, productores y los que financian estas empresas».
Olivier Crambade, explicó que su empresa está presente en España, Portugal, Francia, México y Uruguay, pero que es, precisamente, Castilla y León, un punto estratégico para su firma al concentrar la mitad de los proyectos que desarrolla en España.
De ahí que haya apostado por fijar una red troncal de transporte de esta energía verde para el desarrollo del uso del hidrógeno. De ahí que haya aventurado que Castilla y León será «la primera comunidad de España a tener hidrogenoducto funcionando a corto o medio plazo».
«A partir de ese eje troncal norte-sur se pueden hacer varios ramales para abastecer las industrias principales y eso es importante para dar efectivamente esta ventaja competitiva porque, más que regulación, lo importante es la decarbonización de la industria. Gracias a eso creo que Castilla y León puede tener esta ventaja competitiva antes de otras zonas de España y de Europa», detalló.
Energías renovables sí, pero con cariño
Texto: Alberto Álvarez Méndez
Business Development Manager
Arram Consultores
Hacerlo bien, buscando generar un impacto social y medioambiental positivo, no significa retrasar la transición a las renovables
Con lo presente que lo tenemos a día de hoy, casi parece mentira que las primeras conversaciones sobre la amenaza que representaba el cambio climático se remonten a finales de los años 70. Fue entonces, en la Conferencia Mundial sobre el Clima de Naciones Unidas, donde, por primera vez, se buscó establecer estrategias globales para estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera. Vinieron después el Convenio Marco sobre Cambio Climático (1992) y el Protocolo de Kioto (1997), con sus altos y sus bajos. Más de 40 años después, y con el Acuerdo de París de fondo, sin embargo, parece que por fin existe unanimidad acerca de la importancia de avanzar juntos hacia la neutralidad climática y, lo que es más importante, voluntad para impulsarla. Mirar hacia otro lado ya no es una opción. Pero ¿qué puede aportar el sector energético en este ámbito?
Hace ya tiempo que las energías renovables pasaron a ocupar un lugar significativo entre las herramientas identificadas para afrontar la crisis climática. En la última década, de hecho, su implantación ha experimentado un crecimiento exponencial, animada, también, por el aumento de los precios del petróleo.
El impulso de las renovables en España
En el contexto actual, marcado por una crisis energética mundial que empuja a reducir urgentemente la dependencia de los combustibles fósiles y en base al denominado “paquete de invierno” (“Energía limpia para todos los europeos”, COM (2016) 860 final), que la Comisión Europea presentó en 2016, España aprueba en marzo de 2021 el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), en el que se establece como principales objetivos; la descarbonización, el impulso de las energías renovables; la eficiencia energética; la seguridad energética; el mercado interior de la energía; y la promoción de la investigación, la innovación y la competitividad.
En cifras, para 2030, el Plan busca:
- un 23% de reducción de emisiones de GEI respecto a 1990.
- un 42% de renovables en el uso final de la energía, el doble que en 2020.
- un 39,5% de mejora de eficiencia energética; y
- un 74% de presencia de energías renovables en el sector eléctrico, en coherencia con una trayectoria hacia un sector eléctrico 100% renovable en 2050.
La buena noticia es que el Plan afronta actualmente su primera revisión al alza, pues ya se superan las expectativas marcadas: el parque de generación con fuentes de energía renovables en España a finales de 2022 ascendió a 70.452 MW, registrando el valor máximo histórico, y con él se ha producido el 42,2 % de la generación total según datos de Red Eléctrica Española (REE).
El desafío territorial
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) tiene como objetivo estratégico que el 100 % de la energía producida en España en 2050 provenga de fuentes renovables para lo que espera alcanzar el 74 % de energía eléctrica renovable en 2030 frente al 42,2 % obtenido en 2022.
Ahora bien, esa transición energética presenta importantes retos territoriales. Según la Agencia Internacional de la Energía, las ciudades consumen un 67 % de la energía y suponen un 70 % de las emisiones de dióxido de carbono, aun cuando únicamente suponen un 3 % del territorio mundial, lo que resulta en una gran desigual en la implementación de las instalaciones renovables en los territorios.
España, en particular, se caracteriza por ser de los países de la Unión Europea con la mayor desigualdad en lo que a la distribución de su población se refiere. Nos encontramos con territorios pequeños y rurales poco poblados y que padecen profundos procesos de despoblamiento. El 84 % de los municipios españoles tiene menos de 5.000 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Como resultado, son los municipios rurales los que albergan aproximadamente el 81 % y el 85,5 % de las plantas de producción solar y eólica.Sin embargo, las inversiones renovables ubicadas en zonas rurales no llegan a traducirse en un significativo impacto social positivo para las mismas, ya que el despliegue de renovables por sí sola no puede corregir las tendencias de despoblación que sufren algunas zonas de España desde hace décadas. Esto es: aun dejando un retorno local en forma de impuestos para las administraciones locales e ingresos por el alquiler de terrenos para los propietarios de las tierras, su reducida intensidad en empleo sigue siendo su principal punto débil.
Maximizar los beneficios para todos
Este desequilibrio generado, debe ser afrontado por los implicados desde un intenso diálogo, predisposición y por supuesto desde el Cariño, entendido desde sus definiciones de “Inclinación de amor o buen afecto que se siente hacia alguien o algo” y/o “Esmero o afición con que se hace una labor o se trata una cosa” según Real Academia Española (RAE).
Cariño para minimizar su impacto negativo y maximizar sus beneficios, priorizando un modelo energético no especulativo que desligue la producción de energía de las dinámicas de máxima rentabilidad, que incentive la economía local, generación de empleo directo e indirecto permanente, la disminución del consumo y la eficiencia de la producción, y por supuesto, buscando el menor impacto en la biodiversidad.
Desde ARRAM Consultores, asesoramos a nuestros clientes para lograr esta cohesión con el territorio, fomentando la comunicación transparente y fluida con entidades públicas y privadas, aportando estratégicas socioeconómicas, garantizando la conservación de la biodiversidad con medidas compensatorias adaptadas al territorio de implantación y animando la participación ciudadana a fin de hacer frente a las verdaderas necesidades locales.
Identificar los problemas que se pueden generar es imprescindible, así como la implantación de medidas en plena coordinación con estas comunidades locales y bajo una lógica de creación de valor compartido.
Un gran ejemplo de ello, lo encontramos en la certificación del Sello de Excelencia en Sostenibilidad desarrollado desde la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), cuyo objetivo es validar y consolidar su compromiso con las comunidades en la que se instalan, evaluando las medidas propuestas por los promotores, englobadas en 4 ejes principales:
- El Impacto socioeconómico, que busca la creación de valor compartido con la comunidad local en la que se ubicará el proyecto.
- Los criterios de gobernanza, implicando a la comunidad local en el desarrollo del proyecto y garantizando que atienda a las necesidades específicas del territorio.
- La Integración ambiental y protección de la biodiversidad, incorporando medidas de integración de la biodiversidad y renaturalización.
La Economía Circular, asegurando la gestión de residuos al final de su vida útil.
Tenemos la oportunidad de cambiar el presente produciendo energía de forma respetuosa con el entorno, para mejorar nuestro futuro y aportando, así, múltiples beneficios sociales, económicos y medioambientales. Por eso, debemos abogar por una gestión no precipitada y ordenada, necesaria para armonizar el desarrollo energético, vigorizando el compromiso para minimizar el impacto de la transición energética sobre algunos de nuestros valores más singulares, sensibles y amenazados de las áreas rurales.
Aunemos esfuerzos y busquemos el camino del cariño. Haciendo referencia al refrán popular, “Dos no se pelean si uno no quiere”.
La Junta de Castilla y León ahorra 44 millones de euros con el nuevo contrato de electricidad adjudicado por 103,5 millones de euros hasta 2026
La Consejería de Economía y Hacienda ha adjudicado a Iberdrola el acuerdo marco para el suministro de electricidad para todos los centros de consumo de la Administración autonómica
La Junta de Castilla y León ahorrará 44 millones de euros con el nuevo acuerdo marco de suministro eléctrico, adjudicado por la Consejería de Economía y Hacienda a Iberdrola, para todos los centros de consumo de la Administración autonómica, así de como otras entidades adheridas, que tendrá vigencia desde el 26 de abril de 2023 al 28 de febrero de 2026. El ahorro anual supone 17,5 millones de euros.
El importe de adjudicación para todo el periodo y para un consumo eléctrico previsto de 749 GWh y 2.140 puntos de suministro asciende a 103,45 millones de euros del término de energía, sin IVA, impuesto eléctrico ni recargo por el tope de gas.
El procedimiento de contratación elegido ha sido el de acuerdo marco con un único adjudicatario. Con esta fórmula se ha conseguido un precio más competitivo, así como cerrar todos los términos de los contratos de suministro que se suscriban en su ejecución. Asimismo, se evitan segundas licitaciones y se logra una mayor agilidad para los centros de gasto, una mayor certidumbre para el suministrador y para la propia Administración, impidiendo que se traslade a los contratos la inseguridad y la volatilidad de los mercados energéticos.
Todos los contratos derivados de este acuerdo marco compartirán un mismo precio por kWh y tipo de tarifa, así como una misma fecha de conclusión (28 de febrero de 2026), lo que ha dado a las empresas licitadoras una seguridad que se ha traducido en una mejor oferta e, igualmente, una estabilidad para la Administración en su gasto energético de los próximos años, facilitando una adecuada planificación presupuestaria.
Además, se ha innovado en el proceso de contratación administrativa y en la automatización de todo el proceso de tramitación del contrato basado en el acuerdo marco, lo que unido a la inexistencia de una segunda licitación, supone una reducción de los costes de transacción que también ha contribuido a la consecución de unos precios ventajosos.
Esta actuación, promovida por el Servicio de Racionalización de la Contratación –dependiente de la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda– y por el Ente Regional de la Energía (EREN) –que además será el interlocutor técnico con la comercializadora adjudicataria–, se enmarca dentro de las medidas previstas en el Acuerdo 177/2022, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas de ahorro y eficiencia energética en la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León.
Nace H2CYL, la Asociación Castellano y Leonesa del Hidrógeno
La Asociación cuenta con más de 20 asociados y planes concretos para el desarrollo del Sector en la Región
El pasado 16 de marzo se presentó en Burgos, la Asociación Castellano y Leonesa del Hidrógeno H2CYL, con una misión, fomentar la producción y consumo de hidrógeno renovable, aprovechando el potencial de la Región en energías renovables.
Así lo manifestaron sus socios fundadores en la convocatoria de prensa celebrada, donde intervinieron Rafael Barbero, Director General de Fundación Caja de Burgos, Andrés Hernando, Director General de Hiperbaric, Gines Clemente, Presidente de Aciturri y Javier Robador, Gerente de H2CYL.
La entidad se ha marcado como misión impulsar y promover el desarrollo de la cadena de valor del hidrógeno, como herramienta para el crecimiento tecnológico, económico y social de Castilla y León. En concreto, aspira a favorecer la transición energética mediante el impulso de estrategias que fomenten el uso de fuentes de energía renovable, la innovación y la competitividad empresarial, la creación de empleo y la descarbonización de sectores como la industria, la energía y la movilidad.
Entre sus líneas estratégicas, figuran aprovechar el potencial de energías renovables de Castilla y León; estimular el consumo de hidrógeno como motor de crecimiento del tejido industrial, económico y social, y potenciar la I + D + i. Bajo este plan, la asociación prevé la creación de 3.200 nuevos puestos de trabajo cualificados.
En su visión para el horizonte 2030, destaca:
-Instalación de 1 GW de electrólisis, lo que supone el 25% del objetivo para toda España.
-La construcción de 16 hidrogeneras, una por capital de provincia y ciudades de más de 30.000 personas, y 4 en los principales corredores de transporte europeos.
-La implantación de al menos 25 autobuses y entre 370- 550 vehículos industriales con pila de combustible alimentada por hidrógeno.
-El desarrollo regional de la industria de los fertilizantes sostenibles.
H2CYL nace con una veintena de asociados, entre los que se encuentran desarrolladores de proyectos y generadores de energía renovable, como Capital Energy, Grupo Ibereólica, Ansasol y RIC Energy; ingenierías e instaladores fotovoltaicos como Abasol, empresas constructoras como COLLOSA, entidades de conocimiento, como CTME, CARTIF y CIDAUT, la Universidad de Burgos; fabricantes de electrolizadores, como H2GREEM; operadores y distribuidores de gases renovables, como Redexis; productores y comercializadores de hidrógeno, como Lhyfe; empresas tecnológicas, como DGH Technological Solutions; y potenciales consumidores, como Benteler, Campofrío y Grupo Joanca.
Actualmente, Castilla y León acoge más de 25 proyectos de generación de hidrógeno, la mayoría de ellos en fase de desarrollo y tramitación, que implican una inversión cercana a los 9.000 millones de euros.
Como proyecto más avanzado, figura la planta de hidrógeno del Parque Empresarial del Medio Ambiente de Garray, en Soria, impulsado por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL) y ejecutado por Redexis, que verá la luz el primer semestre de 2024.
La Asociación, que busca defender los intereses de sus asociados y de Castilla y León, afirma que el despliegue del hidrógeno traerá consigo la creación de más de 3.200 puestos de trabajo cualificados.
Concursos de capacidad: concursos de paciencia
Texto:
Ángel Carlos Bernáldez Rodríguez
Director de la Unidad de Energía de Arram
Hablando por boca de nuestro típico cliente que se dedica al desarrollo de plantas de generación de energía eléctrica renovable, quiero hacer un análisis de cómo han transcurrido los acontecimientos en los últimos años al respecto de la capacidad disponible en la red eléctrica.
La capacidad de la red es hace ya tiempo el bien escaso. No son los terrenos, no es el músculo financiero, ni las barreras tecnológicas. Y como es habitual, un bien escaso atrae a quienes lo precisan con especial voracidad.
Este escenario fue el que provocó que en fechas previas a la planificación 2021-2026 (que se aprobó en 2022), se produjeran avalanchas de solicitudes de capacidad en redes existentes pero también en redes futuras: avales y seguros de caución depositados, solicitudes cursadas imposibles de atender, incluso proyectos sin un mínimo de viabilidad en cuanto al emplazamiento porque, como decía antes, ese no era un asunto primordial.
La reacción por parte del Ministerio para la Transición Ecológica fue legislar para intentar ordenar y gestionar la capacidad de acceso y conexión, ya que es necesario que los proyectos se conviertan en realidades y así cumplir con los objetivos del PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030). Aquí hago una relación cronológica de estas actuaciones:
Junio 2020: se publica el RDl 23/2020, donde el artículo 1, titulado «Criterios para ordenar el acceso y la conexión a las redes…», obliga al cumplimiento de ciertos hitos administrativos a los promotores: solicitud de AAP, admisión a trámite, obtención DIA favorable, de la AAP, AAC y AAE; so pena de pérdida del punto de conexión y ejecución de garantías.
Diciembre 2020: se publica el RD 1183/2020, de acceso y conexión.
El Capítulo V: Concursos de capacidad de acceso, marca las reglas por las que un nudo puede entrar a concurso, y cómo llevarlo a cabo. Si bien no es imperativo para el Ministerio bloquear los nudos que cumplan los criterios, la realidad ha sido que todos los nudos que cumplen están señalados como nudo a concurso.
En cuanto un nudo es señalado como de concurso, se inadmiten solicitudes y se suspenden los procedimientos iniciados en los mismos. Con esto, se termina con la solicitud indiscriminada de capacidad, y se abre un esperanzador concurso con criterios técnicos, ambientales y socioeconómicos.
Estos concursos «bloquean» en total casi 290 nudos, casi 100.000MW.
Decía el RD 1183/2020 que «la orden de convocatoria de un concurso tendrá lugar en un plazo máximo de 10 meses desde la fecha de la resolución de la Secretaría de Estado de Energía»; pero en posterior modificación del art. 20: …la orden de convocatoria de un concurso tendrá lugar en un plazo máximo de doce meses …., cuando la potencia reservada supere los 10 GW, se podrán celebrar varios concursos sin que el plazo transcurrido entre dichos concursos supere los seis meses.”
Desde entonces, lo único que tenemos es un borrador de bases de concurso de 17 nudos (uno por Comunidad Autónoma, lo cual no es un criterio técnico sino político). Este borrador ha recibido una gran cantidad de alegaciones por errores en su planteamiento: por ejemplo, desde ARRAM hemos advertido de que la puntuación no suma el 100%, que no está clara la puntuación de proyectos ligados a autoconsumo, que el criterio excluyente ambiental es tan restrictivo que hará inviables los proyectos; y me temo que estas y muchas más aportaciones han paralizado al Ministerio con la intención de reestudiar completamente las bases para evitar lo que sería un auténtico freno al sector. Me refiero a un concurso mal formulado que dé lugar a posteriores impugnación y, posiblemente, al bloqueo de la capacidad de acceso hasta que un juzgado decida si el proceso ha sido justo…es decir, años y años después.
La posición del promotor de plantas de generación ha ido evolucionando desde la “ilusión” por un método ordenado y claro para acceder a la capacidad, a una resignación de cuándo saldrá algún concurso y cuáles serán sus bases. Han pasado de ser proactivos y adelantar trámites, estudios ambientales, estudios socioeconómicos del territorio para estar preparados, a decir que cuando salgan las bases ya lo analizaremos. Los propietarios de terrenos no entienden las explicaciones que los promotores les dan, no entienden que esa planta que se va a ejecutar no pueda avanzar cuando escuchan en las noticias que necesitamos renovables para no depender del gas Ruso. Empiezan a perder la paciencia, se rompen acuerdos y lo que es peor, se percibe una sensación de que esto no es lo que me habían dicho.
El sector necesita una señal para reconducir esta situación. El Ministerio debería publicar urgentemente algunos concursos, que demuestre que esta es la finalidad de todo este proceso y que los promotores e inversores sepan que habrá un goteo de concursos a los que merece la pena acudir.
El MITECO abre a audiencia pública una línea de ayudas para la sustitución de combustibles fósiles por energías renovables en la industria
Esta nueva convocatoria de ayudas contará con un presupuesto de 50 millones de euros
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha sacado a información pública el proyecto de orden por el que se aprueban las bases reguladoras y el programa de incentivos para la concesión de ayudas a instalaciones de cogeneración y tratamiento de residuos que sustituyan combustibles fósiles (gas natural, fuelóleo y gasóleo) por renovables en la producción de electricidad y calor útil para sus procesos industriales.
La línea de incentivos, gestionada por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), organismo dependiente del MITECO, supone una importante oportunidad para la industria: le facilita una alternativa de suministro energético viable y asequible, que permite reducir costes y mejora la competitividad de las empresas.
Se trata de una medida alineada con el Plan Más Seguridad Energética (Plan +SE), destinado a reforzar la autonomía estratégica y energética española y europea, reduciendo la vulnerabilidad de la economía y del país a las importaciones de combustibles fósiles. Además, generará empleo, impulsará la actividad económica en el territorio y contribuirá a alcanzar la neutralidad climática en 2050.
Serán subvencionables aquellos proyectos de producción de energías renovables, de forma individual o con combinaciones de instalaciones. Así, son elegibles instalaciones de producción de energía eléctrica o de cogeneración a partir de biomasa, biogás, energía eólica, hidroeléctrica o solar fotovoltaica. En el caso de la producción de energía térmica, se incluyen instalaciones de biomasa, biogás, geotermia, hidrotermia, aerotermia o energía solar térmica.
El importe de las ayudas se encuentra en una horquilla que va desde los 50.000 hasta los 15 millones euros por proyecto. En cuanto a la intensidad de las subvenciones, podrá cubrir hasta el 65% del proyecto con un incremento según el tipo de empresa, 10% adicional si es pequeña, 5% en el caso de mediana empresa, y otro 5% adicional si se ubica en un municipio de Reto Demográfico.
Criterio de valoración
El proyecto de bases a información pública plantea los siguientes criterios de valoración para seleccionar los proyectos que podrán recibir la subvención:
-Criterio económico, buscando los proyectos más eficientes.
-Criterio régimen retributivo restante, buscando primar aquellas instalaciones con mayor tiempo restante a la cogeneración existente, para favorecer aquellos proyectos que vayan a suponer un mayor ahorro de emisiones, así como mayor ahorro económico para el conjunto de los consumidores.
-Criterio operacional, apoyando los proyectos que busquen optimizar el aprovechamiento de la energía generada, según el modo de utilización de la producción (almacenamiento, autoconsumo íntegro, producción térmica) y la sustitución de la planta existente con ahorro de energía primaria.
-Por último, en línea con los objetivos del PRTR, se tendrán en cuenta externalidades positivas, como el impacto beneficioso en zonas de Transición Justa y Reto Demográfico, en pymes y en el ámbito social, promoviendo el empleo y la actividad local y la equidad de género.
El Consejo de Medio Ambiente da luz verde a la línea de alta tensión que atraviesa los nuevos regadíos leoneses de Payuelos
El Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, en reunión convocada el pasado 11 de enero, ha aprobado la declaración de impacto ambiental del proyecto de infraestructura eléctrica de evacuación de alta tensión entre distintos parques eólicos de la provincia de Palencia y el denominado “nudo Luengos” en el municipio leonés de Santas Martas.
La organización agraria ASAJA ha venido manifestando su más rotunda oposición a que la Junta de Castilla y León autorice la construcción de una línea eléctrica de alta tensión para la evacuación de energía eólica producida en la provincia de Palencia, atravesando los nuevos regadíos de Payuelos hasta su destino en la localidad de Luengos, en el municipio de Santas Martas.
La línea de evacuación solicitada atravesará los nuevos regadíos de Payuelos en una longitud de 36 kilómetros, gravando con la servidumbre del vuelo todas las parcelas encontradas a su paso, y ocupando 115 de ellas para la colocación de otros tantos postes que soportan el tendido. Afecta a los municipios de Santas Martas, El Burgo Ranero, Santa María del Monte de Cea, Villamol, Calzada del Coto, y Sahagún.
ASAJA recuerda que los regadíos de Payuelos son una obra declarada de interés general de la nación y que se encuentran en estos momentos en la fase final de su ejecución transformando 40.000 hectáreas a regadío con el agua de Riaño. Esta infraestructura dificulta y encarece la instalación de los sistemas de riego, perjudica en el laboreo de las tierras, es un riesgo permanente de accidentes, devalúa la propiedad, e impide el cambio de uso excepcional de suelo rústico para la construcción de naves agroganaderas, al margen de un impacto visual que degrada el paisaje y con ello la calidad de vida en los pueblos.
ASAJA considera que el promotor tiene la alternativa de otros nudos de evacuación más próximos a la zona de producción, la alternativa de soterrar la línea de evacuación con lo que se minimizarían los perjuicios, pude buscar otro trazado que no afecte a la zona regable, y puede utilizar otras líneas de evacuación haciendo modificaciones para una mayor capacidad.
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