El hueso de aceituna para biomasa no necesitará ser manejado por un gestor de residuos autorizado
La Asociación Española de la Biomasa considera una muy buena noticia la aclaración emitida por la Subdirección General de Economía Circular en la que excluye el hueso de aceituna del ámbito de aplicación de la vigente Ley de residuos y suelos contaminados.
En una “nota interpretativa” de mayo de 2021, la Subdirección General de Economía Circular aclara que el hueso de aceituna obtenido mediante métodos mecánicos o físicos es un material biomásico procedente de la agroindustria, natural, no peligroso y que se utiliza para generar energía sin poner en peligro la salud humana ni el medio ambiente.
El hueso de aceituna no figuraba de manera explícita entre los materiales excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados, lo que ha generado durante años consultas por parte de particulares y administraciones públicas.
Gracias a esta aclaración, el hueso de aceituna obtenido por medios mecánicos no requiere ser manejado por un gestor de residuos autorizado, lo que facilita su uso en instalaciones de generación de energía tanto a escala industrial como doméstica.
Pablo Rodero, responsable de la certificación de biocombustibles sólidos en AVEBIOM, considera que es una muy buena noticia, “ya que confirma las bondades del hueso de aceituna como biocombustible, un material de origen natural, muy abundante en España y cuya calidad se puede certificar gracias a BIOmasud®”.
Un grupo de trabajo creado en 2020 para clarificar esta cuestión acaba de concluir que el hueso de aceituna extraído por medios mecánicos con destino a generación de energía queda excluido, junto con las cáscaras de frutos secos, de la aplicación de esta Ley.
A finales de 2020, técnicos de AVEBIOM se reunieron con miembros del Grupo de Trabajo de Subproductos y Fin de Condición de Residuo creado por la Subdirección General de Economía Circular (Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico) para evaluar este tema. Pablo Rodero y Alicia Mira detallaron las características del mercado de hueso de aceituna y explicaron que, aparte del hueso proveniente de las almazaras, existe otro volumen que proviene de extractoras de aceite de orujo. En este caso, previo a la extracción del aceite, se separa el hueso -de similar calidad y tamaño algo menor- para su comercialización como biocombustible.
Castilla y León instala 21 MW de potencia fotovoltaica de autoconsumo en lo que va de 2021, el triple que en todo 2020
El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, presidió el pasado 21 de mayo la segunda reunión de trabajo de la Mesa de Autoconsumo de energía solar fotovoltaica en la que participan la Junta de Castilla y León, la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) las distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica de la Comunidad, las asociaciones de instaladores, así como las agencias provinciales de energía.
Este tipo de instalaciones está incrementado de forma importante su demanda en Castilla y León. Así, en lo que va de año, se han instalado casi 21 MW de potencia fotovoltaica en autoconsumo en la Comunidad, lo que supone el triple de lo instalado en todo 2020.
Por ello, se considera esencial que este importante aumento se realice en las mejores condiciones de calidad y confianza para los usuarios y con las menores trabas administrativas posibles, impulsando además el aumento del tejido empresarial local y el empleo en los distintos territorios.
En el encuentro se avanzó en la labor desarrollada en los seis meses de andadura de la Mesa y se ha concretado la creación de dos nuevos grupos de trabajo en los que se apoyará para analizar los aspectos fiscales y las bonificaciones asociadas a las inversiones en este tipo de instalaciones, así como cuestiones vinculadas a la formación.
Así, se constituirán los grupos de Formación y Financiación con los cuales se quieren abordar el conocimiento técnico de los instaladores y establecer los criterios de dimensionado de las instalaciones, así como las posibilidades de financiación y bonificaciones y exenciones fiscales, respectivamente.
Asimismo, se establecerá un servicio de vigilancia de cambios o novedades normativas que impliquen la revisión de los documentos elaborados, se redactará un documento de preguntas frecuentes y se establecerá un calendario de jornadas y seminarios para difundir el autoconsumo según los distintos sectores de interés.
Con los trabajos realizados y los que se iniciarán en los próximos meses se espera conseguir que los potenciales demandantes de estas instalaciones cuenten con la información pertinente acerca del autoconsumo, con unos trámites administrativos asociados a las mismas más claros y ágiles, con unas administraciones más preparadas y unos instaladores más formados para lograr un desarrollo más acelerado y ordenado del sector en nuestra comunidad autónoma.
Desarrollo ordenado del sector
Estos nuevos grupos se sumarán a los ya puestos en marcha a principios de año en torno a normativa eléctrica, comunicación y municipios, cuyos trabajos se han centrado en ordenar, sistematizar y aclarar la tramitación administrativa de las instalaciones desde el punto de vista medio ambiental, urbanístico, eléctrico y de seguridad industrial, con el objeto de apoyar el tejido empresarial local y promover el autoconsumo.
Así, se han redactado las Guías de Tramitación Administrativa del Autoconsumo, de interpretación de los aspectos Urbanísticos y Medio Ambientales aplicables al autoconsumo, del Usuario de energía solar fotovoltaica: Autoconsumo individual en los Sectores Doméstico, Primario y Terciario, el Tríptico de ventajas del autoconsumo y sendos vídeos explicativos del funcionamiento de las instalaciones de autoconsumo con y sin excedentes.
Todo este material está a disposición del público y del sector en el portal institucional de energía y minería, energia.jcyl.es , al que se han contabilizado más de 2.000 accesos y casi 1.600 descargas de archivos en apenas dos meses.
Integrantes
La Mesa de Autoconsumo es un organismo que está participado por el sector profesional. Así, además de representantes de la Consejería de Economía y Hacienda a través de la Dirección General de Energía y Minas, está presente la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente; la Dirección General de Industria de la Consejería de Empleo e Industria; y la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP). Asimismo, la mesa está compuesta por las distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica, entre las que se encuentran el Grupo Iberdrola, Unión Fenosa Distribución Grupo Naturgy, Edistribución Redes Digitales, y Viesgo Distribución Eléctrica; las asociaciones de distribuidoras CIDE y ARPYDECAL (Asociación Regional de Distribuidores de Energía Eléctrica de Castilla y León); la Asociación de Comercializadoras ACIE; las asociaciones de instaladores CYLSOLAR, UNEF, APPA Renovables, y ACOGEN; y, por último, están representadas las agencias de energía de la provincia de Ávila, APEA; de la provincia de Burgos, SODEBUR; de Valladolid, AEMVA; y la Federación de Profesionales Electricistas y de Telecomunicaciones de Castilla y León (PECALE).
Capital Energy invierte 293 millones en cuatro parques eólicos en Soria
Tendrán una potencia conjunta de 305 MW, con un total de 55 aerogeneradores
La Junta de Castilla y León, a través del departamento de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Soria y Zaragoza, ha sometido a información pública las solicitudes de autorización de sus parques eólicos Corpal, San Cristóbal, Pedrecha y Cabezuelas. Enclavados en la provincia de Soria, contarán con una potencia instalada conjunta de casi 305 megavatios (MW) y su puesta en marcha implicará la inversión de alrededor de 293 millones de euros.
En total serán 55 aerogeneradores, que suministrarán más de 1.085.000 megavatios hora (MWh) de energía verde al año, equivalentes al consumo de más de 331.500 hogares de Castilla y León, y evitarán la emisión anual a la atmósfera de unos 8,32 millones de toneladas de CO2.
La construcción de estos cuatro parques y sus infraestructuras de evacuación de electricidad asociadas, que se ubican en 24 términos municipales de las provincias de Soria y Zaragoza, propiciará la creación de 1.000 puestos de trabajo durante los periodos punta. Además, en la fase de operación y mantenimiento, más de 60 profesionales de la zona tendrán empleo permanente.
Según la empresa, estas instalaciones tendrán un impacto económico anual en las arcas locales (Bices, IBI e IAE), así como a través de los contratos de arrendamiento, de casi 2 millones de euros. A dicha cantidad se suma el pago puntual del ICIO, que será de más de 8,8 millones de euros.
Capital Energy
Capital Energy se estrenó en enero en una subasta de renovables en España y fue la gran ganadora del cupo eólico, con 620 MW. A principios de abril decidió aplazar su salida a Bolsa después de que las reuniones preliminares con los inversores (pilot fishing) ofrecieran una tasación inferior al precio previsto, de alrededor de 2.000 millones de euros. En los últimos meses, ha logrado financiación por unos 300 millones, entre colocaciones de bonos, créditos para proyectos (project bonds) y préstamos con entidades financieras.
La Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) firma un protocolo con el Ministerio de Transición Ecológica para el desarrollo de un Convenio de Transición Justa en la comarca de Garoña
La Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC), representada por su presidente, Juan Pedro Sánchez Yebra, ha suscrito un protocolo para el desarrollo del proceso participativo del diseño de un Convenio de Transición Ecológica de la zona de Garoña con el Ministerio de Transición Justa y Reto Demográfico, los Gobiernos de Castilla y León y del País Vasco y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
El protocolo tiene como objeto establecer un marco general de colaboración e intercambio de información entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las comunidades autónomas de Castilla y León y País Vasco y la Federación Española de Municipios y Provincias, para poner en marcha el proceso participativo de diseño del Convenio de Transición Justa de Garoña, incluyendo la fijación de los objetivos estratégicos para la transición justa que garanticen el crecimiento económico sostenible, bienestar social y empleo de este territorio.
Este convenio permitirá identificar y adoptar medidas para minimizar los impactos negativos sobre la actividad económica, el empleo y la despoblación en el área de influencia de esta central nuclear, como fórmula para garantizar un tratamiento equitativo y solidario a los trabajadores y los territorios afectados.
A la firma del mismo, de forma telemática, han asistido, además de Juan Pedro Sánchez Yebra, presidente de AMAC; la secretaria de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Sara Aagesen; el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo; la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia Otaegi; y Carlos Daniel Casares, secretario general de la FEMP, en representación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Para el desarrollo del dicho protocolo, las partes firmantes, de forma coordinada, pondrán en común cuanta documentación e información dispongan para el diagnóstico concreto de las necesidades, dando el apoyo técnico para que se pueda desarrollar el proceso participativo de definición del contenido del Convenio de Transición Justa de Zorita.
El Convenio de Transición Justa de Garoña incluirá 27 municipios, de los cuales 24 pertenecen a la Comunidad de Castilla y León, en concreto a las comarcas de Las Merindades, Bureba y Ebro. Los tres municipios restantes están ubicados en el País Vasco. Del total de municipios, 14 pertenecen a AMAC.
“El Convenio nos ayudará a optimizar las numerosas oportunidades que la transición energética y ecológica puede significar para esta zona. Hoy, abrimos una importante vía de colaboración con todas las administraciones, para que entre todos consigamos los mejores resultados en este proceso para la gente y las empresas de estas zonas”, ha señalado la secretaria de Estado de Energía.
Participación pública
La participación pública es una de las claves en la elaboración de los Convenios. Se trata de un proceso transparente e inclusivo en el que multitud de actores (empresas, sindicatos, ayuntamientos, instituciones académicas o asociaciones sin ánimo de lucro, entre otros) tienen la oportunidad de aportar e identificar proyectos para plantear un nuevo tejido productivo en la zona.
Las nuevas actividades que se propongan incorporar a los Convenios de Transición Justa deben tener en cuenta, de manera prioritaria, estos aspectos: la energía renovable y la eficiencia energética, la movilidad sostenible, la rehabilitación de edificios, la economía circular, la adaptación al cambio climático, la agricultura ecológica o de secano, la ganadería extensiva o el turismo sostenible, entre otros, aunque se contemplarán otros nichos de empleo particularmente interesantes para las zonas afectadas.
Por último, con el fin de asegurar un adecuado seguimiento del objeto del protocolo y de velar por su cumplimiento y desarrollo, se constituirá una Comisión Mixta de Seguimiento que incluirá a todas las partes firmantes.
Este protocolo tendrá una duración de dos años, prorrogables por otros dos períodos de un año cada uno y es el paso previo a la aprobación del Convenio de Transición Justa de Garoña.
Convenios Transición Justa
Los Convenios de Transición Justa tienen como objetivo prioritario el mantenimiento y creación de actividad y empleo en el territorio a través del acompañamiento a sectores y colectivos en riesgo, la fijación de población en los territorios rurales o en zonas con instalaciones en cierre y la promoción de una diversificación y especialización coherente con el contexto socioeconómico.
Estos Convenios, que ya se han suscrito en algunas de las zonas dependientes de la industria del carbón y a finales del pasado año el primero en áreas nucleares en la zona de Zorita, implican trabajar en procesos bien diseñados, de modo que se ajusten a las necesidades específicas de los territorios sobre los que se pretende actuar, con amplia participación de todos los actores de la zona. Asimismo, deben aprovechar los recursos del territorio, apostando prioritariamente por aquellos sectores que también presenten mejores resultados de sostenibilidad, tanto ambiental como económica y social.
En este momento, son 12 los Convenios de Transición Justa en marcha y 6 los gobiernos autonómicos con los que se han firmado Protocolos de Actuación:
• Andalucía: Puente Nuevo-Valle del Guadiato (Córdoba); Carboneras (Almería); Los Barrios (Cádiz)
• Aragón: Andorra-Comarcas Mineras (Teruel).
• Principado de Asturias: Suroccidente, Valle del Nalón y Valle del Caudal.
• Castilla-La Mancha: Zorita
• Castilla y León: Bierzo-Laciana y Montaña Central Leonesa-La Robla (León) y Guardo-Velilla (Palencia)
• Castilla y León y País Vasco: Garoña (Burgos y Álava) • Galicia: Meirama
El proyecto de planta fotovoltaica de Benavides de Órbigo y Turcia (León) prevé crear 350 puestos de trabajo durante la construcción
Benavides de Órbigo y Turcia (León) son los municipios que se beneficiarán de la planta fotovoltaica de 139,5 megavatios proyectada por Dirdam Luz, con una inversión total de unos 100 millones de euros. El proyecto, actualmente en tramitación, permitirá generar unos 350 puestos de trabajo para su construcción.
Con una extensión prevista de 355 hectáreas, el proyecto no afecta a ninguna figura de protección ambiental perteneciente a la Red Natura. La energía verde que está previsto producir en la planta será de casi 100 millones de kilowatio hora al año.
Sostenibilidad ambiental
Además de las medidas preventivas y correctoras incluidas en el estudio de impacto ambiental, se llevarán a cabo medidas complementarias y compensatorias, tales como reforestaciones de roble en el entorno del parque fotovoltaico, la creación de charcas artificiales para fomentar la presencia de anfibios, la colocación de cajas nido de murciélagos, o la construcción de muros de piedra para fomentar la presencia de reptiles.
Con el objetivo de dar a conocer a toda la población local la transición energética de la zona desde la época de la explotación del carbón a la época actual de la producción de energías renovables, se fomentará la creación de un centro de interpretación, en el que se ponga en valor la tradición minera y cómo se ha avanzado hacia un modelo de producción más sostenible.
La Junta pone a disposición de los ciudadanos a través de su web un mapa de puntos de recarga de vehículo eléctrico en Castilla y León
La Consejería de Empleo e Industria, a través de la Dirección General de Industria, ha elaborado y publicado en su página web un mapa de los puntos de recarga de vehículo eléctrico de uso público existentes en la Comunidad de Castilla y León. Esta herramienta que recoge un total de 87 puntos de recarga ofrece al usuario información detallada sobre cada uno de los puntos, indicando la dirección en la que se ubica, la localización mediante GPS, el tipo de recarga que realiza, el modelo de conector y el operador al que pertenece.
La Junta de Castilla y León ha elaborado y publicado a través de su página web un mapa informativo, que recoge todos aquellos puntos de recarga de vehículo eléctrico de acceso público que han solicitado inscribirse en el listado de puntos de recarga gestionado por la Consejería de Empleo e Industria, a través de la Dirección General de Industria. Con esta publicación la Junta de Castilla y León pretende dar un servicio cada vez más demandado a todos los ciudadanos de la Comunidad y a los más de dos millones de visitantes que cada año acuden a Castilla y León.
El mapa, abierto a la incorporación de nuevos puntos, recoge aquellas instalaciones de acceso público, entiendo como tales los puntos de recarga ubicados en vía pública, en estaciones de servicio, en aparcamientos públicos y otros espacios de acceso público. Para su elaboración de esta herramienta se ha contado con la colaboración de ayuntamientos, diputaciones provinciales y empresas operadoras que han facilitado la información necesaria.
El mapa que recoge un total de 87 puntos de recarga ofrece al usuario información detallada sobre cada uno de los puntos, indicando la dirección en la que se ubica, la localización mediante GPS, el tipo de recarga que realiza, el modelo de conector y el operador al que pertenece.
El número total de instalaciones de recarga de vehículo eléctrico de acceso público inscritas en el listado de nuestra comunidad autónoma, a fecha 12 de abril de 2021, es de 87, con la siguiente distribución provincial según indica el siguiente enlace:
Ecologistas en Acción asegura que los grandes proyectos de energías renovables amenazan la transición ecológica
Ecologistas en Acción ha emitido un comunicado en el que aseguran que existe una distancia enorme entre los objetivos contemplados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2020-2030 (PNIEC), que prevé para el año 2030 una potencia instalada de 50 GW energía eólica y 39 GW solar fotovoltaica, y los proyectos en tramitación de los permisos de acceso en Red Eléctrica de España, donde a 31 de diciembre de 2020 hay 130,4 GW de potencia eólica y fotovoltaica con los derechos de acceso y conexión a la red concedidos, más otros 45,3 GW en tramitación. Un total de 175,7 GW. Un volumen de potencia de eólica y solar excede claramente lo recogido en el PNIEC. De hecho, la propuesta de planificación de la red eléctrica 2021-2026 mantiene que “las expectativas de los promotores de nueva generación, que se reflejan en el volumen de solicitudes de acceso […] superan en más de tres veces la nueva potencia a instalar a 2026 en el caso de la eólica y en más de trece veces en el caso de la fotovoltaica”.
Según Ecologistas en Acción, la falta de planificación rigurosa y vinculante, y de instrumentos de selección de emplazamientos adecuados, está generando la ocupación y la fragmentación de numerosos hábitats y la desaparición de especies cuando las ubicaciones de los proyectos renovables son incompatibles o sus dimensiones excesivas. La organización critica la ausencia de una gobernanza adecuada por parte de las administraciones, son las empresas promotoras las que están haciendo esa selección de emplazamientos, no solo por la disponibilidad del recurso eólico o solar, sino también en base al menor coste del suelo y a la menor resistencia social.
Es precisamente a nivel autonómico donde se están ignorando los problemas ambientales de muchos de los proyectos concretos con un elevado impacto. Las instalaciones de menos 50 MW las que más están proliferando en el territorio siguen repitiendo las malas prácticas de fraccionamiento de los proyectos para evitar la tramitación por el MITECO o para evitar la evaluación de los impactos sinérgicos de varios proyectos concentrados en un pequeño territorio, apunta Ecologistas en Acción.
Tampoco se está teniendo en consideración que se van a implantar nuevas tecnologías en energía eólica que no se han evaluado correctamente y que son susceptibles de generar un salto cualitativo de impredecibles consecuencias en la mortalidad de la fauna alada. Tal es el caso, de los grandes aerogeneradores de más 100 metros de diámetro de palas y de más 2-3 MW de potencia.
ENplus® espera certificar más de 14 millones de toneladas de pellet en 2021
ENplus® confirma que en 2020 la producción total de pellets certificados alcanzó los 12,3 millones de toneladas y prevé que la cantidad para el año en curso supere los 14 millones de toneladas, según se deriva de los datos aportados por los productores al Consejo Europeo del Pellet -EPC-. Estos volúmenes récord están ligados a la continua expansión del esquema y al creciente número de empresas certificadas.
Hace un mes, ENplus® anunciaba que superaba los 1.100 los productores y distribuidores de pellets con certificados activos en 47 países de todo el mundo.
Donde más se ha extendido recientemente el esquema de certificación ha sido en Polonia, Ucrania y Rusia; allí radican la mayoría de las últimas empresas que se han certificado, aunque también se registra un creciente interés por el sistema entre de las empresas de pellets de América del Sur.
Con más de 3 millones de toneladas, Alemania se mantiene como el mayor productor de pellets certificados ENplus® en 2020. Austria continúa en segundo lugar seguido de Rusia, mientras que Polonia ha ocupado el cuarto lugar por delante de Francia y España. Todos los países del “top 6” han aumentado su producción certificada respecto al año anterior, salvo Francia.
“Seguimos observando una fuerte demanda de certificación en la mayoría de los países de Europa. Según los últimos datos que tenemos, la producción certificada ENplus® representa más del 85% de los volúmenes de pellet en al menos 10 países europeos. Dadas las circunstancias actuales marcadas por la pandemia y los programas nacionales para la transición hacia una energía más verde, esperamos que muchos más usuarios finales busquen pellets de alta calidad, lo que pronostica un futuro prometedor para la certificación”, según Catalina Elena Dumitru, directora del sistema.
En España, en 2020 se certificaron más de 450.000 toneladas, un 10,8% más que en 2019. Pablo Rodero, responsable de la certificación en España y presidente del Consejo Europeo del Pellet, señala que nuestro país “sigue la tendencia positiva en Europa y el resto del mundo en el uso de pellet certificado por el cada vez mayor conocimiento y compromiso medioambiental de los ciudadanos”.
La dirección de ENplus® sigue destinando considerables recursos a acabar con el fraude en el uso del sello. Hasta abril de 2021, se han identificado y resuelto cerca de 740 casos de fraude.
Crean una guía con consejos para la eficiencia energética en comunidades de regantes
Mientras el consumo de agua de riego utilizada en el sector agrario desciende de los 15.833 hectómetros cúbicos de 2012 a los 15.495 de 2018, el consumo de la energía eléctrica aumenta de los 344 ktep a los 431 ktep
La compañía de soluciones tecnológicas de eficiencia energética, Linkener ha creado una guía para las comunidades de regantes con consejos para incrementar la eficiencia energética.
Y es que, mientras el consumo de agua de riego utilizada en el sector agrario desciende de los 15.833 hectómetros cúbicos de 2012 a los 15.495 de 2018, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el consumo de energía eléctrica aumenta de los 344 ktep de 2012 a los 431 de 2018, con datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
Estos datos reflejan el potencial de ahorro que existe en el cambio de sistemas de riego y otras actuaciones importantes para la eficiencia energética que se explican en la guía.
En este sentido, la publicación destaca como primer punto para contribuir a la eficiencia energética la sustitución de un contador fiscal por un contador inteligente con telemedida y teleactuación. Esta instalación no requiere de una inversión y permite controlar en tiempo real los consumos de las bombas para evitar penalizaciones de energía reactiva, saber si las bombas están funcionando correctamente o si consumen más de lo normal y recibir alertas de corte de suministro y sobretensión.
Además, de esta forma, los regantes pueden controlar y programar los arranques de los equipos de bombeo en los periodos tarifarios más económicos con exactitud y evitar los problemas que puede generar el control tradicional de los sistemas de bombeo con temporizadores, relojes o autómatas que pueden no coincidir con la hora exacta del contador fiscal y por tanto, evitando las penalizaciones por excesos de potencia.
La guía también menciona, como recomendación, la instalación de un contador de agua para controlar la cantidad consumida, sustituyendo el programador por uno de telecontrol de electroválvulas. Esta medida permite regar los cultivos en las horas de menor radiación solar para evitar la evaporación del agua, racionalizar el riego, y utilizar sensores de humedad para el riego automático.
Otro de los puntos sobre los que incide la publicación es el diseño y manejo de la instalación para su aumento de eficiencia energética. Como por ejemplo en la sectorización de parcelas, el reparto de agua en función de la demanda energética, la regulación de la instalación en función de la demanda, o la realización de labores de mantenimiento.
La guía también apunta cómo, la realización de cambios para mejorar la eficiencia energética y optimización del agua en las comunidades de regantes también es importante. Y explica medidas concretas como el aprovechamiento de las zonas de sombra o cubrir el suelo con material acolchado.
En los equipos de bombeo, se hacen algunas recomendaciones como el no sobredimensionamiento de los equipos de bombeo, la utilización de bombas con variadores de velocidad, así como la instalación de baterías de condensadores y la realización de labores de mantenimiento una vez al año.
Especial incidencia hace el manual en el apartado de energías renovables donde aconseja a regantes instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo que pueden llegar a reducir la factura eléctrica en un 50%. Además permite bajar la potencia contratada en los periodos punta y llano, minimizar los excesos de potencia, e incluso si se dispone de la superficie suficiente, proyectar un bombeo solar permitiendo desconectar la instalación de la red eléctrica general, ahorrándose los términos fijos, los peajes y otros impuestos de la factura eléctrica.
UPA exige una «regulación estricta» que impida el uso de terreno fértil para la implantación de placas solares
UPA Castilla y León ha sacado adelante una propuesta en el último Congreso Federal de UPA, celebrado días atrás, para solicitar una normativa para implantar placas fotovoltaicas o solares en terrenos no aprovechables para labores agrícolas. Nuestra apuesta es la de reclamar una regulación estricta que impida la retirada de terreno fértil para la implantación de plantas de generación eléctrica e incluso el establecimiento de gravámenes que lo penalicen.
Nuestra organización no puede olvidar que España, junto al resto de los países europeos, tiene el objetivo de que en el año 2030 el 32 % de la energía final consumida provenga de renovables. Y por otro lado, la realidad dice que Castilla y León ha perdido en los últimos 30 años un millón de hectáreas agrícolas, por lo que deben blindarse los terrenos de cultivo frente la ansiedad privada e incluso el afán de las propias administraciones locales en muchos casos por facilitar las instalaciones de energías renovables en todo tipo de terreno rural, puesto que bajo nuestro punto de vista agravaría aún más el problema de despoblamiento en los pueblos.
UPA alerta sobre el afán de búsqueda de suelo por parte de la iniciativa privada que actualmente se extiende a prácticamente todas las comunidades: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia, Andalucía….etc. Este nuevo boom de las renovables ha llegado al campo, y su loable objetivo con ambiciosos planes de energías limpias está desatando, sin embargo, una auténtica ofensiva en busca de todo tipo de suelo, que precisamente por este hecho puede ser nocivo para el propio profesional de la agricultura y ganadería.
Consideramos que el suelo productor de alimentos es el patrimonio más importante de cualquier sociedad y así es como se debe preservar, estando obligadas las diversas administraciones a establecer medidas legislativas en tal sentido. Como organización profesional agraria progresista, UPA solicita tanto al Gobierno central como a la Junta de Castilla y León que adopten medidas de apoyo, en este sentido, para las explotaciones familiares agrarias.
Apoyar la instalación de infraestructuras de energías alternativas es fundamental si con ello se genera riqueza, bienestar y futuro para los agricultores y ganaderos. Todo lo demás, y por lo tanto el afán desmesurado de empresas promotoras por hacerse con todo tipo de terrenos, también los productivos y cultivables para este tipo de infraestructuras, es rechazado contundentemente por parte de UPA.
Así pues, UPA CyL apuesta por las energías renovables, y reclama a las administraciones que a través de legislación se regulen la implantación de este tipo de infraestructuras en terrenos no aprovechables para uso agrícola. Además, UPA solicita tanto al Gobierno central como regional una línea de ayudas para la instalación de infraestructuras y placas solares en zonas baldías y terrenos poco aptos para los cultivos, que sirvan para responder a las necesidades de energía de las propias explotaciones agrícolas y de las naves ganaderas.
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Energía de Castilla y León 