fraude eléctrico
Naturgy realiza más de 1.600 actuaciones contra el fraude eléctrico en Castilla y León
Supone recuperar energía equivalente al consumo de 1.000 hogares
UFD, la distribuidora eléctrica del grupo Naturgy, aumentó notablemente en 2023 la cantidad de energía recuperada mediante la persecución de fraudes eléctricos en su red en Castilla y León. A través de más de 1.600 actuaciones, la compañía logró recuperar el pasado año energía consumida de forma fraudulenta por un volumen de 3 GWh, un 70% más que el año anterior. Esta cantidad, equivalente al consumo de 1.000 hogares, ilustra su compromiso con la persecución de esta práctica delictiva en aumento.
Las actuaciones llevadas a cabo por UFD se saldaron con la apertura de 250 expedientes por fraude en esta Comunidad Autónoma, un 61% más que la cifra registrada el año anterior.
En el conjunto de las regiones en las que opera UFD, el año pasado la compañía realizó más de 44.000 actuaciones contra el fraude eléctrico que se saldaron con la apertura de más de 12.400 expedientes. Madrid registró el mayor número de casos con un total de 6.450 expedientes, seguida de Galicia (3.000), Castilla-La Mancha (2.750) y Castilla y León (250).
Estas actuaciones permitieron además interceptar y recuperar la electricidad consumida de forma fraudulenta por 168 dispositivos indoor realizados en dichas regiones, la gran mayoría vinculados con plantaciones de marihuana. Se trata de instalaciones que consumían de forma ilegal una cantidad anual de 5 GWh, equivalente a la demanda energética de cerca de 1.600 viviendas. Un 5% de estas operaciones se llevaron a cabo en Castilla y León.
El objetivo de UFD en su lucha contra el fraude es prevenir el riesgo que suponen las conexiones ilegales para la seguridad de las personas y reducir el coste para el sistema eléctrico que asumen el resto de los clientes a través de su factura. Según algunas estimaciones, este coste rondaría los 2.000 millones de euros anuales.
El fraude eléctrico se concentra en las grandes empresas y no en los clientes del bono social
El fraude eléctrico sigue siendo un problema creciente en España. Según datos de Endesa, el 80% del fraude eléctrico fue causado en España en el año 2015 por empresas de diversos sectores industriales y de servicios; y del 20% restante, más del 80% fue debido a particulares que tienen elevados niveles de consumo.
Partiendo de estos datos, y teniendo en cuenta a título de referencia el número de familias que están actualmente acogidas al bono social, puede estimarse que, en contra de lo que muchas veces se piensa, menos del 1% del fraude eléctrico cometido en España se debe a enganches ilegales efectuados por familias de bajos ingresos. Por el contrario, la mayor parte se concentra en puntos de suministro que tienen altos niveles de consumo.
Esto indica que el fraude es, por encima de todo, un recurso ilegal que utilizan algunas empresas y grandes consumidores domésticos para abaratar su factura eléctrica a costa de todos los demás consumidores. En efecto, el impacto negativo del fraude no repercute en lo esencial sobre las compañías eléctricas, sino que, al igual que sucede con el fraude fiscal, afecta directamente a los recursos del resto de las empresas y de los ciudadanos, porque se traduce en un incremento de la factura eléctrica que estos pagan.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el fraude eléctrico supuso un encarecimiento de 150 millones de euros en la factura eléctrica total pagada por los consumidores españoles en el año 2015. En términos físicos, este fraude ascendió, según estimaciones de Endesa, a 3,5 TWh.
El fraude eléctrico puede llegar a tener serias repercusiones sobre la salud de los trabajadores y también desde el punto de vista legal y judicial. Recientemente, un empresario ha sido condenado a una pena de dos años y cuatro meses de cárcel, al pago de una multa de 200.000 euros y a tres años y medio de inhabilitación como consecuencia de la muerte por electrocución de uno de sus trabajadores mientras este realizaba una manipulación fraudulenta en el suministro eléctrico.
Energía de Castilla y León 