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El fraude eléctrico se concentra en las grandes empresas y no en los clientes del bono social

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El fraude eléctrico sigue siendo un problema creciente en España. Según datos de Endesa, el 80% del fraude eléctrico fue causado en España en el año 2015 por empresas de diversos sectores industriales y de servicios; y del 20% restante, más del 80% fue debido a particulares que tienen elevados niveles de consumo.

Partiendo de estos datos, y teniendo en cuenta a título de referencia el número de familias que están actualmente acogidas al bono social, puede estimarse que, en contra  de lo que muchas veces se piensa, menos del 1% del fraude eléctrico cometido en España se debe a enganches ilegales efectuados por familias de bajos ingresos. Por el contrario, la mayor parte se concentra en puntos de suministro que tienen altos niveles de consumo.

Esto indica que el fraude es, por encima de todo, un recurso ilegal que utilizan algunas empresas y grandes consumidores domésticos para abaratar su factura eléctrica a costa de todos los demás consumidores. En efecto, el impacto negativo del fraude no repercute en lo esencial sobre las compañías eléctricas, sino que, al igual que sucede con el fraude fiscal, afecta directamente a los recursos del resto de las empresas y de los ciudadanos, porque se traduce en un incremento de la factura eléctrica que estos pagan.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el fraude eléctrico supuso un encarecimiento de 150 millones de euros en la factura eléctrica total pagada por los consumidores españoles en el año 2015. En términos físicos, este fraude ascendió, según estimaciones de Endesa, a 3,5 TWh.

El fraude eléctrico puede llegar a tener serias repercusiones sobre la salud de los trabajadores y también desde el punto de vista legal y judicial. Recientemente, un empresario ha sido condenado a una pena de dos años y cuatro meses de cárcel, al pago de una multa de 200.000 euros y a tres años y medio de inhabilitación como consecuencia de la muerte por electrocución de uno de sus trabajadores mientras este realizaba una manipulación fraudulenta en el suministro eléctrico.

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