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Las renovables recurren ante el Supremo el decreto del autoconsumo por “vulnerar la Constitución y la legislación europea”

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Las asociaciones empresariales ANPIER, APPA y UNEF, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Solartys y otras organizaciones han interpuesto, ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, diversos recursos contencioso-administrativos contra el Real Decreto 900/2015, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y producción por autoconsumo.

Los firmantes de los recursos entienden que el RD 900/2015, además de instaurar el que se ha denominado “impuesto al sol” y limitar radicalmente la implantación del autoconsumo de energía eléctrica, vulnera la Constitución Española, puesto que la aplicación de peajes al autoconsumo supone una arbitrariedad con respecto a otras tecnologías que también autoconsumen pero a las que no se les aplica carga alguna.

El Decreto aprobado discrimina a las tecnologías renovables en beneficio de las tecnologías fósiles, vulnera el principio constitucional de la libertad de empresa e incurre en el incumplimiento de la Directiva 2009/28/CE de fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.

Por otra parte, los firmantes entienden que existe una clara vulneración de la Directiva 2009/72/CE del mercado interior de la electricidad, puesto que la norma impone unos peajes discriminatorios, así como medidas antieconómicas y desproporcionadas para los consumidores.

Según dichas organizaciones, los autoconsumidores conectados a la red ya pagan los mismos peajes al sistema que cualquier otro consumidor, es decir, la totalidad del término fijo, y la parte correspondiente a la demanda de energía que hagan de la red.

Uno de los puntos que más critican de la nueva legislación es la referida al Balance Neto, que consiste en ceder la electricidad generada y le  sobra al productor cuando no la usa (por ejemplo, en las horas centrales del día en muchos hogares) y poder, a cambio, recuperar esa misma cantidad de energía cuando su instalación no genera (por ejemplo, de noche). La normativa prevé además que los autoconsumidores de menor tamaño (menos de 100 kW) estén obligados a regalar su excedente a la compañía eléctrica.

“Lejos de incentivar el autoconsumo, la generación distribuida y el uso de energías renovables, esta normativa desincentiva el desarrollo del autoconsumo eléctrico al prever un “impuesto al sol” injustificado que implicará que los autoconsumidores, aun siendo los que menos uso hagan del sistema, paguen más cargos para el mantenimiento del mismo que el resto de usuarios”, asegura Jorge Barredo, presidente de UNEF.

Ilustración: J.C. Florentino

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La regulación de las renovables: múltiples frentes abiertos

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Piet Holtrop - copia

Artículo de
Piet Holtrop, Socio Fundador de HOLTROP SLP Transaction & Business Law (en la fotografía)
Daniel Pérez, Abogado de HOLTROP SLP Transaction & Business Law

Además de los recortes, el Gobierno está llevando a cabo una campaña de acoso y derribo contra la energía fotovoltaica, que, entre otras cosas, implica inspecciones masivas a instalaciones y cancelaciones de la retribución

Si hace unos meses decíamos que la batalla por la defensa renovable en los tribunales no había hecho más que empezar, ahora ya podemos constatar que se están abriendo diferentes frentes, que no son sino respuestas legales a los ataques del actual Gobierno del PP contra las energías renovables.

Los recortes a las renovables
No cabe duda de que el mayor ataque a las renovables son los recortes a la retribución para las instalaciones existentes. Hasta el año 2010, las renovables tenían una tarifa regulada o prima garantizada durante un determinado número de años, se beneficiaban de prioridad de acceso, conexión y despacho, estaban exentas  del Impuesto Especial de la Electricidad y no sufrían ningún otro impuesto especial, podían usar a red de transporte y distribución sin cargas adicionales, su retribución se actualizaba según el IPC y existía un complemento por energía reactiva.

Pues bien, durante estos años, esas instalaciones han sufrido toda una serie de medidas desfavorables que les han puesto en una situación de quiebra técnica: límite de años retribuidos a la termosolar y la eólica (Real Decreto 1614/2010) y a la fotovoltaica (Real Decreto 1565/2010), límite a las horas retribuidas para esta última (Real Decreto-Ley 14/2010), peaje de acceso a la red de transporte y distribución (Real Decreto-Ley 14/2010), moratoria generalizada a las renovables (Real Decreto-Ley 1/2012), impuesto a la producción de energía eléctrica del 7% (Ley 15/2012), fin de la actualización según el IPC e imposibilidad de elegir la opción de pool más prima (Real Decreto-Ley 2/2013), supresión del complemento por energía reactiva (Real Decreto-Ley 9/2013), reducción drástica de la retribución, que además pasa a ser revisable (Real Decreto 413/2014, Orden IET/1045/2014), prioridad de despacho condicionada (Ley 24/2013) y obligación de financiar los desequilibrios del sistema (Ley 24/2013).

Para combatir estos recortes, estamos recurriendo todos los actos posibles, ya sean normas de rango inferior al legal o actos de aplicación, como liquidaciones de las primas o autoliquidaciones del impuesto eléctrico, sin descartar tampoco la acción por responsabilidad patrimonial, una vez llegado el momento.

Las ayudas de Estado
Un frente de reciente apertura es el de las ayudas de Estado. En la Unión Europea se ha producido un cambio de criterio en los últimos años, y ahora los costes permanentes del sistema eléctrico son considerados como fondos estatales a efectos de la normativa sobre ayudas de Estado. Esto implica que todos esos costes tienen que ser autorizados por la Comisión Europea, previa notificación.

Las cancelaciones del régimen retributivo
Al margen de los recortes, el Gobierno está llevando a cabo una campaña de acoso y derribo contra la energía fotovoltaica, que, entre otras cosas, implica inspecciones masivas a instalaciones y cancelaciones de la retribución por causas de lo más dispares y no imputables a los productores, como puede ser un retraso en el vertido por culpa de la distribuidora o un error en la preasignación del propio Ministerio de Industria. La cancelación implica no sólo que ya no se cobrará más prima, sino la obligación de devolver las cuantías percibidas desde el inicio de la actividad de la instalación.

El autoconsumo
Otra materia objeto de litigiosidad es, y sobre todo, será, el autoconsumo de energía eléctrica. Primero de todo, hay que señalar que el autoconsumo es legal y rentable en España. No obstante, el Gobierno pone o amenaza con poner, trabas innecesarias que pueden restarle atractivo a la actividad. Por el momento, hemos denunciado ante el Parlamento Europeo la subida del término de potencia de la factura, que desincentiva económicamente el autoconsumo. Nuestra petición fue aceptada por todos los grupos políticos y ahora será estudiada por la Comisión Europea.

Paralelamente, estamos trabajando junto con las patronales del sector para que las Comunidades Autónomas acepten tramitar las instalaciones de autoconsumo sin vertido a red a través del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, que contiene un procedimiento de autorización simplificado y una regulación más favorable al autoconsumo que la del Real Decreto 1699/2011 y también participamos en numerosas conferencias en las que explicamos la normativa actual sobre autoconsumo.

Firmeza Solar
Finalmente, pero no menos importante, hemos puesto en marcha un proyecto para dar respuesta a las necesidades de financiación de los productores renovables ahogados por los recortes sufridos. Para ello, ofrecemos diferentes alternativas, todas ellas orientadas a que los inversores iniciales de la instalación puedan mantenerla si lo desean, y así poder beneficiarse de las posibles sentencias favorables que declaren ilegales los recortes. Entre esas soluciones está una campaña de financiación ciudadana de las plantas con problemas que pondremos muy pronto en marcha a través de Internet.

HOLTROP SLP Transaction & Business Law