Castilla y León fue una de las tres únicas comunidades donde la fotovoltaica sumó nuevos megawatios en 2014

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Castilla y León instaló en el 2011 más de 60 Mw de energía de origen fotovoltaico: en el 2012 fueron algo más de 30 Mw mientras que la cifra ha badajo por debajo de los 10 Mw anuales en el 2013 y el pasado año. Aún así, durante el 2014, la comunidad fue una de las tres, junto con Cataluña y Canarias, donde la fotovoltaica volvió a sumar megawatios, en contraste con la inactividad del resto de España, incluso en las grandes regiones fotovoltaicas como Murcia, Andalucía y Extremadura.

Estos datos figuran en la nueva Memoria que acaba de presentar la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) que agrupa a las empresas más importantes del sector. A nivel nacional, solo ha habido 22 nuevos megawatios, insignificantes si se comparan con los 40.000 instalados en todo el mundo.

Un dato positivo es que de los 22 MW instalados el año pasado en España, la mayoría (más de 17MW) corresponden a proyectos de autoconsumo o aislados de la red. Casi todos corresponden a proyectos agrarios o relacionados con regadío.

La situación del sector tiene mucho que ver con las reformas emprendidas durante los últimos años por el Ministerio de Industria y Energía. Para los responsables de la UNEF, las reformas del Gobierno no han garantizado una “rentabilidad razonable” como auguraban, y mantienen la inseguridad jurídica. “Los más de 1400 “costes estándar” establecidos no están correctamente calculados y continúan modificándose a día de hoy”.

El informe pone de manifiesto que las reformas emprendidas por el Gobierno con el cambio retroactivo del sistema de primas al de “costes estándares” no está garantizando la rentabilidad de las inversiones, como aseguraba, y está desincentivando la productividad de las instalaciones.

La Ley 24/2013 puesta en marcha cambiaba con aplicación retroactiva las condiciones establecidas en las anteriores normativas bajo las cuales se realizaron las inversiones actuales en energía fotovoltaica. El Gobierno justificó unos recortes que alcanzaban hasta el 55% menos de ingresos de los previstos para los productores fotovoltaicos, con una supuesta garantía de “rentabilidad razonable” del 7,5% para los inversores.

Para la UNEF, que agrupa a las empresas más importantes del sector fotovoltaico, “el cierre de empresas registrado el año pasado en España, la pérdida de 2.500 puestos de trabajo y la reducción de la producción fotovoltaica, demuestran la ineficacia de la política energética del Gobierno y, en concreto, de gestión de las energías renovables y la fotovoltaica en particular. Unos cambios retroactivos que han supuesto una ruptura de seguridad jurídica que ha situado a España en el país más demandado de Europa ante el CIADI y con más de 400 recursos abiertos en los tribunales nacionales”.

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