Mes: mayo 2017
La Junta tiene identificados más de 200 vehículos de su flota para sustituirlos por coches eléctricos y/o híbridos
La Junta de Castilla y León quiere seguir potenciando la implantación de coches eléctricos y/o híbridos en su parque móvil. Prueba de ello es que el plan de electrificación del parque móvil de la administración regional ha sido seleccionado por la Oficina Española del Cambio Climático como Proyecto Clima.
Una medida que ayudará a su puesta en marcha con determinadas ayudas. Está previsto que la Junta, a través del EREN, realice la incorporación de 21 vehículos eléctricos y/o hídridos enchufables con una inversión de 700.000 euros, que incluye tanto los gastos de compra como de mantenimiento. El ahorro máximo que se estima en emisiones sería de 180 toneladas de CO2 hasta el 31 de diciembre del 2020, para una media anual de 12.000 kilómetros por vehículo.
Hay que tener en cuenta que para tener derecho a las ayudas del Proyecto Clima, la disminución de las emisiones del proyecto debe ser medible por lo que será un organismo externo independiente el encargado de verificarlo. El precio por tonelada de CO2 reducida está tasado por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente en 9,7 euros para 2016. Este precio resulta clave a la hora de calcular las ayudas dentro del programa, aunque puede llegar a variar.
Dentro de la Estrategia de Eficiencia Energética del Gobierno regional, el EREN tiene identificados hasta 204 vehículos como prioritarios para el cambio en la flota autonómica para que puedan reducir sensiblemente su consumo. De todos ellos, el Proyecto Clima permitirá sustitución de 21, de los que ya se han adquirido algunos de las marcas Renault Zoe y del Nissan Leaf.
Otra de las medidas contempladas por la Junta de Castilla y León dentro de esta estrategia de Eficiencia Energética es contar con hasta 147 puntos de recarga enchufables dentro de las instalaciones de la administración regional de cara al 2020.
Castilla y León quiere servir de ejemplo de ecomovilidad a otras regiones europeas
Castilla y León participa junto a otros socios comunitarios en el proyecto Prometeus (Promotion of E-mobility in EU Regions) de la Unión Europea, que cuenta con un presupuesto de 1,4 millones de euros.
La Consejería de Economía y Hacienda, a través de la Dirección General de Industria y Competitividad, aportará la experiencia regional que nació en la Estrategia para el Impulso del Vehículo Eléctrico 2011-2015, de ámbito autonómico, para que puedan ser seguidas en otros territorios de la Unión Europea. En una primera fase, los organismos participantes van a estudiar las características que presenta cada región y que pueden favorecer el rápido desarrollo de la ecomovilidad, lo que implica analizar los aspectos normativos, la dotación de infraestructuras y vehículos o el régimen de incentivos, y evaluar las posibilidades de su despliegue.
También se van a seleccionar aquellas medidas más efectivas ejecutadas por los socios para transferirlas a otros territorios: en el caso de Castilla y León, será a través de la Guía del Vehículo Eléctrico en Castilla y León, un manual que compendia toda la información de interés para ciudadanos, empresas y administraciones en torno a medios de transporte propulsados por energías más limpias y eficientes.
En la elaboración de este documento, que fue pilotada por el Ente Regional de la Energía (EREN) en colaboración con la entonces Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica de la Consejería de Economía, participaron 21 municipios de la Comunidad, que aportaron los datos necesarios para estudiar diferentes fórmulas de implantación de la ecomovilidad.
Esta guía contiene información para el diseño de ordenanzas municipales de apoyo; localización de puntos de recarga; análisis de las flotas de vehículos municipales para su sustitución por eléctricos y de tratamientos fiscales preferentes para promover este tipo de tecnologías; diagnósticos para el despliegue de infraestructuras de recarga, y estudios de explotación de modelos de negocio y de viabilidad.
Además de Castilla y León, son socios en este proyecto europeo Gobierno Regional de Carinthia (Austria), la Dirección General de Planeamiento Urbanístico y Movilidad de Lazio (Italia) y el Departamento de Innovación de Presov (Eslovaquia). Forma parte del consorcio, como socio asesor, el Politécnico de Milán.
La CNMC recuerda al Ministerio de Industria que no es necesario cambiar la vida útil de las plantas de purines con cogeneración
La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha publicado el “Informe sobre la Propuesta de Orden por la que se establecen los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a las instalaciones de tratamiento y reducción de purines aprobadas”. Una norma que tiene gran trascendencia en la Comunidad de Castilla y León, especialmente en provincia como Segovia y Soria con gran cantidad de granjas de cerdos en intensivo.
El 20 de junio de 2016, el Tribunal Supremo dictó varias sentencias que declararon nulos algunos elementos que formaban parte de la retribución a las plantas de tratamiento de purines porcinos. Además, el Tribunal declaró que la Orden IET/1045/2014 ignoró las singularidades que la normativa precedente había reconocido a estas instalaciones con respecto a las de cogeneración.
En el Informe recién publicado, la CNMC realiza varias observaciones sobre la futura regulación propuesta por el Ministerio de Industria para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Supremo. En concreto, la Comisión pone de manifiesto que, de reducirse la vida útil regulatoria (15 años frente a los 25 años anteriores), durante la cual las plantas de purines tendrían derecho a recibir una retribución, antes de finalizar este año más de la mitad de las 33 instalaciones existentes habrían ya alcanzado o superado dicha nueva vida útil regulatoria. Además, muchas de ellas han estado inactivas durante parte de 2014, así como en 2015 y 2016.
Por otra parte, el Ministerio para calcular esta nueva vida útil regulatoria de 15 años habría considerado que, de forma genérica, una planta de tratamiento de purines funciona 8.000 horas/ anuales. Incluso antes de la reforma regulatoria de 2014 pocas plantas han logrado tales niveles de actividad, dado que supondría que estarían funcionando de forma constante y a plena carga durante 11 meses de producción ininterrumpida.
En este sentido, la CNMC recuerda que la sentencia del Tribunal Supremo no requiere al Ministerio que modifique la vida útil regulatoria de las plantas y, en todo caso, los cambios propuestos no estarían adecuadamente justificados.
Finalmente, en cuanto a los precios del gas natural que se tienen en cuenta para retribuir la operación de estas plantas, la CNMC señala que se debería adoptar un criterio homogéneo. Así, en cada momento se utilizaría el mejor valor disponible, en función de datos reales, siempre que esto fuera posible.
La propuesta del Ministerio incluye una serie de precios reales y estimados, de forma que el ajuste por las bajadas en el coste de combustible registradas entre el primer y segundo semestre de 2016 se podría repercutir a las plantas de purines dos veces, en lugar de una. Este desfase podría prolongarse, en el peor de los casos, hasta finales de 2019.
El presidente de Iberdrola pide al Gobierno que defina un marco “económicamente viable” para la energía nuclear
El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha presentado los resultados del grupo para el primer trimestre de 2017. La compañía ha obtenido un beneficio neto de 828 millones de euros y un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 1.862 millones de euros entre enero y marzo. Las inversiones se han incrementado un 13,4% entre enero y marzo, hasta alcanzar los 1.016 millones de euros. De este importe, tal y como ha explicado el presidente de la empresa, un 93% se ha destinado a redes, renovables y generación contratada.
A preguntas de los analistas, el presidente de Iberdrola ha analizado también la situación del parque nuclear en España, ante la situación creada por la reapertura o no de la Central de Garoña. “La situación, como ya expliqué en nuestra Junta General de Accionistas, es que nuestra filial nuclear tiene graves pérdidas, principalmente debido a las nuevas tasas y obligaciones que han sido impuestas a esta tecnología en los últimos años, modificando el modelo y el plan de negocio original”.
El presidente del grupo ha pedido al Gobierno que defina un marco económicamente viable para esta tecnología, antes de tomar ninguna decisión sobre nuevas autorizaciones de operación: “Hemos pedido más tiempo al Gobierno -doce meses antes del vencimiento de la licencia en lugar de los tres años actuales- y entiendo que ellos tienen que redefinir el modelo energético del país; no podemos tomar así decisiones que afectan a nuestros resultados”.
Asimismo, ha reiterado que “queremos que el Gobierno defina una planificación energética para ver cómo se va a retribuir la generación nuclear para cubrir los costes y generar algún beneficio”.
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