eficiencia energética
La Junta tiene identificados más de 200 vehículos de su flota para sustituirlos por coches eléctricos y/o híbridos
La Junta de Castilla y León quiere seguir potenciando la implantación de coches eléctricos y/o híbridos en su parque móvil. Prueba de ello es que el plan de electrificación del parque móvil de la administración regional ha sido seleccionado por la Oficina Española del Cambio Climático como Proyecto Clima.
Una medida que ayudará a su puesta en marcha con determinadas ayudas. Está previsto que la Junta, a través del EREN, realice la incorporación de 21 vehículos eléctricos y/o hídridos enchufables con una inversión de 700.000 euros, que incluye tanto los gastos de compra como de mantenimiento. El ahorro máximo que se estima en emisiones sería de 180 toneladas de CO2 hasta el 31 de diciembre del 2020, para una media anual de 12.000 kilómetros por vehículo.
Hay que tener en cuenta que para tener derecho a las ayudas del Proyecto Clima, la disminución de las emisiones del proyecto debe ser medible por lo que será un organismo externo independiente el encargado de verificarlo. El precio por tonelada de CO2 reducida está tasado por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente en 9,7 euros para 2016. Este precio resulta clave a la hora de calcular las ayudas dentro del programa, aunque puede llegar a variar.
Dentro de la Estrategia de Eficiencia Energética del Gobierno regional, el EREN tiene identificados hasta 204 vehículos como prioritarios para el cambio en la flota autonómica para que puedan reducir sensiblemente su consumo. De todos ellos, el Proyecto Clima permitirá sustitución de 21, de los que ya se han adquirido algunos de las marcas Renault Zoe y del Nissan Leaf.
Otra de las medidas contempladas por la Junta de Castilla y León dentro de esta estrategia de Eficiencia Energética es contar con hasta 147 puntos de recarga enchufables dentro de las instalaciones de la administración regional de cara al 2020.
La Junta abre una línea de subvenciones de 3 millones de euros para eficiencia energética en comunidades de propietarios
La Consejería de Economía y Hacienda ha convocado una línea de subvenciones dotada con tres millones de euros, cofinanciados con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dirigida a comunidades de propietarios y asociaciones o entidades sin ánimo de lucro que lleven a cabo mejoras de eficiencia energética en las instalaciones térmicas, de iluminación o de transporte interior –como ascensores y escaleras mecánicas– de edificios ubicados en Castilla y León. Esta línea forma parte de la Estrategia de Eficiencia Energética 2016-2020.
Los incentivos gestionados por la Dirección General de Energía y Minas financian tanto mejoras de eficiencia en instalaciones térmicas y lumínicas –siempre que se acredite un ahorro de energía de al menos el 20%–, como intervenciones sobre ascensores o escaleras mecánicas –cuando la reducción del consumo energético sea, como mínimo, del 30 %–.
A estas subvenciones pueden concurrir comunidades de propietarios para efectuar obras en edificios construidos con posterioridad al 1 de enero de 1981 y asociaciones o entidades con fines no lucrativos. Los inmuebles objeto de la reforma deberán estar inscritos en el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Castilla y León, salvo las excepciones detalladas en la convocatoria.
La cuantía individual de la ayuda por proyecto oscila entre el 15 % y el 30 % de la inversión aceptada, en función del ahorro energético conseguido. Obtendrán una puntuación mayor en las valoraciones los proyectos que justifiquen mejor ratio energético –entendido como el coste de la mejora entre el ahorro que conlleva– y los ejecutados en edificios con menor superficie.
La convocatoria contempla la financiación de obras de mejora iniciadas desde el 1 de enero de 2014, siempre que no hayan concluido en el momento de registrar la solicitud, y el plazo para ejecutar las reformas finalizará el 15 de octubre.
Ilustración: J.C. Florentino
La Junta quiere rebajar el consumo energético un 32% hasta 2020 con una inversión de 940 millones de euros
La Estrategia de Eficiencia Energética, diseñada por la Consejería de Economía y Hacienda a través del Ente Regional de la Energía (EREN), incluye una batería de 79 medidas dirigidas a reducir en más del 30 % el consumo de energía y las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en Castilla y León hasta el año 2020, objetivo que está 10 puntos por encima del marcado por la Unión Europea (UE). La inversión estimada durante la ejecución del plan –que se ha abierto a la participación social en el portal de Gobierno Abierto– asciende a más de 940 millones de euros, de los que casi la tercera parte se financiarán con recursos públicos
El análisis de los datos de consumo real y su tendencia en el ámbito autonómico revela que Castilla y León cumplió las exigencias de la UE en 2013, ya que ese año el ahorro energético conseguido era ya del 20,89 % en relación con los indicadores de 1990. Por este motivo, la nueva Estrategia de Eficiencia Energética de la Junta es más ambiciosa en sus objetivos y prevé rebajar el 32,45 % el consumo –lo que en términos absolutos implica una minoración de 757,3 kilotoneladas equivalentes de petróleo (Ktep) de energía final– y el 30,24 % las emisiones contaminantes en 2020 –dejar de emitir 2,5 toneladas de CO2–.
El documento elaborado por el EREN, que da continuidad a los Planes de Eficiencia Energética desarrollados en los periodos 2002-2007 y 2008-2012, se estructura en siete áreas: industria, edificación, transporte, servicios públicos-entidades locales, Administración autonómica, I+D+i y comunicación, difusión y formación.
La decena de iniciativas planteadas en torno al primer eje, la industria, se centra en fomentar las inversiones de eficiencia en los procesos, equipos e instalaciones de las compañías, así como en la diversificación de las fuentes empleadas en la producción a través de la convocatoria de distintas líneas de subvenciones. Hay que señalar que el sector industrial es el tercero que más energía final consume, en concreto el 22 % del total, por detrás del transporte (casi el 40 %) y la edificación (28 %), y el reto es conseguir que sea responsable de una tercera parte del ahorro estimado para 2020, de manera que reduzca el consumo en 253,5 Ktep.
El segundo epígrafe hace referencia a la edificación, que abarca los subsectores doméstico, comercio y servicios y hostelería. La Estrategia propone 20 medidas para disminuir el consumo en 134,4 Ktep, una cifra que representa el 17,7 % del objetivo previsto. Así, en el ámbito de los hogares, contempla planes de sustitución o ‘Renove’ de electrodomésticos, calderas, equipos de aire acondicionado y ventanas, así como incentivos para las redes de distribución de calor y frío y para los edificios de energía cero (‘near zero energy building’, en inglés).
El tercer capítulo está dedicado al transporte y proyecta siete medidas encaminadas a reducir el consumo en 332,6 Ktep hasta 2020, es decir, cerca del 44 % del total. En este campo se trabajará en la transición hacia modelos de movilidad de personas y mercancías más eficientes a través de planes de transporte sostenibles; en la planificación de infraestructuras que favorezcan la incorporación de vehículos alternativos, así como en la promoción del uso de combustibles distintos de los convencionales mediante ayudas. La Junta, por su parte, continuará con el plan de desarrollo y utilización del coche eléctrico e híbrido enchufable en la Administración.
La puesta en marcha de las 79 medidas contempladas en la Estrategia de Eficiencia Energética requerirá una inversión aproximada de 940,4 millones de euros hasta 2020. De esta cantidad, 642,1 millones serán aportados por el sector privado (el 68,3 % del total), mientras los restantes 298,3 millones (el 31,7 %) se sufragarán con recursos públicos, tanto de carácter autónomo, como estatales y europeos, con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
La Junta convoca subvenciones para la mejora de la eficiencia energética para industrias y edificios
La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León ha publicado la convocatoria de subvenciones para la mejora en la eficiencia energética tanto en las instalaciones de las industrias ubicadas en Castilla y León como de los edificios de Castilla y León que pertenezcan a empresas. Estas subvenciones están cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional enmarcado en el Programa Operativo 2014-2020.Se establecen dos programas, el Programa 1 para el sector industrial y el Programa 2 para el sector edificación.
Estas ayudas las podrán solicitar grandes empresas, pequeñas y medianas empresas (pymes), autónomos, agricultores y ganaderos a título principal que no tengan la condición deociedades de cualquier tipo o cooperativas.
En el caso de las industrias, la ayuda consistirá en subvencionar parcialmente los costes subvencionables de las instalaciones o sistemas que se implanten para la mejora del ahorro y eficiencia energéticos. Se excluyen los costes o gastos financieros, los no imputables directamente a la actuación subvencionada, los de adquisición de terrenos, el IVA, los gastos realizados en bienes usados así como aquellos costes relativos a actuaciones obligatorias como consecuencia del cumplimiento de obligaciones legales.
La cuantía de las ayudas irá en función del porcentaje de ahorro de energía tras la actuación hasta un máximo del 30% del coste subvencionable. Hay también una cuantía máxima absoluta fijada para cada actuación.
La “Clean energy for all Europeans” de la Comisión Europea fija en un modesto 27% el objetivo de renovables en el 2030
Por Daniel Pérez Rodríguez y Piet Marco Holtrop
de HOLTROP S.L.P. Transaction & Business Law
El Comisario Cañete lo presentó personalmente en su discurso de inauguración del III Foro Solar de UNEF el día 29 del pasado noviembre: “El Winter Energy Package”. Al día siguiente, la Comisión Europea publicó oficialmente su propuesta legislativa en materia energética para el periodo 2021-2030. Dicha propuesta se compone de varias Directivas, Reglamentos y Comunicaciones, normas que aún tienen que ser debatidas y aprobadas por el Parlamento Europeo y el Consejo. Debe señalarse, además, que los objetivos globales, que carecen de la más mínima ambición (sólo 27% de renovables en 2030, cuando en 2020 ya se habrá llegado al 20%) previstos en la propuesta fueron ya marcados por el Consejo Europeo, quedando atada por ellos la Comisión Europea.
Lo que ahora se discute, por tanto, es la letra pequeña de esos modestísimos objetivos, y en términos globales, puede decirse que la propuesta es muy positiva, pues establece límites precisos a la actuación de los Estados Miembros, lo que garantizará una cierta armonización legislativa y evitará que los Estados más díscolos actúen sin freno alguno, como ha sido hasta ahora, y de momento, el caso de España.
Primero, es preciso poner de manifiesto que el punto de partida para calcular los objetivos a 2030 son los objetivos a 2020, con independencia de si un país los alcanzó o no (artículo 3.3). En otras palabras, aunque España no llegue al 20% de renovables en 2020, a efectos de repartir esfuerzos para 2030, se considerará que ha llegado, y por tanto, se verá obligada a hacer un esfuerzo extra, para cumplir con los nuevos deberes y terminar los anteriores.
En relación con los sistemas de apoyo para nuevas instalaciones (artículo 15.3), la propuesta de Directiva obliga a los Estados a definir un calendario de asignaciones para al menos los 3 años siguientes, en el que se especifique la fecha de la subasta, la capacidad a asignar y el presupuesto previsto.
Asimismo, el artículo 15.9 establece un mandato a los Estados de eliminar los obstáculos a los contratos bilaterales, como herramienta para poder financiar nuevas instalaciones de renovables.
En lo que respecta al procedimiento de autorización (artículo 16), la propuesta de Directiva opta por un sistema de “ventanilla única”, con un instructor del procedimiento que coordine todo el proceso de autorización. Ese instructor debe guiar al solicitante durante el proceso y emitir, al final del mismo, una decisión legalmente vinculante sobre la autorización o no de la instalación. Asimismo, dicho órgano tiene que publicar un manual de procedimientos para los desarrolladores de proyectos renovables, incluyendo proyectos de pequeña escala y de autoconsumo. Más importante aún, el proceso de autorización no puede, por regla general, durar más de 3 años, o 1 año si se trata de repotenciaciones.
La excepción al procedimiento general la encontramos en el artículo 17, que regula los procedimientos simplificados, aplicables a instalaciones experimentales o de una potencia menor de 50 kW, que deben poder ser conectados a la red con una mera notificación a la distribuidora.
Además, en un artículo dedicado sin duda al reino de España, como es el 6, la Directiva señala que los Estados deben asegurarse que el nivel y las condiciones de los sistemas de apoyo a proyectos renovables adjudicatarios de retribución no puede revisarse de forma que impacte negativamente en derechos conferidos a esos productores. Según el actual redactado, los Estados no pueden imponer cambios retroactivos, salvo en caso de que la medida se declarase ayuda de Estado incompatible.
En cuanto al autoconsumo, la Directiva contiene, en su artículo 21, un elenco de derechos de los autoconsumidores, tales como recibir una remuneración por su energía excedentaria, no tener que abonar cargos desproporcionados por autoconsumir, o poder realizar autoconsumo compartido entre los habitantes de un bloque de edificios, sector comercial o de servicios o red de distribución cerrada. Y el artículo 22 reconoce la figura de las “comunidades energéticas renovables”, que tienen derecho a generar, consumir, almacenar y vender energía renovable.
Finalmente, hay que destacar la incorporación a la Directiva de los sistemas de refrigeración y calefacción (District Heating and Cooling) como mecanismo para cubrir las necesidades térmicas mediante fuentes renovables (artículo 24).
A la vista de todas estas medidas concretas previstas en la Directiva, la valoración de la norma, desde una óptica española, tiene que ser necesariamente positiva. Es cierto que desaparece la prioridad de despacho (salvo excepciones) de las renovables y que no se establece claramente la prohibición de imponer cargos por autoconsumir energía. Y es cierto que visto desde otros países, como Alemania o Dinamarca, la Directiva no añade apenas nada respecto a su regulación existente.
Pero si se contrasta con la normativa española, el texto de Directiva supone un gran avance respecto de la situación actual, y podría suponer un gran impulso a las renovables, tanto en la vertiente de las grandes plantas como para el autoconsumo. Para las grandes plantas, que tanto cuesta tramitar en nuestro país, un procedimiento sencillo, de máximo 3 años y con ventanilla única, podría animar a más desarrolladores a plantearse proyectos en España, tanto con prima (y esta vez, con seguridad jurídica) como a mercado/bilateral. Y en autoconsumo, un sistema con venta de excedentes garantizada para todos, con tramitación simplificada y con la posibilidad de autoconsumo compartido, supondría una notable mejora respecto a la situación actual, con una norma diseñada sólo para gente de poder adquisitivo superior, reforzando así la estigmatización puesta por sus autores al autoconsumo.
Por tanto, como anticipaba el título de este artículo, si bien los objetivos carecen de ambición, la propuesta de Directiva dota a la Comisión de herramientas efectivas para poder actuar en caso de que los Estados se desvíen del cumplimiento del Derecho Europeo. Con esas reglas del juego (y con una Comisión que esté alerta), las renovables podrán desarrollarse en mejores condiciones en España. Ahora sólo queda pedir más ambición a los Estados Miembros, recordándoles que el objetivo del 27% es sólo un mínimo, y que ellos son libres (y de hecho, deberían) de fijarse objetivos más ambiciosos que permitan hacer frente con garantías al problema más grave al que se enfrenta la Humanidad, que es el cambio climático.
El EREN licita por 50.000 euros ocho proyectos de mejora de calderas en centros educativos de Castilla y León
El Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, ha anunciado la licitación para la contratación de los proyectos de ejecución de la mejora de salas de caldera de ocho centros educativos de Castilla y León.
Se trata de un proyecto financiado con fondos europeos FEDER con un plazo de ejecución de 12 semanas. Entre los criterios de contratación a tener en cuenta, el precio será el más importante en un 80%, mientras que la mejora consistente en la realización del diseño arquitectónico en 3D también será valorada en un 20%.
El presupuesto máximo de licitación de los proyectos para los ocho centros será de 50.000 euros, con el IVA ya incluido. El presupuesto se desglosa por lotes entre los distintos centros: Juana de Pimentel (4.400 euros); Diego Marín Aguilera (6.000 euros); PADRE Isla (6.000 euros); Gil y Carrasco (6.00o euros); Andrés Laguna (6.400 euros), Ramón y Cajal (7.400 euros); María de Molina (9.500 euros) y Leonardo da Vinci (4.300 euros).
En cuanto a la solvencia técnica y profesional de las empresas que se presenten a la licitación, el EREN exige haber elaborado, desde el 1 de octubre de 2011, tres proyectos de ejecución y tres certificaciones energéticas con los siguientes alcances:
-Tres proyectos de ejecución que comprendan el diseño y cálculo de instalaciones térmicas con potencia calorífica superior a 500 kW.
-Tres certificaciones energéticas de edificios con una superficie construida superior a 3.000 m, realizados conforme al Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción o Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
La Junta concederá ayudas para mejoras de eficiencia energética en empresas en las que primará los proyectos en pequeños municipios
La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León va a destinar este año 2016 más de 2 millones de euros a una línea de subvenciones destinada a las empresas que promuevan mejoras de eficiencia energética en sus sistemas industriales y en sus edificios. Las instalaciones deben estar ubicadas en la región para tener derecho a las ayudas.
El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado el extracto de la orden de convocatoria de ayudas, cofinanciadas al 50 % con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), que primarán los proyectos ubicados en el medio rural y en los municipios mineros.
Esta primera convocatoria dirigida a empresas y dotada con algo más de dos millones de euros forma parte de un paquete más amplio de subvenciones, que cuenta con un presupuesto de 12,5 millones hasta 2020 dentro del Programa Operativo Feder.
La cuantía de las ayudas se sitúa de media en el 22 % del coste de las iniciativas financiadas, aunque puede alcanzar el 30 % siempre que no supere los máximos establecidos. Se consideran criterios preferentes para su concesión los resultados en términos de eficiencia energética asociados al proyecto, así como su ubicación en pequeños municipios (con mayor puntuación cuanta menor población tenga la localidad) o en las comarcas mineras.
La convocatoria está abierta a un amplio colectivo de beneficiarios potenciales, ya que pueden concurrir grandes y pequeñas y medianas empresas (pymes), autónomos y agricultores y ganaderos a título principal. No obstante, se priman con mayor puntuación en las valoraciones las iniciativas promovidas por sociedades de reducido tamaño (medido en términos de volumen de facturación) y por emprendedores. Los interesados pueden solicitar un anticipo del 75 % de la cuantía de la ayuda, que se hará efectivo en el momento de su concesión.
Ilustración: J.C. Florentino
Burgos tendrá un distrito de calor que se abastecerá con 1.400 toneladas de astilla forestal
Burgos tendrá su propio distrito de calor, un concepto anglosajón muy desarrollado ya en varios países europeos. El acuerdo suscrito entre Somacyl, la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, y la Diputación de Burgos, permitirá dar calefacción y agua caliente sanitaria mediante biomasa de astilla forestal a tres edificios de la zona denominada Fuentes Blancas: el colegio CEIP Fuentes Blancas, una residencia de ancianos y una residencia de adultos asistida. El presupuesto global será de 825.000 euros.
Somacyl es la entidad encargada del mantenimiento, así como del aprovisionamiento de biomasa durante los próximos quince años. El ahorro estimado durante el primer año será del 5% que se irá incrementando de forma significativa durante los siguientes años.
El consumo previsto por los tres edificios de la Diputación de Burgos es de 3,2 millones de Kwh anuales. Para alcanzar este suministro será necesario un consumo de unas 1.400 toneladas de astilla forestal, que procederá de bosques de la provincia de Burgos.
En el cuatrienio 2014-2018, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que dirige Somacyl, tiene previsto una inversión de 78 millones de euros en distintos proyectos de ahorro y eficiencia energética en ayuntamientos, institutos públicos y universidades, entre los que destaca el cambio de calderas de gasoil y gas por biomasa, así como proyectos de renovación de alumbrado público en distintos municipios de la comunidad.
AENOR otorga al Ente Regional de Energía la máxima certificación de gestión energética
La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) ha otorgado al Ente Regional de la Energía (EREN) la máxima certificación de gestión energética, basada en la Norma ISO 50001. Esta acreditación internacional reconoce su implicación con el ahorro en recursos energéticos y complementa la certificación de gestión medioambiental ISO 14001, que obtuvo en 2009 y ahora acaba de renovar.
El edificio que alberga la sede del EREN, la Dirección General de Energía y Minas y el Laboratorio Regional de Combustibles (Larecom), ubicado en León, es referente de la arquitectura y la ingeniería por aplicar los conceptos de sostenibilidad, bioclimatismo y alta eficiencia energética. Se trata de un inmueble proyectado para aprovechar al máximo los recursos energéticos gratuitos disponibles en la zona y aplicar en sus instalaciones tecnologías energéticas eficientes.
Entre estas prácticas destacan el atrio interior que funciona como un acumulador de aire y la cámara acristalada que lo acondiciona para la ventilación de las zonas de oficinas mediante la captación pasiva de la radiación solar; las instalaciones de aprovechamiento de energía solar para producir agua caliente sanitaria y electricidad; la microcogeneración de energía eléctrica y térmica a partir de un mismo combustible; la caldera de biomasa para calefacción o el techo frío para aclimatación de las dependencias.
La sede del EREN se somete cada año a las auditorías externas e internas obligatorias para renovar la certificación. En seis años se ha reducido hasta un 22 % el consumo de gas natural; un 15,7 % el de electricidad y un 7,6 % la utilización de papel. En 2014, el ente público se fijó un nuevo reto: certificar el sistema de gestión energética con la ISO 50001:2011, una norma que permite determinar la estrategia en el uso de la energía, estableciendo los indicadores de desempeño energético para analizar la evolución del consumo y corregir a tiempo las posibles desviaciones.
El EREN demuestra que la tecnología LED de iluminación permite reducir el consumo un 85% en instalaciones deportivas
El Ente Regional de la Energía (EREN) ha aplicado por primera vez en unas instalaciones deportivas la tecnología lumínica LED para reducir el consumo de electricidad y abaratar costes. La mejora se ha ejecutado en el pabellón cubierto Río Esgueva de Valladolid, gestionado por la Consejería de Cultura y Turismo, y se enmarca en el convenio de colaboración suscrito entre esta consejería y la de Economía para la realización de dos ensayos demostrativos de la instalación de este sistema de alumbrado en pistas polideportivas y en Bienes de Interés Cultural (BIC).
El estudio, proyecto técnico y remodelación de la iluminación acometido por el EREN se realizó en el polideportivo gestionado por la Dirección General de Deportes. En una primera fase se practicaron dos mediciones luminotécnicas en condiciones climatológicas diferentes –un día muy soleado y una tarde noche de verano– con el dispositivo original, compuesto por 30 campanas con lámparas de halogenuros metálicos y una potencia total instalada de 12,6 kilovatios (kW).
A continuación se procedió a la instalación del nuevo modelo de iluminación sin desmontar el primitivo con la finalidad de efectuar un análisis comparativo del rendimiento de ambos con mayor precisión. Se colocaron 30 luminarias tipo LED regulables con una potencia instalada de 6 kW y sensores fotométricos que modulan de forma automatizada el suministro de luz artificial necesario para el ejercicio de cada actividad deportiva en función del aporte de luz natural.
La medición con el sistema LED se efectuó una tarde del mes de enero, a las 19 horas, cuando ya había anochecido, y se verificaron mejoras sustanciales. De hecho, los niveles de iluminación obtenidos, su uniformidad y reproducción cromática, superaban los valores mínimos recomendados por la norma UNE EN12193 sobre alumbrado en instalaciones deportivas en función del uso, considerando en este caso el Alumbrado Clase II: competición de nivel medio (regional y local) y Alumbrado Clase III: entrenamiento general, educación física y actividades recreativas.
El estudio permite concluir que la tecnología LED es más eficiente, puesto que ofrece un rendimiento óptimo precisando una menor potencia, reduciendo el consumo de energía y, como consecuencia, rebajando el coste de la factura de la luz. En concreto, con una potencia de 6 kW, un 52 % inferior a la instalada en el alumbrado original –que era de 12,6 kW–, el consumo eléctrico anual se reduce un 85 % –en buena medida, gracias al sistema automático de regulación del nivel de iluminación– y el ahorro económico bruto se eleva a 3.761 euros al año.
De acuerdo con estos cálculos, la inversión estimada para instalar un sistema de alumbrado similar al implantado por el EREN en unas instalaciones deportivas ascendería a 26.900 euros, desembolso que se amortizaría en un periodo de siete años conforme a los ahorros comprobados.
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