“La aplicación del beneficio fiscal para el carbón europeo propuesta supondría una mejora sustancial para la competitividad del carbón de León y Palencia respecto al importado”
Entrevista con
Ricardo González Mantero, Director general de Energía y Minas
Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León
¿Qué posibilidades reales tendría la aplicación del «céntimo verde» para los minerales como el carbón en la Unión Europea según ha sido trasladado recientemente a la Comisión Europea y que anteriormente siempre parecía contar con la negativa comunitaria?
Lo primero que es preciso aclarar es que nunca ha habido una negativa por parte de la Comisión Europea a la aplicación del beneficio fiscal que se propone, consistente en una bonificación del 80% en el impuesto especial al carbón para los carbones extraídos con los requisitos medioambientales y laborales europeos o equivalentes. Es más, para la Comisión se trata de una propuesta novedosa, que no le había sido nunca antes trasladada por el Gobierno español ni por otros Estados miembros.
Fue una delegación de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, encabezada por la propia consejera, Pilar del Olmo, quien informó sobre la propuesta de modificación de la Ley española de Impuestos Especiales a Bruselas, en una reunión presencial con el Gabinete de la Comisaria de Competencia. En ese encuentro, se expusieron las características de la medida, las razones por las que pensamos que se ajusta estrictamente a la normativa europea para ser una ayuda compatible con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y los resultados que tendría su aplicación para la industria extractiva del carbón, tan afectada por la situación de precios muy bajos del carbón de importación. Una reunión a la que acudimos acompañados por la Mesa del Foro para el Futuro del Sector del Carbón y de las Cuencas Mineras (integrado por la patronal Cecale y los sindicatos CCOO y UGT) y por representantes de Acom y Euracom.
¿Cuándo se va a presentar en firme dicha propuesta?
En estos días, se remitirá oficialmente la propuesta al Gabinete de la Comisaria de Competencia, junto con los informes independientes elaborados por expertos fiscales del máximo prestigio, traducidos ya al inglés, para que la Comisión nos traslade su opinión respecto a la medida, y su consideración o no como ayuda compatible con el Tratado. La respuesta de la Comisión, de ser favorable a lo que entendemos desde Castilla y León, nos permitiría exigir con el máximo fundamento al Gobierno de España, ya sea el actual, en funciones, o al que le sustituya, la aplicación inmediata de la bonificación fiscal, mediante Real Decreto-Ley, de modificación de la Ley de Impuestos Especiales. La opinión de los expertos fiscales de la Administración autonómica, y la de los expertos independientes consultados, es coincidente en cuanto a la aplicabilidad de la medida, de forma inmediata y sin necesidad de autorización de la ayuda de Estado por parte de la Comisión Europea.
¿Qué habría cambiado en la actualidad para que la Unión Europea no haya dicho ‘no’ desde el principio?
Como se ha indicado en la respuesta anterior, es la primera vez que la propuesta de bonificación fiscal se ha trasladado a la Comisión Europea, y lo ha hecho una Comunidad Autónoma, Castilla y León que, como es conocido, no tiene competencias para la aplicación de la medida, ya que ello requiere la modificación de una ley estatal. Por este motivo, en los meses de julio y agosto del año pasado, la Junta trasladó la propuesta al Gobierno central. Contestó también a las diversas cuestiones planteadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas respecto a la legalidad de su aplicación, sin que el Ministerio plantease nuevos inconvenientes a los ya respondidos. Fue entonces cuando se elaboró la propuesta de enmienda a la Ley de Medidas Fiscales para 2016, que se remitió al Grupo Popular en el Senado acompañada de un informe de un experto fiscal independiente. Sin embargo, el Grupo Popular no llegó a presentarla. Sí lo hizo el Grupo Socialista en la Cámara Alta, que defendió un texto de modificación calcado al propuesto por la Junta, aunque la enmienda no prosperó.
De poderse llevarse a cabo, ¿qué ventajas competitivas tendría para el sector del carbón en Castilla y León y sus empresas?
El impuesto especial al carbón tuvo una exención total para los carbones utilizados para generación térmica hasta 31 de diciembre de 2012, y comienza a aplicarse a partir de 1 de enero de 2013, tras la publicación de la Ley 15/2012 de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética. El impuesto, de 0,65 euros por Gigajulio, supone para la tipología de carbones que se extrae en León y Palencia entre 12 y 14 euros por Gigajulio. Con la bonificación que se propone del 80%, la medida implicaría que las mineras pudieran ofertar nuestro carbón a las centrales térmicas a un precio inferior al actual, entre 10 y 11 euros menos. Estimamos, y así nos lo confirma Carbunión, que esto supondrá una mejora sustancial para la competitividad del carbón de León y Palencia respecto al importado. Esta rebaja, unida a los ajustes de costes llevados ya a cabo por parte de las empresas mineras, supondría que nuestro carbón volviese a ser atractivo en precio y, por tanto, más competitivo para las centrales térmicas que el mineral de importación.
¿Están satisfechos desde la Junta de Castilla y León sobre las actuales normas que regulan el consumo de carbón autóctono o debería apoyarse aún más su uso?
Están pendientes aún de aplicación, como se ha insistido reiteradamente, diversos compromisos del Marco de Actuación 2013-2018. Hablamos de la creación de un mecanismo de sustitución del procedimiento de restricciones por garantía de suministro, que perdió vigencia el 31 de diciembre de 2014, que permita que el carbón español represente un 7,5% del mix de generación, una cifra ya inalcanzable con la actual producción de carbón. Tampoco se ha materializado el compromiso de creación de sistemas de ayuda para la adaptación de algunos de los grupos térmicos que queman carbón español a los requerimientos de la Directiva de Emisiones Industriales.
Foto: Peio García
Energía de Castilla y León 