Ahorro Energético
Organizaciones agrarias solicitan mayores ayudas para la incorporación nuevas fuentes de energía para el riego
La organización agraria UPA ha pedido a la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León que conceda el máximo porcentaje de ayuda, el 40 por ciento, en lugar del 20 por ciento actual, para las inversiones de modernización de nuevas fuentes de energía para riego.
La organización agraria ha esgrimido razones medioambientales, económicas y sociales a la hora de plantear una reivindicación que consideran «justa», por tratarse además de una inversión que busca «cambiar sustancialmente el sistema de regadío, ajustando el consumo de agua a las necesidades reales y por lo tanto avanzando en un sustancial ahorro energético para los agricultores».
UPA ha apelado al «sentido común de la Consejería de Agricultura y Ganadería para que tenga a bien incrementar ese porcentaje de ayuda, puesto que estamos hablando de fomentar el empleo de energías renovables en la agricultura de regadío, de reducir las emisiones de efecto invernadero y por lo tanto de poner medidas para atenuar el cambio climático».
Fomentar el uso de nuevas fuentes de energía para el riego debería, según UPA, ser un referente para el Gobierno autonómico y si en realidad están analizando posibles alternativas al riego tradicional que abarate los costes de producción, como han hecho público en varias ocasiones, consideran que es una gran ocasión para apoyar esta iniciativa que plantea UPA y que supondría la potenciación de los nuevos regadíos, la modernización de explotaciones e incluso la incorporación de jóvenes.
Casi cien pueblos de Soria cambiarán su alumbrado público por uno más eficiente
Un total de 94 municipios de la provincia de Soria se ha acogido al proyecto de eficiencia energética promovido por la Diputación Provincial a través de unas subvenciones convocadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA)
Un total de 94 municipios de la provincia de Soria cambiarán su alumbrado público (más de 12.000 puntos de luz) por uno que resulte más eficiente que permita no solo el ahorro económico sino también un rendimiento para el Medio Ambiente.
Así lo explicó recientemente la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, quien detalló que estas localidades se han integrado en el proyecto promovido por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) que les permitirá ahorrar un 80 por ciento del coste de la factura de la luz con un valor estimado de un millón al año.
La inversión global, aportada por el IDAE, los ayuntamientos participantes y la Diputación de Soria, suma 9,4 millones que irán a este proyecto, promovido por el Ministerio de Transición Ecológica, de los cuales el IDAE aporta el 50 por ciento, la Diputación el diez por ciento y el conjunto de los Ayuntamientos, el 40 restante y que busca reducir en un 20 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 y alcanzar el 90 por ciento en 2050.
Barcones destacó, además, que con la medida dejarán de emitirse a la atmósfera más de 1.150 toneladas de dióxido de carbono al año.
Asimismo, insistió en el ahorro en la factura de la luz que supondrá este proyecto y agregó que la inversión que tienen que hacer para cambiar esos 12.000 puntos de luz tendrá un retorno inmediato y resultará económicamente rentable en menos de cuatro años.
Una vez aprobada la resolución del IDAE, se cuenta con un plazo de seis meses para licitar los proyectos, dos meses para su ejecución y agregó que una vez tengan estos pasos dados se licitarán las obras y se abre un plazo de diez meses para ejecutarlo.
Por su parte, el director general del IDAE, Joan Herrera, felicitó a los ayuntamientos por implicarse en la iniciativa, y señaló que Soria es un ejemplo para Castilla y León, gracias al impulso de esta acción singular en entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono.
A largo plazo, Herrera se ha referido a la «necesidad» que tiene España de acercarse cuanto antes a las exigencias de la Unión Europea en materia de energía. El director general ha recordado que «España, y particularmente Soria, es un país rico en sol, viento y biomasa, y un país pobre en combustibles fósiles».
Herrera ha comentado que España es uno de los países del mundo más dependientes en cuestiones de energía, ya que necesita importar el 72 por ciento de la que consume, y que por tanto una de las prioridades del Gobierno es seguir fomentando las energías renovables.
En ese sentido, en breve se aprobará un Real Decreto que tiene como objetivo fomentar el autoconsumo energético compartido en pueblos o incluso en ciudades, a través de biomasa, paneles fotovoltaicos o miniestaciones eólicas.
Energía verde y eficiencia energética para los centros educativos castellano-leoneses
Ayuda de 389.000 euros para sustituir el gas por biomasa en el IES ‘Valverde de Lucerna’ de Puebla de Sanabria
El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado una inversión de 389.500 euros para optimizar las instalaciones de calefacción del Instituto de Educación Secundaria (IES) ‘Valverde de Lucerna’ de Puebla de Sanabria, en Zamora. Esta obra de sustitución de instalaciones de gasóleo por biomasa se realizará con el fin de mejorar la eficiencia energética de este centro educativo.
Los contratos de obras de sustitución de las instalaciones de gasóleo por biomasa en los citados centros educativos se desarrollan en colaboración con el Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), entre cuyas funciones se encuentra la de coordinar y desarrollar actuaciones, programas y proyectos energéticos que afecten a distintas consejerías de la Junta de Castilla y León.
El objetivo es aumentar el uso de las energías renovables para generar calor en edificaciones y favorecer el paso a una economía baja en carbono en el marco del convenio con el FEDER ‘Mejorar la eficiencia energética en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos.
Las actuaciones de estas obras consisten en la instalación de nuevos equipos de generación de calor alimentado con biomasa y equipos auxiliares para dar servicio a las instalaciones existentes en cada centro educativo. Se procurará recuperar y reutilizar todas aquellas instalaciones y equipos que puedan servir, tanto desde el punto de vista técnico como de adecuación a la normativa vigente.
El proyecto de las obras del IES ‘Valverde de Lucerna’ de Puebla de Sanabria, en Zamora, cuya inversión prevista es de 389.500 euros, consiste en la instalación de dos calderas de biomasa y su correspondiente silo de almacenamiento, que sustituirán a las actuales instalaciones de gasóleo y prestarán servicio tanto al edificio del instituto como al pabellón polideportivo anexo.
De esta forma, la sala de calderas de biomasa y el silo se ubicarán en una instalación exterior al edificio principal, donde se realizan actividades extraescolares e interconectarán con las salas de calderas actuales.
Los hogares de Castilla y León podrían reducir un 27% sus facturas energéticas si aplican mejoras en sus hábitos y equipamiento
La Fundación Naturgy ha publicado los resultados de la última edición del Índice de Eficiencia Energética en el Hogar. Este estudio refleja que los castellanos y leoneses podrían reducir un 29,3% sus facturas energéticas con mejoras en sus hábitos y en equipamiento.
A nivel nacional, el ahorro potencial es de un 27,4% en 2018. Esto significa que unas ligeras modificaciones de los usos y las costumbres permitirían ahorrar 4.352 millones de euros a los hogares españoles en las facturas energéticas al año. La energía susceptible de ser economizada son casi 50.000 GWh, el equivalente al 18% de la demanda eléctrica total de España en 2017. Con este ahorro, además, se evitaría la emisión de 14,7 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera, las mismas emisiones que realizan 4,8 millones de turismos al año, el 21% del parque móvil existente en España.
El Índice de Eficiencia Energética 2018 refleja que los hogares españoles tienen un mayor potencial de ahorro energético en equipamiento (43,3%) y en calefacción (25,3%). Los porcentajes son inferiores en iluminación (20%), aire acondicionado (18,3%) y agua caliente (13,7%). En el caso de Castilla y León, el potencial de ahorro es el siguiente: calefacción (23%), agua caliente (13,4%), aire acondicionado (17,2%), iluminación (28,7%) y equipamiento (45,2%).
Este observatorio se enmarca en las acciones de sensibilización de la Fundación Naturgy, con las que se promueve el uso racional de los recursos energéticos y el fomento del desarrollo sostenible. “Con esta nueva edición del estudio, se constata que la eficiencia y el ahorro energético están cada vez más presentes en nuestra vida cotidiana”, según el director general de la Fundación Naturgy, Martí Solà.
El estudio de la Fundación Naturgy contiene un Índice Global de Eficiencia Energética Nacional, que evalúa el equipamiento, control, mantenimiento y cultura de los hogares en una escala del 0 al 10. En esta última edición sitúa a Castilla y León, con una puntuación de 6,40, como la décima comunidad autónoma, por debajo de la media nacional (6,46). Además, los hogares castellano leoneses son este año 2018 un 0,5% más eficientes respecto al índice de 2016, que fue de 6,37.
Solà destacó que “Castilla y León se sitúa por debajo de la media nacional, pero el resultado de esta edición mejora la puntuación de 2016”.
Más de seis millones de euros en subvenciones para impulsar el uso de las energías renovables y la mejora de la eficiencia energética
La Consejería de Economía y Hacienda ha puesto a disposición de empresas, autónomos, entes locales y asociaciones sin ánimo de lucro 6,1 millones de euros en ayudas cofinanciadas al 50 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con las que se pretende incentivar el uso de las energías renovables y la mejora de la eficiencia energética en la Comunidad en negocios de todo tipo, explotaciones agrícolas y ganaderas, colegios de titularidad municipal de localidades de más de 20.000 habitantes y establecimientos abiertos al público en el Camino de Santiago. El plazo para solicitar estas subvenciones de la Junta está abierto hasta el 28 de noviembre, el 30 de este mismo mes y el 4 de diciembre, en función de cuál sea la línea a la que concurran los interesados.
La convocatoria tiene cuatro líneas de ayudas a las que puede optar un amplio número de colectivos. La dotación para este conjunto de apoyos asciende a 6.092.932 euros, que se sufragarán a partes iguales por la Junta y la UE en tanto persiguen avanzar en el logro del Objetivo Temático 4 del Programa Operativo FEDER para Castilla y León 2014-2020, relativo a la potenciación de las fuentes de suministro renovables, la evolución hacia una economía baja en carbono y el desarrollo rural.
De ese presupuesto total, el montante más elevado, 2,2 millones de euros, se orienta a municipios de Castilla y León de más de 20.000 habitantes que realicen obras de mejora de la eficiencia energética en centros de enseñanza públicos de Infantil y Primaria. Deben ser intervenciones que afecten a la envolvente térmica de los colegios –incluidas las ventanas–, las instalaciones térmicas o lumínicas y los ascensores. Las ayudas se pueden solicitar hasta el próximo 30 de noviembre y el importe concedido puede llegar a alcanzar el 80 % de la inversión, con un máximo de 400.000 euros.
La segunda línea en importancia cuantitativa es la dirigida a grandes empresas, pymes y autónomos, así como a agricultores y ganaderos no incluidos en las categorías anteriores, que desarrollen su actividad en Castilla y León. A este fin se destinan 1.856.950 euros, a los que pueden optar hasta el 4 de diciembre de este año. Son financiables las iniciativas de sustitución de equipos consumidores de energía por otros que generen un ahorro energético o mejoren la eficiencia; la instalación de recuperadores de efluentes térmicos y la sustitución o instalación de sistemas de control de variables energéticas. En estos casos, el porcentaje de respaldo público oscila entre el 15 % y el 40 % del coste del proyecto, con un tope de 200.000 euros. Asimismo, podrá apoyarse el 75 % del gasto que suponga la implantación de Sistemas de Gestión Energética basados en la norma UNE-EN-ISO-50001, certificados por entidad acreditada, con el límite de 10.000 euros.
En tercer lugar, se sitúa la convocatoria encaminada al fomento de las energías renovables en el sector empresarial de la Comunidad, para la que se han reservado 1.496.950 euros. Tiene como beneficiarios a los mismos colectivos que la anterior –es decir, grandes compañías, pymes, autónomos y agricultores y ganaderos en general– pero promueve el empleo de fuentes alternativas como la solar térmica y fotovoltaica, la biomasa y la geotermia. El porcentaje de ayuda se sitúa entre el 25 % y el 40 % y pueden tramitarse hasta el día 30 de este mismo mes.
Por último, hasta el 28 de noviembre está disponible una línea de ayudas a pequeñas y medianas empresas, autónomos, corporaciones locales y asociaciones o entidades sin ánimo de lucro que promuevan instalaciones para agua caliente y calefacción en establecimientos abiertos al público de localidades de los Caminos de Santiago a su paso por Castilla y León. Con una dotación de 539.032 euros, la Consejería de Economía y Hacienda financia hasta el 70 % del coste de instalación de paneles solares y estufas de pélets en esas dependencias.
Más puntuación a los proyectos de pequeños municipios y zonas mineras
Las subvenciones se resolverán por el procedimiento de concurrencia competitiva teniendo en cuenta los criterios de valoración establecidos en la normativa reguladora. Con carácter general, tienen una puntuación mayor los proyectos con mejores resultados en términos de eficiencia energética, los desarrollados en municipios con poca población y en las zonas mineras y los impulsados por empresas de menor tamaño, en el caso de los incentivos dirigidos al tejido productivo.
La tramitación deberá realizarse obligatoriamente por vía telemática, a través de la sede electrónica de la Junta, www.tramitacastillayleon.jcyl.es . Paralelamente, la información completa de las convocatorias puede consultarse en www.energia.jcyl.es .
Piet Holtrop: “El autosuministro es una figura igual de legal que el autoconsumo”
por Piet Holtrop
Director de HOLTROP SLP Transaction & Business Law
Piet Holtrop, fundador de la firma internacional especializada en derecho europeo en el sector de las energías renovables, con sede en Barcelona, ha sido clave en la defensa del sector renovable y de sus productores, ante los diferentes cambios legislativos habidos en los últimos años.
Los objetivos de penetración de energías renovables de la nueva Directiva Europea, según su texto informalmente aprobado, serán del 32% para el año 2030, y los objetivos de su marco regulatorio, la COP21, acordado en Paris en el 2015, son de una descarbonización total de la economía mundial en el 2050. ¿Cómo se hace esto en la práctica?
Generación distribuida
El autoconsumo es generación distribuida, pero no toda generación distribuida es autoconsumo. El concepto de la generación distribuida es generar donde está el consumo. Generar el 100% de la energía consumida en Extremadura sería un primer paso hacia la generación distribuida, y vincular cada unidad de generación a otra de consumo sería un segundo, ubicándolos de forma más próxima, para evitar mayor uso de infraestructuras eléctricas, aunque a la vez maximizando el uso de las ya existentes. El autosuministro también puede ser generación distribuida, hasta que puede serlo en cierta manera la adquisición de garantías de origen (GDO), que pueden redencionarse en el CUPS del consumidor. A lo largo de los próximos párrafos explicaré el funcionamiento de estas modalidades de generación distribuida, y como se complementan mutuamente hasta conseguir un suministro 100% renovable.
Autoconsumo
El autoconsumo ha sido legal desde siempre, y ha sido la cuna de las energías renovables. El autoconsumo no aislado, es decir una instalación de producción conectada a la red interior del consumidor, ha sido sobre todo condicionado por su economía, porque durante muchos años no era capaz de competir con las tarifas de suministro eléctrico convencional. Aun así se hacía, y estas instalaciones, igual que las aisladas, se legalizaban por el Reglamento de Baja Tensión. Hemos vivido años turbulentos de regulación sobre el autoconsumo, pero ahora, con la próxima entrada en vigor previsiblemente este otoño, que serán 20 días después de su publicación en el Boletin Oficial de la Unión Europea nuestra regulación nacional se anclará y se reforzará en esta Directiva. Algunas complicaciones burocráticas o barreras de otro tipo desaparecerán, y España tendrá como máximo hasta el 30 de junio 2021 para transponer esta Directiva.
El Artículo 21 de esta directiva regula el autoconsumo de forma exhaustiva, y a partir de su entrada en vigor este otoño, la administración local Española ya tendrá que interpretar su propio derecho en conformidad con este artículo. Así es como funciona el Derecho Europeo. Teniendo en cuenta las posturas del actual gobierno de España durante la negociación de esta Directiva tengo la expectativa que adaptará pronto toda la normativa aplicable para ni siquiera tener que recurrir a la interpretación conforme. El único límite que existe en el autoconsumo es la limitación física arquitectónica de las instalaciones del consumidor, y en algunos casos, si no llega al límite físico antes, el límite de la potencia contratada. Se puede hacer autoconsumo con una instalación de producción propia, pero también está permitido que no sean la misma persona el sujeto consumidor y productor, y como consumidor tener una instalación de producción en arrendamiento.
Autosuministro
El autosuministro es una figura igual de legal que el autoconsumo desde siempre, pero igual que el autoconsumo ha necesitado su tiempo para madurar y poder competir en las condiciones del mercado eléctrico. La gran diferencia con el autoconsumo es que esta instalación no se conecta en la red interior del consumidor. Puede conectarse en cualquier punto de la red de distribución o transporte, y vincularse su CIL a un CUPS de un Consumidor Directo mediante un contrato regulado de compraventa de energía eléctrica con entrega física. Desde la óptica de la generación distribuida lo óptimo es realizar la instalación de producción en el punto de conexión más próximo al CUPS, hasta que podría ser en el mismo, siempre que no se conecte a la red interna. Si el Consumidor Directo tiene la instalación contabilizada como activo en su balance, podría conseguir ahorros importantes en la fiscalidad eléctrica, y de esta forma competir mejor con el suministro convencional.
Los PPA’s
Otra forma de proveerse con energía renovable, más allá del autoconsumo y del autosuministro, es la firma de un contrato exclusivo de compra venta de esta energía en el mercado libre. Se puede hacer, como hemos visto en el ejemplo del autosuministro, mediante un contrato regulado que implica una entrega física, pero también se puede organizar mediante contratos de cobertura, o por diferencias en el mercado, con las correspondientes garantías de origen. Hasta se puede hacer puramente con la (GDO), como ya he mencionado al principio de este artículo.
Cuestiones en común
La norma contable NIIF16 Arrendamientos, sobre la identificación de los contratos de arrendamiento, y su tratamiento contable en los estados financieros puede tener un impacto en cualquiera de las maneras que hemos visto sobre estas líneas. Esta norma, que entrará en vigor el 1 de enero 2019 obliga en determinadas circunstancias a contabilizar un arrendamiento financiero u operacional como activo propio. No hay que confundir aquí la propiedad en el sentido jurídico más estricto de la palabra, las obligaciones mercantiles contables, y sus consecuencias fiscales. Simplificando mucho, contablemente se tratarán de igual manera al autoconsumo y al autosuministro donde la propiedad jurídica de la capacidad generadora (CIL) coincide con la capacidad consumidora (CUPS), y al arrendamiento a plazo superior de un año, de un activo identificado, y controlado por el consumidor.
Como ejemplo para contrastar los límites de esta norma, las redenciones de las GDO en el CUPS del consumidor estarían claramente excluidos de esta obligación contable, ya que esta redención en sí no proporciona ningún control al consumidor sobre la capacidad de generación subyacente a estas garantías. Los “Sleeved PPA”, traducido con libertad al castellano como “Contratos de compraventa de energía envueltos” tratan de simplificar los PPA mediante la interposición de una Comercializadora. Aquí la problemática del arrendamiento financiero u operacional se queda entre el generador de energía y la comercializadora. Aunque se identifica claramente los activos, ya que se redencionan todos las GDO de un CIL concreto en otro CUPS también concreto, la energía eléctrica realmente suministrada por la eléctrica no tiene por qué teóricamente venir de esta planta, es decir, que la curva de carga y de producción no tienen que coincidir, ni tampoco tiene que ejercer el consumidor cualquier control sobre esta capacidad generadora. Sin duda también será un elemento primordial de negociación entre generadoras y las comercializadoras dominantes, que tienen limitaciones regulatorias en cuando al control de capacidad de generación.
¿100% renovable?
Siempre insisto en la coexistencia harmoniosa entre las diferentes tecnologías –eso sí– 100% renovables, y sus diferentes formas de contratación, porque es una necesidad para alcanzar el 100% de consumo renovable. Esto se debe a los desfases entre las curvas de carga de consumo, y las curvas de producción, y se soluciona combinando diferentes tecnologías que producen en momentos diferentes, utilizando las modalidades de autoconsumo, autosuministro y redención de GDO, complementándolo con contratos por diferencias y en su caso y momento baterías. Hay que hacer cálculos concretos en casos prácticos, pero ya existe una combinación de estas tres modalidades ganadora climatológicamente y económicamente para todos.
El nuevo bono social dejará sin ventajas a una buena parte de los más de 200.000 beneficiarios del mismo en Castilla y León
El plazo para la renovación del bono social eléctrico finaliza el 8 de octubre próximo. Las estimaciones apuntan a que algo menos de la mitad de los actuales beneficiarios, que superan los 200.000 en toda la comunidad, podrán seguir manteniendo sus ventajas con los nuevos condicionantes.
El próximo 8 de octubre, el antiguo modelo del bono social eléctrico, dejará de estar vigente, lo que significa que, quien fuera beneficiario y no solicite la renovación, perderá el descuento que hasta ahora se le estaba aplicando en su factura. Las asociaciones de consumidores están avisando para que se intente renovarlos antes del próximo 21 de septiembre, ya que las compañías eléctricas necesitan quince días para comprobar la documentación.
Miles de hogares de Castilla y León con derecho al bono social se podrían quedar fuera, por el momento, bien porque no han querido solicitarlo, o porque no saben que deben renovarlo, o porque les ha costado tramitarlo.
En la nueva regulación del bono social, se recogen dos figuras de consumidor eléctrico: el vulnerable, que se beneficiará del 25% de descuento; y el vulnerable severo, al que se le aplicará el 40%, que podrá llegar al 50% si está siendo atendido por los servicios sociales y está en riesgo de exclusión. Además, las familias numerosas y los pensionistas con la retribución mínima también podrán solicitar el bono.
Según la nueva normativa, un consumidor es vulnerable cuando los miembros de la unidad familiar compuesta por dos personas ingresan menos de 11.280 euros al año. Se incrementa hasta los 15.040 euros anuales si está formada por dos adultos y un menor. Llegando hasta los 18.780 si hay dos adultos y dos menores. Estos ingresos se podrán ver incrementados si en la familia hay algún miembro con una incapacidad superior al 33%, o ha sido víctima de violencia de género o terrorismo.
Si los ingresos del ciudadano no llegan al 50% de los fijados para el consumidor vulnerable, será considerado vulnerable severo. Para todos los beneficiarios hay un máximo anual de consumo subvencionado, en relación a los miembros de la unidad familiar, que va desde los 1.200 kwh para unidades familiares sin menores, hasta los 3.600 kwh para las familias numerosas.
El descuento se aplica directamente sobre la factura desde el primer día de facturación en el que se reciba la solicitud. El bono tendrá una validez de dos años si el titular no pierde alguno de los requisitos por los que le fue concedido y será la compañía eléctrica la encargada de comunicar el vencimiento con anterioridad dos semanas antes. Para las familias numerosas el descuento estará activo durante la vigencia del documento que les acredita como tal.
Otra de las grandes novedades que traía esta nueva normativa es que las compañías comercializadoras no podrán cortar el suministro a las personas que se encuentren en riesgo de exclusión social. Para el resto de consumidores vulnerables, el plazo para cortar la luz pasa de dos a cuatro meses.
La Junta destina 200.000 euros para una nueva edición del Plan Renove de calderas y calentadores domésticos de más de diez años
Las ayudas pueden alcanzar los 500 euros y por primera vez se exigirá un certificado de achatarramiento
La Consejería de Economía y Hacienda ha liberado una partida de 200.000 euros para una nueva edición del Plan Renove de calderas y calentadores. El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó el pasado 3 de julio las bases de la convocatoria de esta línea de subvenciones, que está dirigida a incentivar la sustitución en el ámbito doméstico de estos aparatos obsoletos por otros que cumplan las normativas vigentes en materia de seguridad, eficiencia energética y reducción de emisiones. Las ayudas pueden alcanzar los 500 euros por aparato y por primera vez se exigirá al solicitante la presentación de un certificado de achatarramiento del equipo retirado que haya sido emitido por un gestor autorizado de este tipo de residuos.
Esta nueva edición del Plan Renove pretende que los ciudadanos eviten los riesgos de mantener en sus hogares instalaciones poco seguras e impulsar al mismo tiempo políticas de ahorro energético y reducción de contaminantes al medio ambiente.
En esta línea, el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, prohíbe la instalación de nuevos equipos de gas de tipo atmosférico por razones de seguridad, promueve la utilización de calderas de condensación y concreta las prescripciones de eficiencia energética recogidas en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Ahora, el Gobierno autonómico ha decidido reeditar una línea de ayudas, dotada con 200.000 euros, para promover la sustitución en el ámbito doméstico de calderas de calefacción y calentadores de agua individuales con una notable antigüedad. Hay que tener en cuenta que estos viejos equipos presentan un rendimiento energético menor que los actuales –por lo que son más contaminantes– y, si su mantenimiento es deficiente, pueden conllevar riesgos para la salud de las personas.
A estas subvenciones pueden optar los propietarios de viviendas empadronados en Castilla y León que hayan renovado sus equipos en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de octubre de este año. Una de las novedades principales de esta convocatoria es la exigencia al solicitante de presentar un certificado de achatarramiento del aparato retirado, que debe haber sido emitido por un gestor autorizado de este tipo de residuos.
Asimismo, este año se incrementa hasta el 150 % la cuantía individual de la ayuda, pudiendo llegar hasta los 500 euros por caldera o calentador, en función de la tipología. El régimen de concesión de estas subvenciones es de concurrencia no competitiva y se realizará por orden de presentación de solicitudes, desde que el expediente esté completo.
Información completa sobre las Bases publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/07/03/pdf/BOCYL-D-03072018-4.pdf
200.000 viviendas en Castilla y León tendrán que contabilizar individualmente su consumo de calefacción antes de 2021
La puesta en marcha de la norma permitirá a las familias castellano-leonesas ahorrar hasta 300 €/año
El pasado mes de marzo el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital publicó una Propuesta de Real Decreto por el que se regula la contabilización de consumos individuales de calefacción. Con la entrada en vigor de este Real Decreto todos los edificios con calefacción central que no resulten exentos de la obligación, por no ser rentable o técnicamente inviable, deberán instalar contadores de calorías o repartidores de costes de lectura remota. Asimismo, el Ministerio tiene prevista que la aplicación de la medida, que afectará a cerca de 1,5 millones de hogares en toda España (el 6,9% del total), se haga de manera gradual.
Estos plazos se han establecido para evitar que se produzca un embudo en la instalación de estos dispositivos. Además, habrá multas y estas serán de entre 1.000 y 10.000 euros si no se cumple con la obligación, siendo las comunidades autónomas las responsables de inspeccionar y multar, en su caso.
La comunidad de Castilla y León cuenta con casi 200.000 viviendas con calefacción colectiva o central que, según la normativa europea, están obligadas a instalar contadores individuales que midan el consumo de calor, refrigeración o agua caliente de cada una de ellas.
Según Ignacio Abati, Director General de ista, empresa especializada en medición, reparto y ahorro de consumos de calefacción y presidente de Aercca (Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción), “el objetivo final de este Real Decreto es cumplir con la Directiva sobre Eficiencia Energética Europea que todavía no se ha implantado en España en su totalidad. No en vano, esta medida supondrá importantes ahorros de energía y de emisiones contaminantes”.
“No hay que olvidar el importante aporte medioambiental que la nueva normativa va a suponer”, asegura Ignacio Abati, “en el caso de Castilla y León se dejarán de emitir un total de 50.000 toneladas de CO2 al año”.
La medida también traerá aparejada la creación de puestos de trabajo estables. Los expertos calculan que la instalación y gestión de sistemas de medición individual generará en España un total de 2000 puestos de trabajo, directos e indirectos, 400 de ellos en Castilla y León.
Calendario de implantación
- Marzo 2018 – El Ministerio de Energía publica la Propuesta de Real Decreto por el que se regula la contabilización de consumos individuales de calefacción.
- Antes de finales de 2018 – Se espera que se apruebe este Real Decreto.
- 30 de abril de 2020 – fecha límite para evaluar la rentabilidad económica de las instalaciones en Edificios con más de 70 viviendas
- 31 de agosto de 2020 – fecha límite para evaluar la rentabilidad económica de las instalaciones en Edificios con menos de 70 viviendas.
- 31 de julio de 2021 – fecha límite para la instalación de sistemas de medición individual de calefacción para edificios con más de 70 viviendas.
- 30 de noviembre de 2021 – fecha límite para la instalación de sistemas de medición individual de calefacción para edificios con menos de 70 viviendas.
Salamanca diseña un innovador modelo de ciudad verde para adaptarse al cambio climático
El Ayuntamiento de Salamanca ha presentado un proyecto de desarrollo de infraestructura verde como estrategia de adaptación al cambio climático a una convocatoria de fondos europeos. El objetivo es diseñar unas directrices estratégicas en el contexto de la diversidad urbana de la Red de Ciudades CENCYL, que agrupa a municipios del centro de Portugal y de Castilla y León.
La Red de Ciudades CENCYL, de la que forma parte Salamanca, trabaja para el desarrollo urbano sostenible de las medianas y grandes ciudades de su territorio a través del fomento de la cooperación interurbana, el intercambio de ideas, informaciones y experiencias, así como la valorización de la cultura del emprendimiento y del trabajo en red.
Entre los principales objetivos del proyecto está el crecimiento sostenible a través de una cooperación transfronteriza para la prevención de riesgos y la mejora de la gestión de los recursos naturales, al tiempo que se impulsa la protección del medio ambiente y se promueve la eficiencia de los recursos.
De esta manera, las principales actuaciones que pretende desarrollar el Ayuntamiento de Salamanca están íntimamente relacionadas con el Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía y el Plan de Infraestructura Verde de Salamanca.
Salamanca se adhirió al citado Pacto en 2016 con el compromiso de reducir las emisiones de dióxido de carbono en al menos un 40% hasta 2030.
El Ayuntamiento de Salamanca continúa trabajando en un nuevo modelo de ciudad más verde, saludable y sostenible a través del Plan de Infraestructura Verde que persigue aumentar la calidad ambiental y reducir la contaminación. Al tiempo que mejora la calidad de vida, la salud y el bienestar de las personas, contribuye a generar riqueza, crear empleo y aumentar las oportunidades de ocio y turismo.
El presupuesto global de este proyecto, liderado por el Ayuntamiento de Salamanca e integrado por los Ayuntamientos de Valladolid y de Ciudad Rodrigo y las Cámaras Municipales de Guarda, Viseu, Aveiro y Figueira da Foz, es de 810.000 euros. De esta cantidad, la ayuda FEDER representaría el 75%.
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