legislación
Las renovables españolas en 2016: sol al final del túnel
Artículo de
Piet Holtrop y Daniel Pérez
Socios del despacho HOLTROP S.L.P. Transaction & Business Law
El Gobierno de Rajoy-Soria ha sumido a las energías renovables en una situación verdaderamente mala. Estos últimos años, y en especial el 2014, han sido muy duros para los miles de ciudadanos que confiaron en la palabra del Gobierno y en la seguridad que daba una retribución publicada en el BOE.
Por el camino, muchos productores perdieron su planta, ante la imposibilidad de hacer frente a los vencimientos de sus préstamos. Muchos otros tuvieron que poner dinero de sus bolsillos o negociar una refinanciación con el banco.
Estos años, España ha quedado última en todos los ránquines sobre nueva potencia renovable. La buena noticia es que ya hemos tocado fondo y que el futuro es renovable, a pesar de los esfuerzos del actual Gobierno y de las eléctricas españolas por perpetuar el modelo fósil.
Las perspectivas para el año que dentro de poco se iniciará son mejores, porque toda una serie de decisiones judiciales y políticas, unidas al avance tecnológico, pueden ayudar a mejorar la situación del sector renovable.
Preludio: 20 de diciembre de 2015
El próximo 20 de diciembre estamos llamados a las urnas para elegir al próximo Parlamento Español, quien a su vez investirá al siguiente Presidente del Gobierno. El resultado de las urnas tendrá una incidencia decisiva en un sector tan regulado y dependiente de los vaivenes políticos como el de la energía en general y el de las renovables en particular.
Según el signo político del nuevo Gobierno, en pocas semanas podría derogarse la normativa desfavorable al autoconsumo y la moratoria a las renovables, a la par que iniciar un proceso de diálogo con el sector renovable, para encontrar una solución a los productores que han sufrido los recortes y restablecer así la seguridad jurídica del país.
Es de justicia poética que, igual que el primer Real Decreto-Ley del Gobierno de Rajoy-Soria, el RDL 1/2012, fue la moratoria a las renovables, el primer Real Decreto-Ley del nuevo Gobierno, el RDL 1/2016, contuviera medidas de impulso a las energías renovables.
Y mientras tanto, decenas de Ayuntamientos de toda España están dando pequeños pasos hacia el cambio de modelo energético que pronto comenzarán a dar resultados concretos, incluyendo una mayor implantación de la generación distribuida renovable.
Atentos a Bruselas…
No cabe duda de que el tema energético se está europeizando cada vez más. La Comisión Europea tiene varios expedientes calientes en su mesa, sobre los que tendrá que decidir a lo largo del año 2016 y que pueden ser determinantes para el sector eléctrico español.
Al margen de las decisiones en relación con las denuncias que hemos presentado contra la reforma de Soria (DG Energía) y el Impuesto Eléctrico (DG Fiscalidad), la gran batalla se juega en la Dirección General de Competencia, donde se decidirá sobre la compatibilidad con la normativa europea de ayudas de estado de: (1) la sobrecompensación de casi 3.600 millones de EUR a las eléctricas españolas en concepto de Costes de Transición a la Competencia; (2) las ayudas al carbón español; (3) las ayudas españolas a las energías fósiles disfrazadas bajo el concepto de pagos por capacidad; (4) la retribución a las renovables, tanto bajo los Reales Decretos 661/2007 y 1578/2008 como del nuevo régimen del Real Decreto 413/2014 y la Orden IET/1045/2014.
… y a Madrid (con un ojo puesto en Luxemburgo)
Tampoco podemos olvidar los litigios que tenemos abiertos ante el Tribunal Supremo, y en especial los relacionados con los mencionados Real Decreto 413/2014 y Orden IET/1045/2014, normas mediante las cuales se instrumenta el recorte a las renovables del Gobierno del PP y el recurso de casación por el Real Decreto-Ley 14/2010, del recorte de horas a la fotovoltaica.
Una vez celebradas las ratificaciones de la prueba pericial propuesta por la mayoría de recurrentes y evacuado el trámite de conclusiones sucintas, es el momento de que el Tribunal Supremo decida. Y en ese sentido, esperamos que plantee la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como es su obligación, para que éste se pronuncie por fin sobre los recortes a las renovables en España. El restablecimiento de la seguridad jurídica en el sector renovable será clave para el futuro del sector, pues favorecerá nuevas inversiones en renovables en España.
Cabe señalar, en esta línea, que cada vez se observa un mayor consenso entre los principales despachos de abogados que representan a empresas del sector renovable sobre la necesidad de europeizar el asunto y sobre el incremento de posibilidades de éxito a la luz de los últimos avances.
Sol al final del túnel
España tiene que llegar a cubrir el 20% de su consumo energético final mediante energías renovables. Y aún le faltan entre 6 y 8 puntos porcentuales, según la fuente. Es decir, que necesita, al menos y según la propia planificación del Ministerio, entre 6.600 y 8.500 nuevos MW renovables para poder alcanzar sus compromisos internacionales. Además, REE tiene en la actualidad solicitudes por más de 50.000 MW de energía fotovoltaica.
Si a ello le sumamos el previsible despegue del autoconsumo, una vez se ha conocido ya el peor escenario posible (RD 900/2015), no cabe sino concluir que habrá sol al final del túnel. Y la longitud del túnel dependerá del resultado de las urnas el 20-D y de los litigios en marcha.
Ilustración: J.C.Florentino
La Junta pide al Ministerio mejorar con urgencia la orden relativa al carbón para que las empresas acometan las inversiones en las centrales
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no ve claro el Plan elaborado por el Ministerio de Industria para el carbón español de cara al periodo 2015-2018. La CNMC rechaza su presentación como incentivo medioambiental y recomienda al Ministerio su tramitación ante Bruselas para su autorización al creer que puede considerarse como “ayuda de Estado”. El informe de la Comisión Nacional enfría las expectativas de las empresas mineras y de los trabajadores de cara a los próximos años.
La Junta de Castilla y León sigue defendiendo que el plan se ajusta a la legalidad vigente. Según asegura a www.energiacastillayleon.com el director general de Energía y Minas de la Junta, Ricardo González Mantero, “respecto al céntimo verde, consideramos que el incentivo fiscal propuesto es la mejor solución para mejorar la competitividad de las producciones de carbón de León y Palencia, y que se han aportado en abundancia argumentos jurídicos para garantizar que esta actuación se ajusta a la legalidad vigente”.
Según la Junta, las empresas con centrales en propiedad que usan carbón en la comunidad habían previsto su paso al Plan Nacional Transitorio.
“Respecto a la Orden de pagos por capacidad -asegura el Director General de Energía y Minas de la Junta- antes de 1 de octubre, fecha tope marcada en el RD 815/2013, y a la vista de que el Minetur había comprometido publicar la Orden de pagos por capacidad, las tres empresas eléctricas con centrales térmicas en Castilla y León decidieron pasar los cinco grupos térmicos que siempre hemos previsto podrían adaptarse a la Directiva de Emisiones Industriales (DEI), a Plan Nacional Transitorio (PNT), lo que posibilita tomar posteriores decisiones de inversión. Estos 5 grupos son: Endesa: Compostilla 3, 4 y 5; Gas Natural Fenosa: La Robla 2 e Iberdrola: Guardo 2”.
La clave de todo el proceso se centra ahora en las inversiones que deben acometer las empresas para no tener que adelantar el cierre de las centrales.
Para Ricardo González Mantero, “pese a que la decisión es buena, en el sentido de que la otra opción era permanecer en la exención (de cumplir la DEI) por vida útil limitada (a 17.500 h de funcionamiento desde 1 de enero de 2016, y cierre a más tardar el 31 de diciembre de 2023), tiene sus consecuencias: si finalmente no se acometen inversiones (instalaciones de desnitrificación), la fecha de cierre se adelantará al 30 de junio de 2020, como máximo (puede ser antes, ya que hay una limitación de emisiones que obliga a parar cuando se alcance). Si las inversiones se acometieran, en cambio, se daría un horizonte de largo plazo de operación de estas centrales”.
Ahora el balón está en el tejado del Ministerio de Industria y su responsable José Manuel Soria. O del próximo ministro que haya tras las elecciones.
“Ese posible adelanto del cierre en 3,5 años es una cuestión responsabilidad absoluta del Minetur –asegura el Dirección General de Energía y Minas– que es el que ha dado las señales a las eléctricas para que pasaran las centrales a PNT. Por lo tanto, corresponde al Minetur mejorar el texto de la Orden con urgencia para notificarla a la Comisión y publicarla en el BOE, para lo que ya dispone de observaciones, remitidas en su momento como alegaciones al texto propuesto, y que no se llegaron a tener en cuenta”.
Ilustración: J.C.Florentino
La regulación de las renovables: múltiples frentes abiertos
Artículo de
Piet Holtrop, Socio Fundador de HOLTROP SLP Transaction & Business Law (en la fotografía)
y Daniel Pérez, Abogado de HOLTROP SLP Transaction & Business Law
Además de los recortes, el Gobierno está llevando a cabo una campaña de acoso y derribo contra la energía fotovoltaica, que, entre otras cosas, implica inspecciones masivas a instalaciones y cancelaciones de la retribución
Si hace unos meses decíamos que la batalla por la defensa renovable en los tribunales no había hecho más que empezar, ahora ya podemos constatar que se están abriendo diferentes frentes, que no son sino respuestas legales a los ataques del actual Gobierno del PP contra las energías renovables.
Los recortes a las renovables
No cabe duda de que el mayor ataque a las renovables son los recortes a la retribución para las instalaciones existentes. Hasta el año 2010, las renovables tenían una tarifa regulada o prima garantizada durante un determinado número de años, se beneficiaban de prioridad de acceso, conexión y despacho, estaban exentas del Impuesto Especial de la Electricidad y no sufrían ningún otro impuesto especial, podían usar a red de transporte y distribución sin cargas adicionales, su retribución se actualizaba según el IPC y existía un complemento por energía reactiva.
Pues bien, durante estos años, esas instalaciones han sufrido toda una serie de medidas desfavorables que les han puesto en una situación de quiebra técnica: límite de años retribuidos a la termosolar y la eólica (Real Decreto 1614/2010) y a la fotovoltaica (Real Decreto 1565/2010), límite a las horas retribuidas para esta última (Real Decreto-Ley 14/2010), peaje de acceso a la red de transporte y distribución (Real Decreto-Ley 14/2010), moratoria generalizada a las renovables (Real Decreto-Ley 1/2012), impuesto a la producción de energía eléctrica del 7% (Ley 15/2012), fin de la actualización según el IPC e imposibilidad de elegir la opción de pool más prima (Real Decreto-Ley 2/2013), supresión del complemento por energía reactiva (Real Decreto-Ley 9/2013), reducción drástica de la retribución, que además pasa a ser revisable (Real Decreto 413/2014, Orden IET/1045/2014), prioridad de despacho condicionada (Ley 24/2013) y obligación de financiar los desequilibrios del sistema (Ley 24/2013).
Para combatir estos recortes, estamos recurriendo todos los actos posibles, ya sean normas de rango inferior al legal o actos de aplicación, como liquidaciones de las primas o autoliquidaciones del impuesto eléctrico, sin descartar tampoco la acción por responsabilidad patrimonial, una vez llegado el momento.
Las ayudas de Estado
Un frente de reciente apertura es el de las ayudas de Estado. En la Unión Europea se ha producido un cambio de criterio en los últimos años, y ahora los costes permanentes del sistema eléctrico son considerados como fondos estatales a efectos de la normativa sobre ayudas de Estado. Esto implica que todos esos costes tienen que ser autorizados por la Comisión Europea, previa notificación.
Las cancelaciones del régimen retributivo
Al margen de los recortes, el Gobierno está llevando a cabo una campaña de acoso y derribo contra la energía fotovoltaica, que, entre otras cosas, implica inspecciones masivas a instalaciones y cancelaciones de la retribución por causas de lo más dispares y no imputables a los productores, como puede ser un retraso en el vertido por culpa de la distribuidora o un error en la preasignación del propio Ministerio de Industria. La cancelación implica no sólo que ya no se cobrará más prima, sino la obligación de devolver las cuantías percibidas desde el inicio de la actividad de la instalación.
El autoconsumo
Otra materia objeto de litigiosidad es, y sobre todo, será, el autoconsumo de energía eléctrica. Primero de todo, hay que señalar que el autoconsumo es legal y rentable en España. No obstante, el Gobierno pone o amenaza con poner, trabas innecesarias que pueden restarle atractivo a la actividad. Por el momento, hemos denunciado ante el Parlamento Europeo la subida del término de potencia de la factura, que desincentiva económicamente el autoconsumo. Nuestra petición fue aceptada por todos los grupos políticos y ahora será estudiada por la Comisión Europea.
Paralelamente, estamos trabajando junto con las patronales del sector para que las Comunidades Autónomas acepten tramitar las instalaciones de autoconsumo sin vertido a red a través del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, que contiene un procedimiento de autorización simplificado y una regulación más favorable al autoconsumo que la del Real Decreto 1699/2011 y también participamos en numerosas conferencias en las que explicamos la normativa actual sobre autoconsumo.
Firmeza Solar
Finalmente, pero no menos importante, hemos puesto en marcha un proyecto para dar respuesta a las necesidades de financiación de los productores renovables ahogados por los recortes sufridos. Para ello, ofrecemos diferentes alternativas, todas ellas orientadas a que los inversores iniciales de la instalación puedan mantenerla si lo desean, y así poder beneficiarse de las posibles sentencias favorables que declaren ilegales los recortes. Entre esas soluciones está una campaña de financiación ciudadana de las plantas con problemas que pondremos muy pronto en marcha a través de Internet.
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