Nuclear
La Universidad Católica de Ávila (UCAV) debatió en unas jornadas los desafíos de la energía nuclear en el siglo XXI
La Universidad Católica de Ávila (UCAV) organizó un ciclo de jornadas con la energía nuclear como protagonista. Bajo el título “Perspectivas y Desafíos de la Energía Nuclear en el Siglo XXI: Ingeniería, Energía y Aplicaciones Médicas”, se celebrarán diferentes jornadas. La primera de ellas ha estado a cargo de Miriam Díaz Hernández, coordinadora de comunicación y contenido multimedia de Jóvenes Nucleares.
En el ciclo de conferencias se estudiarán diferentes aspectos relacionados con la energía nuclear. Esta primera, ha tratado la energía nuclear en términos generales y ha ido destinada principalmente a alumnos de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electrónica de la UCAV. Las siguientes ponencias no cuentan con fecha definitiva, pero se sabe que la segunda versará sobre los posibles futuros reactores de fusión. Y, la tercera, estará enfocada al campo de la medicina nuclear.
Hablamos de actividades extracurriculares que, Diego Vergara, decano de la Facultad de Ciencias y Artes de la UCAV, considera como una “actividad muy importante” ya que es “un conocimiento que va más allá de lo que se suele tratar en las aulas”. Y ha recordado que es “una salida profesional muy interesante y bien remunerado”, a las cuales ya han optado alumnos de la UCAV.
El congreso se celebra en un contexto de desconocimiento en la materia. Con un horizonte sin sector nuclear en España. Contrario al sistema utilizado por muchos países para suministrar energía a sus ciudadanos y abaratar los precios.
“Desde las universidades y desde las instituciones debemos apoyar y, en la medida de los posible, apostar por un mix energético equilibrado donde todas las tecnologías tengan cabida”, ha asegurado Pablo Fernández Arias, director del Máster Universitario en Ingeniería Industrial. La energía nuclear tiene, “cada vez más aplicaciones”, y considera que tiene un gran interés para el alumnado y para la provincia de Ávila.
Las jornadas se desarrollan en el marco de una nueva colaboración con la Universidad con la Sociedad Nuclear Española y con Jóvenes Nucleares, a la que pertenece Miriam Díaz, ponente de esta primera sesión: “Centrales Nucleares. Seguridad y Gestión de los Residuos Radioactivos”. “Son los tres pilares que hay que conocer para comprender cómo funciona la energía nuclear”, ha asegurado. Una divulgación del conocimiento que es el objetivo de Jóvenes Nucleares.
La jornada ha sido seguida por alumnos de manera presencial y a través de la plataforma online de la Universidad.
Los ingenieros industriales de Castilla y León, a favor de ampliar la vida del parque nuclear existente
Los colegios de Burgos, León y Valladolid subrayan la importancia de equilibrar energía nuclear y renovable para un futuro comprometido con la sostenibilidad
Los ingenieros industriales de Castilla y León defienden que es necesario ampliar la vida del parque nuclear español existente, que suministra el 20% de la demanda anual de electricidad, unos 55.000 GWh.
“Sólo impidiendo el cierre de las centrales nucleares de España se podrá garantizar la cobertura de la demanda eléctrica, al mismo tiempo que se reducen las emisiones de CO2 que tendrían lugar si dicha producción tuviera que cubrirse en todo o en parte con ciclos combinados que quemasen gas natural”, aseguran los colegios de ingenieros industriales de Burgos, León y Valladolid, que con este posicionamiento se unen a la reivindicación del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM), acordada en el seno de la Comisión de Energía.
En este sentido, sostienen que la sustitución del gas natural por hidrógeno verde se encuentra aún en fase embrionaria, que requiere todavía mucho desarrollo técnico y normativo antes de su aplicación generalizada en red de forma segura y competitiva.
Los ingenieros industriales abogan por la “prolongación controlada y segura de las licencias de operación del parque nuclear actual como la mejor forma de gestionar el futuro de nuestro sistema eléctrico y los riesgos geopolíticos que puedan resultar del suministro de gas natural”.
Al menos, aseguran, “hasta que las energías renovables y el almacenamiento de larga duración estén plenamente implantados”.
La Unión Europea busca frenar el cambio climático reduciendo emisiones de CO2, pero la crisis energética, agravada por la guerra en Ucrania y otros factores geopolíticos, ha puesto en evidencia la dependencia del gas natural, en particular del ruso. Lo que se ha visto reflejado en la inclusión de la energía nuclear como complemento de las renovables en la taxonomía verde y en la reforma del mercado eléctrico acordada a finales de 2023, bajo la presidencia española. La vuelta a la energía nuclear es, en la actualidad, una opción ante las disrupciones geopolíticas o los inviernos fríos.
A pesar de los riesgos de suministro y precio asociados a la alta dependencia exterior del gas natural para producir electricidad, el Gobierno de España defiende seguir con los planes del cierre nuclear progresivo, que pretende ejecutar entre 2027 y 2035, según el Plan Nacional de Energía y Clima y el acuerdo alcanzado en 2019 entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Enresa y las compañías eléctricas propietarias de las centrales.
Por otra parte, aunque las renovables cubrieron más del 50% de la demanda eléctrica en 2023, la relativa lentitud en su despliegue y del almacenamiento, tanto de corta como de larga duración para dar estabilidad a su intermitencia, además del retraso en las inversiones en las redes de transporte y distribución, plantean desafíos relativos a la cobertura de la demanda a partir de 2025 que se van trasladando a la opinión pública.
Sobre los ingenieros industriales en CyL
Castilla y León cuenta con cerca de 1.700 colegiados que ejercen la profesión de ingeniero industrial. Los Colegios representan a los ingenieros industriales que desarrollan su actividad profesional en multitud de sectores, así como a alumnos de escuelas de Ingeniería. También trabajan de forma coordinada y directa con las administraciones públicas y la sociedad en general.
La Delegación de Valladolid del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, COIIM, nació en junio de 1951 con el fin de facilitar el progreso de la profesión de ingeniero industrial y atender sus necesidades. En concreto, la Delegación de Valladolid cuenta con cerca de 900 ingenieros, lo que la convierte en la más numerosa de todas las existentes, pues el COIIM abarca ámbitos territoriales en varias comunidades autónomas. Además, el COIIM, en CyL tiene delegaciones en Salamanca, Segovia, Soria y Zamora y representación en Ávila, con más de 200 miembros en conjunto.
El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales Burgos y Palencia se creó en 1999 como resultado de la segregación del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Santander, Burgos y Palencia; y aglutina unos 300 profesionales.
León cuenta desde 2014 con Colegio propio, nacido por segregación del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Asturias y León, incorporando cerca de 350 ingenieros.
Enresa comenzará en enero el traslado del material radioactivo de Garoña
La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) comenzará a cargar los contenedores de combustible gastado de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) la segunda quincena de enero en el marco de la primera fase del desmantelamiento de la instalación que comenzó con la transferencia de la titularidad -por parte de Nuclenor- el pasado 19 de julio.
Así lo ha trasladado a los medios el responsable del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, Manuel Ondaro del Pino, durante una visita informativa sobre el proyecto de desmantelamiento y clausura de la instalación.
El combustible gastado se almacenará en 49 contenedores que permanecerán en el Almacén Temporal Individualizado (ATI) junto a otros aproximadamente seis de residuos especiales -con los componentes internos del reactor ya en la segunda fase-, pero estos de características diferentes.
A la intemperie y en dos grandes losas antisísmicas, Garoña guardará, tanto el combustible gastado en ella como los residuos de alta actividad, hasta el año 2073, fecha en la que se trasladarán definitivamente a un Almacén Geológico Profundo (AGP).
Nuclenor llenó el primer contenedor -de estos 49- antes de la transferencia de la titularidad a Enresa, que ahora continuará con la carga de cuatro contenedores tras haber implementado medidas adicionales de seguridad a petición del Consejo Regulador de Seguridad Nuclear.
«Vamos a empezar la próxima semana con las pruebas de las diferentes actividades y los diferentes procedimientos a ejecutar porque nuestra intención es en la segunda quincena de enero poder empezar con la carga de los cuatro contenedores que nos quedan pendientes de la de esta primera fase y luego ya vendrán los restantes hasta completar los 49», ha explicado Ondaro, que ha precisado que el proceso de carga de cada contenedor es de dos semanas.
«Las centrales no fueron diseñadas para desmantelarlas», ha apostillado el máximo responsable de este proceso, al tiempo que ha detallado que una vez se haya realizado la gestión del combustible gastado y tengan la licencia del Centro de Seguridad Nuclear (CSN) para la Fase 2 comenzarán con el desmontaje de los grandes componentes, en este caso de los internos de la vasija, el secador, el evaporador y realizarán la gestión de los residuos.
Posteriormente, descontaminarán las paredes de los edificios para demostrar que se pueden demoler de forma convencional y, por último, Enresa también se encargará de la vigilancia radiológica del lugar. Así, cuando recban el visto bueno del CSN devolverán la instalación al propietario, en este caso, a Nuclenor. Todo ello, en un plazo estimado de 10 años – tres años la Fase 1 y siete años la Fase 2.
En cuanto a la estimación presupuestaria de las dos fases, aunque puede haber una reestimación, el coste inicial es de 475 millones de euros a los que habría que sumar 180 millones de euros correspondientes del coste de los contenedores de combustible gastado.
Respecto al personal que durante esta década en la que se va a acometer el desmantelamiento, Ondaro los ha dividido en tres grandes bloques. Por un lado, el personal de Enresa que se compone de 31 personas en los diferentes servicios, casi el doble que se empleó en el proceso de José Cabrera; por otro lado, el personal de Nuclenor en prestación de servicios, alrededor de 70 personas; y también unas 185 personas de diferentes empresas colaboradoras en diferentes ámbitos. En la fase última se acomodará el personal al trabajo e irá «a la baja», ha deslizado Ondaro.
Ondaro ha explicado que hay cuatro tipologías de residuos radiactivos: «El residuo de alta actividad lo vamos a gestionar en contenedores diseñados al uso, luego hay residuos especiales que es una menor cantidad y que provienen fundamentalmente del corte y la segmentación de los internos y los residuos de baja y media actividad y de muy baja actividad», estos últimos se gestionarán en el almacén de residuos El Cabril (Córdoba).
«En la primera fase vamos aproximadamente a gestionar unas 7.000 toneladas de materiales, 4.000 provenientes del edificio de turbina, de los que el 50 por ciento de ese material será considerado como residuo de baja y media actividad y muy baja actividad, y el otro 50 por ciento que será clasificado como residuo convencional y se gestionará con los gestores autorizados», ha detallado.
Desde que se produjo la transferencia el pasado 19 de julio y hasta la fecha, Enresa ha dedicado estos meses a adaptar la documentación a los requerimientos que tienen que finalizar antes de enero para mandarlo al CSN y también han adjudicado otras grandes obras para modificar el edificio de turbina que empezarán a ejecutar el próximo año.
Este edificio que aloja la turbina, la máquina para transformar la energía, se convertirá durante el desmantelamiento en el almacén auxiliar de desmantelamiento, donde se llevarán a cabo las actividades de acondicionamiento de residuos en los contenedores de hormigón.
«Una vez que tengamos esto desmontado y adecuado la instalación del centro de acondicionamiento de residuos, podremos llevar a cabo aquí las actividades de acondicionamiento de residuos en los contenedores de hormigón y su adecuación y envío como residuos de baja y media actividad al almacenamiento de El Cabril», ha explico durante la visita la jefa de Servicio de Protección Radiológica, Marta Gómez.
Concretamente, van a desmontar de este edificio unas 4.000 toneladas de residuos metálicos de las que estiman por las caracterizaciones previas que aproximadamente el 50 por ciento salga material «desclasificado, limpio, convencional para su reciclado en el sector industrial» y el 50 por ciento «residuo de baja y media y muy baja para su gestión y envío a El Cabril». Enresa lleva a cabo este proceso con el objetivo de minimizar la cantidad de residuos que se generan, ha asegurado Gómez.
La Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) firma un protocolo con el Ministerio de Transición Ecológica para el desarrollo de un Convenio de Transición Justa en la comarca de Garoña
La Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC), representada por su presidente, Juan Pedro Sánchez Yebra, ha suscrito un protocolo para el desarrollo del proceso participativo del diseño de un Convenio de Transición Ecológica de la zona de Garoña con el Ministerio de Transición Justa y Reto Demográfico, los Gobiernos de Castilla y León y del País Vasco y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
El protocolo tiene como objeto establecer un marco general de colaboración e intercambio de información entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las comunidades autónomas de Castilla y León y País Vasco y la Federación Española de Municipios y Provincias, para poner en marcha el proceso participativo de diseño del Convenio de Transición Justa de Garoña, incluyendo la fijación de los objetivos estratégicos para la transición justa que garanticen el crecimiento económico sostenible, bienestar social y empleo de este territorio.
Este convenio permitirá identificar y adoptar medidas para minimizar los impactos negativos sobre la actividad económica, el empleo y la despoblación en el área de influencia de esta central nuclear, como fórmula para garantizar un tratamiento equitativo y solidario a los trabajadores y los territorios afectados.
A la firma del mismo, de forma telemática, han asistido, además de Juan Pedro Sánchez Yebra, presidente de AMAC; la secretaria de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Sara Aagesen; el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo; la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia Otaegi; y Carlos Daniel Casares, secretario general de la FEMP, en representación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Para el desarrollo del dicho protocolo, las partes firmantes, de forma coordinada, pondrán en común cuanta documentación e información dispongan para el diagnóstico concreto de las necesidades, dando el apoyo técnico para que se pueda desarrollar el proceso participativo de definición del contenido del Convenio de Transición Justa de Zorita.
El Convenio de Transición Justa de Garoña incluirá 27 municipios, de los cuales 24 pertenecen a la Comunidad de Castilla y León, en concreto a las comarcas de Las Merindades, Bureba y Ebro. Los tres municipios restantes están ubicados en el País Vasco. Del total de municipios, 14 pertenecen a AMAC.
“El Convenio nos ayudará a optimizar las numerosas oportunidades que la transición energética y ecológica puede significar para esta zona. Hoy, abrimos una importante vía de colaboración con todas las administraciones, para que entre todos consigamos los mejores resultados en este proceso para la gente y las empresas de estas zonas”, ha señalado la secretaria de Estado de Energía.
Participación pública
La participación pública es una de las claves en la elaboración de los Convenios. Se trata de un proceso transparente e inclusivo en el que multitud de actores (empresas, sindicatos, ayuntamientos, instituciones académicas o asociaciones sin ánimo de lucro, entre otros) tienen la oportunidad de aportar e identificar proyectos para plantear un nuevo tejido productivo en la zona.
Las nuevas actividades que se propongan incorporar a los Convenios de Transición Justa deben tener en cuenta, de manera prioritaria, estos aspectos: la energía renovable y la eficiencia energética, la movilidad sostenible, la rehabilitación de edificios, la economía circular, la adaptación al cambio climático, la agricultura ecológica o de secano, la ganadería extensiva o el turismo sostenible, entre otros, aunque se contemplarán otros nichos de empleo particularmente interesantes para las zonas afectadas.
Por último, con el fin de asegurar un adecuado seguimiento del objeto del protocolo y de velar por su cumplimiento y desarrollo, se constituirá una Comisión Mixta de Seguimiento que incluirá a todas las partes firmantes.
Este protocolo tendrá una duración de dos años, prorrogables por otros dos períodos de un año cada uno y es el paso previo a la aprobación del Convenio de Transición Justa de Garoña.
Convenios Transición Justa
Los Convenios de Transición Justa tienen como objetivo prioritario el mantenimiento y creación de actividad y empleo en el territorio a través del acompañamiento a sectores y colectivos en riesgo, la fijación de población en los territorios rurales o en zonas con instalaciones en cierre y la promoción de una diversificación y especialización coherente con el contexto socioeconómico.
Estos Convenios, que ya se han suscrito en algunas de las zonas dependientes de la industria del carbón y a finales del pasado año el primero en áreas nucleares en la zona de Zorita, implican trabajar en procesos bien diseñados, de modo que se ajusten a las necesidades específicas de los territorios sobre los que se pretende actuar, con amplia participación de todos los actores de la zona. Asimismo, deben aprovechar los recursos del territorio, apostando prioritariamente por aquellos sectores que también presenten mejores resultados de sostenibilidad, tanto ambiental como económica y social.
En este momento, son 12 los Convenios de Transición Justa en marcha y 6 los gobiernos autonómicos con los que se han firmado Protocolos de Actuación:
• Andalucía: Puente Nuevo-Valle del Guadiato (Córdoba); Carboneras (Almería); Los Barrios (Cádiz)
• Aragón: Andorra-Comarcas Mineras (Teruel).
• Principado de Asturias: Suroccidente, Valle del Nalón y Valle del Caudal.
• Castilla-La Mancha: Zorita
• Castilla y León: Bierzo-Laciana y Montaña Central Leonesa-La Robla (León) y Guardo-Velilla (Palencia)
• Castilla y León y País Vasco: Garoña (Burgos y Álava) • Galicia: Meirama
El presidente de Iberdrola pide al Gobierno que defina un marco “económicamente viable” para la energía nuclear
El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha presentado los resultados del grupo para el primer trimestre de 2017. La compañía ha obtenido un beneficio neto de 828 millones de euros y un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 1.862 millones de euros entre enero y marzo. Las inversiones se han incrementado un 13,4% entre enero y marzo, hasta alcanzar los 1.016 millones de euros. De este importe, tal y como ha explicado el presidente de la empresa, un 93% se ha destinado a redes, renovables y generación contratada.
A preguntas de los analistas, el presidente de Iberdrola ha analizado también la situación del parque nuclear en España, ante la situación creada por la reapertura o no de la Central de Garoña. “La situación, como ya expliqué en nuestra Junta General de Accionistas, es que nuestra filial nuclear tiene graves pérdidas, principalmente debido a las nuevas tasas y obligaciones que han sido impuestas a esta tecnología en los últimos años, modificando el modelo y el plan de negocio original”.
El presidente del grupo ha pedido al Gobierno que defina un marco económicamente viable para esta tecnología, antes de tomar ninguna decisión sobre nuevas autorizaciones de operación: “Hemos pedido más tiempo al Gobierno -doce meses antes del vencimiento de la licencia en lugar de los tres años actuales- y entiendo que ellos tienen que redefinir el modelo energético del país; no podemos tomar así decisiones que afectan a nuestros resultados”.
Asimismo, ha reiterado que “queremos que el Gobierno defina una planificación energética para ver cómo se va a retribuir la generación nuclear para cubrir los costes y generar algún beneficio”.
EL CSN da luz verde a la renovación de la fábrica de uranio de Juzbado en Salamanca con capacidad para 500 tn
El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha dado el visto bueno a la renovación de la autorización de explotación y fabricación de la fábrica de elementos combustibles de Juzbado (Salamanca), solicitada por la empresa pública Enusa Industrias Avanzadas, al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y enviada por éste al CSN el 29 de julio de 2015.
La fábrica de Juzbado abarca todo el ciclo de producción de combustible: abastecimiento, suministro, almacenamiento de uranio, logística de componentes, fabricación de combustible, control del nivel de calidad del producto, desarrollo de equipos para la fabricación de los productos PWR, BWR y VVER y gestión de la logística y distribución a centrales de España y algunos países europeos. La fábrica tiene una capacidad máxima de producción anual de unas 500 toneladas de uranio.
El procedimiento aplicable a la renovación de las autorizaciones de explotación de las instalaciones nucleares se detalla en el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR, Real Decreto 1836/1999) y en las disposiciones de las autorizaciones de explotación vigentes. Entre los aspectos que han sido valorados por el CSN destacan los aspectos asociados a la Revisión Periódica de la Seguridad (RPS).
Además de la autorización de explotación, el Pleno también ha informado favorablemente la renovación de la autorización de protección física y la revisión del plan de protección física de Juzbado.
En el mismo Pleno del CSN, los directores técnicos de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica han informado que se continúa con la evaluación de la solicitud de renovación de la autorización de operación de la central nuclear Santa María de Garoña, de acuerdo a los requisitos y pasos que el Pleno estableció en la ITC 14/01 del 30 de julio de 2014, para que una vez satisfechos y verificados se pueda emitir el informe correspondiente.
Según la previsión ya avanzada, el citado informe podría estar concluido en el segundo semestre de este año, en torno al próximo mes de noviembre, una vez que el titular concluya todos los trabajos que todavía debe realizar, en particular las modificaciones de diseño que previamente a su entrada en servicio deben contar con la apreciación favorable del CSN.
Una decisión en la que también tendrá mucho que decir el nuevo Gobierno que salga de las urnas el próximo 26 J.
La reapertura de la Central Nuclear de Garoña, pendiente de los pactos políticos
La reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña, en la provincia de Burgos, también está muy pendiente de la formación del Gobierno y de los posibles pactos, que harían decantarse por su reapertura o su cierre definitivo dependiendo del desenlace. Y del color del futuro Ministro de Industria.
El actual Ministerio de Industria –ahora en funciones– ha respaldado con hechos su reapertura como queda claro en el Informe de Sostenibilidad ambiental de la planificación del sector eléctrico 2015-2020 conocido el pasado verano.
En relación a la generación nuclear, el informe de la Secretaria de Estado de Energía aseguraba que “se mantiene la potencia actual, con la salvedad de la puesta en servicio de Santa María de Garoña, que reanuda su funcionamiento en 2016”.
La central –de 466 megawatios– permanece parada desde finales del 2012 tras aprobar su desconexión la empresa propietaria –Nuclenor– en la que comparten accionariado Endesa e Iberdrola.
El respaldo ministerial –pendiente de la nueva formación de Gobierno– a su reapertura debe ser refrendado técnicamente por temas de seguridad por el Consejo de Seguridad Nuclear que en las últimas semanas no ha abordado el asunto pese a estar previsto.
El futuro de la Central de Garoña no sólo preocupa en Castilla y León. La Diputación Foral de Álava se ha mostrado contraria de forma tajante a la autorización que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha concedido al almacén temporal de residuos de la central. Con esta autorización, la Central podría acoger hasta 32 contenedores de residuos nucleares. A la negativa de la Diputación Foral también se une la del ejecutivo vasco.
Los problemas surgidos en torno a la construcción del almacén de residuos centralizados en Villar de Cañas (Cuenca) ha acelerado el interés de las centrales activas en contar con sus propios almacenes individualizados.
Ilustración: J.C.Florentino
“Si el Consejo de Seguridad Nuclear está a favor, sí somos partidarios de ampliar el permiso de explotación de Garoña”
Entrevista (y II) con
Ricardo González Mantero
Director General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León
El Ministerio de Industria tiene abierta la puerta a que la central nuclear de Garoña vuelva a funcionar a corto plazo. ¿Sería deseable y factible su apertura para la Administración autonómica?
Nuestra postura siempre ha sido la misma, ahora y en 2009. En 2009, el CSN dictaminó que la Central de Garoña, condicionado a ciertas inversiones, podía recibir un nuevo permiso de explotación hasta 2019, que incluso podría ser después prorrogado hasta 2029. Por cuestiones exclusivamente políticas, se decidió dar ese permiso sólo hasta 2013, y declararlo improrrogable.
Aunque ya se ha corregido esa imposibilidad de volver a la actividad, ahora es necesario que de nuevo el CSN se pronuncie sobre la seguridad de la central y las inversiones que requiere para permitir de nuevo su entrada en operación. En el caso de que se pronuncie el CSN a favor, sí somos partidarios de que se valore que el plazo del permiso de explotación que se pueda otorgar contemple una duración suficiente para amortizar las inversiones que se impongan a Nuclenor.
El carbón sigue siendo un sector estratégico para muchos municipios de la provincia de León pero su rentabilidad, debido a condicionamientos geológicos y también a los precios del extranjero, sigue siendo muy baja. ¿Tiene futuro el sector del carbón por sí solo?
En León, y en menor cantidad en Palencia, se da la circunstancia de que tenemos un carbón de muy buena calidad, con poderes caloríficos muy próximos al mejor carbón importado. Y también se da la circunstancia de que buena parte de nuestras explotaciones, y singularmente las de cielo abierto, están muy cerca de los umbrales de rentabilidad, aún en estas circunstancias de bajo precio internacional.
Entendemos que el futuro inmediato de nuestro carbón puede solucionarse con dos actuaciones, cuya puesta en marcha venimos reivindicando desde hace tiempo: la publicación de la Orden de pagos por capacidad, que aúna la adaptación de las centrales térmicas a la Directiva de Emisiones Industriales, con la obligación de compra de carbón español con contratos hasta 31 de diciembre de 2018, por una parte. Y por otra, el establecimiento de una bonificación o incentivo fiscal al carbón que cumpla los condicionantes exigidos en Europa en cuanto a temas de impacto ambiental, tratamiento de los residuos, e incluso cuestiones de seguridad y calidad del empleo minero. Si esto se produce, y la competencia para ello es estatal, mantendremos una cierta capacidad de producción de un mineral que España debería considerar estratégico, por su aportación a la garantía de suministro.
En una región tan extensa y con zonas muy despobladas el autoconsumo en áreas rurales puede resultar muy interesante. El sector asegura que la normativa que prepara Industria corta de raíz su futuro. ¿El autoconsumo debe ser más incentivado?
La normativa que está aún en discusión incrementa el número de años en los que un particular o una pyme puede amortizar la inversión en instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo. Entendemos que el peaje que pudiera llegar a imponerse a estas instalaciones cuando tienen la posibilidad de conectarse a la red de distribución no debería ser superior a la cuantía que permita la recuperación de la inversión en un plazo razonable, y así lo hemos manifestado en nuestras alegaciones.
Energía de Castilla y León 