Las centrales de carbón de Castilla y León ganan tiempo con la ampliación de los pagos por capacidad más allá de 2020

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El sector del carbón español y de Castilla y León vuelve a mirar el calendario. La reciente reunión de los 28 ministros de Energía de la Unión Europea ha decidido prorrogar al menos hasta el año 2025 las ayudas a las centras térmicas de carbón. De esta forma, los denominados pagos por capacidad que premian la disponibilidad de las térmicas en el suministro energético no se eliminan en el 2020 como en un principio estaba previsto desde la Comisión Europea.

Eso sí, el Comisario europeo de la Energía, el español Miguel Arias Cañete, anunció que solo podrán recibir estas ayudas por capacidad después de 2025 si sus emisiones están por debajo de los 550 gramos de CO2 por kilovatio hora o por debajo de los 700 kilogramos de CO2 de media por año por kilovatio de potencia instalado. Los pagos serán decrecientes a partir de 2025 hasta el 2030 cuando se pone fecha de caducidad al futuro de estas centrales.

Habrá que ver el encaje que tiene el carbón autóctono en esta ampliación de la vida subvencionable de las centrales. Lo que sí mantuvo la reunión ministerial fue el objetivo de alcanzar en el año 2030 que el 27% del consumo energético total de la Unión Europea proceda de fuentes renovables. Los llamados mecanismos de capacidad lo que retribuyen no es la producción de kilovatios de electricidad sino la disponibilidad de este tipo de instalaciones, como las centrales de carbón, para generar energía eléctrica cuando el sistema lo requiera.

En este nuevo escenario habrá que ver la postura que toman las grandes empresas propietarias de plantas de centrales térmicas de carbón –Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa– sobre sus planes de cierre o inversión. Varias de ellas en Castilla y León.

Un tema aparte que preocupa mucho a las grandes compañías propietarias es la investigación que está llevando a cabo la Comisión Europea sobre las ayudas que han recibido 14 centrales por valor de 440 millones de euros en ayudas públicas desde 2007 para subvencionar la reconversión tecnológica de las mismas mediante sistema de filtrado de óxido de azufre. Bruselas deberá decidir pronto si las ayudas se ajustaban a las normas de competencia impuestas por la Unión Europea.

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