COAG Castilla y León alerta de que las energéticas arrebatarán 60.000 hectáreas a la agricultura y la ganadería para instalar renovables

Posted on 21 septiembre, 2020

España se comprometió en los Acuerdos de París a potenciar las energías renovables en el seno del PNIEC, Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 que contempla los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la penetración de las energías renovables.  Según este marco, España debe instalar 3.000 megavatios anuales hasta esa fecha, 2030, para lograr tales objetivos, o sea, el 75 por ciento de la energía eléctrica o el 32 por ciento de la energía total.

Los 3.000 megavatios se instalan en el campo y ocuparán 5.900 hectáreas cada año, unas 60.000 hectáreas a lo largo de todo el periodo. Lógicamente, esas hectáreas no podrán ser ni cultivadas ni aprovechadas por el ganado.

De momento, las industrias energéticas, los fondos de inversión o cualquier otro tipo de inversionistas se están lanzando a la conquista de tierras por toda España para generar energía. Y a pesar de que estos agentes digan que vale cualquier tierra para esta actividad, incluso baldía, o que toda esa cantidad de hectáreas solo supone el 0,3 por ciento de la superficie agraria nacional, vemos que esta especie de colonización energética no está exenta de problemas. Sobre los que COAG CASTILLA Y LEÓN alerta y pide especial atención a las diferentes administraciones para que las tierras agrarias no sean objeto de especulación, ni se retiren de la actividad agropecuaria.

En primer lugar, no suele valer cualquier terreno, sino los que estén más próximos a los enchufes, o sea, los denominados puntos de evacuación de la energía, porque ello ahorraría ingentes costes de transporte energético. Además, muchos de los terrenos que las energéticas denominan baldíos son zonas protegidas y allí es imposible instalar placas.

En segundo lugar, parece que algunos ayuntamientos comienzan a embriagarse por los cantos de sirena de los grandes inversores y se abren a sus propuestas sin recato.

Cesar Infante Antolín es el presidente de la Junta Agraria Local de Paredes de Nava, (Palencia). Infante ha elevado un escrito al Ayuntamiento de esa localidad después de que éste haya acotado casi 650 hectáreas del bien comunal denominado “Finca El Páramo” para “uso industrial y/o instalación de proyectos de energía renovables”. Dicho escrito finaliza así: “Solicito al Ayuntamiento de Paredes de Nava que retire el proyecto de acotamiento de 624 hectáreas del bien comunal “Finca El Páramo” por no ajustarse a la legislación vigente en materia de bienes comunales”.

El artículo 94 del documento que rige el comunal insiste en que en ese terreno “el aprovechamiento y disfrute de bienes comunales se efectuará en régimen de explotación común o cultivo colectivo”. No será el caso porque el Ayuntamiento, sin consultar a la Junta Agraria Local, ha aprobado en pleno la reserva de 624 hectáreas para hipotéticos usos de generación energética, aunque los miembros de la Junta Agraria sospechan que el tema está más que hablado con los inversores y que no son tan hipotéticos. Dicen que no tienen nada contra la energía solar pero que hay muchos espacios menos agrícolas donde puede hacerse.

Uno de los motivos de este interés podría ser la existencia de puntos de evacuación en la zona, hecho que convierte al terreno en especialmente atractivo para la instalación de placas.

Sorprende también a los miembros de la Junta Agraria Local el que el Ayuntamiento les denegara una solicitud del terreno para cultivos promovidos por jóvenes agricultores alegando que era un terreno comunal que al parecer no lo es tanto ahora.

En la localidad abulense de Las Navas del Marqués el ayuntamiento promueve también otro megacomplejo energético de casi 1.000 hectáreas, 700 del propio municipio y 200 del vecino de Navalvillar de Pinares para alojar placas solares, que entorpece el pastoreo de vacuno extensivo y que también ha puesto en pie de guerra a los ganaderos.

El asunto es que los agricultores y los ganaderos se temen que tanto megacomplejo no revertirá beneficios en la zona.  José  Donoso, director de la Unión Española Fotovoltaica sostiene que los ayuntamientos se beneficiarán de los impuestos que cobran a los inversores (de la imposición rústica a la industrial hay una considerable distancia). Incluso, esta asociación estudia una explotación agraria modélicamente sostenible en la huerta solar o instalar las placas sobre superficies acuáticas para evitar la evaporación y no ocupar superficie agraria. Pero el campesino, ve una vez más cómo alguien llega a su tierra, la exprime y se lleva el dinero muy lejos de allí, sin que la pobreza endémica se aminore un milímetro.

En este sentido, COAG CASTILLA Y LÉON, que reitera su posición absolutamente favorable hacia la energía fotovoltaica, aboga por un reparto más ordenado de la inversión para que el campesino, y por tanto, el medio rural y la gente que lo habita, se puedan beneficiar de esta necesidad de instalar energía limpia. Propone que sea el propio agricultor, mediante pequeños huertos solares, quien opte a la producción de energía y cobre un complemento de renta por ello.

La asociación nacional de productores de energía fotovoltaica, Anpier, defiende un esquema parecido que emane de pequeños inversores.

ASAJA exige a los promotores de parques fotovoltaicos que se entiendan también con los arrendatarios de las tierras

Posted on 7 septiembre, 2020

Ante los distintos proyectos que están surgiendo en la provincia de León de promoción de parques de energía fotovoltaica, ASAJA exige a sus promotores que además de entenderse con el propietario de los terrenos, lo hagan también con el agricultor que como arrendatario trabaja las tierras que son de cultivo o de pastos.

En la provincia de León la mayoría de las fincas agrícolas no son propiedad de quién las trabaja, ya que la propiedad apenas alcanza el 30 por ciento, mientras que en el 70% las fincas son arrendadas a particulares o son propiedad de las juntas vecinales que las ceden a los vecinos. Por ello, y quizás a diferencia de otros territorios, entenderse con los arrendatarios es una pieza decisiva si de verdad se quieren sacar adelante estos proyectos, ya que de lo contrario los arrendatarios, haciendo valer sus derechos, pueden impedir que estos proyectos salgan adelante, cuando no retrasarlos durante años en litigios interminables.

ASAJA está en contacto con muchos de los agricultores de zonas en las que se proyectan parques fotovoltaicos (también el Somoza Solar y Maragato Solar que se publicitó ayer en algún medio local) y utilizará todo tipo de recursos para oponerse a los mismos si no se tienen en cuenta los intereses legítimos de los agricultores  arrendatarios a los que se expulsa de unas tierras que en algunos casos vienen cultivando durante décadas, y más cuando esas tierras son de entidades públicas como ayuntamientos o juntas vecinales.

Por otra parte, ASAJA está pidiendo que las líneas de evacuación de la electricidad hasta conectar con Red Eléctrica Española sean subterráneas para minimizar la afección en los terrenos por los que trascurran, y en todo caso ASAJA, como organización agraria mayoritaria, se opondrá a cualquier actuación de fotovoltaicas que se proyecte en tierras de regadío  en la que se hayan hecho importantes inversiones públicas tras la declaración del interés general.

Por último, ASAJA no se opone por sistema a estos proyectos de energías renovables en la provincia, pero considera que la responsabilidad corporativa de las empresas, y en todo caso la responsabilidad de las administraciones y de los políticos que las gobiernan, deben de tener en cuenta los intereses del sector primario, los intereses de quienes a través de los siglos han cultivado esas tierras y gracias a ellas han cuidado y ocupado el medio rural al que otros (los fondos de inversión) únicamente van a hacer negocio. Y en una provincia con más de un millón y medio de hectáreas de terreno, no parece razonable que los promotores se fijen únicamente en las 618.000 de cultivo y pastos, las que utilizan los agricultores, y no otras de monte bajo o erial que no generan ningún tipo de recurso y cuya ocupación no perjudica a un tercero.