La Junta de Castilla y León planea calentar 1200 edificios públicos con biomasa
AVEBIOM aplaude el acuerdo de la Junta de Castilla y León para calentar edificios públicos con biomasa
Entre las 10 medidas de la Junta de Castilla y León incluidas en el Acuerdo 26/2020, de 4 de junio, la tercera indica que la biomasa es la fuente de energía de referencia para calentar los edificios administrativos en sustitución de los combustibles fósiles.
Según Javier Díaz, presidente de la Asociación Española de la Biomasa –AVEBIOM–, “el Acuerdo adoptado es una excelente noticia para nuestro sector. El compromiso cada vez más definido de la Junta con la biomasa, y el ejemplo que esto supone para el resto de la sociedad, va a generar actividad y nuevos empleos, tanto en la parte de los aprovechamientos forestales como en la fabricación de pellet y astilla y en la instalación de equipos de combustión”.
El presidente de AVEBIOM recuerda los beneficios que la valorización energética de la biomasa conlleva: “menor riesgo de incendios forestales, soberanía energética, empleo rural, y todo en el marco de la economía circular sostenible, consustancial a nuestro sector”.
Desde 2013, Somacyl ha promovido la instalación de sistemas térmicos con biomasa en más de cien edificios públicos. A partir de ahora se pretende actuar sobre otros 1.200 edificios, entre los cuales figuran cerca de 300 centros de educación primaria, cuya gestión comparte con los ayuntamientos.
Además, según el inventario de bienes de 2019, la Junta es propietaria, u ostenta algún derecho real, de 2.700 inmuebles, que, en su gran mayoría requieren calefacción y ACS.
Bosques y biomasa en Castilla y León
La comunidad autónoma alberga una superficie forestal de 4,9 millones de hectáreas, de las que tres millones están arboladas y 1,8 millones de hectáreas corresponden a bosque cerrado.
La Consejería de Medioambiente se encarga de gestionar 1,3 millones de hectáreas de superficie forestal arbolada, garantizando su sostenibilidad mediante una gestión cada vez más ordenada: cerca del 70% de esta superficie se maneja de acuerdo a algún tipo de documento técnico –proyecto de ordenación, plan técnico, etc– y más de 751.000 hectáreas están certificadas en el esquema PEFC.
Los pinares gestionados por la Junta, fuente fundamental de biomasa para usos energéticos, ofrecen una cantidad de madera disponible de 2,5 millones de metros cúbicos cada año (Mm3/año).
En estos montes se ha aprovechado como media durante el último quinquenio 1,4 Mm3/año, es decir, el 60% de su posibilidad. Una cifra superior a la media nacional y similar a la europea. Lo explicó Javier Ezquerra, jefe de servicio de gestión forestal de la Junta de Castilla y León, durante la Conferencia Internacional sobre el mercado doméstico de pellets organizada por AVEBIOM en septiembre de 2019.
Castilla y León es líder en el sector de los biocombustibles forestales: en sus 13 fábricas de pellets en activo se produjeron en 2019 más de 220.000 toneladas, un 31% del total nacional. Y también alberga el mayor número de centros logísticos de astilla forestal con 13 instalaciones.
Iberdrola acelera sus inversiones en renovables en Castilla y León para la transformación verde de la comarca de Velilla
Iberdrola acelera su estrategia para la consolidación de un modelo energético de futuro, impulsando sus inversiones en renovables en Castilla y León. Los planes de la compañía contribuirán a la recuperación verde y crearán oportunidades para el desarrollo económico sostenible en la región y la transformación de la comarca de Velilla.
Iberdrola promoverá en la comunidad en los próximos años más de 1.800 MW en proyectos renovables -eólicos y fotovoltaicos-, para los que destinará inversiones de más de 1.300 millones de euros. Este volumen de recursos dinamizará el tejido industrial y generará empleo para 18.000 personas, atendiendo a las estimaciones establecidas en el PNIEC*.
En Velilla, la compañía construirá el mayor complejo fotovoltaico de la región, con un total de 400 MW de potencia instalada, que será también uno de los mayores de España. Estas actuaciones representarán una inversión de 300 millones de euros.
Su plan de transformación en la zona incluye, además, inversiones en redes inteligentes y movilidad sostenible, la instalación de una planta de valorización de residuos, programas de formación y la creación de una Plataforma de Innovación Ciudadana para incentivar el emprendimiento en la comarca. Los trabajos de desmantelamiento de la térmica en los próximos cuatro años y medio permitirán dar continuidad a la colaboración con proveedores locales, cuya involucración en estas tareas asociadas representará un volumen superior al que mantienen en la actualidad.
La estrategia de Iberdrola para la transformación de la comarca de Velilla se basa en tres ejes: inversiones en proyectos 100% renovables, dinamización del tejido empresarial y el empleo local en torno a principios verdes e innovación y apoyo al emprendimiento local.
En la región, Iberdrola mantiene en construcción y tramitación más de 650 MW renovables en proyectos eólicos y fotovoltaicos. La compañía acaba de iniciar la ejecución del complejo eólico Herrera, con los aerogeneradores de mayor potencia en el mercado nacional en la actualidad, y el parque Fuenteblanca; y tramita los proyectos eólicos de Buniel y Valdemoro -que hacen de sus 164 MW de potencia uno de los mayores de la compañía y del país-, así como tres fotovoltaicas de más de 400 MW, entre ellas, una planta solar en Ciudad Rodrigo.
Adicionalmente, Iberdrola impulsará su plan de inversión en renovables en la región con el desarrollo de una cartera de proyectos eólicos y fotovoltaicos, que en la actualidad se eleva a más de 1.100 MW, cuya tramitación iniciará este año para su desarrollo a partir de 2022.
En Castilla y León, Iberdrola lidera desde hace más de 15 años la promoción de renovables, donde opera ya más de 5.100 MW eólicos e hidráulicos, que la convierten en la región con más potencia ‘verde’ instalada por la compañía.
El plan de transformación de Iberdrola para la comarca de Velilla contempla la puesta en marcha de una Plataforma de Innovación Ciudadana para canalizar iniciativas de emprendimiento, en clave de innovación para la transición energética, que actúen como instrumento acelerador de procesos de colaboración entre la ciudadanía, las entidades públicas y las empresas. De esta forma, incentivará a los emprendedores y startups que valoren instalarse en la comarca y estudiará opciones de financiación de iniciativas de I+D+i de proveedores locales.
El Gobierno destinará 27 millones a proyectos generadores de empleo en zonas mineras
El Instituto de Transición Justa (creado a partir del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras) destinará este año 27 millones de euros en ayudas para financiar proyectos generadores de empleo y desarrollo en zonas mineras.
Estas ayudas servirán para financiar proyectos empresariales y pequeños proyectos de inversión generadores de empleo que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras.
Del importe total de las ayudas, 20 millones serán para proyectos empresariales y el resto para pequeños proyectos de inversión.
La línea está incluida en el marco de actuación 2019-2027 para el impulso de zonas mineras y su objetivo es promover iniciativas concretas de inversión empresarial en las zonas afectadas por la reestructuración de la minería del carbón y su entorno.
En esta convocatoria, para la selección de las iniciativas, ganarán peso los criterios de sostenibilidad medioambiental, innovación empresarial y social, así como la promoción del empleo femenino y de las personas que forman parte de la bolsa de empleo creada con los trabajadores excedentes tras los cierres mineros.
El proceso de participación pública concluirá el 29 de junio y, con las aportaciones recibidas, se perfilarán las órdenes de bases para las dos modalidades contempladas en la convocatoria de ayudas.
Estas ayudas se añaden a las anunciadas por la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) para el cierre de centrales térmicas, por importe de 7 millones, y que se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE) próximamente.
Por otro lado, una vez recibidas en los últimos días las propuestas finales de los gobiernos de Asturias, Aragón, Castilla León y Castilla-La Mancha sobre los proyectos que se activarán en el ámbito del Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras 2013-2018, se iniciarán los trámites finales para su puesta en marcha.
El proyecto Life Soria ForestAdapt invertirá 1,5 millones de euros en analizar la vulnerabilidad de los bosques de la provincia de Soria frente al cambio climático
El programa LIFE Soria ForestAdapt se desarrollará en la provincia de Soria durante los próximos cuatro años y cuenta con una inversión de 1.5 millones de euros
LIFE Soria ForestAdapt pretende aumentar la resiliencia de las masas forestales frente al cambio climático, mediante la inclusión de medidas adaptativas en los planes de ordenación forestal públicos y privados. Está previsto que los resultados sean transferibles a otras regiones y países del sur de Europa con características similares y expandir así el modelo al resto de Castilla y León, incorporando los resultados del proyecto al Plan de Adaptación de la Gestión del Patrimonio Natural al Cambio Climático, que la Junta de Castilla y León está impulsando a nivel regional.
Ya está en marcha la elaboración de un Referente Técnico de Ordenación y Selvicultura con medidas de adaptación al cambio climático que servirá como base para los planes de ordenación forestal de toda la provincia de Soria. El modelo, es una de las acciones que se desarrollarán en el marco del proyecto LIFE Soria ForestAdapt, cuyo objetivo es reducir la vulnerabilidad de los bosques del sur de Europa frente al cambio climático. Se trabajará sobre más de 200.000 ha de montes públicos y también sobre todos los terrenos privados susceptibles de implantar distintas medidas de adaptación al cambio climático, como puede ser la reforestación de tierras agrarias.
Castilla y León posee el mayor patrimonio forestal de España con más de 4,8 millones de hectáreas, lo que explica que se trate de la segunda Comunidad Autónoma en aprovechamientos madereros de forma sostenible, solamente por detrás de Galicia. Soria, por su parte, concentra el 13% de la superficie forestal de Castilla y León. La acumulación de sequías, olas de calor y heladas tardías puede tener efectos importantes sobre los árboles haciéndolos más susceptibles a patógenos, reduciendo su crecimiento y eventualmente produciendo mortalidades masivas. También las producciones micológicas, sector económico muy importante en la provincia, se están viendo alteradas por el incremento de la sequía, con modelos que vaticinan importantes reducciones y cambios en su fenología.
Existen evidencias de que la gestión forestal puede ayudar a hacer más resistentes los bosques ante estas eventualidades climáticas. Por primera vez se generará con este proyecto una herramienta de análisis de la vulnerabilidad al cambio climático a escala de monte, capaz de orientar en la toma de decisiones para una gestión forestal adaptativa. Con ello, se pretende aumentar la resiliencia de los bosques sorianos y sugerir medidas y propuestas de adaptación a corto y largo plazo que serán fácilmente transferibles a otras regiones.
Las medidas de adaptación tendrán un enfoque especial en conservación del suelo y captura de carbono, conservación de la biodiversidad y calidad del aire. Asimismo, está previsto que, en estrecha colaboración con la propiedad y con los técnicos gestores de los bosques de la provincia, en especial con el Servicio Territorial de Medio de la Junta de Castilla y León, 5.000 ha de montes obtengan la certificación FSC y otras 10.000 ha la PEFC, que incorporarán nuevos criterios de gestión adaptativa. Además se creará una plataforma empresarial que comience a trabajar en medidas de adaptación al cambio climático en la gestión forestal asociadas a las de compensación.
Los resultados obtenidos del presente proyecto LIFE permitirán incorporar nuevos estudios y medidas para el sector forestal, adecuadas para la provincia de Soria y de Castilla y León, y con capacidad de extrapolarse a otras regiones, tanto de la Península Ibérica como de la Unión Europea. De hecho la Junta de Castilla y León enmarca esta iniciativa en un contexto más amplio de planificación y los resultados del proyecto servirán de base para la elaboración del Plan Regional de Adaptación de la Gestión del Patrimonio Natural al Cambio Climático, cuya redacción está actualmente impulsando esa administración.
LIFE Soria ForestAdapt es uno de los proyectos aprobados en la convocatoria de 2019 por la Comisión Europea para la ejecución de programas de acción contra el cambio climático. El proyecto cuenta con un presupuesto total de 1.5 millones de euros y un período de ejecución de cuatro años. La Fundación Global Nature asume la coordinación del proyecto en colaboración con la Fundación Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (Cesefor), la Fundación Privada Empresa y Clima (FEC), la Asociación para promover el uso racional de los productos y servicios del monte (FSC España), la Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal (PEFC España) y la Universidad de Valladolid (UVa).
La Junta aprueba medidas contra el cambio climático basadas en las renovables, la eficiencia energética y la economía circular
El Consejo de Gobierno, a iniciativa de las consejerías de la Presidencia, Economía y Hacienda y Fomento y Medio Ambiente, ha acordado distintas medidas contra el cambio climático en Castilla y León.
Entre las acciones previstas está aprobar un Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética en Castilla y León, incrementar la producción de renovables, mejorar la eficiencia energética y promover la economía regenerativa.
El objetivo es lograr una adecuada sostenibilidad medioambiental de la acción pública y de este modo dar cumplimiento y satisfacción a los objetivos de desarrollo sostenible incluidos en la Agenda 2030 aprobada por Naciones Unidas.
El decálogo de medidas contra el cambio climático en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León se centra en aprobar un Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética en Castilla y León para definir objetivos de reducción de emisiones y de penetración de energías renovables y de mayor eficiencia en el uso de la energía.
Se busca también incrementar la producción de energía procedente de fuentes renovables y fomentar el autoconsumo eléctrico, así como aprobar la Estrategia de Energía Térmica Renovable de Castilla y León e impulsar la nueva Estrategia de Eficiencia Energética.
El decálogo incluye un programa para mejorar la eficiencia energética y reducir el uso de combustibles fósiles en edificios administrativos titularidad de la Junta de Castilla y León, al tiempo que en los procedimientos de la administración autonómica, se priorizará la adquisición de vehículos con etiqueta ECO ó 0, dando preferencia a los híbridos enchufables y los eléctricos puros.
La Junta se compromete igualmente a promover, en colaboración con los municipios de más de 10.000 habitantes, el desarrollo de áreas urbanas de cero/bajas emisiones, así como a aprobar la Estrategia para la Mejora de la Calidad del Aire de nuestras ciudades, además de una Estrategia de Economía Circular basada en una economía regenerativa que contribuya a cerrar los ciclos naturales y tecnológicos y optimice el uso de los recursos, minimizando las emisiones de CO2.
Se contempla además la puesta en marcha del Plan de Acción Forestal por el Cambio Climático de Castilla y León, en colaboración con los propietarios y productores forestales; reforzar la política de gestión de residuos, haciendo un especial esfuerzo en la fracción orgánica, y desarrollar un programa reforzado de Educación Ambiental.
El compromiso de estas acciones supone la necesidad de introducir cambios profundos y acelerados en todos los sectores (agrario, industrial, turístico, etc.), y especialmente en los ámbitos energéticos y de consumo, lo que permitirá modernizar la economía regional, incentivar la innovación y generar empleo.
La empresa soriana Embutidos La Hoguera ampliará su instalación de autoconsumo fotovolatico por encima de los 800 Kwp
Embutidos La Hoguera S.A., es una empresa agroalimentaria, que empezó su actividad en el año 1.986, como continuación de un Proyecto Integral que engloba toda la cadena desde la producción de ganado porcino, matadero, sala de despiece, hasta la transformación de los productos. Actualmente Embutidos La Hoguera es una empresa consolidada dentro del sector agroalimentario, en continuo desarrollo y con una plantilla de 95 trabajadores.
Esta gran empresa afincada en San Pedro Manrique, en Soria, ha apostado una gran inversión para la implantación y puesta en marcha de una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo que, desde el 25 de noviembre de 2019, se halla plenamente operativa con la única misión de abastecer al proceso productivo de una quinta parte de la energía eléctrica que este demanda.
La instalación, con una potencia instalada de 700 kWp, se ha construido siguiendo criterios de máxima eficiencia y mejor aprovechamiento de la superficie disponible en las cubiertas de la fábrica, empleando materiales de gran calidad, como módulos PERC de alta eficiencia de 410 Wp e inversores con múltiples MPPT. La instalación se ha ejecutado sobre cubiertas de panel sándwich pero también sobre cubiertas de teja, obligando a buscar sistemas fiables de anclaje que permitieran igualmente asegurar la estanqueidad del edificio durante la operación de la instalación.
La empresa riojana Aresol ha participado activamente en la realización de este proyecto, que en los próximos meses se ampliará por encima de los 800 Kwp.
Iberdrola completa el único mapa que verifica la infraestructura de recarga pública eléctrica operativa en España
Iberdrola ha completado el primer mapeo que verifica la infraestructura de recarga pública eléctrica operativa en España. La información se encuentra disponible en su App de Recarga Pública e incluye, hasta el momento, más de 3.600 cargadores en vía pública para vehículos eléctricos en 1.200 ubicaciones del país.
Durante siete meses, un equipo de 20 personas del equipo Smart Mobility de Iberdrola ha recogido datos en campo y ha realizado su posterior análisis y filtrado para valorar su publicación en la App, verificando por primera vez la existencia y operatividad de los cargadores y sus características técnicas.
En este proceso se han excluido, por ejemplo, los puntos de recarga de uso privado, aquellos donde no había un punto de recarga, sino simplemente un enchufe, o los que están apagados o fuera de servicio. Adicionalmente, se ha recogido información sobre otras tipologías, que podrían integrarse en las siguientes fases de ampliación de la App, como son los cargadores de motos o bicis eléctricas.
La red de recarga pública está en constante expansión, así que el trabajo se sigue ampliando con un plan de revisión periódica, en el que se chequea que los datos publicados en la App siguen siendo correctos y se detectan nuevos puntos de recarga.
A través de la aplicación digital de recarga pública de Iberdrola, se puede geolocalizar, reservar un punto de recarga gestionado por la compañía y pagar a través del móvil, siendo o no cliente de la eléctrica, y ahora ya disponer de información verificada y actualizada del resto de puntos de recarga operados por otros agentes en España. La App, disponible en Google Play y en App Store, ya se está siendo utilizada por cerca de 40.000 usuarios únicos.
Nuevas funcionalidades. La iniciativa ha añadido en la App Recarga Pública Iberdrola dos nuevas funcionalidades para que los usuarios participen y compartan información con la comunidad de usuarios de vehículo eléctrico. Con una de ellas, se tendrán la posibilidad de reportar la existencia de un punto de recarga, no incluido en la App. En este caso, el equipo de Iberdrola realizará una visita, capturará la información y validará los datos antes de cargarlos en la App. Asimismo, se ha habilitado la posibilidad de reportar errores en los datos de los puntos de recarga, que también serán verificados antes de su actualización.
En marzo, Iberdrola tomaba la decisión de pisar el acelerador y reforzar su plan de movilidad sostenible, destinando más inversiones -un total de 150 millones de euros- a intensificar el despliegue de puntos de recarga de vehículo eléctrico en los próximos cinco años.
La ambición del proyecto sigue intacta pese al coronavirus y la compañía confía en que la electrificación y la movilidad eléctrica, precisamente, se conviertan en palanca de la reactivación económica y el empleo en el mundo postCOVID.
El nuevo plan de movilidad eléctrica de Iberdrola prevé el despliegue de cerca de 150.000 puntos de recarga para vehículo eléctrico, tanto en hogares, como en empresas, así como en vía urbana, en ciudades y en las principales carreteras y autovías en los próximos 5 años.
En vía pública, la compañía apostará por el despliegue de cargadores de carga rápida y pondrá a disposición estaciones ultra-rápidas (350 kW) cada 200 kilómetros, súper rápidas (150 kW) cada 100 kilómetros y rápidas (50 kW), cada 50 kilómetros.
Los usuarios de coche eléctrico que usan la infraestructura de movilidad sostenible de Iberdrola recargan con energía 100% verde, proveniente de fuentes de generación limpia que cuentan con certificados de garantía de origen renovable (GdOs).
La CNMC fija un objetivo máximo del 7,2% de biocarburantes procedentes de cultivos agrícolas, de gran interés en Castilla y León
La CNMC ha sometido a información pública la Circular que regula la gestión del mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte. Durante este proceso de audiencia pública, todos los agentes interesados podrán remitir a la CNMC sus alegaciones y su contribución a la mejora técnica de esta propuesta. Una vez finalizado el trámite de información pública, se analizarán las alegaciones de los agentes y se aprobará la circular definitiva.
Esta Circular desarrolla las disposiciones necesarias para que la Entidad de Certificación de Biocarburantes pueda ejercer sus funciones de acuerdo con la normativa vigente. Para ello, establece los requisitos que deberán cumplir los sujetos obligados para acreditar la titularidad de un mínimo de Certificados que les permitan cumplir los nuevos objetivos de biocarburantes. En concreto, un objetivo máximo del 7,2% de biocarburantes procedentes de cultivos agrícolas y un objetivo indicativo del 0,1% de biocarburantes avanzados, como indica el Real Decreto 1085/2015, de 4 de diciembre.
Asimismo, la Circular concreta una serie de aspectos operativos con el fin de dotar al sector de mayor seguridad jurídica y aumentar las garantías y la protección frente al fraude.
La CNMC aprobará en el plazo de dos meses tras la aprobación de la Circular el listado de materias primas que podrán ser empleadas en la fabricación de biocarburantes para que computen en el mecanismo de fomento.
Los almacenistas están obligados a remitir información anual sobre las salidas al territorio español del conjunto de sus instalaciones. Asimismo, deben identificar, como hacen los sujetos obligados, la alternativa utilizada para la acreditación de la sostenibilidad de cada una de las partidas.
La circular concreta el contenido y la documentación que deben remitir a CNMC para acreditar que los volúmenes de biocarburante vendidos en territorio español cumplen la normativa establecida en esta materia, así como los casos en los que no resultará necesario el envío de la misma.
La Junta da luz verde a la planta fotovoltaica de 26 Mw en Renedo de Esgueva en Valladolid
La Junta de Castilla y León, a través de su Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, ha concedido la autorización administrativa previa a la construcción de la planta fotovoltaica de 26 Mw en la localidad vallisoletana de Renedo de Esgueva.
El día 27 de noviembre 2018, el representante de la «Planta FV-3, S.L.», presentó en este Servicio Territorial solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, evaluación de impacto ambiental simplificada de los proyectos denominados «Proyecto de instalación de planta fotovoltaica de 26 MW y centros de transformación “Auriga Solar” en la localidad de Renedo de Esgueva (Valladolid)» y «Proyecto de subestación 30/45 kV y línea de evacuación de 45 kV.
El proyecto evaluado consiste en la instalación de una planta solar fotovoltaica, que al noroeste del núcleo urbano de Renedo de Esgueva, aproximadamente a 1,5 km de distancia de la zona urbana de Renedo de Esgueva, y a 450 metros de la Urbanización El Cotanillo.
El Documento Ambiental analiza tres alternativas de localización del proyecto y otras tres alternativas para la evacuación de la energía eléctrica, los posibles impactos del proyecto sobre el medio ambiente y establece una serie de medidas correctoras para la protección del medio ambiente, así como un plan de seguimiento ambiental y un estudio de incidencia paisajística.
En los diferentes trámites ambientales y administrativos se ha consultado a los Ayuntamientos de Renedo de Esgueva y Valladolid; Diputación Provincial de Valladolid ;Confederación Hidrográfica del Duero; Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, que informa el proyecto; Servicio Territorial de Fomento; Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social; Servicio Territorial de Cultura y Turismo; Sección de Protección Civil de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León; Área de Gestión Forestal del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid; Demarcación de Carreteras del Estado; Ecologistas en Acción de Valladolid y Base Militar «El Empecinado».
Por el momento, no existe acumulación con otros proyectos de generación de energía eléctrica a partir de energía solar en la zona de Valladolid y Renedo de Esgueva, por lo que no son de esperar efectos sinérgicos negativos por acumulación de proyectos existentes. Únicamente existen en la zona líneas aéreas de alta tensión, debido a la proximidad de la subestación de Renedo.
La planta solar está incluida en terrenos ocupados actualmente por la actividad agrícola. La zona afectada por el proyecto está fuera de terrenos que integran la Red Natura 2000.
El sector eólico reclama que la Ley de Cambio Climático incluya 3.000 MW de potencia renovable a subastar anualmente
Según la Asociación Empresarial Eólica (AEE), el nivel de ambición de descarbonización para 2050 de la propuesta de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cero emisiones netas, “es acorde con el reto que supone para nuestro país el cambio climático, y al mismo tiempo pone en valor la capacidad que tiene nuestra sociedad y nuestro territorio para alcanzar dicha meta. Los objetivos intermedios para 2030 son afines con los objetivos establecidos en el paquete de energía y clima 2021-2030 de la Unión Europea, pero son inferiores a los objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
No hay que olvidar que aún alcanzado el objetivo de 2030 de reducir las emisiones de CO2 en un 20-23% respecto a 1990, aún quedarán por eliminar más de 200 M Ton de CO2 hasta 2050, por lo que a lo largo de esta década habría que sentar las bases para que en las dos siguientes tengamos la tecnología, industria, mano de obra, financiación y marco regulatorio adecuados para esa segunda fase de la descarbonización que va a ser aún más exigente”, según AEE.
En la propuesta de Ley se incluyen determinados aspectos que permitirán avanzar en los desarrollo tecnológicos a medio y largo plazo, entre otros algunos revindicados por la propia AEE: el establecimiento de la figura legal del almacenamiento y de la hibridación de tecnologías renovables; la posibilidad de optimizar los puntos de acceso a la red mediante la sobrepotenciación (siempre que se cumplan los requisitos técnicos establecidos) lo que favorecerá también la repotenciación de las instalaciones eólicas más antiguas por tecnología más moderna y con un mejor aprovechamiento del recurso, o avanzar en la electrificación del transporte.
Algo que AEE ha solicitado desde hace años también se ha visto plasmado en la propuesta: la Ley propone cambiar el actual diseño de subastas de energía renovable de incentivos a la inversión por un sistema de subastas en el que se determinará el precio de retribución de la energía de las nuevas instalaciones renovables necesarias para alcanzar los objetivos de 2030, lo que facilitará la financiación de las instalaciones y dará seguridad a los inversores; y en las subastas “se podrán distinguir entre distintas tecnologías de generación en función de sus características técnicas, niveles de gestionabilidad, criterios de localización, madurez tecnológica y aquellos otros que garanticen la transición hacia una economía descarbonizada”.
Desde AEE consideran que existen algunos aspectos claves que no están incluidos en el texto actual de la propuesta, que serían los siguientes:
-La no inclusión en el texto actual de la referencia de 3.000 MW de potencia renovable a subastar anualmente hace aún más importante la obtención de un calendario de subastas de renovables por lo menos para los próximos 5 años (al igual que en otros países europeos) y su inclusión de forma urgente en alguna figura normativa que le dé validez, para que las empresas puedan planificar correctamente sus inversiones, la industria pueda adecuar su capacidad de fabricación, y se eviten acelerones, frenazos y efectos “llamada” innecesarios, que puedan generar problemas logísticos e ineficiencias económicas, lo que podría en peligro el cumplimiento de los objetivos 2030.
-Es necesario establecer una Hoja de Ruta concreta para los cambios de calado que requiere la política fiscal actual a efectos de transformarla en una fiscalidad verde, acorde al reto de movilizar inversiones por más de 20.000 millones de euros anualmente en tecnologías renovables, eficiencia energética y adaptación al cambio climático.
-Es crítico regular la situación del acceso y conexión a la red. Por una parte, hay que avanzar de forma urgente y sincronizada con el Real Decreto de Acceso y Conexión y la Circular de la CNMC siempre de acuerdo a lo establecido en el presente Proyecto de Ley, y por otra parte, hay que asegurar mediante la norma necesaria de rango de ley que no se va a generar una caducidad masiva de permisos de acceso y conexión de proyectos serios en avanzado y contrastado estado de desarrollo y ejecución, para no poner en peligro el necesario despliegue continuo de nueva potencia renovable.
- ← Anterior
- 1
- …
- 60
- 61
- 62
- …
- 126
- Siguiente →
Energía de Castilla y León 