La Junta de Naturgy aprueba la gestión de la compañía en 2019 donde invirtió 1.700 millones de euros

El presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, presidió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, que tuvo lugar en Madrid y que se celebró por primera vez de manera completamente telemática tras la prórroga del Estado de Alarma. Los accionistas aprobaron los resultados y el informe de gestión de la compañía, correspondiente al ejercicio 2019.
Asimismo la Junta aprobó, con cargo a los resultados 2019, un dividendo total de 1,37€/acción (más de un 5% superior al de 2018). La Junta aprobó también la reducción de capital mediante amortización, antes del 30 de julio, de hasta 21.465.000 acciones propias, dentro del programa share buy back iniciado en julio de 2019. La compañía acordó al cierre del primer trimestre del ejercicio 2020 la suspensión temporal de dicho programa de recompra de acciones propias hasta tener mayor visibilidad acerca de la duración y profundidad de la crisis derivada del Covid19.
“A pesar de un entorno energético adverso y un contexto macroeconómico en contra, en 2019 hemos cumplido nuestros compromisos fijados en nuestra hoja de ruta: somos más eficientes, hemos reducido nuestro perfil de riesgo, hemos cumplido las desinversiones previstas, mantenido la disciplina financiera y, lo más importante, seguimos apostando por ser un actor clave en la transición energética, avanzando hacia un mix energético más sostenible”, explicó el presidente de Naturgy, Francisco Reynés.
La compañía afronta así la segunda parte del Plan Estratégico en un escenario volátil, de incertidumbre en los mercados internacionales y fuerte contracción de los precios de las materias primas, todo ello marcado por la crisis sanitaria derivada del Covid19. Al contexto energético de la primera parte del año, con una caída generalizada de todos los índices (HH -33%, JKM -63%, NBP -64% o el pool eléctrico español con un -41%), se suman las previsiones de PIB negativo para todas las geografías principales en las que la compañía está presente.
El presidente de la compañía explicó durante la Junta los principales hitos de actividad de Naturgy en 2019, entre los que remarcó la importante inversión de 1.700 millones de euros en el ejercicio; destinada principalmente a proyectos de crecimiento y con una inversión histórica en el caso de las renovables (unos 800 MW); y la modernización de las redes de distribución de gas y electricidad.
Asimismo, avanzó que la compañía sigue trabajando para dinamizar su portfolio de actividad y mejorar su perfil a través de posibles desinversiones en aquellas geografías que no aporten valor añadido a la compañía.
La Junta aprueba modificar la autorización del parque eólico en Estépar (Burgos) con 10 aerogeneradores y 22 Mw

La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, a través de su Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos ha modificado la autorización administrativa previa del parque eólico «Perdiguera» e instalaciones eléctricas asociadas, en el término municipal de Estépar (Burgos), promovido por «EDP Renovables España, S.L.».
El 18 de junio de 2007 se otorgó autorización administrativa a dicho parque eólico a favor de CEASA Promociones Eólicas, S.L. A petición de la empresa, mediante Resolución del Servicio Territorial de fecha 17 de febrero de 2017 se modifica la titularidad del parque eólico «Perdiguera» de CEASA Promociones Eólicas, S.L. a favor de EDP Renovables España, S.L.
Con fechas 7 y 27 de mayo de 2019 y subsanaciones posteriores la empresa solicita modificación de las características del proyecto autorizado debido a la evolución tecnológica y para un mejor aprovechamiento. El cambio consiste en modificar el modelo, posiciones y número de aerogeneradores a 10 aerogeneradores Vestas V120 de 2,2 MW de potencia unitaria, con altura de 95 metros de altura y diámetro de rotor de 120 metros. La potencia total del proyecto serán 22 Mw. El proyecto contará con una red de media tensión subterránea a 30 kV de interconexión de los aerogeneradores con llegadas a la subestación transformadora Villagutiérrez 30/132 kV (parte EDP).
Con fecha 25 de octubre de 2019 se recibe en el Servicio Territorial de Economía de Burgos el informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente en el que indica expresamente que en principio que no es necesario que la modificación solicitada sea sometida a evaluación de impacto ambiental simplificada, siendo suficiente siendo una resolución de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León que preste conformidad a los cambios proyectados.
En el informe se recoge asimismo el Informe de Afección al Medio Natural de fecha 4 de octubre de 2019 cuyas condiciones se deberán cumplir. Se indica, no obstante, que dado que el modificado va a ser objeto de información pública por modificación de autorización administrativa previa, y en previsión de que pudiera suscitarse alguna cuestión de carácter medioambiental o de patrimonio cultural, se considera oportuno solicitar la citada resolución una vez concluido el periodo de información pública.
Con fecha 19 de junio de 2019 se recibe escrito del Servicio Territorial de Cultura junto al que aporta acuerdo favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural a la modificación de proyecto.
Con fecha 20 de diciembre de 2019 y subsanaciones posteriores la empresa promotora presenta proyecto para la modificación de autorización administrativa previa.
Mediante Resolución de 6 de noviembre de 2019 de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos se presta su conformidad a la modificación de las características del proyecto del parque eólico «Perdiguera». Con fecha 10 de marzo de 2020 la empresa presenta informe favorable de acceso y conexión de fecha 6 de octubre de 2017 para el parque eólico «Perdiguera» por la potencia de 22 MW, emitido por Red Eléctrica de España.
Iberdrola y Mazda firman un acuerdo de colaboración para impulsar la movilidad eléctrica ante el lanzamiento del Mazda MX-30

Mazda Automóviles España ha firmado un acuerdo con Iberdrola para el suministro de puntos de recarga para vehículos eléctricos, así como otros servicios asociados. El acuerdo, que se produce ante la inminente comercialización del Mazda MX-30, supondrá numerosas ventajas tanto para los clientes del nuevo modelo eléctrico de Mazda, como para su red de concesionarios oficiales, y refuerza la estrategia de alianzas de Iberdrola para promover la movilidad sostenible.
El acuerdo entre ambas compañías permitirá a Mazda, como parte de la oferta de lanzamiento del Mazda MX-30, ofrecer un punto de recarga de forma totalmente gratuita a los clientes que adquieran el nuevo modelo 100% eléctrico de la marca de Hiroshima. El equipo, un Wallbox Pulsar Plus de 7,4kW, será suministrado por Iberdrola, que ofrecerá también sus soluciones energéticas y digitales -el Plan Vehículo Eléctrico de Iberdrola permite la recarga a un coste de 0,5€ los 100 km con energía 100% renovable-, tanto en el domicilio como en la red de infraestructura en vía pública, que la compañía despliega en las principales autovías y corredores del país.
Los usuarios de coche eléctrico que usan la infraestructura de movilidad sostenible de Iberdrola recargan con energía 100% verde, proveniente de fuentes de generación limpia que cuentan con certificados de garantía de origen renovable (GdOs).
Los concesionarios oficiales Mazda también se beneficiarán del acuerdo, ya que podrán acceder a condiciones especiales para la instalación de puntos de recarga por parte de Iberdrola en sus instalaciones y ofrecer así un mejor servicio a sus clientes propietarios de un vehículo eléctrico.
Mazda anunció la semana pasada el comienzo de la producción del nuevo Mazda MX-30 en Japón y su comercialización en Europa a partir del próximo otoño. Se trata del primer modelo 100% eléctrico de la marca de Hiroshima, creado en respuesta a la creciente demanda de vehículos eléctricos entre los europeos más concienciados con el medio ambiente.
Iberdrola incluye la electrificación del transporte en su estrategia de transición hacia una economía descarbonizada, basada en energías renovables y redes inteligentes, y en marzo, decidió reforzar su plan de movilidad sostenible, destinando más inversiones -un total de 150 millones de euros- a intensificar el despliegue de puntos de recarga de vehículo eléctrico en los próximos cinco años.
El nuevo plan de movilidad sostenible prevé la instalación de cerca de 150.000 puntos de recarga para vehículo eléctrico, tanto en hogares, como en empresas, así como en vía urbana, en ciudades y en las principales carreteras y autovías en los próximos cinco años.
Ha comenzado la construcción del parque eólico Corralnuevo dentro del clúster eólico de los montes Torozos en Valladolid

El parque eólico Corralnuevo de 42 MW producirá su primera electricidad en el cuarto trimestre de 2020. El proyecto comprende 12 turbinas G132 Siemens Gamesa, cada una con una capacidad de 4.3 MW.
El parque eólico estará conectado a la subestación más grande en el noreste de España.
El gerente en nuestro país del grupo WPD, Arvid Hesse, ha explicado: «Los trabajos de base están progresando muy bien, de modo que a pesar de la pandemia de coronavirus, el proceso de construcción se completará a tiempo.»
Se trata de un parque eólico de 42 MW de potencia eléctrica y está integrado por 15 aerogeneradores modelo GAMESA G132-3.3 MW, que se ubicarán en los municipios de Valdenebro de los Valles, Villalba de los Alcores y La Mudarra, en la provincia de Valladolid.
Para evacuar la energía producida por los aerogeneradores se construirán líneas eléctricas subterráneas 30 y 132 kV. Respecto de la Subestación final a la que evacuará la energía, se trata de la SET 66/132/400 kV que constituye una ampliación de la actual SET “La Mudarra”, y que forma parte de un proyecto independiente.
El grupo WPD ha completado también la construcción de los parques eólicos El Poleo, Las Panaderas y Navillas en la meseta de Torozos, totalizando 135 MW, el año pasado.
Desde el año 2000, el grupo WPD está presente en España donde mantiene abierta una oficina en Valladolid, dedicada a la promoción de proyectos eólicos.
Unión de Uniones destaca que el coste de la energía eléctrica ha subido un 60 % en 10 años

España se situó como segundo país de la UE con la tarifa más alta
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha analizado la evolución de los precios de la electricidad durante los últimos diez años y destaca que estos se han visto incrementados en un 60 %, más del doble de la media europea.
Unión de Uniones revela que, según los estudios analizados, el precio de la electricidad para los consumos más habituales en el sector, aquellos menores de 20 MWh, aumentaba un 60 % en los últimos 10 años. Asimismo, en el segundo semestre de 2019, España se situó como segundo país de la UE con la tarifa más alta con 0,379 €/KWh, solo después de Italia.
En otro orden de cosas, respecto al consumo energético estatal, situado en torno a las 2.400 kilotoneladas equivalentes de petróleo (ktep) al año, solo un 3 % procede de fuentes renovables siendo, por usos, la maquinaria la que consume una mayor proporción de energía (54%), seguida de las explotaciones agrarias (32%) y los sistemas de regadío (14%).
“Quizá sea el momento idóneo para afrontar la transición hacia una agricultura más limpia y eficiente energéticamente, pero deben implementarse medidas coherentes, concretas y con un presupuesto suficiente y dejar de mirar a Europa solo para que lo interesa a los políticos y las grandes corporaciones”, declaran desde Unión de Uniones.
Unión de Uniones considera muy interesante el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), en fase de revisión, que contempla una medida, prevista con 929 millones de euros para el periodo 2021-2030, para mejorar la eficiencia energética de los sistemas de regadío y reducir su consumo energético en un 30%, las explotaciones agrarias en un 30% y la maquinaria agrícola en un 25%, así como el objetivo de triplicar el consumo de origen renovable en las explotaciones en 2030.
No obstante, cree que estos objetivos deben ir acompañados de una hoja de ruta específica y, sobre todo, tarifas eléctricas adaptadas a las explotaciones agrarias y un plan RENOVE con suficiente presupuesto para disponer de un parque de maquinaria más limpio y eficiente.
“Estos días anunciaba el ministro que se destinarían 8,5 millones al Plan RENOVE para 2020, pero necesitamos que entre en vigor ya”, comentan Unión de Uniones, “Anunciarlo y no ponerlo en marcha no sirve de absolutamente nada”, concluyen.
“Desde el sector no sabemos todavía cómo se van a articular estas medidas y sus acciones concretas” comentan desde la organización. “Es preciso establecer una hoja de ruta específica para conseguir que sea una realidad el aumento del consumo de fuentes renovables y mejorar la eficiencia en el sector” concluyen. Asimismo, Unión de Uniones considera clave acompañar estas medidas con contratos y tarifas eléctricas adaptadas a las necesidades de las explotaciones agrarias.
La UNEF insta a las comunidades autónomas como Castilla y León a eliminar la licencia de obras para apoyar el autoconsumo fotovoltaico

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha trasladado una propuesta a las Comunidades Autónomas instándoles a que adecuen las leyes autonómicas de urbanismo a la realidad del autoconsumo, para que estas instalaciones se tramiten por la vía de la comunicación previa, lo que agilizaría considerablemente la tramitación administrativa. “La mejora de la agilidad de las tramitaciones es, en este momento más que nunca, clave para que se reactive la actividad de todo el entramado de autónomos y empresas que pueden hacer del autoconsumo una vía más de recuperación económica y generación de empleo en los municipios tras la crisis actual por la COVID-19” ha señalado José Donoso, director general de UNEF.
La comunicación previa sustituiría la licencia de obras, trámite que no se ajusta a la naturaleza de una instalación sobre cubierta y que conlleva retrasos de hasta ocho meses en la tramitación del proyecto, lo que supone un impacto en el coste de la instalación y desanima a los ciudadanos que quieren apostar por el autoconsumo para reducir su factura eléctrica y contribuir a la lucha contra el cambio climático. Son ocho meses más de emisiones de CO2 que se podrían haber evitado.
Por esta razón, UNEF ha instado a las Comunidades Autónomas a que sigan el ejemplo de las Illes Balears (Ley 7/2013), Extremadura (Ley 11/2018), Cataluña (Decreto Ley 16/2019) y Andalucía (Decreto-ley 2/2020), eliminando este trámite que se ha convertido en la principal barrera para el desarrollo del autoconsumo fotovoltaico y la instalación de energías renovables en los municipios.
Según un estudio realizado por UNEF en colaboración con SolarPower Europe, la asociación solar europea, la licencia de obras para las instalaciones de autoconsumo doméstico tampoco es un requisito habitual en otros países europeos, como Alemania, Países Bajos o Italia.
Asimismo, UNEF ha reincidido en la necesidad de simplificar, digitalizar y homologar las tramitaciones administrativas a nivel autonómico y local, denunciando que actualmente cada ayuntamiento exige un proceso diferente para tramitar una instalación de autoconsumo.
Eliminar estas barreras administrativas es fundamental para que el autoconsumo contribuya, junto a las plantas fotovoltaicas en suelo, al cumplimiento del objetivo marcado por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y para que haya una más pronta recuperación y una menor destrucción de empleo.
Reabren los más de 500 puntos de atención al cliente de Iberdrola en España, más de 55 en Castilla y León

Esta semana se ha iniciado la reapertura de los puntos de atención al cliente de Iberdrola en España, desde los que atiende, de forma presencial, a una buena parte de sus más de 10 millones de clientes, tanto hogares, como pymes y empresas. La atención en estas oficinas quedó suspendida con la entrada del estado de alarma y, desde el lunes, se ha iniciado su actividad presencial en casi 300 de ellas, que operan ya con normalidad, mientras que más de 200 lo harán en los próximos días. En los últimos dos meses, la compañía ha reforzado la atención en sus canales digitales y telefónicos con el fin de seguir atendiendo y asesorando a sus clientes.
En Castilla y León serán más de 55 los puntos de atención al cliente de Iberdrola que reabrirán sus puertas; casi 25 operan ya con normalidad en la comunidad y otros más de 30 abrirán al público en los próximos días.
Los puntos de atención en cada comunidad autónoma se han acondicionado con todas las medidas de higiene y protección, entre ellas, la instalación de señalética y mamparas de metacrilato, para garantizar la seguridad y el distanciamiento interpersonal de dos metros. Asimismo, todos los profesionales cuentan con equipos de protección individual (EPI).
Las oficinas han establecido, asimismo, un límite de aforo. En las zonas que se encuentran en la fase 0 de la desescalada será necesario la cita previa, no así en el resto de regiones, en las que se puede acudir durante todo el horario comercial.
Las ubicaciones y detalles de estas oficinas pueden consultarse en la web de clientes de Iberdrola www.iberdrola.es
Castilla y León lidera la producción de pellets de madera en España con 223.00 toneladas, casi un tercio del total nacional

La producción de pellet de madera en España ha aumentado un 20% en el último año, alcanzado el volumen récord de 714.000 toneladas en 2019. En 2022 la producción de pellet se situará por encima de las 900.000 toneladas. Son datos del Informe Estadístico Anual sobre el Mercado del Pellet en España que ha elaborado recientemente la Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa (Avebiom).
La producción española en 2010 contaba con 29 fábricas de pellet que produjeron 150.000 toneladas principalmente destinada al mercado exterior. En la actualidad, en 2019, se han producido en España 714.000 toneladas en 82 fábricas que se destinan principalmente al mercado interior. Es un 20% más que la producción del año anterior.
De la producción española, el 77% se destina a uso doméstico, siendo los sacos de 15 kilogramos la forma más común de consumo en el mercado interno.
Otra característica del mercado español es que el sello ENplus, el certificado de calidad internacional más reconocido, es el más demandado por los clientes españoles, estando certificado bajo este sello el 82% del pellet que se fabricó en 2019.
Por Comunidades Autónomas, destaca la producción de Castilla y León con más 223.000 toneladas, Cataluña con 97.000 toneladas y en tercer lugar Galicia con una producción de 86.000 toneladas en 2019. Habiendo fábricas en 16 de las 17 Comunidades que han generado miles de nuevos empleos estables en el medio rural.
Además de ser año récord en términos de producción, 2019 también lo ha sido en volumen importado desde Portugal. Un exceso de producción en Portugal, provocado por una menor demanda del mercado británico, ha facilitado la entrada en España de 160.000 toneladas de pellet. Este aumento de la importación junto con el suave otoño en España han llenado los almacenes de los fabricantes y distribuidores españoles, que no han dudado en ajustar el ritmo de fabricación para adaptarse a la demanda actual.
Por otro lado, a causa del COVID-19 se ha ralentizado demasiado el trabajo de las empresas instaladoras de nuevas calderas y estufas de pellets, por lo que se espera que el aumento del consumo en España durante 2020 sea sólo del 2% mientras que el crecimiento medio del consumo de pellet en España los últimos tres años ha sido del 12%.
Las expectativas para la producción de pellet de madera en España en el año 2022 son mucho más positivas que para este año, esta cifra se acercará a las 900.000 toneladas. A pesar del anormal desplome de los precios del petróleo, se espera una serie de medidas legislativas desde el Gobierno de España que impulsarán el uso de las Energías Renovables los próximos años. Como otros países de la UE, España ha expresado su deseo a la Comisión Europea de apoyar una salida “verde” para la economía Post Covid, lo que se une a la intención de la UE de llegar a un acuerdo para alcanzar objetivos de descarbonización más ambiciosos para 2030.
La eólica genera 14.233 GWh en el primer trimestre de 2020, con una cobertura de la demanda peninsular del 23,4%

En estos tres últimos meses de año (enero, febrero y marzo), la eólica ha generado 14.233 GWh con una cobertura de la demanda peninsular del 23,4%. Si analizamos este primer trimestre del año, desde 2005 hasta 2020, se ha triplicado la generación eólica peninsular, según los datos aportados por la Asociación Empresarial Eólica (AEE). Castilla y León es la comunidad autónoma española con mayor producción eólica de España, por delante de Castilla-La Mancha y Galicia.
A pesar de la alta eolicidad de estos últimos meses, no hemos alcanzado el récord eólico de generación del primer trimestre de 2018. A través del gráfico podemos extraer como conclusión el aporte consolidado que tiene la eólica en el mix de generación, aún siendo una generación renovable con recurso variable. Desde 2013 hasta la fecha, la eólica ha conseguido cubrir en el primer trimestre del año más del 20% de la demanda.
Y es que, con la potencia eólica disponible a día de hoy, 25.704 MW eólicos, la generación eólica aporta al mix de generación por encima de un quinto de la energía demandada en el sistema eléctrico. Si se logran cumplir los objetivos del PNIEC, la eólica podría tener un papel esencial en la cobertura de las necesidades energéticas de todos los españoles y se conseguiría esa ansiada reducción de emisiones de CO2.
En base a los datos publicados por REE, el sistema eléctrico nacional ha cerrado el primer trimestre de 2020 con cifras que permiten pronosticar que este año será el primero de la nueva -y esperada- era renovable, con datos que demuestran que la transición energética en España es una realidad.
El cómputo de enero, febrero y marzo ha dejado una cuota de renovables del 44,59% sobre el total de la estructura de generación a nivel nacional, según indica el operador del mercado eléctrico español. Una cifra superior respecto a la obtenida en el mismo periodo de 2019: 38,42%. De hecho, si se compara con los trimestres equivalentes de los últimos cuatro años (desde 2017), este año ha registrado el más renovable. Y si el análisis contemplase todos los datos de la serie histórica disponible, 2020 ocuparía el tercer lugar en el podio solo superado por 2014 y 2016.
Firmado el acuerdo que ofrece una solución a los territorios afectados por el cierre de las térmicas

Próximamente se iniciarán los procesos participativos en las áreas de las Montañas Centrales Leonesas -La Robla; Guardo-Velilla; Villablino y El Bierzo; y Garoña
El pasado 17 de abril se ha firmó el Acuerdo para una Transición Justa por el cierre de las centrales térmicas de carbón, por parte del Gobierno, las empresas -Iberdrola, Endesa, Naturgy- y los sindicatos -CCOO de Industria y FICA UGT- para dotar de soluciones a los trabajadores y territorios afectados
El “Acuerdo por una transición energética justa para centrales térmicas en cierre: el empleo, la industria y los territorios” lo rubricaron la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera; la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; los secretarios generales de CCOO de Industria y UGT FICA, Agustín Martín y Pedro Hojas; además de la dirección de Iberdrola, Endesa y Naturgy.
Este acuerdo es la base para que empiecen a trabajar los firmantes del acuerdo a todos los niveles (estatal, autonómico, provincial, comarcal y local) y busquen soluciones para los trabajadores y los territorios afectados por el cierre de las centrales térmicas de carbón (Aragón, Andalucía, Castilla y León, Galicia, Principado de Asturias y Baleares).
Desde la Administración, dando cumplimiento al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIE) y a la Estrategia de Transición Justa con el anunciado Instituto de Transición Justa, se elaborarán convenios de transición justa, que darán apoyo técnico, financiero y legislativo, para elaborar diagnósticos, analizar las zonas y captar proyectos industriales.
En estos momentos, se trabaja en la elaboración de toda esta documentación y ya se han activado los procesos participativos, por vía telemática, en Aragón, Suroccidente, Valle de Nalón y Valle del Caudal, todos ellos en el Principado de Asturias. Próximamente, se iniciarán los procesos participativos en las áreas restantes: Montañas Centrales Leonesas -La Robla; Guardo-Velilla; Villablino y El Bierzo; y Garoña, en Castilla y León; Meirama y As Pontes, en Galicia y Puente Nuevo y Carboneras, en Andalucía.
Para las personas que trabajan en la empresa principal y en las contratas que estén afectadas por el cierre, ha acordado, entre otras medidas:
-Una bolsa de empleo por convenio a través del sistema de información del Servicio Público de Empleo (SISPE), para facilitar su reinserción laboral en los desmantelamientos de las centrales, así como en los nuevos proyectos industriales.
-Medidas específicas para los trabajadores y trabajadoras excedentes, con especial atención para personas mayores de 52 años.
-Plan de apoyo para la formación profesional hacia las nuevas necesidades laborales y su desarrollo profesional.
Las empresas realizarán nuevas inversiones relacionadas con su área de negocio y otras que resulten viables. Además, planes de recolocación del personal propio y priorización de las plantillas afectadas de las empresas auxiliares en las nuevas actividades, incluyendo el desmantelamiento y la restauración de las centrales.
Los sindicatos se comprometen a todos los niveles a participar, facilitar, vigilar y divulgar el acuerdo para que todos los compromisos, procesos y planes se presenten en todas las materias: empleo, formación, reindustrialización, etc.
Los Convenios incluyen (1) un proceso participativo de movilización y consulta para su elaboración; (2) la caracterización, diagnóstico y análisis socioeconómico y de infraestructuras de las zonas afectadas por los cierres; y, cuando se hayan producido, (3) la evaluación de planes e iniciativas, garantizando la centralización de la comunicación e información entre todos los implicados en los proyectos así como la identificación de posibles inversiones, actuaciones y proyectos para la reactivación de las zonas; (4) el análisis de su viabilidad y (5) una propuesta de plan de acción.
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