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Castilla y León pierde protagonismo frente a Aragón y Asturias en la producción de carbón

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El carbón sigue siendo una de las energías punteras en cuanto a producción en Castilla y León con casi un tercio del total, solo superada por la energía de origen eólico. Sin embargo, la procedencia del carbón ha cambiado de forma radical de dueños y procedencia.

La producción minera de carbón cayó un 65,3% durante el pasado año, sin poder competir con los precios y eficiencia del carbón importado para las grandes centrales térmicas de León y Palencia.

Los datos recogidos en la memoria del Ente Regional de Energía (EREN) de Castilla y León son demoledores: la producción regional cayó desde los 1,04 millones de toneladas en 2014 a las 362.565 toneladas del 2015. La caída fue más fuerte en antracita que en hulla.

Castilla y León ya solo produce el 26% de la hulla que se produce en España y el 18% de la antracita. Aragón y Asturias comparten en liderazgo español con más de un millón de toneladas cada una. Castilla-La Mancha es la cuarta región productora, pero con cifras muy bajas.

La clave de esta pérdida de protagonismo del carbón castellano-leonés la encontramos en Bruselas, pero también a miles de kilómetros de distancia. La falta de incentivos a la compra de carbón nacional ha provocado las importaciones masivas de carbón a bajos precios y más eficiente desde países como Rusia, Indonesia o Colombia. La compra de carbón nacional en las centrales termoeléctricas bajó un 41,7% en el 2015, mientras que las importaciones de otros países aumentaron un 96%.

Este panorama ha desembocado en una gran pérdida de empleo (del 54% desde 2011 según UGT), de las empresas del sector y de las ayudas a la producción, con la consiguiente pérdida de actividad comercial y renta en las comarcas mineras.

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“La aplicación del beneficio fiscal para el carbón europeo propuesta supondría una mejora sustancial para la competitividad del carbón de León y Palencia respecto al importado”

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Entrevista con
Ricardo González Mantero, Director general de Energía y Minas
Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León

¿Qué posibilidades reales tendría la aplicación del «céntimo verde» para los minerales como el carbón en la Unión Europea según ha sido trasladado recientemente a la Comisión Europea y que anteriormente siempre parecía contar con la negativa comunitaria?

Lo primero que es preciso aclarar es que nunca ha habido una negativa por parte de la Comisión Europea a la aplicación del beneficio fiscal que se propone, consistente en una bonificación del 80% en el impuesto especial al carbón para los carbones extraídos con los requisitos medioambientales y laborales europeos o equivalentes. Es más, para la Comisión se trata de una propuesta novedosa, que no le había sido nunca antes trasladada por el Gobierno español ni por otros Estados miembros.

Fue una delegación de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, encabezada por la propia consejera, Pilar del Olmo, quien informó sobre la propuesta de modificación de la Ley española de Impuestos Especiales a Bruselas, en una reunión presencial con el Gabinete de la Comisaria de Competencia. En ese encuentro, se expusieron las características de la medida, las razones por las que pensamos que se ajusta estrictamente a la normativa europea para ser una ayuda compatible con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y los resultados que tendría su aplicación para la industria extractiva del carbón, tan afectada por la situación de precios muy bajos del carbón de importación. Una reunión a la que acudimos acompañados por la Mesa del Foro para el Futuro del Sector del Carbón y de las Cuencas Mineras (integrado por la patronal Cecale y los sindicatos CCOO y UGT) y por representantes de Acom y Euracom.

¿Cuándo se va a presentar en firme dicha propuesta?

En estos días, se remitirá oficialmente la propuesta al Gabinete de la Comisaria de Competencia, junto con los informes independientes elaborados por expertos fiscales del máximo prestigio, traducidos ya al inglés, para que la Comisión nos traslade su opinión respecto a la medida, y su consideración o no como ayuda compatible con el Tratado. La respuesta de la Comisión, de ser favorable a lo que entendemos desde Castilla y León, nos permitiría exigir con el máximo fundamento al Gobierno de España, ya sea el actual, en funciones, o al que le sustituya, la aplicación inmediata de la bonificación fiscal, mediante Real Decreto-Ley, de modificación de la Ley de Impuestos Especiales. La opinión de los expertos fiscales de la Administración autonómica, y la de los expertos independientes consultados, es coincidente en cuanto a la aplicabilidad de la medida, de forma inmediata y sin necesidad de autorización de la ayuda de Estado por parte de la Comisión Europea.

¿Qué habría cambiado en la actualidad para que la Unión Europea no haya dicho ‘no’ desde el principio?

Como se ha indicado en la respuesta anterior, es la primera vez que la propuesta de bonificación fiscal se ha trasladado a la Comisión Europea, y lo ha hecho una Comunidad Autónoma, Castilla y León que, como es conocido, no tiene competencias para la aplicación de la medida, ya que ello requiere la modificación de una ley estatal. Por este motivo, en los meses de julio y agosto del año pasado, la Junta trasladó la propuesta al Gobierno central. Contestó también a las diversas cuestiones planteadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas respecto a la legalidad de su aplicación, sin que el Ministerio plantease nuevos inconvenientes a los ya respondidos. Fue entonces cuando se elaboró la propuesta de enmienda a la Ley de Medidas Fiscales para 2016, que se remitió al Grupo Popular en el Senado acompañada de un informe de un experto fiscal independiente. Sin embargo, el Grupo Popular no llegó a presentarla. Sí lo hizo el Grupo Socialista en la Cámara Alta, que defendió un texto de modificación calcado al propuesto por la Junta, aunque la enmienda no prosperó.

De poderse llevarse a cabo, ¿qué ventajas competitivas tendría para el sector del carbón en Castilla y León y sus empresas?

El impuesto especial al carbón tuvo una exención total para los carbones utilizados para generación térmica hasta 31 de diciembre de 2012, y comienza a aplicarse a partir de 1 de enero de 2013, tras la publicación de la Ley 15/2012 de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética. El impuesto, de 0,65 euros por Gigajulio, supone para la tipología de carbones que se extrae en León y Palencia entre 12 y 14 euros por Gigajulio. Con la bonificación que se propone del 80%, la medida implicaría que las mineras pudieran ofertar nuestro carbón a las centrales térmicas a un precio inferior al actual, entre 10 y 11 euros menos. Estimamos, y así nos lo confirma Carbunión, que esto supondrá una mejora sustancial para la competitividad del carbón de León y Palencia respecto al importado. Esta rebaja, unida a los ajustes de costes llevados ya a cabo por parte de las empresas mineras, supondría que nuestro carbón volviese a ser atractivo en precio y, por tanto, más competitivo para las centrales térmicas que el mineral de importación.

¿Están satisfechos desde la Junta de Castilla y León sobre las actuales normas que regulan el consumo de carbón autóctono o debería apoyarse aún más su uso?

Están pendientes aún de aplicación, como se ha insistido reiteradamente, diversos compromisos del Marco de Actuación 2013-2018. Hablamos de la creación de un mecanismo de sustitución del procedimiento de restricciones por garantía de suministro, que perdió vigencia el 31 de diciembre de 2014, que permita que el carbón español represente un 7,5% del mix de generación, una cifra ya inalcanzable con la actual producción de carbón. Tampoco se ha materializado el compromiso de creación de sistemas de ayuda para la adaptación de algunos de los grupos térmicos que queman carbón español a los requerimientos de la Directiva de Emisiones Industriales.

Foto: Peio García

Las ayudas a proyectos generadores de empleo en las comarcas mineras serán de 1 millón de euros en 2016

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Una resolución del pasado 30 de octubre del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, ha establecido el calendario de ayudas para la puesta en marcha de proyectos empresariales que generen empleo en dicha zona, que afecta especialmente a la provincia de León en la región.

La financiación de las ayudas que se concedan tendrá carácter plurianual y se imputará al crédito presupuestario 20,1 millones de euros, con cargo al presupuesto del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, de los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019. Estas ayudas tendrán una cuantía máxima estimada de 4.500.000,00 euros. Los importes máximos previstos serán de un millón de euros para el ejercicio 2016; 1,1 millones euros para el ejercicio 2017; 900.000  euros para el ejercicio 2018 y 1,5 millones de euros para el ejercicio 2019. Excepcionalmente se fija una cuantía adicional por importe máximo de hasta 500.000,00 euros, cuya aplicación no requerirá de una nueva convocatoria.

El Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el período 2013-2018 contempla la aprobación de medidas de reactivación en las comarcas mineras, destinadas a financiar nuevas instalaciones y a ampliar las existentes. Sobre todo de pequeñas iniciativas empresariales que creen nuevos puestos de trabajo o ayuden a mantener los ya existentes.

Los proyectos para cuya realización se solicite la ayuda habrán de cumplir los requisitos y condiciones que se establecen en los artículos 4 y 5 de la Orden IET/1157/2014, de 30 de junio («Boletín Oficial del Estado» núm. 162, de 4 de julio de 2014) que aprueba las bases reguladoras de las ayudas.

La Junta pide al Ministerio mejorar con urgencia la orden relativa al carbón para que las empresas acometan las inversiones en las centrales

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no ve claro el Plan elaborado por el Ministerio de Industria para el carbón español de cara al periodo 2015-2018. La CNMC rechaza su presentación como incentivo medioambiental y recomienda al Ministerio su tramitación ante Bruselas para su autorización al creer que puede considerarse como “ayuda de Estado”. El informe de la Comisión Nacional enfría las expectativas de las empresas mineras y de los trabajadores de cara a los próximos años.

La Junta de Castilla y León sigue defendiendo que el plan se ajusta a la legalidad vigente. Según asegura a www.energiacastillayleon.com el director general de Energía y Minas de la Junta, Ricardo González Mantero, “respecto al céntimo verde, consideramos que el incentivo fiscal propuesto es la mejor solución para mejorar la competitividad de las producciones de carbón de León y Palencia, y que se han aportado en abundancia argumentos jurídicos para garantizar que esta actuación se ajusta a la legalidad vigente”.

Según la Junta, las empresas con centrales en propiedad que usan carbón en la comunidad habían previsto su paso al Plan Nacional Transitorio.

“Respecto a la Orden de pagos por capacidad -asegura el Director General de Energía y Minas de la Junta- antes de 1 de octubre, fecha tope marcada en el RD 815/2013, y a la vista de que el Minetur había comprometido publicar la Orden de pagos por capacidad, las tres empresas eléctricas con centrales térmicas en Castilla y León decidieron pasar los cinco grupos térmicos que siempre hemos previsto podrían adaptarse a la Directiva de Emisiones Industriales (DEI), a Plan Nacional Transitorio (PNT), lo que posibilita tomar posteriores decisiones de inversión. Estos 5 grupos son: Endesa: Compostilla 3, 4 y 5; Gas Natural Fenosa: La Robla 2 e Iberdrola: Guardo 2”.

La clave de todo el proceso se centra ahora en las inversiones que deben acometer las empresas para no tener que adelantar el cierre de las centrales.

Para Ricardo González Mantero, “pese a que la decisión es buena, en el sentido de que la otra opción era permanecer en la exención (de cumplir la DEI) por vida útil limitada (a 17.500 h de funcionamiento desde 1 de enero de 2016, y cierre a más tardar el 31 de diciembre de 2023), tiene sus consecuencias: si finalmente no se acometen inversiones (instalaciones de desnitrificación), la fecha de cierre se adelantará al 30 de junio de 2020, como máximo (puede ser antes, ya que hay una limitación de emisiones que obliga a parar cuando se alcance). Si las inversiones se acometieran, en cambio, se daría un horizonte de largo plazo de operación de estas centrales”.

Ahora el balón está en el tejado del Ministerio de Industria y su responsable José Manuel Soria. O del próximo ministro que haya tras las elecciones.

“Ese posible adelanto del cierre en 3,5 años es una cuestión responsabilidad absoluta del Minetur –asegura el Dirección General de Energía y Minas– que es el que ha dado las señales a las eléctricas para que pasaran las centrales a PNT. Por lo tanto, corresponde al Minetur mejorar el texto de la Orden con urgencia para notificarla a la Comisión y publicarla en el BOE, para lo que ya dispone de observaciones, remitidas en su momento como alegaciones al texto propuesto, y que no se llegaron a tener en cuenta”.

Ilustración: J.C.Florentino

“Si el Consejo de Seguridad Nuclear está a favor, sí somos partidarios de ampliar el permiso de explotación de Garoña”

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Entrevista (y II) con
Ricardo González Mantero
Director General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León

El Ministerio de Industria tiene abierta la puerta a que la central nuclear de Garoña vuelva a funcionar a corto plazo. ¿Sería deseable y factible su apertura para la Administración autonómica?

Nuestra postura siempre ha sido la misma, ahora y en 2009. En 2009, el CSN dictaminó que la Central de Garoña, condicionado a ciertas inversiones, podía recibir un nuevo permiso de explotación hasta 2019, que incluso podría ser después prorrogado hasta 2029. Por cuestiones exclusivamente políticas, se decidió dar ese permiso sólo hasta 2013, y declararlo improrrogable.

Aunque ya se ha corregido esa imposibilidad de volver a la actividad, ahora es necesario que de nuevo el CSN se pronuncie sobre la seguridad de la central y las inversiones que requiere para permitir de nuevo su entrada en operación. En el caso de que se pronuncie el CSN a favor, sí somos partidarios de que se valore que el plazo del permiso de explotación que se pueda otorgar contemple una duración suficiente para amortizar las inversiones que se impongan a Nuclenor.

El carbón sigue siendo un sector estratégico para muchos municipios de la provincia de León pero su rentabilidad, debido a condicionamientos geológicos y también a los precios del extranjero, sigue siendo muy baja. ¿Tiene futuro el sector del carbón por sí solo?

En León, y en menor cantidad en Palencia, se da la circunstancia de que tenemos un carbón de muy buena calidad, con poderes caloríficos muy próximos al mejor carbón importado. Y también se da la circunstancia de que buena parte de nuestras explotaciones, y singularmente las de cielo abierto, están muy cerca de los umbrales de rentabilidad, aún en estas circunstancias de bajo precio internacional.

Entendemos que el futuro inmediato de nuestro carbón puede solucionarse con dos actuaciones, cuya puesta en marcha venimos reivindicando desde hace tiempo: la publicación de la Orden de pagos por capacidad, que aúna la adaptación de las centrales térmicas a la Directiva de Emisiones Industriales, con la obligación de compra de carbón español con contratos hasta 31 de diciembre de 2018, por una parte. Y por otra, el establecimiento de una bonificación o incentivo fiscal al carbón que cumpla los condicionantes exigidos en Europa en cuanto a temas de impacto ambiental, tratamiento de los residuos, e incluso cuestiones de seguridad y calidad del empleo minero. Si esto se produce, y la competencia para ello es estatal, mantendremos una cierta capacidad de producción de un mineral que España debería considerar estratégico, por su aportación a la garantía de suministro.

En una región tan extensa y con zonas muy despobladas el autoconsumo en áreas rurales puede resultar muy interesante. El sector asegura que la normativa que prepara Industria corta de raíz su futuro. ¿El autoconsumo debe ser más incentivado?

La normativa que está aún en discusión incrementa el número de años en los que un particular o una pyme puede amortizar la inversión en instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo. Entendemos que el peaje que pudiera llegar a imponerse a estas instalaciones cuando tienen la posibilidad de conectarse a la red de distribución no debería ser superior a la cuantía que permita la recuperación de la inversión en un plazo razonable, y así lo hemos manifestado en nuestras alegaciones.