Ahorro Energético
La Junta abre una línea de subvenciones de 3 millones de euros para eficiencia energética en comunidades de propietarios
La Consejería de Economía y Hacienda ha convocado una línea de subvenciones dotada con tres millones de euros, cofinanciados con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dirigida a comunidades de propietarios y asociaciones o entidades sin ánimo de lucro que lleven a cabo mejoras de eficiencia energética en las instalaciones térmicas, de iluminación o de transporte interior –como ascensores y escaleras mecánicas– de edificios ubicados en Castilla y León. Esta línea forma parte de la Estrategia de Eficiencia Energética 2016-2020.
Los incentivos gestionados por la Dirección General de Energía y Minas financian tanto mejoras de eficiencia en instalaciones térmicas y lumínicas –siempre que se acredite un ahorro de energía de al menos el 20%–, como intervenciones sobre ascensores o escaleras mecánicas –cuando la reducción del consumo energético sea, como mínimo, del 30 %–.
A estas subvenciones pueden concurrir comunidades de propietarios para efectuar obras en edificios construidos con posterioridad al 1 de enero de 1981 y asociaciones o entidades con fines no lucrativos. Los inmuebles objeto de la reforma deberán estar inscritos en el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Castilla y León, salvo las excepciones detalladas en la convocatoria.
La cuantía individual de la ayuda por proyecto oscila entre el 15 % y el 30 % de la inversión aceptada, en función del ahorro energético conseguido. Obtendrán una puntuación mayor en las valoraciones los proyectos que justifiquen mejor ratio energético –entendido como el coste de la mejora entre el ahorro que conlleva– y los ejecutados en edificios con menor superficie.
La convocatoria contempla la financiación de obras de mejora iniciadas desde el 1 de enero de 2014, siempre que no hayan concluido en el momento de registrar la solicitud, y el plazo para ejecutar las reformas finalizará el 15 de octubre.
Ilustración: J.C. Florentino
La Junta quiere rebajar el consumo energético un 32% hasta 2020 con una inversión de 940 millones de euros
La Estrategia de Eficiencia Energética, diseñada por la Consejería de Economía y Hacienda a través del Ente Regional de la Energía (EREN), incluye una batería de 79 medidas dirigidas a reducir en más del 30 % el consumo de energía y las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en Castilla y León hasta el año 2020, objetivo que está 10 puntos por encima del marcado por la Unión Europea (UE). La inversión estimada durante la ejecución del plan –que se ha abierto a la participación social en el portal de Gobierno Abierto– asciende a más de 940 millones de euros, de los que casi la tercera parte se financiarán con recursos públicos
El análisis de los datos de consumo real y su tendencia en el ámbito autonómico revela que Castilla y León cumplió las exigencias de la UE en 2013, ya que ese año el ahorro energético conseguido era ya del 20,89 % en relación con los indicadores de 1990. Por este motivo, la nueva Estrategia de Eficiencia Energética de la Junta es más ambiciosa en sus objetivos y prevé rebajar el 32,45 % el consumo –lo que en términos absolutos implica una minoración de 757,3 kilotoneladas equivalentes de petróleo (Ktep) de energía final– y el 30,24 % las emisiones contaminantes en 2020 –dejar de emitir 2,5 toneladas de CO2–.
El documento elaborado por el EREN, que da continuidad a los Planes de Eficiencia Energética desarrollados en los periodos 2002-2007 y 2008-2012, se estructura en siete áreas: industria, edificación, transporte, servicios públicos-entidades locales, Administración autonómica, I+D+i y comunicación, difusión y formación.
La decena de iniciativas planteadas en torno al primer eje, la industria, se centra en fomentar las inversiones de eficiencia en los procesos, equipos e instalaciones de las compañías, así como en la diversificación de las fuentes empleadas en la producción a través de la convocatoria de distintas líneas de subvenciones. Hay que señalar que el sector industrial es el tercero que más energía final consume, en concreto el 22 % del total, por detrás del transporte (casi el 40 %) y la edificación (28 %), y el reto es conseguir que sea responsable de una tercera parte del ahorro estimado para 2020, de manera que reduzca el consumo en 253,5 Ktep.
El segundo epígrafe hace referencia a la edificación, que abarca los subsectores doméstico, comercio y servicios y hostelería. La Estrategia propone 20 medidas para disminuir el consumo en 134,4 Ktep, una cifra que representa el 17,7 % del objetivo previsto. Así, en el ámbito de los hogares, contempla planes de sustitución o ‘Renove’ de electrodomésticos, calderas, equipos de aire acondicionado y ventanas, así como incentivos para las redes de distribución de calor y frío y para los edificios de energía cero (‘near zero energy building’, en inglés).
El tercer capítulo está dedicado al transporte y proyecta siete medidas encaminadas a reducir el consumo en 332,6 Ktep hasta 2020, es decir, cerca del 44 % del total. En este campo se trabajará en la transición hacia modelos de movilidad de personas y mercancías más eficientes a través de planes de transporte sostenibles; en la planificación de infraestructuras que favorezcan la incorporación de vehículos alternativos, así como en la promoción del uso de combustibles distintos de los convencionales mediante ayudas. La Junta, por su parte, continuará con el plan de desarrollo y utilización del coche eléctrico e híbrido enchufable en la Administración.
La puesta en marcha de las 79 medidas contempladas en la Estrategia de Eficiencia Energética requerirá una inversión aproximada de 940,4 millones de euros hasta 2020. De esta cantidad, 642,1 millones serán aportados por el sector privado (el 68,3 % del total), mientras los restantes 298,3 millones (el 31,7 %) se sufragarán con recursos públicos, tanto de carácter autónomo, como estatales y europeos, con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
El riego inteligente se abre paso entre las 448.000 hectáreas de regadío de Castilla y León para ahorrar energía
La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) está desarrollando un proyecto europeo para promover un sistema de riego inteligente que pueda ahorrar hasta un 30% de energía y hasta un 30% de agua, sin perjuicio de la calidad de los productos producidos.
La financiación corre a cargo de la Unión Europea, a través del proyecto Life Irriman, y cuenta con la colaboración del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y diversas universidades españolas.
Un proyecto de gran importancia en Castilla y León porque según los datos de la Encuesta de Superficies y Cultivos del Ministerio de Agricultura, la región dispone de 448.000 hectáreas de regadío. En la última década el número de hectáreas de riego agrícolas ha crecido en más de 12.000.
Desde Fenacore se recuerda que desde que se suprimieran las tarifas especiales para regadío en el año 2008, el término de potencia de las mismas ha aumentado en torno a un 1000% con lo que ha encarecido la media de las facturas en un 100%.
El objetivo último del proyecto Irriman, que ya se ha testeado en zonas de riego de Murcia y de la provincia de Córdoba, es mediante un algoritmo indicar al agricultor cómo, cuándo y cuánto debe regar para así conseguir el mayor ahorro posible de energía y agua.
Para atender a las demandas de los regantes, el Ministerio de Agricultura pactó junto con Hacienda una fiscalidad eléctrica más ventajosa mediante la rebaja de los módulos, que ha supuesto para el sector una rebaja media de 54 millones de euros al año. Aunque según Fenacore, aún no compensan el sobrecoste de unos 300 millones de euros en tarifas eléctricas pagadas por los regantes en estos últimos ocho años desde la supresión de las tarifas especiales.
El apoyo a sistema de fotovoltaica para autoconsumo también resultan claves en la estrategia de los regantes españoles de cara al futuro, a través de otros proyectos europeos como el denominado Maslowaten. Y también, conseguir que la potencia contratada en un contrato se pudiera modificar dos veces al año.
La Junta convoca subvenciones para la mejora de la eficiencia energética para industrias y edificios
La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León ha publicado la convocatoria de subvenciones para la mejora en la eficiencia energética tanto en las instalaciones de las industrias ubicadas en Castilla y León como de los edificios de Castilla y León que pertenezcan a empresas. Estas subvenciones están cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional enmarcado en el Programa Operativo 2014-2020.Se establecen dos programas, el Programa 1 para el sector industrial y el Programa 2 para el sector edificación.
Estas ayudas las podrán solicitar grandes empresas, pequeñas y medianas empresas (pymes), autónomos, agricultores y ganaderos a título principal que no tengan la condición deociedades de cualquier tipo o cooperativas.
En el caso de las industrias, la ayuda consistirá en subvencionar parcialmente los costes subvencionables de las instalaciones o sistemas que se implanten para la mejora del ahorro y eficiencia energéticos. Se excluyen los costes o gastos financieros, los no imputables directamente a la actuación subvencionada, los de adquisición de terrenos, el IVA, los gastos realizados en bienes usados así como aquellos costes relativos a actuaciones obligatorias como consecuencia del cumplimiento de obligaciones legales.
La cuantía de las ayudas irá en función del porcentaje de ahorro de energía tras la actuación hasta un máximo del 30% del coste subvencionable. Hay también una cuantía máxima absoluta fijada para cada actuación.
La “Clean energy for all Europeans” de la Comisión Europea fija en un modesto 27% el objetivo de renovables en el 2030
Por Daniel Pérez Rodríguez y Piet Marco Holtrop
de HOLTROP S.L.P. Transaction & Business Law
El Comisario Cañete lo presentó personalmente en su discurso de inauguración del III Foro Solar de UNEF el día 29 del pasado noviembre: “El Winter Energy Package”. Al día siguiente, la Comisión Europea publicó oficialmente su propuesta legislativa en materia energética para el periodo 2021-2030. Dicha propuesta se compone de varias Directivas, Reglamentos y Comunicaciones, normas que aún tienen que ser debatidas y aprobadas por el Parlamento Europeo y el Consejo. Debe señalarse, además, que los objetivos globales, que carecen de la más mínima ambición (sólo 27% de renovables en 2030, cuando en 2020 ya se habrá llegado al 20%) previstos en la propuesta fueron ya marcados por el Consejo Europeo, quedando atada por ellos la Comisión Europea.
Lo que ahora se discute, por tanto, es la letra pequeña de esos modestísimos objetivos, y en términos globales, puede decirse que la propuesta es muy positiva, pues establece límites precisos a la actuación de los Estados Miembros, lo que garantizará una cierta armonización legislativa y evitará que los Estados más díscolos actúen sin freno alguno, como ha sido hasta ahora, y de momento, el caso de España.
Primero, es preciso poner de manifiesto que el punto de partida para calcular los objetivos a 2030 son los objetivos a 2020, con independencia de si un país los alcanzó o no (artículo 3.3). En otras palabras, aunque España no llegue al 20% de renovables en 2020, a efectos de repartir esfuerzos para 2030, se considerará que ha llegado, y por tanto, se verá obligada a hacer un esfuerzo extra, para cumplir con los nuevos deberes y terminar los anteriores.
En relación con los sistemas de apoyo para nuevas instalaciones (artículo 15.3), la propuesta de Directiva obliga a los Estados a definir un calendario de asignaciones para al menos los 3 años siguientes, en el que se especifique la fecha de la subasta, la capacidad a asignar y el presupuesto previsto.
Asimismo, el artículo 15.9 establece un mandato a los Estados de eliminar los obstáculos a los contratos bilaterales, como herramienta para poder financiar nuevas instalaciones de renovables.
En lo que respecta al procedimiento de autorización (artículo 16), la propuesta de Directiva opta por un sistema de “ventanilla única”, con un instructor del procedimiento que coordine todo el proceso de autorización. Ese instructor debe guiar al solicitante durante el proceso y emitir, al final del mismo, una decisión legalmente vinculante sobre la autorización o no de la instalación. Asimismo, dicho órgano tiene que publicar un manual de procedimientos para los desarrolladores de proyectos renovables, incluyendo proyectos de pequeña escala y de autoconsumo. Más importante aún, el proceso de autorización no puede, por regla general, durar más de 3 años, o 1 año si se trata de repotenciaciones.
La excepción al procedimiento general la encontramos en el artículo 17, que regula los procedimientos simplificados, aplicables a instalaciones experimentales o de una potencia menor de 50 kW, que deben poder ser conectados a la red con una mera notificación a la distribuidora.
Además, en un artículo dedicado sin duda al reino de España, como es el 6, la Directiva señala que los Estados deben asegurarse que el nivel y las condiciones de los sistemas de apoyo a proyectos renovables adjudicatarios de retribución no puede revisarse de forma que impacte negativamente en derechos conferidos a esos productores. Según el actual redactado, los Estados no pueden imponer cambios retroactivos, salvo en caso de que la medida se declarase ayuda de Estado incompatible.
En cuanto al autoconsumo, la Directiva contiene, en su artículo 21, un elenco de derechos de los autoconsumidores, tales como recibir una remuneración por su energía excedentaria, no tener que abonar cargos desproporcionados por autoconsumir, o poder realizar autoconsumo compartido entre los habitantes de un bloque de edificios, sector comercial o de servicios o red de distribución cerrada. Y el artículo 22 reconoce la figura de las “comunidades energéticas renovables”, que tienen derecho a generar, consumir, almacenar y vender energía renovable.
Finalmente, hay que destacar la incorporación a la Directiva de los sistemas de refrigeración y calefacción (District Heating and Cooling) como mecanismo para cubrir las necesidades térmicas mediante fuentes renovables (artículo 24).
A la vista de todas estas medidas concretas previstas en la Directiva, la valoración de la norma, desde una óptica española, tiene que ser necesariamente positiva. Es cierto que desaparece la prioridad de despacho (salvo excepciones) de las renovables y que no se establece claramente la prohibición de imponer cargos por autoconsumir energía. Y es cierto que visto desde otros países, como Alemania o Dinamarca, la Directiva no añade apenas nada respecto a su regulación existente.
Pero si se contrasta con la normativa española, el texto de Directiva supone un gran avance respecto de la situación actual, y podría suponer un gran impulso a las renovables, tanto en la vertiente de las grandes plantas como para el autoconsumo. Para las grandes plantas, que tanto cuesta tramitar en nuestro país, un procedimiento sencillo, de máximo 3 años y con ventanilla única, podría animar a más desarrolladores a plantearse proyectos en España, tanto con prima (y esta vez, con seguridad jurídica) como a mercado/bilateral. Y en autoconsumo, un sistema con venta de excedentes garantizada para todos, con tramitación simplificada y con la posibilidad de autoconsumo compartido, supondría una notable mejora respecto a la situación actual, con una norma diseñada sólo para gente de poder adquisitivo superior, reforzando así la estigmatización puesta por sus autores al autoconsumo.
Por tanto, como anticipaba el título de este artículo, si bien los objetivos carecen de ambición, la propuesta de Directiva dota a la Comisión de herramientas efectivas para poder actuar en caso de que los Estados se desvíen del cumplimiento del Derecho Europeo. Con esas reglas del juego (y con una Comisión que esté alerta), las renovables podrán desarrollarse en mejores condiciones en España. Ahora sólo queda pedir más ambición a los Estados Miembros, recordándoles que el objetivo del 27% es sólo un mínimo, y que ellos son libres (y de hecho, deberían) de fijarse objetivos más ambiciosos que permitan hacer frente con garantías al problema más grave al que se enfrenta la Humanidad, que es el cambio climático.
El EREN licita por 50.000 euros ocho proyectos de mejora de calderas en centros educativos de Castilla y León
El Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, ha anunciado la licitación para la contratación de los proyectos de ejecución de la mejora de salas de caldera de ocho centros educativos de Castilla y León.
Se trata de un proyecto financiado con fondos europeos FEDER con un plazo de ejecución de 12 semanas. Entre los criterios de contratación a tener en cuenta, el precio será el más importante en un 80%, mientras que la mejora consistente en la realización del diseño arquitectónico en 3D también será valorada en un 20%.
El presupuesto máximo de licitación de los proyectos para los ocho centros será de 50.000 euros, con el IVA ya incluido. El presupuesto se desglosa por lotes entre los distintos centros: Juana de Pimentel (4.400 euros); Diego Marín Aguilera (6.000 euros); PADRE Isla (6.000 euros); Gil y Carrasco (6.00o euros); Andrés Laguna (6.400 euros), Ramón y Cajal (7.400 euros); María de Molina (9.500 euros) y Leonardo da Vinci (4.300 euros).
En cuanto a la solvencia técnica y profesional de las empresas que se presenten a la licitación, el EREN exige haber elaborado, desde el 1 de octubre de 2011, tres proyectos de ejecución y tres certificaciones energéticas con los siguientes alcances:
-Tres proyectos de ejecución que comprendan el diseño y cálculo de instalaciones térmicas con potencia calorífica superior a 500 kW.
-Tres certificaciones energéticas de edificios con una superficie construida superior a 3.000 m, realizados conforme al Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción o Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
La Junta de Castilla y León incluirá criterios ambientales y de ahorro energético en las licitaciones públicas
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado un conjunto de medidas en materia de desarrollo sostenible y cambio climático que afectan tanto al funcionamiento de la Administración como a las políticas públicas para el periodo 2016-2019.
Una de las medidas más importantes es la implantación de sistemas de gestión ambiental en 40 edificios de la Administración de la región para alcanzar un 20% de ahorro energético, así como impulsar el desarrollo de biomasa forestal.
Otra de las medidas impulsadas en dicho Plan pasa por elaborar planes de movilidad o la formación de los empleados públicos en prácticas de sostenibilidad y ahorro de recursos y energía. También se revisarán las ayudas y subvenciones públicas para apoyar iniciativas que contribuyan reducir el cambio climático.
Todas estas medidas ayudarán a concienciar a empresarios y trabajadores en desarrollar iniciativas que apuesten por la economía circular y la reducción de las emisiones de carbono a la atmósfera.
Varias de las medidas intentarán reforzar la investigación y la innovación en materia de desarrollo sostenible, y sobre todo en la puesta en marca de redes de calefacción con biomasa y en la gestión de recursos que apuesten por el reciclaje.
Una de las más innovadoras es la de incluir criterios ambientales y de ahorro energético en las licitaciones públicas.
La nueva fábrica de galletas y pastelería de Gullón en Aguilar de Campoo emplea un nuevo horno de menor consumo energético
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha procedido a la modificación de Autorización Ambiental a la nueva fábrica de galletas y productos de panadería y pastelería de larga duración de la empresa Gullón en Aguilar de Campoo (Palencia), de los mayores complejos industriales de la región.
La empresa Galletas Gullón S.A. comunicó a la administración regional un cambio en una de las líneas de horno que se ha considerado como modificación no sustancial del proyecto. “La actuación comunicada consiste en la sustitución del horno de la línea 2 por un nuevo horno de cocción a calefacción mixta que supone una mejora en la producción ya que facilitará un mejor control de la temperatura. En cuanto a la incidencia ambiental no es significativa ya que en determinados factores como el ruido y el consumo energético se pueden ver reducidos por las mejoras tecnológicas del nuevo horno respecto al anterior”.
Según el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, “en cuanto a las emisiones a la atmósfera, la variación respecto a las condiciones anteriores resultará nula o muy poco significativa, ya que, aunque se incremente el número de focos de la línea 2, de 4 a 6, estos estarán ligados a un único horno con más quemadores y distintas zonas con control de temperatura completas. Esto redundará en una mejora productiva ya que permitirá un mejor control de la calidad del producto, la optimización del consumo energético y la gestión instantánea de la falta de producto”.
Galletas Gullón nació en la misma localidad palentina donde tiene su sede actual en 1892 y actualmente emplea a unas 1.000 personas. Produce más de 120 millones de kilos de galletas al año, con 700 formatos y más de 100 referencias de producto. Exporta actualmente a 100 países y en abril del 2015 presentó la nueva ampliación de sus instalaciones, denominadas VIDA.
El Congreso estudiará simplificar los trámites para las instalaciones de autoconsumo que no viertan a la Red
Las demandas de la Plataforma para el Impulso de la Generación Distribuida y el Autoconsumo Energético -formada por FENIE, SERCOBE, APPA, UNEF, AIFOC y ASECE, representando en torno a 16.000 empresas del sector de las energías renovables- han llegado al Congreso de los Diputados.
Mediante una proposición no de Ley, esta Plataforma ha conseguido que la Unión del Pueblo Navarro –socio del Partido Popular en el Congreso- solicite al Gobierno que modifique el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.
Una de las modificaciones que se propone tiene como objetivo posibilitar la instalación en viviendas colectivas y en empresas que compartan un mismo techo. En la actualidad, la normativa solo permite que haya una única instalación por edificio o nave, aunque estén ocupados por más de un propietario.
Otra de las modificaciones propuestas consiste en introducir en la normativa una diferenciación entre las instalaciones que venden a la red eléctrica los excedentes que generan y no consumen y aquellas otras instalaciones, propiamente de autoconsumo, que no realizan vertido alguno a la red eléctrica. Con ello se pretende simplificar los trámites administrativos y reducir costes de instalación de éstas últimas.
Así, se introducen cambios en los trámites que se deberán realizar en el procedimiento de conexión y acceso, es decir, los propietarios de las instalaciones que no hacen vertidos a la red, de aprobarse las modificaciones propuestas, ya no tendrán que modificar el punto de conexión, solamente será suficiente con la presentación en la Jefatura Provincial de Industria del Certificado o Boletín de la Instalación eléctrica emitido por una empresa instaladora.
Por otro lado, tampoco se les aplicarán los cargos de aplicación a la energía autoconsumida ni se penalizará la acumulación eléctrica. En cambio, se mantienen los peajes sobre los excedentes de la energía que produzcan sobre las cantidades vertidas (nunca sobre las autoconsumidas).
Solo el 6% de las viviendas de Castilla y León cuenta con una certificación energética excelente
La gran mayoría de las viviendas de Castilla y León no disponen de las mejores certificaciones energéticas en la actualidad. El Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Castilla y León, gestionado por la Consejería de Economía y Hacienda, tiene inscritas 73.315 viviendas y edificios a fecha de 25 de julio, una cifra que se ha multiplicado casi por cinco desde 2013, desde que se hizo obligatorio para la venta o alquiler de cualquier piso. Casi el 89 % de estas acreditaciones se corresponden con pisos, bloques y chalés, de los que siete de cada diez han obtenido una calificación energética D o E en emisiones de dióxido de carbono.
El Registro de Certificaciones de Eficiencia Energética de Castilla y León empezó a funcionar en enero de 2012, cuando esta etiqueta sólo era obligatoria para nuevas construcciones, y en mayo de 2013 se modificó el procedimiento de inscripción para adaptarlo a la nueva normativa. En 2012, sólo existían seis inmuebles en el Registro autonómico. El número de registros empieza a aumentar progresivamente en 2013, especialmente desde la publicación del RD 235/2013 a mediados de abril, y alcanza los 15.025. Al año siguiente se bate el récord de registros, con casi 27.975 nuevas entradas y 43.000 certificados a 31 de diciembre de 2014. Las altas se han mantenido a buen ritmo durante 2015 (con más de 18.638 certificados incorporados) y esta tendencia continúa en los primeros meses de 2016, en los que el Registro está añadiendo una media de 1.600 etiquetas mensuales.
Por provincias, Valladolid es la que cuenta con un mayor número de certificaciones con 16.929, seguida de León con 13.803, Salamanca con 12.255, Burgos con 10.675, Segovia con 4.949, Palencia con 4.873, Zamora con 3.391 y Soria con 2.153.
El certificado de eficiencia energética otorga una doble calificación energética a cada inmueble, que se mide en función de su consumo y de sus emisiones de dióxido de carbono a través de una escala que va de la A a la G, siendo A un indicador de máxima eficiencia (menor consumo y menores emisiones) y G, de mínima. Si se atiende al uso residencial, más del 53 % de las viviendas certificadas han obtenido una calificación E, la más repetida; un 17,5 %, la D, que es el valor medio de la escala; en un 23 % de los casos, la etiqueta marca los peores resultados con F o G; y únicamente el 6,2 % de los edificios residenciales certificados acreditan la excelencia energética (A, B y C).
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