La tasa de cambio de comercializador en el sector del gas es mayor que en la electricidad en Castilla y León

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El cambio de comercializador  tanto en electricidad como en el mercado del gas, lo que se conoce técnicamente como switching, va en aumento. Según los datos de un reciente estudio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el número de solicitudes de cambio de comercializador de electricidad y de gas recibidas por los distribuidores durante el segundo trimestre del año 2016 se incrementó en un 7,8%  (1.319.354 solicitudes frente  a las 1.207.482 del primer trimestre). De estas solicitudes, 988.713 pertenecen al sector eléctrico y 330.641 al sector gasista.

En el caso de Castilla y León, la tasa de cambió de comercializador en el sector eléctrico fue del 3% en este segundo trimestre del 2016 frente a la media del 2,9% a nivel nacional. Mientras, en el sector del gas, la tasa de cambio de comercializado ha sido mayor, de un 4,1% de media frente al 3.5% a nivel nacional. La región contaba a finales del segundo trimestre del 2016 con un total de 2.029.569 de clientes de electricidad y de 457.024 de gas natural.

Los tiempos medios de cambio de comercializador se han reducido: para el sector eléctrico fueron de 12 días (13-14 días en el 2015); y para el sector gasista de casi 14 días (14-15 días en el 2015). Por canal de contratación se observa que la venta domiciliaria es más lenta (en más de 8 días) que el resto de canales (teléfono, web, tienda, etc.), tanto para electricidad como para gas.

En total, se aceptaron el 88% de solicitudes en el sector eléctrico y el 79% en el sector gasista. No todas las solicitudes formuladas por los comercializadores están bien realizadas, contienen la información que corresponde a la del punto de suministro o incluso puede ocurrir que deban ser rechazadas por aspectos técnicos.

Finalmente, el número de cambios de comercializador activos, es decir, aquellos que han sido realmente ejecutados por los distribuidores en el segundo trimestre de 2016 alcanzaron los 848.560 en el sector eléctrico y de 266.271 en el sector gasista.  Estas tasas de cambio están entre las más altas de los mercados de gas y electricidad a nivel europeo, y serían comparables a las existentes en otros sectores regulados como la telefonía.

Según el organismo de la Competencia, la tasa de switching es un indicador del nivel de competencia en el mercado minorista que debe valorarse en conjunto con otros indicadores relacionados con la estructura y el grado de satisfacción de los consumidores.

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La Junta declara favorable el impacto ambiental de la línea de alta tensión del Parque Eólico Encinillas en Palencia

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La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, a través de su delegación territorial en Palencia, ha hecho pública la Declaración de Impacto Ambiental favorable del proyecto de línea de Alta Tensión de 132 Kv para la evacuación de la electricidad procedente del Parque Eólico Encinillas. Dicha obra afecta a los términos municipales de Paredes de Nava, Cardeñosa de  Volpejera,  Villamuera de la Cueza  y Villanueva del Rebollar, todos ellos en la provincia de Palencia.

El objetivo del proyecto evaluado, es la construcción y explotación de la línea eléctrica de alta tensión en 132 kV para la evacuación del parque eólico Encinillas (y otros que pudieran construirse en la zona, como el parque eólico Las Tadeas) por parte de la empresa promotora, Parque Eólico Encinillas, S.L.

La línea conectará la subestación de los parques eólicos Encinillas y Las Tadeas con la subestación del parque eólico Cruz de Carrutero, donde se dispone de una posición de entrada en barras de 132 kV, incorporándose de esta manera al eje de evacuación del recurso eólico de la zona, hacia la subestación colectora de Herrera de Pisuerga.

Desde la subestación de Carrutero parte un eje de evacuación en 132 kV que centraliza el recurso eólico de esta zona de Palencia hacia la subestación colectora de Herrera de Pisuerga. La subestación colectora de Herrera se conecta con la red general de distribución, dando lugar al nudo donde se realiza la conexión de todas las infraestructuras de evacuación de potencial eólico de la zona.

La producción de energía hidráulica sube un 25% en España mientras la de carbón en las térmicas cae un 30%

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Presa de La Almendra en la provincia de Salamanca
Presa de La Almendra en la provincia de Salamanca

El 2016 no ha sido un buen año para el carbón. Ni para el nacional, proveniente en parte de Castilla y León, ni para las importaciones. Según los datos de Red Eléctrica España hasta primeros de diciembre, el carbón ha concentrado el 14,3% de generación eléctrica en el mercado español, frente a casi el 20% que alcanzó en el 2016. Gracias a ello, las emisiones de CO2 del sector eléctrico serán hasta un 20%  menores este año que las del año anterior.

Por el lado contrario, la producción de energía de origen hidráulico ha aumentado más de un 25% a nivel español –sobre todo en el primer semestre del año– lo que compensa en parte la caída del 30% de la energía producida en las centrales térmicas con carbón. Las centrales térmicas de carbón también se han visto perjudicadas por las bajas cotizaciones de los derivados del petróleo como el coque, que han servido de sustituto al carbón.

Este panorama en el lado de la producción se produce cuando la demanda energética sigue manteniéndose casi estable en este año 2016. Según las estimaciones de REE para el cierre del año, la demanda de energía eléctrica peninsular del 2016, se sitúa en 250.266 GWh, y experimenta un crecimiento del 0,8% con respecto al año anterior. Corregidos los efectos de la laboralidad y la temperatura, la demanda se estima en el mismo nivel que en el 2015.

El 41,1% de la producción eléctrica en la Península procedió de fuentes renovables, lo que supone 4,2 puntos porcentuales más que en el 2015.

La empresa Iberenova Promociones solicita autorización para una estación metereológica en Pedro del Río Urbel en Burgos

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La empresa Iberenova Promociones, integrada en Iberdrola Energías Renovables, ha solicitado al Ayuntamiento de Pedro del Río Urbel, en la provincia de Burgos, la autorización de uso excepcional de suelo rústico y licencia urbanística, para la instalación de una estación metereológica con la finalidad de realizar mediciones eólicas.

La instalación de estaciones metereológicas en los parques eólicos resultan claves en la gestión integral de los mismos y en su correcto funcionamiento. Sobre todo para elaborar cálculos de productividad y finales. Hay empresas especializadas en la instalación de este tipo de estaciones que permiten la integración de múltiples medidas y puntos de lectura en diferentes ubicaciones, en un único punto de control, con todas las lecturas actualizándose en tiempo real, de forma automática y sin intervención del usuario.

Iberdrola Renovables lidera el mercado español de generación de origen eólico, con una importante presencia en la Comunidad de Castilla y León. La región dispone de más de 241 parques eólicos, con una potencia instalada superior a los 5.561 Mw de potencia. Es la región líder en producción eólica por delante de Castilla-La Mancha, Andalucía y Galicia. Habrá que ver en las futuras subastas previstas por el Ministerio de Industria en el primer trimestre del 2017 qué volumen de Mw se otorgan a la eólica en la región, con numerosos proyectos en lista de espera.

La “Clean energy for all Europeans” de la Comisión Europea fija en un modesto 27% el objetivo de renovables en el 2030

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Por Daniel Pérez Rodríguez y Piet Marco Holtrop
de HOLTROP S.L.P. Transaction & Business Law

El Comisario Cañete lo presentó personalmente en su discurso de inauguración del III Foro Solar de UNEF el día 29 del pasado noviembre: “El Winter Energy Package”. Al día siguiente, la Comisión Europea publicó oficialmente su propuesta legislativa en materia energética para el periodo 2021-2030. Dicha propuesta se compone de varias Directivas, Reglamentos y Comunicaciones, normas que aún tienen que ser debatidas y aprobadas por el Parlamento Europeo y el Consejo. Debe señalarse, además, que los objetivos globales, que carecen de la más mínima ambición (sólo 27% de renovables en 2030, cuando en 2020 ya se habrá llegado al 20%) previstos en la propuesta fueron ya marcados por el Consejo Europeo, quedando atada por ellos la Comisión Europea.

Lo que ahora se discute, por tanto, es la letra pequeña de esos modestísimos objetivos, y en términos globales, puede decirse que la propuesta es muy positiva, pues establece límites precisos a la actuación de los Estados Miembros, lo que garantizará una cierta armonización legislativa y evitará que los Estados más díscolos actúen sin freno alguno, como ha sido hasta ahora, y de momento, el caso de España.

Primero, es preciso poner de manifiesto que el punto de partida para calcular los objetivos a 2030 son los objetivos a 2020, con independencia de si un país los alcanzó o no (artículo 3.3). En otras palabras, aunque España no llegue al 20% de renovables en 2020, a efectos de repartir esfuerzos para 2030, se considerará que ha llegado, y por tanto, se verá obligada a hacer un esfuerzo extra, para cumplir con los nuevos deberes y terminar los anteriores.

En relación con los sistemas de apoyo para nuevas instalaciones (artículo 15.3), la propuesta de Directiva obliga a los Estados a definir un calendario de asignaciones para al menos los 3 años siguientes, en el que se especifique la fecha de la subasta, la capacidad a asignar y el presupuesto previsto.

Asimismo, el artículo 15.9 establece un mandato a los Estados de eliminar los obstáculos a los contratos bilaterales, como herramienta para poder financiar nuevas instalaciones de renovables.

En lo que respecta al procedimiento de autorización (artículo 16), la propuesta de Directiva opta por un sistema de “ventanilla única”, con un instructor del procedimiento que coordine todo el proceso de autorización. Ese instructor debe guiar al solicitante durante el proceso y emitir, al final del mismo, una decisión legalmente vinculante sobre la autorización o no de la instalación. Asimismo, dicho órgano tiene que publicar un manual de procedimientos para los desarrolladores de proyectos renovables, incluyendo proyectos de pequeña escala y de autoconsumo. Más importante aún, el proceso de autorización no puede, por regla general, durar más de 3 años, o 1 año si se trata de repotenciaciones.

La excepción al procedimiento general la encontramos en el artículo 17, que regula los procedimientos simplificados, aplicables a instalaciones experimentales o de una potencia menor de 50 kW, que deben poder ser conectados a la red con una mera notificación a la distribuidora.

Además, en un artículo dedicado sin duda al reino de España, como es el 6, la Directiva señala que los Estados deben asegurarse que el nivel y las condiciones de los sistemas de apoyo a proyectos renovables adjudicatarios de retribución no puede revisarse de forma que impacte negativamente en derechos conferidos a esos productores. Según el actual redactado, los Estados no pueden imponer cambios retroactivos, salvo en caso de que la medida se declarase ayuda de Estado incompatible.

En cuanto al autoconsumo, la Directiva contiene, en su artículo 21, un elenco de derechos de los autoconsumidores, tales como recibir una remuneración por su energía excedentaria, no tener que abonar cargos desproporcionados por autoconsumir, o poder realizar autoconsumo compartido entre los habitantes de un bloque de edificios, sector comercial o de servicios o red de distribución cerrada. Y el artículo 22 reconoce la figura de las “comunidades energéticas renovables”, que tienen derecho a generar, consumir, almacenar y vender energía renovable.

Finalmente, hay que destacar la incorporación a la Directiva de los sistemas de refrigeración y calefacción (District Heating and Cooling) como mecanismo para cubrir las necesidades térmicas mediante fuentes renovables (artículo 24).

A la vista de todas estas medidas concretas previstas en la Directiva, la valoración de la norma, desde una óptica española, tiene que ser necesariamente positiva. Es cierto que desaparece la prioridad de despacho (salvo excepciones) de las renovables y que no se establece claramente la prohibición de imponer cargos por autoconsumir energía. Y es cierto que visto desde otros países, como Alemania o Dinamarca, la Directiva no añade apenas nada respecto a su regulación existente.

Pero si se contrasta con la normativa española, el texto de Directiva supone un gran avance respecto de la situación actual, y podría suponer un gran impulso a las renovables, tanto en la vertiente de las grandes plantas como para el autoconsumo. Para las grandes plantas, que tanto cuesta tramitar en nuestro país, un procedimiento sencillo, de máximo 3 años y con ventanilla única, podría animar a más desarrolladores a plantearse proyectos en España, tanto con prima (y esta vez, con seguridad jurídica) como a mercado/bilateral. Y en autoconsumo, un sistema con venta de excedentes garantizada para todos, con tramitación simplificada y con la posibilidad de autoconsumo compartido, supondría una notable mejora respecto a la situación actual, con una norma diseñada sólo para gente de poder adquisitivo superior, reforzando así la estigmatización puesta por sus autores al autoconsumo.

Por tanto, como anticipaba el título de este artículo, si bien los objetivos carecen de ambición, la propuesta de Directiva dota a la Comisión de herramientas efectivas para poder actuar en caso de que los Estados se desvíen del cumplimiento del Derecho Europeo. Con esas reglas del juego (y con una Comisión que esté alerta), las renovables podrán desarrollarse en mejores condiciones en España. Ahora sólo queda pedir más ambición a los Estados Miembros, recordándoles que el objetivo del 27% es sólo un mínimo, y que ellos son libres (y de hecho, deberían) de fijarse objetivos más ambiciosos que permitan hacer frente con garantías al problema más grave al que se enfrenta la Humanidad, que es el cambio climático.

El Ayuntamiento de Salamanca firma con Iberdrola un convenio para evitar el corte de suministro eléctrico y de gas natural

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El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, y el delegado comercial de Iberdrola en Castilla y León, Celiano García Moreno, han suscrito hoy un protocolo de colaboración para reforzar la protección de las familias con menos recursos y evitar el corte del suministro eléctrico y/o de gas.

El objetivo es adoptar medidas para ampliar la protección de las personas vulnerables impulsada tanto por el Ayuntamiento de Salamanca con sus diferentes líneas de ayudas y servicios como por Iberdrola a través del Convenio de Protección de Clientes Vulnerables suscrito con la Junta de Castilla y León y la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) en julio de 2015.

A través de este acuerdo, se facilitarán los pagos de las familias en situación de vulnerabilidad para evitar cortes de suministro eléctrico y/o de gas, ya sea a través de ayudas económicas municipales o mediante los planes de pago individualizados y la optimización de contrato ofrecidos por la compañía eléctrica.

Para ello, las dos partes han acordado poner a disposición de las familias desfavorecidas un teléfono gratuito específico (900 100 752) para prestar una atención individualizada. Cuando se produzca la llamada, los usuarios recibirán información sobre el convenio con el Ayuntamiento y se les aconsejará acudir a los Centros de Acción Social, donde recibirán ayuda de forma inmediata.

En todos los puntos de atención presencial de Iberdrola, se informará también a las familias con menos recursos sobre la posibilidad de acogerse a este convenio, así como acerca de los planes de pago individualizados y la optimización de contrato que ofrece Iberdrola.

A estas medidas, se sumará la inclusión de un texto que informará sobre la existencia de este convenio, en las cartas de requerimiento de pago enviadas por Iberdrola, y se recordará la posibilidad de acudir a los Servicios Sociales del municipio para recibir información sobre las ayudas previstas por el Ayuntamiento.

En la misma línea, el Ayuntamiento de Salamanca está trabajando ya con otras compañías de electricidad y gas para alcanzar acuerdos que eviten el corte de suministro a personas con problemas económicos.

Seis provincias de Castilla y León entre las 20 de España con el precio del gasóleo antes de impuestos más caro

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Los conductores de Castilla y León no tienen mucha suerte con el precio de las gasolineras. El último informe realizado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, referido al mes de octubre pasado, mostraba como seis provincias de la región figuraban entre las 20 españolas con el precio del gasóleo A para automoción antes de impuestos más caras de España. Solo las provincias de Salamanca y Soria quedaban fuera de la lista de estas 20 más caras, aunque por muy poco. Entre las más caras figuraban Palencia, León, Zamora y Valladolid.

Mientras, en el caso de la gasolina 95, la situación era algo mejor, aunque cuatro de las provincias de la comunidad –León, Valladolid, Zamora y Burgos– figuraban entre las 20 españolas con el precio más cara en dicho mes.

En octubre de 2016, las estaciones de servicio integradas en la red de distribución de BP marcaron los precios promedio más altos en gasolina 95, seguidas de las de CEPSA y REPSOL. En gasóleo A, las estaciones de REPSOL y CEPSA registraron precios promedio idénticos, siendo superiores al correspondiente a la red de BP.

Un dato que resulta muy curioso es como los precios promedio de los tres operadores con capacidad de refino en España fueron superiores a los de otros operadores con redes destacadas como GALP Energía España y DISA Península. El promedio correspondiente a los restantes operadores fue inferior al de todos los anteriores para ambos carburantes.