ahorro energético
La Junta de Castilla y León invertirá casi ocho millones para mejorar la eficiencia energética en los centros educativos
Se sustituirán las calderas de gasoil por otras de gas o de biomasa, se mejorarán las envolventes térmicas y se cambiarán las luminarias
La Consejería de Educación, con la colaboración del Ente Regional de la Energía (Eren), está trabajando en dos líneas de Fondos Feder para sustituir las calderas de gasoil por otras de gas o biomasa, mejorar las envolventes térmicas y cambiar las luminarias, con un presupuesto de 7,95 millones de euros. De esta manera continúa su apuesta por favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores.
Por una parte, se trabaja en la mejora de la eficiencia energética en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos. Esta intervención tendrá tres fases diferenciadas y una estimación de inversión total de 6,3 millones. Primero se sustituirán las calderas de gasoil por calderas de gas -hasta 2018-, se mejorarán las envolventes térmicas -de 2017 a 2019- y se cambiarán las luminarias -de 2018 a 2020-.
Por otro lado, se aumentará el uso de las energías renovables para producción de electricidad y usos térmicos en edificación y en infraestructuras. Así, se sustituirán las calderas de gasoil por otras de biomasa con una estimación de inversión total de 1,68 millones de euros. Con estas actuaciones, el parque inmobiliario educativo, según la Junta, se adapta a la normativa vigente en materia de ahorro energético.
Dentro del programa operativo Feder, Castilla y León cuenta con dos planes de Inversión: por un lado, el fomento del ahorro y la eficiencia energética y las energías renovables por parte de las empresas; y por otro, el apoyo de la eficiencia energética, de la gestión inteligente de la energía y del uso de energías renovables en las infraestructuras públicas, incluidos los edificios públicos, y en las viviendas. La subvención Feder asumirá el 50 por ciento del presupuesto.
Del gasoil a gas
Se realiza en los edificios con más carencias en materia de ahorro energético, generalmente construidos en las décadas de los 60 y 70, y que están situados en municipios que disponen de suministro de gas ciudad. Dentro de esta línea de actuación se está interviniendo en ocho centros repartidos por toda la Comunidad.
Destaca como actuación más ambiciosa de este programa la que se realizará en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) ‘María de Molina’ de Zamora, con un presupuesto previsto de 1,11 millones. El centro educativo comparte parcela con otros tres centros -IES ‘Claudio Moyano’, IES ‘Maestro Haedo’ y la Escuela Oficial de Idiomas-. En esta intervención se plantea la ejecución de una sala de calderas centralizada de gas, en sustitución de las calderas individuales de gasoil existentes, y la construcción de una red de calor que dará servicio a todos los centros educativos citados.
En las otras siete actuaciones, se realizará una renovación del cuarto de calderas, consistente en la sustitución de los antiguos equipos de generación de calor por calderas de condensación de gas natural, así como la instalación de sistemas de control y optimización del rendimiento para aumentar la eficiencia de la instalación. Los centros donde se van a realizar estas actuaciones son los IES ‘Juana Pimentel de Arenas de San Pedro, en Ávila; ‘Diego Marín Aguilera’ de Burgos; IES ‘Gil y Carrasco’ de Ponferrada, en León; ‘Padre Isla’ de León; ‘Leonardo da Vinci’ de Alba de Tormes, en Salamanca; ‘Andrés Laguna’ de Segovia; y ‘Ramón y Cajal’ de Valladolid.
Calderas de biomasa
Los cambios de calderas de gasoil por la biomasa se realizan en municipios donde no se disponga de distribución de gas natural interviniendo en los centros educativos que, por su fecha de construcción, presentan mayor deficiencia en materia de ahorro energético.
Castilla y León presentó en Eslovenia las directrices para la integración de la energía en los planes urbanísticos
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León presentó la semana pasada en un seminario en la ciudad de Maribor (Eslovenia), de la mano del director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Ángel Marinero, la propuesta de directrices que ha desarrollado la Junta de Castilla y León en el marco del proyecto europeo INTENSSS-PA con el objetivo de capacitar a las administraciones para diseñar, planificar y llevar a cabo políticas sostenibles sobre el uso de la energía e integrarlas en la planificación urbanística y territorial.
En el Seminario participaron también representantes de otras seis regiones europeas: Pomurje (Eslovenia), Calabria (Italia), Middelfart (Dinamarca), Groninga (Países Bajos), Zemgalia (Letonia) y Thesalia (Grecia).
La Junta de Castilla y León seleccionó como base para su propuesta el proyecto ‘Barrios Entrevías’ en la ciudad de León. En este proyecto se suman dos factores de interés: por un lado la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) del Ayuntamiento de León y por otro lado la propuesta para implantar una red de calor de distrito en la citada zona de la ciudad.
Basándose en la situación regional identificada en el proceso de trabajo, se ha enfocado la propuesta hacia las redes de calefacción urbanas y la regeneración urbana como promotores principales del desarrollo urbano sostenible. Esto se ha traducido en un documento de ‘Directrices para el desarrollo sostenible y la gestión integrada de redes urbanas de calor en Castilla y León’, que servirá de hoja de ruta para la expansión e implementación de proyectos de este tipo en la Comunidad.
Este planteamiento va en línea con las políticas europeas y nacionales relativas a la mejora de la eficiencia energética, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (CO2), reducción de la demanda energética, penetración de energías renovables y desarrollo urbano sostenible.
El proyecto europeo INTENSSS-PA, enmarcado en el Programa HORIZON 2020, pretende ayudar a las administraciones públicas a integrar la energía y sus problemas en el planeamiento urbanístico y en la ordenación del territorio. Dispone de un presupuesto de 1,5 millones de euros y estará vigente hasta agosto de 2018. Colaboran siete regiones europeas y varias instituciones de investigación, entre ellas el Instituto de Urbanística de la Universidad de Valladolid.
Próximas actividades en Castilla y León
Tras el primer seminario celebrado en León en febrero de 2017, el próximo 20 de marzo tendrá lugar otro encuentro en Burgos organizado en el marco de este proyecto europeo, en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Castilla y León, que bajo el epígrafe ‘Urbanismo y transición energética’, abordará de forma específica las estrategias de diseño urbanístico para avanzar hacia el objetivo de lograr ciudades más sostenibles.
Similares actividades serán llevadas a cabo en Salamanca, Soria y Segovia a lo largo de los meses siguientes. El seminario final tendrá lugar en Segovia en el mes de junio.
Ricardo González Mantero (Director General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León): “Nuestro objetivo es mantener una cuota superior al 20% de la potencia eólica instalada en España”
Entrevista con
Ricardo González Mantero
Director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León
Ricardo González Mantero, director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, y director también del Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), analiza en esta entrevista con www.energiacastillayleon.com la actualidad del sector, de las renovables al futuro del carbón.
Las últimas subastas de renovables del Ministerio han abierto muchas expectativas para atraer nuevas inversiones de parques eólicos y plantas fotovoltaicas en varias regiones, entre ellas Castilla y León ¿Qué perspectivas tiene la región ante los nuevos proyectos previstos?
En cuanto a parques eólicos, y de acuerdo a lo que nos trasladan los promotores de Castilla y León, se tiene conocimiento de que al menos 600 MW de nueva potencia en esta Comunidad han resultado casados en las subastas, y se encuentran avanzando a buen ritmo en sus tramitaciones pendientes, para poder cumplir con los estrictos plazos establecidos en estas subastas. Adicionalmente a esta potencia, y dado que el procedimiento fijado para estas subastas aún no ha obligado a identificar los proyectos concretos que se van a construir, podría darse el caso de que promociones avanzadas en tramitación en esta Comunidad, pero cuyos promotores no han conseguido tener potencia casada, puedan incorporarse, de llegar a los acuerdos correspondientes, entre los proyectos que se identifiquen para su construcción.
En el caso de la fotovoltaica, será preciso esperar a la identificación de proyectos para saber cuánta potencia corresponde a esta Comunidad. Si bien sí se tiene conocimiento de algunos proyectos de gran tamaño cuyos promotores nos han manifestado su interés en avanzar, independientemente de que lo hagan o no dentro de los procedimientos de esta última subasta.
Desde los promotores eólicos de la región, APECYL, se ha reiterado la necesidad de facilitar la llegada de parques y de un trato similar al de otras comunidades muy activas como por ejemplo Aragón ¿Va a tomar alguna medida la administración regional para lograrlo y el marco actual se mantendrá?
Esta Comunidad siempre se ha volcado en facilitar al máximo, dentro de la normativa vigente, el aprovechamiento de los recursos autóctonos, y dentro de ellos, los renovables. De ahí que Castilla y León sea la primera Comunidad en España en eólica o hidráulica. Nuestro objetivo es preservar ese primer lugar y mantener nuestra cuota superior al 20% de la potencia eólica instalada en España, ya que se dispone de recurso eólico, capacidad de conexión a red y territorio adecuado para ello.
Otro tema de gran interés, sobre todo para las zonas del norte de la comunidad, es el futuro del carbón y las centrales térmicas. La Junta de Castilla y León ha defendido unos cupos para el carbón autóctono ¿Qué opciones hay para salvar las reticencias de la Unión Europea? ¿Hay un futuro viable para las centrales térmicas de la comunidad a medio plazo o dependerá solo de las decisiones de las empresas propietarias?
Castilla y León considera que mantener un cierto volumen de producción de carbón autóctono competitivo, que a su vez permita que la generación térmica con carbón autóctono tenga una cuota de al menos el 4% en el mix de generación español, es un objetivo estratégico para España, ya que permite asegurar nuestra capacidad de autoabastecimiento de materias primas fósiles ante cualquier acontecimiento geoestratégico que pudiera requerir incrementar esa producción. Para ello, se requieren fundamentalmente dos cosas: tener minería competitiva en el contexto actual de precio del carbón en los mercados internacionales, y esto lo tenemos sin duda; y que las centrales térmicas se vayan adecuando a los nuevos requisitos medioambientales en cuanto a emisiones.
Estimamos que los grupos térmicos que cuentan con instalación de desulfuración deben acometer las inversiones necesarias para poder continuar operativos como respaldo de las renovables hasta al menos el año 2030. Y para ello nuestra propuesta es el establecimiento de un despacho preferente para el carbón nacional, con obligación de servicio público para las empresas eléctricas, sujeto a la compensación correspondiente. Por ello, defendemos que la nueva Directiva y Reglamento de mercado interior de la electricidad continúen contemplando el despacho preferente, y no impidan los pagos por capacidad a las centrales de carbón, al menos hasta el año 2030.
La eficiencia y el ahorro energético han sido uno de los ejes del EREN en su estrategia actual y de cara al futuro ¿conseguirlo no solo es un compromiso de la administración, sino también de las empresas e industrias de la región para reducir las emisiones de CO2 para ser también más competitivos en costes?
Sin duda, de ahí la Estrategia de Eficiencia Energética de Castilla y León 2020, que con el mejor aprovechamiento de los fondos europeos disponible, está facilitando la inversión de las empresas tanto en actuaciones de ahorro energético, como en la implantación de energías renovables competitivas, que permitan la reducción de los costes energéticos. Esperamos que las mejoras en la próxima convocatoria para 2018 de ayudas de ahorro energético para empresas, tanto en cuestiones de edificación (incluidos locales comerciales) como de proceso industrial, junto a la nueva convocatoria para empresas de ayudas en energías renovables para 2018, provoquen el efecto deseado de mejora de la competitividad de nuestro tejido empresarial. Creemos que el autoconsumo con fotovoltaica en instalaciones industriales debe despegar a partir de esta convocatoria de ayudas.
Tanto a nivel particular como a nivel empresarial como en el mundo agrícola y ganadero, ¿cómo se está trabajando en el apoyo al desarrollo del autoconsumo en la región?
Castilla y León, a través del EREN, ha sido parte fundamental en la iniciativa de EnerAgen (Asociación Española de Agencias de Gestión Energética) de apoyar el autoconsumo, mediante la plataforma web Autoconsumo al Detalle. El objetivo de esta herramienta es dar a conocer que el autoconsumo es posible, es legal y es rentable con la actual legislación, el RD 900/2015, y facilita información técnica para el adecuado dimensionamiento de las instalaciones. Además, desde 2018 el autoconsumo con fotovoltaica estará cubierta por las convocatorias públicas de ayudas para energías renovables. Adicionalmente, el convenio firmado entre Cylsolar, UNEF y el EREN perseguirá dar la máxima difusión en la Comunidad a las posibilidades del autoconsumo mediante energía solar fotovoltaica.
Este año ha resultado complicado en cuanto a incendios en la región ¿El desarrollo de sector de la biomasa, con importantes proyectos en marcha como el de Forestalia en Cubillas del Sil, deben ser una pieza clave en una estrategia forestal integral?
Por supuesto, la utilización ordenada de biomasa forestal y agrícola en grandes proyectos de generación eléctrica es uno de los objetivos del Plan de la Bioenergía de Castilla y León. El proyecto de Forestalia en El Bierzo supone un paso más y muy importante en estos objetivos, uniéndose a los proyectos ya operativos de Acciona y EREN en Briviesca, o de Gestamp y Somacyl en Garray. Pero la utilización de la biomasa forestal no se circunscribe a estos proyectos de generación eléctrica, sometidos a una compleja regulación, sino que va mucho más allá, teniendo grandes posibilidades como competencia directa de los combustibles fósiles en usos estrictamente térmicos, como la calefacción, a través de calderas o estufas individuales, calderas colectivas en comunidades de vecinos o redes de calor.
Una jornada destaca el potencial de la biomasa en el ahorro energético y medioambiental de la industria agroalimentaria de Castilla y León
La industria agroalimentaria es una de las más importantes del sector industrial de Castilla y León, en sectores como el cárnico, vitivinícola, quesero, harinero, galletero y conservero entre otros. El autoconsumo y ahorro energético se ha convertido en un elemento clave para la competitividad del mismo, asociado en los últimos tiempos a su compromiso medioambiental. Una mesa de debate en la pasada feria Expobiomasa celebrada en Valladolid analizó la gestión medioambiental de la industria agroalimentaria y las alternativas existentes para su mejora, entre ellas el uso de la biomasa.
La gestión del medio ambiente es un factor clave en de la gestión global de las empresas agroalimentarias y puede ser determinante para su competitividad. El consumo de energía, la generación de emisiones y la producción de subproductos orgánicos son algunos de los aspectos más destacables. El uso de la bioenergía permite reducir los costes operativos y mejorar la imagen medioambiental.
La jornada ‘Soluciones energéticas con biomasa para la industria agroalimentaria’ se celebró dentro del programa de actividades de Expobiomasa y organizada por Avebiom y la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León, Vitartis. Esta última cuenta con más de 90 socios, que concentran el 40% de la facturación y del empleo de la industria agroalimentaria de Castilla y León.
El presidente de Avebiom, Javier Díaz, aseguró que los “los profesionales de la biomasa pueden proporcionar a las empresas agroalimentarias soluciones energéticas creativas, innovadoras, neutras en emisiones y enteramente focalizadas en sus necesidades”.
El presidente de Vitartis, Félix Moracho, dijo que es “fundamental para la industria alimentaria realizar la transición a energía renovables. Cualquier empresa responsable deber perseguir la sostenibilidad en sus tres vertientes: medioambiental, económica y social”. Por eso, subrayó la importancia de conocer de mano de los profesionales los casos de éxito de los que ya han dado ese paso.
La empresa oscense Manzana Piensos Compuestos, que apostó por la biomasa por motivos económicos, ha conseguido un ahorro anual de 155.000 euros gracias a una nueva instalación de biomasa con astilla forestal. En concreto, ha conseguido un ahorro de 1 €/Tn de pienso. Además, evita la emisión de 1.253tn de CO2 al año.
Este ahorro permitió amortizar la inversión realizada en la planta en tres años. “Claramente, el ‘switch’ a la biomasa ha supuesto una enorme mejora empresarial, dado que la empresa ha reducido el coste de fabricación del pienso”, precisó Isidre Alférez, sales manager de IMartec Energía. Por su parte, Lácteos Pérez Olveira (La Coruña) ha experimentado un ahorro energético superior al 20% tras 24 meses trabajando la instalación de pellets.
En cuanto a las ayudas, el 9,1% del importe de la primera convocatoria del programa destinado a actuaciones de eficiencia energética en pymes y grandes empresas del sector industrial se concedió a empresas de Castilla y León, y solo el 0,52% al sector agroalimentario. Esta convocatoria de 2015 para la realización de actuaciones de mejora de eficiencia energética e implementación de sistemas de gestión energética contó con un presupuesto de 49 millones de euros. La segunda convocatoria arrancó el 1 de julio pasado y dispone de una cuantía de 63,7 millones de euros, de los que el 40% (25,3 millones) se reservan en exclusiva para las pymes.
Las pymes de Castilla y León podrían ahorrar 225 millones de euros en su factura energética
Las pequeñas y medianas empresas castellanas y leonesas tienen potencial para ahorrar el 22,9% de la energía que consumen si implementan medidas de eficiencia, lo que equivaldría a un ahorro económico de más de 225 millones de euros, que permitiría crear más de 8.400 puestos de trabajo. Esta es una de las principales conclusiones de la 9ª edición del Índice de Eficiencia Energética en las Pymes, que ha presentado la Fundación Gas Natural Fenosa. La energía que aún podrían ahorrar las pymes, según el estudio, asciende a 1.950 GWh y comportaría que se dejaran de emitir medio millón de toneladas de CO 2 a la atmósfera, las mismas que realizan al año 150.000 turismos.
El estudio, elaborado a través de entrevistas a 2.000 pymes en toda España, constata el esfuerzo que, durante los últimos años, han realizado las empresas en materia de eficiencia energética y apunta en qué dirección deben trabajar para reducir su gasto energético. Del citado potencial de ahorro del 22,9%, 8,2 puntos porcentuales corresponden a iluminación, mientras que el resto, 14,7 puntos porcentuales, está relacionado con otros consumos energéticos de las pymes.
El Índice de Eficiencia Energética (IEE) mide el desempeño global de las pymes en ahorro energético y alcanza en la presente edición los 6,1 puntos sobre 10 en Castilla y León, ligeramente superior a la media nacional (5,9) y superior también al registrado en la edición anterior, de 2015 (5,7). En la primera edición del estudio, en 2005, la puntuación era de 3,1, por lo que se constata una clara tendencia de mejora a lo largo de los últimos años.
La mayor eficiencia energética en esta edición del estudio se registra en la industria y los servicios profesionales, con un 6,1 sobre 10 de puntuación, respectivamente. En el lado contrario, el sector con mayor potencial de ahorro es el del comercio, que aún puede ahorrar cerca del 25% de su factura energética con medidas de eficiencia. La hostelería también tiene un gran potencial de ahorro, con el 23,8% de su factura energética. La industria solo tiene actualmente un 10,5% de potencial de ahorro energético.
Respecto a la optimización de la factura energética, según los datos del estudio, el 90,9% de las industrias de la Región encuestadas realiza o tiene previsto realizar algún tipo de acción de ahorro energético para reducir costes. Incluyendo a todos los sectores, el porcentaje de empresas castellanas y leonesas que dice haber realizado alguna optimización de su tarifa o ajuste de la potencia en el último año (36%) es similar al de la media nacional.
El EREN inscribe en el registro del Ministerio de Industria sus instalaciones de cogeneración y solar fotovoltaica que generan 18.500 Kwh/año
El Ente Regional de la Energía (EREN) quiere dar ejemplo de autoconsumo. Para ello ha inscrito en el Registro Administrativo de Autoconsumo de Energía Eléctrica que gestiona el Ministerio de Energía dos instalaciones: una cogeneración y otra solar fotovoltaica, que son las que abastecen el edificio que sirve de sede al propio EREN y a la Dirección Regional de Energía y Minas regional.
El equipo de cogeneración con combustible gas natural aporta al inmueble de forma simultánea tanto energía eléctrica –5,5 kilovatios (kW)– como energía térmica útil para calefacción y agua caliente sanitaria –12,5 kW. Por su parte, la instalación solar fotovoltaica cuenta con una potencia de 4,18 kilovatios pico (kWp).
Las dos instalaciones cumplen con la normativa que regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia, así como de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. Para ello ha habido que instalar un contador que mide la energía eléctrica generada como obliga la ley.
Con la producción anual estimada de ambas instalaciones –12.000 kWh al año la de microcogeneración y 6.500 la fotovoltaica– el EREN puede ahorrar al año unos 2.300 euros al año en la compra de electricidad a la red, impuestos incluidos, además de reducir en 750 kilogramos en emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera en el mismo periodo. Uno de los objetivos del EREN pasa también por mostrar a todos los visitantes –desde escolares y universitarios a asociaciones profesionales– el funcionamiento de ambas instalaciones y las ventajas de suponen en ahorro y cuidado medioambiental.
Los municipios de menos de 20.000 habitantes podrán pedir las ayudas de ahorro y eficiencia energética en junio
La eficiencia y el ahorro energético para los municipios españoles volverán a llegar con ayuda de Bruselas. El Ministerio de Energía ha anunciado que en junio arranca la primera convocatoria de subvenciones con fondos europeos FEDER para proyectos singulares de eficiencia energética para municipios de menos de 20.000 habitantes, con un presupuesto de 336 millones de euros. También habrá en las próximas semanas una línea de ayudas para eficiencia energética en edificios de la administración general del Estado con una dotación de 95 millones de euros.
Todos estos proyectos estarán coordinados y supervisados por el Fondo Nacional de Eficiencia Energética a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA). Las empresas de consultoría y proyectos relacionadas con la eficiencia y ahorro energético creen que las ayudas supondrán un empujón al sector y una carga de trabajo destacada en los próximos meses. Para el programa 2014-2020, el FEDER gestionará más de 2.000 millones de euros en ayudas para incentivar proyectos o actuaciones que reduzcan las emisiones de carbono a la atmósfera.
Como novedad en la convocatoria de ayudas y para facilitar la financiación de los proyectos en su inicio, los beneficiarios de las ayudas podrán acceder de manera anticipada al 40% de las ayudas.
Uno de los puntos clave de los programas del IDEA para eficiencia y ahorro energético para municipios tienen que ver con el alumbrado público, para continuar con la renovación total o parcial de las instalaciones municipales de alumbrado exterior con el objetivo de reducir su consumo de energía final y las emisiones de CO2. Estas instalaciones poseen un elevado potencial de ahorro mediante la modernización de sus luminarias, lámparas, equipos de regulación.
Aunque las ayudas energéticas de Bruselas deben justificarse con resultados concretos. La Directiva establece la obligación de justificar, por parte de cada Estado miembro, una cantidad de ahorro de energía acumulado para el periodo 2014-2020. En cumplimiento de esta obligación, España ha comunicado a la Comisión Europea un objetivo de 15.320 ktep, objetivo que se ha incrementado hasta los 15.979 ktep según la última revisión de la metodología realizada por la Comisión Europea.
Cada estado miembro establecerá un sistema de obligaciones de eficiencia energética mediante el cual los distribuidores de energía y/o las empresas minoristas de venta de energía quedarán obligados a alcanzar en el año 2020 el objetivo de ahorro indicado mediante la consecución anual, a partir del año 2014, de un ahorro equivalente al 1,5 % de sus ventas anuales de energía.
Ministerio y Junta de Castilla y León impulsan el ahorro energético con renovables en 30.000 hectáreas de regadío
Un acuerdo entre el Ministerio de Agricultura y la Consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León permitirá realizar obras de modernización y consolidación sobre cerca de 30.000 hectáreas de regadío tradicional con una inversión prevista de 200 millones de euros. Estas obras permitirán especialmente un ahorro de consumo de agua y energía, esta última con el fomento de energías renovables, y se centrarán en regadíos actuales en las provincias de Valladolid, León, Salamanca, Palencia y Soria.
Las medidas forman parte del Programa de Desarrollo Rural de la Junta para el periodo 2014-2020. El 26% del presupuesto será aportado por la Junta de Castilla y León, y el 74% restante por la Sociedad Estatal SEIASA. Está por ver la aportación que deberán realizar los propios regantes a través de acuerdos a los que lleguen las comunidades de regantes y la propia SEIASA.
En los últimos años la Sociedad Estatal ha realizado un total de 59 actuaciones para modernizar casi 100.000 hectáreas de regadíos, con una inversión global de 500 millones de euros, más del 25% de la inversión nacional realizada por SEIASA en todo el regadío español. A nivel nacional se han modernizado un total de 537.201 hectáreas que han beneficiado a más de 190.000 agricultores de 160 comunidades de regantes. España cuenta con un total de 3,6 millones de hectáreas de riego, que suponen el 15% de la superficie agraria útil y que aportan –de ahí su gran importancia– el 67% de la producción final vegetal.
Durante la presentación del convenio, la Ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha destacado la necesidad de optimizar los recursos hídricos y energéticos. Las comunidades de regantes llevan años reclamando menores tarifas energéticas sobre todo de potencia, que resultan iguales en los meses de mayor gasto que en los que no se planta ni se riega.
La Junta abre una línea de subvenciones de 3 millones de euros para eficiencia energética en comunidades de propietarios
La Consejería de Economía y Hacienda ha convocado una línea de subvenciones dotada con tres millones de euros, cofinanciados con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dirigida a comunidades de propietarios y asociaciones o entidades sin ánimo de lucro que lleven a cabo mejoras de eficiencia energética en las instalaciones térmicas, de iluminación o de transporte interior –como ascensores y escaleras mecánicas– de edificios ubicados en Castilla y León. Esta línea forma parte de la Estrategia de Eficiencia Energética 2016-2020.
Los incentivos gestionados por la Dirección General de Energía y Minas financian tanto mejoras de eficiencia en instalaciones térmicas y lumínicas –siempre que se acredite un ahorro de energía de al menos el 20%–, como intervenciones sobre ascensores o escaleras mecánicas –cuando la reducción del consumo energético sea, como mínimo, del 30 %–.
A estas subvenciones pueden concurrir comunidades de propietarios para efectuar obras en edificios construidos con posterioridad al 1 de enero de 1981 y asociaciones o entidades con fines no lucrativos. Los inmuebles objeto de la reforma deberán estar inscritos en el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Castilla y León, salvo las excepciones detalladas en la convocatoria.
La cuantía individual de la ayuda por proyecto oscila entre el 15 % y el 30 % de la inversión aceptada, en función del ahorro energético conseguido. Obtendrán una puntuación mayor en las valoraciones los proyectos que justifiquen mejor ratio energético –entendido como el coste de la mejora entre el ahorro que conlleva– y los ejecutados en edificios con menor superficie.
La convocatoria contempla la financiación de obras de mejora iniciadas desde el 1 de enero de 2014, siempre que no hayan concluido en el momento de registrar la solicitud, y el plazo para ejecutar las reformas finalizará el 15 de octubre.
Ilustración: J.C. Florentino
La “Clean energy for all Europeans” de la Comisión Europea fija en un modesto 27% el objetivo de renovables en el 2030
Por Daniel Pérez Rodríguez y Piet Marco Holtrop
de HOLTROP S.L.P. Transaction & Business Law
El Comisario Cañete lo presentó personalmente en su discurso de inauguración del III Foro Solar de UNEF el día 29 del pasado noviembre: “El Winter Energy Package”. Al día siguiente, la Comisión Europea publicó oficialmente su propuesta legislativa en materia energética para el periodo 2021-2030. Dicha propuesta se compone de varias Directivas, Reglamentos y Comunicaciones, normas que aún tienen que ser debatidas y aprobadas por el Parlamento Europeo y el Consejo. Debe señalarse, además, que los objetivos globales, que carecen de la más mínima ambición (sólo 27% de renovables en 2030, cuando en 2020 ya se habrá llegado al 20%) previstos en la propuesta fueron ya marcados por el Consejo Europeo, quedando atada por ellos la Comisión Europea.
Lo que ahora se discute, por tanto, es la letra pequeña de esos modestísimos objetivos, y en términos globales, puede decirse que la propuesta es muy positiva, pues establece límites precisos a la actuación de los Estados Miembros, lo que garantizará una cierta armonización legislativa y evitará que los Estados más díscolos actúen sin freno alguno, como ha sido hasta ahora, y de momento, el caso de España.
Primero, es preciso poner de manifiesto que el punto de partida para calcular los objetivos a 2030 son los objetivos a 2020, con independencia de si un país los alcanzó o no (artículo 3.3). En otras palabras, aunque España no llegue al 20% de renovables en 2020, a efectos de repartir esfuerzos para 2030, se considerará que ha llegado, y por tanto, se verá obligada a hacer un esfuerzo extra, para cumplir con los nuevos deberes y terminar los anteriores.
En relación con los sistemas de apoyo para nuevas instalaciones (artículo 15.3), la propuesta de Directiva obliga a los Estados a definir un calendario de asignaciones para al menos los 3 años siguientes, en el que se especifique la fecha de la subasta, la capacidad a asignar y el presupuesto previsto.
Asimismo, el artículo 15.9 establece un mandato a los Estados de eliminar los obstáculos a los contratos bilaterales, como herramienta para poder financiar nuevas instalaciones de renovables.
En lo que respecta al procedimiento de autorización (artículo 16), la propuesta de Directiva opta por un sistema de “ventanilla única”, con un instructor del procedimiento que coordine todo el proceso de autorización. Ese instructor debe guiar al solicitante durante el proceso y emitir, al final del mismo, una decisión legalmente vinculante sobre la autorización o no de la instalación. Asimismo, dicho órgano tiene que publicar un manual de procedimientos para los desarrolladores de proyectos renovables, incluyendo proyectos de pequeña escala y de autoconsumo. Más importante aún, el proceso de autorización no puede, por regla general, durar más de 3 años, o 1 año si se trata de repotenciaciones.
La excepción al procedimiento general la encontramos en el artículo 17, que regula los procedimientos simplificados, aplicables a instalaciones experimentales o de una potencia menor de 50 kW, que deben poder ser conectados a la red con una mera notificación a la distribuidora.
Además, en un artículo dedicado sin duda al reino de España, como es el 6, la Directiva señala que los Estados deben asegurarse que el nivel y las condiciones de los sistemas de apoyo a proyectos renovables adjudicatarios de retribución no puede revisarse de forma que impacte negativamente en derechos conferidos a esos productores. Según el actual redactado, los Estados no pueden imponer cambios retroactivos, salvo en caso de que la medida se declarase ayuda de Estado incompatible.
En cuanto al autoconsumo, la Directiva contiene, en su artículo 21, un elenco de derechos de los autoconsumidores, tales como recibir una remuneración por su energía excedentaria, no tener que abonar cargos desproporcionados por autoconsumir, o poder realizar autoconsumo compartido entre los habitantes de un bloque de edificios, sector comercial o de servicios o red de distribución cerrada. Y el artículo 22 reconoce la figura de las “comunidades energéticas renovables”, que tienen derecho a generar, consumir, almacenar y vender energía renovable.
Finalmente, hay que destacar la incorporación a la Directiva de los sistemas de refrigeración y calefacción (District Heating and Cooling) como mecanismo para cubrir las necesidades térmicas mediante fuentes renovables (artículo 24).
A la vista de todas estas medidas concretas previstas en la Directiva, la valoración de la norma, desde una óptica española, tiene que ser necesariamente positiva. Es cierto que desaparece la prioridad de despacho (salvo excepciones) de las renovables y que no se establece claramente la prohibición de imponer cargos por autoconsumir energía. Y es cierto que visto desde otros países, como Alemania o Dinamarca, la Directiva no añade apenas nada respecto a su regulación existente.
Pero si se contrasta con la normativa española, el texto de Directiva supone un gran avance respecto de la situación actual, y podría suponer un gran impulso a las renovables, tanto en la vertiente de las grandes plantas como para el autoconsumo. Para las grandes plantas, que tanto cuesta tramitar en nuestro país, un procedimiento sencillo, de máximo 3 años y con ventanilla única, podría animar a más desarrolladores a plantearse proyectos en España, tanto con prima (y esta vez, con seguridad jurídica) como a mercado/bilateral. Y en autoconsumo, un sistema con venta de excedentes garantizada para todos, con tramitación simplificada y con la posibilidad de autoconsumo compartido, supondría una notable mejora respecto a la situación actual, con una norma diseñada sólo para gente de poder adquisitivo superior, reforzando así la estigmatización puesta por sus autores al autoconsumo.
Por tanto, como anticipaba el título de este artículo, si bien los objetivos carecen de ambición, la propuesta de Directiva dota a la Comisión de herramientas efectivas para poder actuar en caso de que los Estados se desvíen del cumplimiento del Derecho Europeo. Con esas reglas del juego (y con una Comisión que esté alerta), las renovables podrán desarrollarse en mejores condiciones en España. Ahora sólo queda pedir más ambición a los Estados Miembros, recordándoles que el objetivo del 27% es sólo un mínimo, y que ellos son libres (y de hecho, deberían) de fijarse objetivos más ambiciosos que permitan hacer frente con garantías al problema más grave al que se enfrenta la Humanidad, que es el cambio climático.
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