parques eólicos
Dos de las tres mayores adjudicatarias eólicas de la subasta renovable tienen a Castilla y León en sus futuros planes
Dos de las tres mayores empresas adjudicatarias de megawatios eólicos en la última subasta renovable celebrada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el mes de julio piensan en Castilla y León en sus proyectos. De esta forma, la región, principal productora de energía eólica de España por delante de Galicia y Castilla-La Mancha, volverá a recuperar protagonismo en el sector con nuevos parques y megawatios instalados.
En total se adjudicaron un total de 1.127 Mw eólicos repartidos entre diez empresas que como ha confirmado e propio Ministerio deberían estar operativos antes del 2020. De las diez empresas, la que resultó ganadora de la mayor cuota ha sido el fondo Capital Energy, con oficina principal en Madrid, en unión con el gigante de la construcción y eléctrico de Arabia Saudí, Alfanar, con un total de 720 megawatios. La empresa tiene entre sus objetivos la instalación de parques en Castilla y León, Andalucía y Asturias. Actualmente cuenta con una cartera de 2.000 Mw renovables de diferentes tecnologías, entre ellas la fotovoltaica.
Otra de las empresas que resultó con un mayor volumen de megawatios adjudicados fue la vallisoletana Ibervento Infraestructuras, con un total de 171 Mw, y una amplia experiencia en la región en el desarrollo de parques eólicos. Otra de las empresas que consiguió mayor porcentaje en la adjudicación fue la gallega Greenalia Power, con sede en La Coruña.
En las anteriores subastas de renovables la mayor parte de los megawatios fue a parar al grupo aragonés Forestalia, propiedad de la familia Samper, quien consiguió hasta 1.200 mw an la subasta del pasado mes de mayo que promoverá casi en su mayoría en la comunidad aragonesa tras su alianza tecnológica con el gigante norteamericano General Electric.
Los proyectos eólicos de las subastas deberán estar operativos en diciembre del 2019
«Las subastas serán un éxito cuando los proyectos adjudicados estén vertiendo electricidad a la red», afirmó Juan Diego Díaz, presidente de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) en el acto de inauguración del III Congreso Eólico.
«En el caso de las que ya se han celebrado en España, es necesario que los proyectos estén listos en diciembre de 2019 para que computen en los objetivos europeos 2020. Los plazos son ajustados y es responsabilidad de todos que se llegue a tiempo. Aunque es sobre las empresas adjudicatarias de la subasta sobre quien recae el peso principal, los fabricantes tendrán que esforzarse por entregar las máquinas a tiempo. Los bancos y los fondos deben afrontar el reto y la necesidad de que la financiación se conceda con rapidez. En la mano de las administraciones autonómicas y locales está que los trámites se agilicen. Y de la de REE, que las infraestructuras acompañen. En AEE no dudamos de que todo el mundo pondrá de su parte para que el proceso sea un éxito, de modo que puedan hacerse realidad las inversiones y los empleos que tanta falta hacen en España y nos aproximemos al cumplimiento de los objetivos a 2020″, añadió.
Aunque el presidente de AEE mostró la satisfacción del sector por la vuelta a la actividad local de una industria que en los últimos años ha exportado el 100% de lo fabricado en España con tan sólo 65 MW eólicos instalados en tres años, insistió en que aún persisten problemas. «Si en diciembre de 2019 el Gobierno hiciese uso de su potestad y revisase a la baja la rentabilidad razonable de los proyectos existentes y futuros, el impacto sería tan importante para el sector que podría dejarlo en una situación económica muy vulnerable. Desde AEE creemos firmemente que eliminar de la ley esta posibilidad sería clave para la estabilidad regulatoria de nuestro país».
AEE considera que se debería aumentar la potencia eólica en 15.000 MW adicionales hasta 2030 (incluidos los megavatios procedentes de las subastas ya celebradas), «integrándola con otras tecnologías eficientes de modo que se garantice en todo momento el correcto funcionamiento del sistema. Ello tendría unos claros beneficios para España en términos económicos, medioambientales y de creación de empleo».
Díaz se refirió también a la necesidad de adaptar la fiscalidad a las necesidades de una Transición Energética segura y eficiente. «En un entorno de subastas cada vez más competitivas, las comunidades autónomas deben dejar de ver a la eólica como la vaca que se puede seguir ordeñando y eliminar impuestos teóricamente medioambientales que enmascaran un afán puramente recaudatorio, como los cánones eólicos».
El presidente de AEE se refirió al importante esfuerzo de internacionalización hecho por el sector eólico español: hoy el 10% de la potencia instalada en el mundo pertenece a empresas españolas y el 12% de los aerogeneradores procede de fábricas que están en territorio español, lo que ha generado en el mundo nada menos que 90.000 empleos. «No olvidemos que España es el quinto país por potencia instalada, el cuarto exportador de aerogeneradores y el séptimo en patentes eólicas», dijo.
SEO Birdlife anuncia una ofensiva legal para que no abran los parques eólicos anulados por los tribunales
La mayor asociación en defensa de las aves española, SEO Birdlife, ha anunciado una ofensiva legal para evitar que los parques eólicos que en su día fueron anulados por los tribunales por deficiencias medioambientales puedan ser autorizados de nuevo.
Comenzando por la declaración de impacto ambiental favorable de la Junta sobre los tres parques eólicos en la zona de Peña del Gato -entre Igueña, Villagatón y Torre del Bierzo- anulados por el Tribunal Superior de Justicia regional por no haber realizado estudios previos sobre su incidencia en una especie amenazada como el urogallo cantábrico. Para el presidente de SEO, Juan Carlos Atienza, “los aerogeneradores irrumpen en medio de un corredor de vital importancia para que se reproduzcan los ejemplares”.
Mientras, la declaración ambiental de Medio Ambiente sí consideraba dicho parque eólico compatible con los planes de recuperación del oso pardo y el urogallo cantábrico. Para tratar de minimizar su impacto, la DIA incluye una medida correctora para la instalación de un sistema de detección, disuasión y control de las posible colisiones de aves en tiempo real, con al menos un módulo de parada.
Para SEO, “estos sistemas son muy efectivos para muchas especies, de hecho deberían ser obligatorios, pero no lo son para el urogallo, la especie más afectada por estos parques”. Para la organización medioambiental, en la ubicación de los parques se han seguido mucho más los criterios industriales y no los medioambientales.
Gas Natural Fenosa invertirá más de 200 millones de euros en generación eólica en Castilla y León con 200 nuevos MW
Gas Natural Fenosa ha conseguido un cupo relevante de potencia eólica en la reciente subasta de energías renovables impulsada por el Gobierno de España, con el que va a acometer la construcción de más de 200 megavatios eólicos en Castilla y León, gracias a una inversión que supera los 200 millones de euros. La construcción de dichos parques eólicos implicará la creación de 500 puestos de trabajo, directos e indirectos, en el horizonte temporal 2017-2019.
Mientras, la compañía también ha anunciado que mantendrá operativa la central térmica de La Robla con una fuerte inversión para cumplir con la Directiva europea de Emisiones Industriales y está finalizando el análisis de alternativas para la adaptación en el grupo 2 de la central, con el objetivo de extender su operación más allá del 1 de julio de 2020, fecha en la que finaliza el denominado Plan Nacional Transitorio al que se acoge.
La compañía ya realizó importantes inversiones en esta central para, por ejemplo, instalar una desulfuradora que le permite cumplir los límites de emisión de azufre marcados en la normativa europea, la creación de una infraestructura para el transporte del mineral y llevará a cabo nuevas inversiones adicionales para la desnitrificación de las emisiones.
Por otro lado, Gas Natural Fenosa y Endesa presentaron el pasado 25 de mayo una solicitud administrativa ante el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) para el cese paulatino de la actividad de la central térmica de Anllares hasta 2019, en cumplimiento con la directiva europea de emisiones.
Situada en Páramo del Sil (León), acumula ya 35 años de operación y tiene una capacidad de 347 MW de potencia. Su plantilla actual está compuesta por 77 trabajadores, de los cuales la tercera parte serán reubicados en el grupo y el resto podrán acogerse a un plan de salida acordada que incluye prejubilaciones y bajas incentivadas.
Anllares no cuenta con una infraestructura de desulfuración, ni de desnitrificación de las emisiones, motivo por el cual, en octubre de 2013, ya se comunicó su imposibilidad para cumplir con los límites recogidos en la Directiva de Emisiones Industriales (DEI). La central, al 50% de su capacidad, emite 1.500.000 toneladas al año de CO 2 y consume carbón nacional de bajo volátil que conlleva una baja eficiencia y competitividad de la central.
La Asociación Empresarial Eólica asegura que los parques ya instalados siguen necesitando incentivos para su viabilidad económica
Según las previsiones de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), que representa al 90% del sector eólico español, la instalación de los proyectos eólicos aprobados en la reciente subasta del Ministerio de Industria -2.979 Mw- supondrán unas inversiones superiores a los 3.000 millones de euros, así como la creación de más de 30.000 empleos (directos e indirectos) en el periodo de instalación, ya que es una tecnología que cuenta con numerosos centros de trabajo en España. Entre ellos, varios en Castilla y León.
“El resultado de la subasta muestra que la eólica es en la actualidad la tecnología que puede lograr un mayor cumplimiento de los objetivos a 2020 a un menor coste para el sistema. Ahora sería necesaria una Planificación Energética para los próximos años que tenga en cuenta las necesidades energéticas y de descarbonización del país a largo plazo y garantice un mix equilibrado entre las diferentes tecnologías”, según la AEE.
Para la Asociación Empresarial Eólica, la eficacia real de la subasta se conocerá en diciembre de 2019, cuando todos los proyectos adjudicados estén funcionando y contribuyendo a cumplir los objetivos europeos a 2020. AEE confía en que así será y en que todos los actores implicados en el proceso –promotores, fabricantes, entidades financieras, administraciones públicas, autonómicas y municipales, etcétera– pondrán todo de su parte para ello.
Respecto a los precios ofrecidos por los distintos promotores ganadores en la subasta, desde la AEE asegura que hay que “tener en cuenta que el contexto en el que se celebra la subasta ha propiciado la agresividad de las ofertas: se trata de una convocatoria aislada, lo que ha obligado a las empresas con proyectos avanzados a acudir para no quedarse fuera del entorno regulado, condición importante para lograr financiación. Ahora bien, el resultado no garantiza la sostenibilidad de los proyectos en el largo plazo sin algún mecanismo que estabilice la volatilidad de los ingresos procedentes del mercado”.
Por otro lado, el hecho de que los parques adjudicados en la subasta vayan a instalarse sin incentivos no quiere decir que los que se construyeron en el pasado no los necesiten. Los 23.000 MW eólicos instalados en España desde los años noventa lo hicieron en un momento de menor madurez tecnológica y diferentes condiciones financieras y, por lo tanto, con mayores costes, por lo que deben respetarse los incentivos hasta el final de su vida útil regulatoria. “Esto pasa necesariamente por no modificar la rentabilidad razonable de los proyectos cada seis años durante su vida útil regulatoria, potestad que tiene el Gobierno a raíz de la Reforma Energética y que podría ejercer por primera vez en 2020”, se asegura desde la AEE.
La empresa promotora del parque eólico de Peña del Gato tramita una nueva declaración de impacto ambiental para salvar el urogallo
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha publicado una nueva declaración de impacto ambiental para el parque eólico denominado Peña del Gato, situado en los montes de los municipios de Villagatón-Brañuelas, Igüeña y Torre del Bierzo.
Se trata del parque eólico de mayor potencia global promovido en la provincia. De esta forma, la empresa promotora, Energías Especiales del Alto Ulla, S.A., logra una nueva autorización para el proyecto tras anular la anterior el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en 2013 a instancias de la organización de defensa de las aves, Seo Birdlife, por tener en cuenta la presencia de urogallos cantábricos, especie muy protegida, en la zona.
Desde diciembre del 2009 hasta el verano del 2016 las instalaciones contaron con la autorización hasta que el pasado año la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta emitió la orden de ejecución inmediata de la sentencia. La empresa promotora, al mes de ejecutar la sentencia, solicitó a la administración regional una nueva declaración de impacto ambiental que ya está tramitada y que será comunicada tanto a los interesados como a los ayuntamientos afectados.
En su sentencia, el Tribunal Superior de Justicia aseguraba que no se tuvo en consideración el papel de corredor ecológico para esta especie que supone toda la zona de implantación del proyecto al tiempo que se mostraba crítico por ignorarse los informes emitidos por la administración regional donde se reconocía la existencia del urogallo en estos terrenos.
En total, el parque eólico de Peña el Gato dispone de 25 aerogeneradores de 2.000 Kw de potencia unitaria de la empresa Vestas, con una altura de buje de 80 metros y un diámetro de rotor de 90 metros. La potencia del parque es de 50 Mw, uno de los mayores de España, con un presupuesto superior a los 54 millones de euros. La energía producida es evacuada por línea subterránea a la subestación de Villameca.
La planta de LM Wind Power en Ponferrada espera los planes del gigante GE tras su compra
La factoría de LM Wind Power en Ponferrada (León), uno de las grandes industrias del sector eólico regional, cambia definitivamente de dueños. Una noticia ya anunciada desde hace meses pero que se ha oficializado ahora. La compañía danesa LM Wind Power, uno de los gigantes en la fabricación de palas de rotor del mercado mundial, pasa a manos de GE. Algo similar a lo ocurrido meses a través con la española Gamesa tras su compra por Siemens.
GE alcanzó un acuerdo con la firma de capital privado Doughty Hanson en Londres en octubre de 2016 para la compra de la compañía por un importe de 1.500 millones de euros. La transacción incluye el diseño y fabricación de turbinas eólicas para el negocio de GE Renewable Energy, mejorando su capacidad para aumentar la producción de energía y crear valor para los clientes eólicos, tanto en offshore (eólica marina) como onshore (eólica terrestre).
En España, LM Wind Power opera desde comienzos de los 90 y cuenta con dos centros de producción en Ponferrada (León) y Castellón, un centro de servicios en As Pontes (A Coruña-Galicia) y oficinas centrales en Madrid (Alcobendas). La compañía emplea a más de 1.000 profesionales en el país. En la planta de Castellón, en concreto, la compañía produce en la actualidad la pala más larga fabricada en España (73,5 metros de longitud) para la turbina Haliade, que GE instalará en un proyecto eólico offshore en Alemania.
LM Wind Power desarrollará su trabajo como una unidad de operación independiente dentro de GE Renewable Energy, suministrando palas para los proyectos de energía eólica de GE, tanto onshore como offshore. Asimismo, continuará suministrando palas al resto de la industria eólica.
El sector eólico coge aire en Castilla y León con un futuro parque de 10 Mw en Tordesillas
El sector de la energía eólica comienza de nuevo a tomar impulso en Castilla y León, líder español en producción y potencia instalada. Y Valladolid está siendo una de las provincias más activas en los últimos meses en anuncios de nuevos proyectos y tramitaciones medioambientales.
Ahora le ha tocado el turno a un nuevo parque ubicado en la localidad de Tordesillas de 10 Mw de potencia a cargo de la empresa Ascia a través de su filial Energía Eólica de Castilla. El proyecto cuenta con la autorización administrativa del Servicio Territorial de Industria de Valladolid y sus obras están previstas que comiencen a finales del 2017.
Está previsto que el futuro parque, denominado Carrecastro, cuente con cuatro aerogeneradores de Gamesa de 2,5 Mw de potencia cada uno con una altura de buje de 93 metros. La energía generada por los 10 Mw totales del parque será evacuada a través de una línea aéreo-subterránea de algo más de tres kilómetros hasta una subestación de Iberdrola.
La energía que se generará llegará desde el parque eólico hasta la subestación propiedad de Iberdrola, punto de conexión a la red de distribución a través de una línea aéreo-subterránea de 3,2 kilómetros de longitud.
Según asegura el responsable de la promotora del parque, el aerogenerador elegido permitirá adaptarse al emplazamiento de Carrecastro y se logrará un factor de capacidad del parque del 37%, muy por encima de la media de los parques eólicos que funcionan en Castilla y León.
El grupo Ascia ha participado en la promoción y desarrollo de diferentes parques eólicos en varias provincias de Castilla y León como Salamanca, Burgos o Soria, aunque ha vendido sus participaciones en varios de ellos.
La Junta somete a estudio de impacto ambiental el parque eólico Teso Pardo en Valladolid con 11 aerogeneradores y 37,9 MW de potencia
La Junta de Castilla y León, a través de su servicio territorial en Valladolid, está realizando el trámite de información pública relativa a la autorización administrativa y al Estudio de Impacto Ambiental para la instalación del parque eólico «Teso Pardo», en los términos municipales de Valverde de Campos, Medina de Rioseco, Castromonte, Valdenebro de los Valles y La Mudarra, en la provincia de Valladolid.
El proyecto es objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria, regulada por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. El órgano ambiental es la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid pero quien debe dar la resolución administrativa será el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Valladolid.
El promotor del proyecto del parque eólico Teso Pardo es la empresa Gas Natural Fenosa Renovables, filial del grupo Gas Natural Fenosa y tendrá una potencia instalada de 37,95 Mw de potencia. En total se prevé la instalación de 11 aerogeneradores de 3.45 Kw con rotor tripala de diámetro 136 m y 112 m de altura de buje, torre tipo tubular de acero y cimentada sobre zapata de hormigón armado. La generación se realiza en baja tensión a 650V, transformándose a pie de torre a la tensión de 30 kV. El proyecto afecta a los términos municipales de Valverde de Campos, Valdenebro de los Valles, Medina de Rioseco, Castromonte y La Mudarra.
Una vez finalice el período de información pública, el proyecto, su estudio de impacto ambiental, junto con el análisis de las alegaciones presentadas, se remitirán al Servicio Territorial de Medio Ambiente para la formulación de la Declaración de Impacto Ambiental.
Castilla y León acaparó el 85% de la nueva potencia eólica instalada en España en 2016
La energía eólica sigue sin tomar aire en España, al sumar solo 38 nuevos megawatios de potencia instalada durante 2016 Castilla y León, la primera región en producción eólica de España, acaparó el 84% del total de nuevos megawatios instalados, un total de 38 Mw. La segunda comunidad fue Canarias con 4,6M y la tercera Galicia con 2,1 Mw.
Según los datos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), el mercado eólico volvió un año más a mostrar cifras de parálisis del sector. En los últimos tres años, sólo se han instalado toda España 65 nuevos MW eólicos, frente a los 2.334 MW de los tres años anteriores. Esta circunstancia ha obligado a las empresas fabricantes de componentes y aerogeneradores a exportar prácticamente la totalidad de su producción ante la falta de pedidos en suelo español.
Durante el pasado año 2016, la energía eólica generó un total de 47.721 Gwh, con un total de 23.026 Mw de potencia instalada. El total de energía eólica generada sirvió para abastecer a un 18% de la población.
En la teórica planificación energética del Gobierno, para cumplir con los compromisos medioambientales europeos, para el 2020 harían falta unos 6.400 Mw de potencia eólica nueva.
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