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Castilla y León ve con preocupación el anuncio de Italia de cerrar sus centrales térmicas de carbón en 2025

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Otro jarro de agua fría para el sector del carbón español. El Gobierno Italiano, a través de su Ministerio de Desarrollo, ha anunciado que Italia cerrará paulatinamente sus centrales térmicas de carbón hasta eliminarlos por completo en el año 2015.

Hay que tener en cuenta que el mayor grupo eléctrico italiano es ENEL, la multinacional propietaria de la española Endesa, una de las más activas en el sector de las centrales térmicas de carbón en España.

ENEL ya ha asegurado que no invertirá más en sus centrales térmicas en Italia. Italia pretende cumplir así con las exigencias de la Comisión Europea cuya nueva normativa sobre emisión de gases contaminantes se ha endurecido en el caso de las centrales térmicas a 550 gramos Co2 por Kwh). Según cálculos de expertos europeos del sector, cumplir con dichos requisitos requeriría de una inversión cercana a los 1.200 millones de euros para todas las centrales operativas en estos momentos en el mercado español.

Por su parte, la patronal eléctrica Eurelectric trata de defender ante las posiciones de Bruselas que el cierre de las plantas de ciclo combinado con carbón supondrían un sobrecoste en la factura eléctrica de los clientes de más de 108.000 millones de euros entre 2020 y 2040. E incluso asegura a través de informes técnicos que la reducción de las emisiones que se conseguirían con el cierre de plantas de carbón no tendría un impacto significativo en los objetivos de descarbonización a nivel europeo.

Mientras, desde el Ministerio de Energía español se sigue defendiendo el uso del carbón por tener un precio más estable y barato. Aunque no se ha ofrecido hasta la fecha compromiso para el uso de carbón autóctono, como reclaman desde hace mucho tiempo las administraciones y empresas de Castilla y León y Asturias, principales zonas productoras.

Castilla y León y Asturias insisten ante el Ministerio de Energía para lograr un cupo para el carbón nacional en las térmicas

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Castilla y León y Asturias, las dos principales regiones productoras de carbón nacional, siguen insistiendo ante el Ministerio de Energía para conseguir un trato más favorable al carbón nacional en las centrales térmicas. Y conseguir con ello el mantenimiento del empleo en las comarcas mineras, cuyas empresas están llegando al límite de la viabilidad en muchos casos.

Sin embargo, desde el Ministerio destacan que la diferenciación entre carbón “autóctono” y carbón “importada” podría dar problemas serios ante la Comisión Europea. Según ha declarado el ministro de Energía Álvaro Nadal recientemente, lo importante será mantener el peso del carbón en el mix energético español, sobre todo en ellos como el actual en el que la energía de origen hidráulico ha caído más de un 50% en producción.

Unas declaraciones que no satisfacen a las dos principales regiones afectadas por la crisis del carbón, ni a nivel institucional ni empresarial ni sindical.

Desde el Ministerio se ha insistido en los últimos meses en que están negociando con las empresas propietarias de las centrales térmicas, con Endesa a la cabeza, para lograr que mantengan abiertas aquellas centrales que cuentan con las instalaciones medioambientales necesarias para hacerlo tras las inversiones realizadas en desulfatadoras desde el 2008. Hay que recordar que a partir del 2020 la Unión Europea ha establecido límites muy estrictos a las emisiones de SO2, NOx y partículas para este tipo de instalaciones.

El propio presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha solicitado públicamente al Ministerio de Energía que se reserve un hueco térmico del 4% para el mineral de origen español. El carbón de las cuencas leonesas y palentinas cuenta con una potencia calorífica media de 5.50 termias por toneladas. Hay que tener en cuenta que las centrales térmicas en funcionamiento a día de hoy en Castilla y León podrían demandar una media superior al millón de toneladas de carbón para su funcionamiento, con todo lo que ello conlleva para el empleo en sus diferentes eslabones, desde la extracción hasta el transporte y las propias centrales térmicas.

El carbón de Castilla y León defiende su peso en el mix energético pese a los cierres de centrales previstos hasta 2020

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La Junta de Castilla y León aboga porque el carbón autóctono sigue siendo una energía de respaldo que garantice el funcionamiento de las centrales térmicas de la comunidad. Para ello, el carbón autóctono debería suponer el 4% del mix energético nacional, una cifra que garantizaría al menos la apertura de minas y centrales térmicas hasta que se produzca su total sustitución por fuentes renovables.

Para conseguirlo, tanto la administración regional como la Mesa de la Energía del Bierzo exigen la modificación del Real 1955/2000 para poner nuevas condiciones a las autorizaciones del cierre de instalaciones de producción de energía. Entre esas condiciones se debería incluir el impacto económico que tiene el cierre de una determinada planta para la competitividad de la economía.

En los próximos tres años está previsto el cierre de alguna de las plantas de producción de energía con carbón más importantes de la región como la de Compostilla en el 2020. O la de Anllares en Paramo de Sil en el 2018.

Las grandes eléctricas españolas siempre han asegurado que en la actualidad el carbón es parte importante del mix energético español pero que las directrices de la Unión Europea exigen su reducción.

Mientras, desde el Ministerio de Energía, que dirige Álvaro Nadal, ven con buenos ojos el modelo energético alemán, donde el carbón todavía tiene un peso destacado, aunque a precios mucho más bajos que el producido en las cuentas asturianas y de Castilla y León. Prueba de ello es el malestar creado por el anuncio de Endesa realizado en primavera del cierre para junio de 2020 de sus plantas de Compostilla en León y la de Teruel.

Hidráulica, eólica y carbón suponen más del 90% de la energía producida en Castilla y León en 2016

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La demanda eléctrica en Castilla y León creció con más fuerza que la media española durante el pasado año 2016, hasta alcanzar los 3,4 megavatios por habitante sin contar con los grandes consumidores. En el total de la comunidad la demanda alcanzó los 5,8 megavatios, según datos de Red Eléctrica Española. Junto con la Comunidad de Extremadura, volvió ser la mayor generadora neta de energía hasta un total de 16.988 gigavatios/hora tras producir un total de cerca de 32.000 Gw/h.

Hay que tener en cuenta que la región no llega a consumir ni la mitad de la energía que demanda: produce más del 12% del total de la energía nacional y demanda solo poco más del 5% del total. La comunidad dispone del 13,4% del total de la potencia instalada en Mw, en torno a los 14.100 de un total de 105.000 en toda España. Un porcentaje que aumenta de forma considerable en el caso de la eólica con casi el 25% del total nacional (más de 5.600 Mw) así como en la hidráulica (cerca de 4.400 Mw).

La energía de origen hidráulico, la eólica y el carbón suponen más del 90% de la energía producida en la región que se complementa con la de origen fotovoltaico, cogeneración, biomasa y biogás. En el caso de las energías de origen hidráulico y eólico, la región tiene un peso muy importante en la generación a nivel nacional, cercano al 30% en el caso de la primera y cerca del 23% en el caso de la eólica.

La producción de carbón en Castilla y León apenas supone el 10% del total español

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El uso de la energía con carbón ha tenido uno de los mejores inicios de año en España de los últimos años pero que no ha beneficiado en nada al sector del carbón de Castilla y León ni a sus empresas. Al igual que ha ocurrido en el 2016 cuando la producción de carbón español ha caído en picado un 43% hasta los 1,74 millones de toneladas.

De esta cantidad, las minas de la región, concentradas en León y Palencia, solo aportaron unas 170.000 toneladas. De esta forma el carbón de las cuencas de la región aporta ya menos del 10% del carbón producido en toda España. Muy lejos quedan las cifras cercanas a los 5 millones de toneladas que salían de las empresas de carbón de la comunidad en los primeros años del siglo XXI.

Mientras, las importaciones de carbón de terceros países siguen acaparando todo el protagonismo de las centrales hasta sumar 14,6 millones de toneladas, aunque con un descenso del 23% y de más de 8 millones de toneladas en relación al año anterior. Países como Rusia, Indonesia, Colombia o, en el futuro, Alemania, han tomado la delantera al carbón castellano leonés o asturiano a marchas forzadas. El propio Ministerio de Industria se ha mostrado muy favorable a la importación de carbón de otros países como Alemania para mantener estabilidad en los precios de la electricidad.

Durante el primer trimestre del 2017, debido a las condiciones climatológicas de menos lluvias y viento, el carbón se ha convertido en la segunda energía española de mayor producción con más del 16% del total de energía producida, solo por detrás de la energía de origen nuclear, según los últimos datos de Red Eléctrica de España. Una circunstancia que debería ser positiva para las empresas mineras de Palencia y León, pero que, vistos los antecedentes de importaciones de carbón a bajo precio, no parecen serlo.

Ilustración: J.C. Florentino

Las fuertes importaciones de carbón elevan la dependencia energética de España hasta el 97% en combustibles fósiles

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España sigue siendo uno de los países de la Unión Europea con mayor dependencia energética del exterior ya que las importaciones de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural) han aumentado en 17 puntos en los últimos 5 años. El 98% de estos combustibles fósiles se importan.

En el consumo global, la dependencia de los combustibles fósiles ha bajado ligeramente en los últimos años gracias sobre todo al empuje de las renovables, con la eólica y la fotovoltaica a la cabeza. Aunque en el sector el transporte, la dependencia del petróleo exterior sigue siendo casi total.

El aumento de la dependencia energética del exterior en cuanto a los combustibles fósiles tiene su explicación en el menor consumo de carbón nacional, como bien han comprobado en los últimos años las minas de Castilla y León y las centrales térmicas ubicadas en el territorio de la comunidad.

La Unión Europea también sufre esta dependencia energética ya que la importación de gas, petróleo y carbón de sus 38 estados miembros ha pasado del 53% en el año 1990 al 73% actual.

Las centrales de carbón descienden un 8,5% su potencia instalada de generación eléctrica en 2016

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El parque generador de energía eléctrica en España registró en el 2016 un ligero descenso del 0,9% respecto al año anterior, debido al cierre de varias centrales de carbón que representan un descenso del 8,5% de su potencia instalada respecto al año anterior, según los avances de Red Eléctrica de España (REE). Por otra parte, la generación solar fotovoltaica ha crecido un 0,3% con respecto al 2015. A cierre del 2016, la potencia instalada del sistema eléctrico nacional se sitúa en 105.308 MW.

La demanda de energía eléctrica peninsular del 2016, con datos estimados a cierre de año, se sitúa en 250.266 GWh, y experimenta un crecimiento del 0,8% con respecto al año anterior. Corregidos los efectos de la laboralidad y la temperatura, la demanda se estima en el mismo nivel que en el 2015. El 41,1% de la producción eléctrica en la Península procedió de fuentes renovables, lo que supone 4,2 puntos porcentuales más que en el 2015.

El máximo de potencia instantánea se ha producido por primera vez en el periodo de verano, concretamente el 6 de septiembre a las 13.32 horas con 40.489 MW, apenas un 0,6% inferior al máximo del año anterior registrado en febrero, y un 10,9% menor al récord alcanzado el 17 de diciembre del 2007 de 45.450 MW.

En el 2016, el 41,1% de la energía generada en el sistema eléctrico peninsular procedió de fuentes renovables frente al 36,9% del año anterior, crecimiento favorecido principalmente por el aumento del 25,1% de la producción hidráulica respecto al 2015.

La energía nuclear ha sido en el 2016 la primera fuente de generación eléctrica y ha cubierto el 22% de la demanda de este año, seguida de la eólica (19,2%), la hidráulica (14,1%), el carbón (13,7%), los ciclos combinados (10,4%), la cogeneración (10,1%), la solar fotovoltaica (3%), la solar térmica (2%), otras renovables (1,4%) y los residuos (1,2%). Además, las importaciones de energía eléctrica han cubierto en el 2016 el 2,9% de la demanda peninsular.

Castilla y León pierde protagonismo frente a Aragón y Asturias en la producción de carbón

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El carbón sigue siendo una de las energías punteras en cuanto a producción en Castilla y León con casi un tercio del total, solo superada por la energía de origen eólico. Sin embargo, la procedencia del carbón ha cambiado de forma radical de dueños y procedencia.

La producción minera de carbón cayó un 65,3% durante el pasado año, sin poder competir con los precios y eficiencia del carbón importado para las grandes centrales térmicas de León y Palencia.

Los datos recogidos en la memoria del Ente Regional de Energía (EREN) de Castilla y León son demoledores: la producción regional cayó desde los 1,04 millones de toneladas en 2014 a las 362.565 toneladas del 2015. La caída fue más fuerte en antracita que en hulla.

Castilla y León ya solo produce el 26% de la hulla que se produce en España y el 18% de la antracita. Aragón y Asturias comparten en liderazgo español con más de un millón de toneladas cada una. Castilla-La Mancha es la cuarta región productora, pero con cifras muy bajas.

La clave de esta pérdida de protagonismo del carbón castellano-leonés la encontramos en Bruselas, pero también a miles de kilómetros de distancia. La falta de incentivos a la compra de carbón nacional ha provocado las importaciones masivas de carbón a bajos precios y más eficiente desde países como Rusia, Indonesia o Colombia. La compra de carbón nacional en las centrales termoeléctricas bajó un 41,7% en el 2015, mientras que las importaciones de otros países aumentaron un 96%.

Este panorama ha desembocado en una gran pérdida de empleo (del 54% desde 2011 según UGT), de las empresas del sector y de las ayudas a la producción, con la consiguiente pérdida de actividad comercial y renta en las comarcas mineras.

La nueva ayuda de 10 euros/tonelada al carbón nacional intentará frenar las importaciones masivas de carbón extranjero

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Las ayudas aprobadas por el Gobierno de 10 euros para incentivar la compra del carbón nacional pueden no ser suficientes para convencer a las grandes eléctricas propietarias de las centrales de ciclo combinado para que compren más. Además, las empresas mineras tendrán que devolver estas ayudas si quieren mantener su actividad después del 2018. El Gobierno anunció que había llegado a un principio de acuerdo con la Comisión Europea para poder aumentar estos pagos.

Hay que tener en cuenta que la producción de carbón en España ha disminuido un 83,3% entre el año 2000 y el 2014, con incremento cercanos al 20% de carbón extranjero. En el año 2000, la producción de carbón español superaba los 23 millones de toneladas y hoy en día no llega a los cuatro millones de toneladas.

Además hay que tener en cuenta la fuerte caída en la producción de lignito pardo en Galicia, y también de antracita y hulla, estas últimas muy importantes en el norte de las provincias de León y Palencia. De estas últimas se ha pasado de unos 11,3 millones de toneladas en el año a los 2,7 millones del 2014 a nivel nacional, de las que en torno al millón han salido de las minas de la región, sobre todo de León.

El acuerdo del Gobierno pasa por aumentar los pagos a las explotaciones en 10 euros en tonelada, cobrando así las minas de galería 25 euros por toneladas, mientras las de cielo abierto comenzarán a cobrar 10 euros, después de no recibir nada desde 2014.

El nuevo incentivo se establecería de forma anual según la diferencia entre el precio internacional del carbón y el precio del mineral nacional en 2013, cuando se adoptó el Plan de Cierre que incluía las subvenciones. De esta forma reducirá el diferencial de precio.

“La aplicación del beneficio fiscal para el carbón europeo propuesta supondría una mejora sustancial para la competitividad del carbón de León y Palencia respecto al importado”

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Entrevista con
Ricardo González Mantero, Director general de Energía y Minas
Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León

¿Qué posibilidades reales tendría la aplicación del «céntimo verde» para los minerales como el carbón en la Unión Europea según ha sido trasladado recientemente a la Comisión Europea y que anteriormente siempre parecía contar con la negativa comunitaria?

Lo primero que es preciso aclarar es que nunca ha habido una negativa por parte de la Comisión Europea a la aplicación del beneficio fiscal que se propone, consistente en una bonificación del 80% en el impuesto especial al carbón para los carbones extraídos con los requisitos medioambientales y laborales europeos o equivalentes. Es más, para la Comisión se trata de una propuesta novedosa, que no le había sido nunca antes trasladada por el Gobierno español ni por otros Estados miembros.

Fue una delegación de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, encabezada por la propia consejera, Pilar del Olmo, quien informó sobre la propuesta de modificación de la Ley española de Impuestos Especiales a Bruselas, en una reunión presencial con el Gabinete de la Comisaria de Competencia. En ese encuentro, se expusieron las características de la medida, las razones por las que pensamos que se ajusta estrictamente a la normativa europea para ser una ayuda compatible con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y los resultados que tendría su aplicación para la industria extractiva del carbón, tan afectada por la situación de precios muy bajos del carbón de importación. Una reunión a la que acudimos acompañados por la Mesa del Foro para el Futuro del Sector del Carbón y de las Cuencas Mineras (integrado por la patronal Cecale y los sindicatos CCOO y UGT) y por representantes de Acom y Euracom.

¿Cuándo se va a presentar en firme dicha propuesta?

En estos días, se remitirá oficialmente la propuesta al Gabinete de la Comisaria de Competencia, junto con los informes independientes elaborados por expertos fiscales del máximo prestigio, traducidos ya al inglés, para que la Comisión nos traslade su opinión respecto a la medida, y su consideración o no como ayuda compatible con el Tratado. La respuesta de la Comisión, de ser favorable a lo que entendemos desde Castilla y León, nos permitiría exigir con el máximo fundamento al Gobierno de España, ya sea el actual, en funciones, o al que le sustituya, la aplicación inmediata de la bonificación fiscal, mediante Real Decreto-Ley, de modificación de la Ley de Impuestos Especiales. La opinión de los expertos fiscales de la Administración autonómica, y la de los expertos independientes consultados, es coincidente en cuanto a la aplicabilidad de la medida, de forma inmediata y sin necesidad de autorización de la ayuda de Estado por parte de la Comisión Europea.

¿Qué habría cambiado en la actualidad para que la Unión Europea no haya dicho ‘no’ desde el principio?

Como se ha indicado en la respuesta anterior, es la primera vez que la propuesta de bonificación fiscal se ha trasladado a la Comisión Europea, y lo ha hecho una Comunidad Autónoma, Castilla y León que, como es conocido, no tiene competencias para la aplicación de la medida, ya que ello requiere la modificación de una ley estatal. Por este motivo, en los meses de julio y agosto del año pasado, la Junta trasladó la propuesta al Gobierno central. Contestó también a las diversas cuestiones planteadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas respecto a la legalidad de su aplicación, sin que el Ministerio plantease nuevos inconvenientes a los ya respondidos. Fue entonces cuando se elaboró la propuesta de enmienda a la Ley de Medidas Fiscales para 2016, que se remitió al Grupo Popular en el Senado acompañada de un informe de un experto fiscal independiente. Sin embargo, el Grupo Popular no llegó a presentarla. Sí lo hizo el Grupo Socialista en la Cámara Alta, que defendió un texto de modificación calcado al propuesto por la Junta, aunque la enmienda no prosperó.

De poderse llevarse a cabo, ¿qué ventajas competitivas tendría para el sector del carbón en Castilla y León y sus empresas?

El impuesto especial al carbón tuvo una exención total para los carbones utilizados para generación térmica hasta 31 de diciembre de 2012, y comienza a aplicarse a partir de 1 de enero de 2013, tras la publicación de la Ley 15/2012 de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética. El impuesto, de 0,65 euros por Gigajulio, supone para la tipología de carbones que se extrae en León y Palencia entre 12 y 14 euros por Gigajulio. Con la bonificación que se propone del 80%, la medida implicaría que las mineras pudieran ofertar nuestro carbón a las centrales térmicas a un precio inferior al actual, entre 10 y 11 euros menos. Estimamos, y así nos lo confirma Carbunión, que esto supondrá una mejora sustancial para la competitividad del carbón de León y Palencia respecto al importado. Esta rebaja, unida a los ajustes de costes llevados ya a cabo por parte de las empresas mineras, supondría que nuestro carbón volviese a ser atractivo en precio y, por tanto, más competitivo para las centrales térmicas que el mineral de importación.

¿Están satisfechos desde la Junta de Castilla y León sobre las actuales normas que regulan el consumo de carbón autóctono o debería apoyarse aún más su uso?

Están pendientes aún de aplicación, como se ha insistido reiteradamente, diversos compromisos del Marco de Actuación 2013-2018. Hablamos de la creación de un mecanismo de sustitución del procedimiento de restricciones por garantía de suministro, que perdió vigencia el 31 de diciembre de 2014, que permita que el carbón español represente un 7,5% del mix de generación, una cifra ya inalcanzable con la actual producción de carbón. Tampoco se ha materializado el compromiso de creación de sistemas de ayuda para la adaptación de algunos de los grupos térmicos que queman carbón español a los requerimientos de la Directiva de Emisiones Industriales.

Foto: Peio García